Latinoamérica
Apagón en Venezuela pone en riesgo la vida de pacientes y suministro de alimentos
Published
4 years agoon

Caracas/ Venezuela se detuvo el viernes al cumplirse el segundo día de un apagón nacional, lo que paralizó el transporte público y la industria petrolera, además de afectar el escaso suministro de alimentos y amenazar las vidas de miles de pacientes crónicos.
Una falla en la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, ubicada en la Represa de Guri, que provee la mayor parte de la electricidad de Venezuela, ha dejado sin energía a la mayor parte del país desde la tarde del jueves. Mientras en algunos sectores de Caracas el fluido eléctrico regresaba intermitentemente el viernes por la tarde, muchos estados seguían desabastecidos.
Los funcionarios de Venezuela culparon rápidamente a la oposición y al gobierno estadounidense por causar el apagón debido a un “sabotaje”, pero no proporcionaron pruebas. Guri es una zona militarizada que se encuentra custodiada 24 horas al día por soldados.
Analistas y contratistas del sector eléctrico dijeron que el apagón es el resultado de años de mala gestión y corrupción que han colapsado tanto a la red eléctrica como a las torres de transmisión y las plantas de generación de energía. En la última década, el gobierno construyó más de una docena de plantas de respaldo impulsadas por diésel y gas natural pero ninguna fue activada para compensar el corte de la energía del Guri.
“Es una prueba más de la falta de recursos del gobierno para mantener una infraestructura crítica”, dijo Risa Grais-Targow, analista de Eurasia Group con experiencia en Venezuela. “Parece ser un problema de transmisión en Guri, lo que normalmente se compensaría con la generación termoeléctrica, pero en este caso eso no sucedió tanto por el mal estado de esa infraestructura como por la falta de insumos térmicos para el encendido de las plantas”.
Durante un encuentro con los medios celebrado el viernes, Elliott Abrams, el representante especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, negó que Estados Unidos fuese responsable del apagón, ya sea de manera directa o indirecta, debido a las sanciones impuestas al gobierno venezolano.
“Este es un declive multianual en Venezuela”, dijo Abrams. “La mala gestión, las políticas económicas y la corrupción del régimen son las causas de esos problemas”.
El presidente Nicolás Maduro no se ha dirigido a la nación desde el inicio del apagón y se limitó a escribir una publicación de Twitter el jueves por la noche en la que dijo que derrotaría la “guerra eléctrica” desatada por Estados Unidos contra Venezuela. Su silencio público ha incrementado la tensión en Caracas.
En su ausencia, el líder opositor Juan Guaidó salió a las calles del este de la capital venezolana el viernes para cuestionar la explicación de Maduro y denunciar su mala gobernabilidad.
“Saboteo es robarse el dinero de los venezolanos, saboteo es quemar comida y medicina”, publicó en Twitter. Es probable que su mensaje no llegue a la mayoría de los venezolanos, quienes permanecen sin electricidad o sin cobertura celular.
Guaidó, quien a principios de este año reclamó la presidencia de Venezuela al señalar evidencias de fraude en la reelección de Maduro, llamó a la población a manifestarse el sábado.
El gobierno de Maduro se ha caracterizado por una mala gestión de la economía y sumir al país en una profunda crisis humanitaria en la que muchas personas carecen de alimentos básicos y atención médica. También ha intentado diezmar a la oposición encarcelando a sus dirigentes y expulsando a los críticos, además de utilizar la fuerza letal contra los manifestantes antigubernamentales.
El apagón podría enfurecer aún más a la población y aumentar la presión sobre Maduro, y si no termina pronto, podría provocar enfrentamientos en los próximos días, afirmó Grais-Targow.
“En el frente político y social es problemático para un gobierno que trata de evitar cualquier posible catalizador de explosiones sociales en un entorno político y social que ya está tenso”, dijo sobre el apagón. “Hasta el momento, la población parece estar relativamente tranquila pero si esto persiste y comienza a afectar de manera grave los suministros de alimentos y la capacidad de los hospitales para funcionar, es posible que la reacción popular sea severa”.
Como gran parte del país se quedó sin energía, la única estación de televisión que transmitía a los pocos hogares con electricidad solo mostraba telenovelas y noticias viejas.
El centro de Caracas estaba casi vacío la mañana del viernes. El gobierno suspendió las clases y la mayoría de las tiendas, bancos y edificios gubernamentales, incluido el Ministerio de Energía Eléctrica, permanecieron cerrados. Unidades de las fuerzas policiales especiales patrullaban las calles principales, donde grupos de empleados del sector público deambulaban con la esperanza de volver al trabajo.
Los generadores de respaldo zumbaban en los hospitales que intentaban mantener con vida a los pacientes más vulnerables. Aproximadamente 50 bebés que requieren cuidados intensivos nacen en Venezuela todos los días, y hay aproximadamente 15.000 pacientes renales en el país que necesitan tratamiento de diálisis, dijo Jaime Lorenzo, director de la organización no gubernamental Médicos Unidos. Podrían morir si no se restablece la electricidad, dijo.
“Hubo camillas en todas partes de la emergencia y los médicos quitaron las máscaras de oxígeno de algunos pacientes para ponérselas a otros”, dijo Belisario Jiménez, de 52 años, quien ingresó en la unidad de cuidados intensivos del hospital después de caer por una escalera. “Muchos vamos a morir aquí. Al menos he vivido”.
En la panadería Olam Deli en el centro de Caracas, los trabajadores se apresuraron a vender los panes restantes antes de que se echaran a perder. Dijeron que el corte de energía había agriado toda la masa de un día, valorada en unos 56 salarios mensuales mínimos. El suministro de quesos y carnes frías de la panadería estaba en un congelador que empezaba a deshielarse.
“Todo lo que puedo hacer es rezar para que la luz vuelva antes de que lo pierda todo”, dijo Kevin, el gerente de la panadería que pidió mantener su anonimato por temor a represalias del gobierno.
El apagón deprimirá aún más la economía del país que está siendo afectada por el mal gobierno, la corrupción y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las sanciones han afectado la capacidad de Venezuela para importar y producir el combustible requerido por las centrales que podrían haber servido de respaldo a la hidroeléctrica de Guri.
La producción de petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela, podría verse aún más afectada en su declive a causa de la falla eléctrica debido a los posibles daños de los equipos y los sistemas operativos, dijo Ali Moshiri, quien fue el principal ejecutivo de Chevron en las operaciones de Venezuela.
“Toda la producción del campo petrolero está vinculada a la red pública y, si la red pública se cae, esos campos se cierran”, dijo. Agregó que durante años había aconsejado al gobierno que instalara fuentes de alimentación independientes para los campos petroleros con el fin de garantizar su fiabilidad, pero los funcionarios no hicieron caso.
Para aumentar los problemas económicos del régimen, un pánel de arbitraje del Banco Mundial otorgó el viernes a ConocoPhillips, una petrolera estadounidense, más de 8000 mil millones de dólares por la incautación de los activos de producción de la compañía con sede en Houston en 2007. Sin embargo, Venezuela puede apelar.
Un arbitraje anterior le otorgó a ConocoPhillips 2000 millones de dólares, que Venezuela acordó pagar el año pasado cuando la compañía comenzó a incautar los activos caribeños de Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal.
Para muchos venezolanos, las condiciones ya parecen insostenibles. En el hospital, uno de los médicos que pasó el turno de la noche tratando de mantener estables a los pacientes de cuidados intensivos rompió en llanto cuando salió de la unidad de neurocirugía.
“Ayer sentí impotencia”, dijo Rosangel Zuta, sobre la noche que pasó tratando de ayudar y proteger a los pacientes sin el equipo adecuado para hacerlo. “Estoy enojada. Esta vez fueron mis pacientes, pero ¿qué pasa si después le toca a mi familia?”. (Publicado en el New York Times)
Tema relacionado:Se agudiza crisis en Venezuela tras inexplicable apagón
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Agencias
La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?
Published
5 days agoon
March 23, 2023By
FranciscoEP New York | Latinoamérica | agencias
cómo Colombia sometería al narco a la justicia
BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.
La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.
The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?
El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.
Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.
El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.
El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.
¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?
El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.
Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.
¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?
Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.
En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.
Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.
El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.
En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.
Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.
¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?
Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.
Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.
“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.
CRÍTICAS AL PROYECTO
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.
Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.
En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.
El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.
La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.
Con información de AP
Agencias
¿Por qué están llegando miles de mujeres rusas embarazadas a Argentina?
Published
3 weeks agoon
March 4, 2023By
FranciscoEP New York | Latinoamérica
¿Refugiadas u oportunistas? El dilema con las embarazadas rusas en Argentina
Buenos Aires .- Maria Konovalova supo que iba a ser madre en agosto del año pasado. Entonces vivía en San Petersburgo, impartía clases de inglés para niños y estaba satisfecha con su vida. Su intención era continuar con el embarazo en Rusia, pero la “movilización parcial” decretada por el Gobierno cambió sus planes y Argentina se cruzó en su camino.
“Fue un momento terrible, porque mi marido fue al trabajo por la mañana y no sabía si podría verlo por la noche. Los policías estaban deteniendo a gente por la calle y enviándolos lejos, así que entendimos que era complicado vivir más tiempo allí”, señala la joven, de 25 años, en una conversación con EFE en Buenos Aires.
Konovalova es una de las más de 10.000 ciudadanas rusas que viajaron hasta Argentina desde principios del año pasado; un flujo visto con suspicacia por las autoridades migratorias, que interpretan estos movimientos como un método irregular de obtener la ciudadanía argentina y como un negocio para las “mafias”
El jefe del servicio de obstetricia del Hospital Alemán, Matías Uranga, posa durante una entrevista con EFE, el 26 de febrero de 2023 en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Odisea en el aeropuerto embarazadas
Después de 26 horas de vuelo desde San Petersburgo, Konovalova aterrizó en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza el pasado 9 de febrero. En ese momento no podía sospechar que pasaría otras 24 horas retenida en la sala de espera, al igual que otras cinco rusas con las que solo tenía una cosa en común: estar embarazadas.
“Los agentes de Migraciones veían extraño que viajase sola, como que quería dejar a mi bebé aquí e irme de nuevo, una historia sobre mafias o algo así (…). Después de seis horas de espera, nos dieron un papel con que no estábamos admitidas”, relata.
La versión oficial sostiene que estas mujeres eran “falsas turistas” que viajaron con la única intención de dar a luz a sus bebés, anotarlos como argentinos y abandonar el país; algo que, según la Dirección Nacional de Migraciones, supone una “desnaturalización” del acuerdo que permite a los rusos permanecer hasta 90 días sin visado en Argentina.
En este contexto, Konovalova y otras dos ciudadanas rusas contactaron con Christian Rubilar, abogado especializado en ciudadanía argentina, quien interpuso un habeas corpus para lograr su liberación y posterior ingreso en Argentina.
“Lo que se logró en los habeas corpus es que ya no se pueda arrestar más a mujeres embarazadas y que se habiliten las causales que tienen que ver con el derecho internacional humanitario”.
Partos en ascenso
La detención de estas mujeres embarazadas evidenció la creciente llegada de ciudadanos rusos a Argentina como consecuencia de la guerra: solo en enero de este año arribaron al país suramericano un total de 4.523 rusos, cifra que contrasta con los 1.037 que lo hicieron en el mismo mes del 2022, según datos oficiales.
Muchos de ellos son mujeres con 33 o 34 semanas de embarazo que buscan dar a luz en hospitales de Buenos Aires, como es el caso del Hospital Alemán, uno de los centros médicos “preferidos” por las visitantes eslavas.
“El año pasado hicimos alrededor de 30 nacimientos de pacientes rusas, lo que pasa es que este año están llegando más. Se calcula que va a haber más del doble de mujeres embarazadas que van a venir a tener sus familias acá”, asegura a EFE Matías Uranga, jefe del servicio de Obstetricia del Hospital Alemán.
Estas mujeres embarazadas vuelan al país suramericano atraídas por la “excelente” calidad de sus servicios médicos, apunta Uranga, quien constata la “preocupación” presente en la mayoría de ellas.
“Muchas mujeres deciden tener a sus familias en otros países para que sus maridos escapen de la guerra, entonces vienen con una cuestión psicológica preocupante. No solamente por la guerra, sino que salir de tu país, embarazada, e irte a otro con un idioma totalmente distinto a tener tu hijo… Es bastante complicado”, manifiesta.
Venir para quedarse
Superado el susto inicial en Ezeiza, la experiencia de Maria Konovalova en Argentina no podía ser más agradable, no sólo por la “amabilidad” y “cercanía” de sus habitantes -“no me moveré de aquí en siete años”, subraya-, sino por la posibilidad de vivir en un entorno más libre que la Rusia de Vladímir Putin.
“No quiero pensar en qué está pasando allí, porque es triste, realmente triste. Quiero que mi país sea libre y que no tenga el presidente que tiene ahora mismo; quiero que la guerra se detenga, quiero una vida mejor para los rusos… Pero ahora tengo cosas mejores en las que pensar”, afirma Konovalova, abrazando con ternura su barriguita.
Tras meses de incertidumbre, su historia, al menos, tendrá final feliz. Su pareja logró entrar en Argentina y juntos podrán criar a Aleksard, que nacerá a finales de mayo.
Con información de EFE
Latinoamérica
6 años de cárcel para expresidenta de Argentina
Published
4 months agoon
December 7, 2022By
FranciscoEP New York | América Latina
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión por corrupción
Buenos Aires | La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.
Manifestantes kirchneristas se concentran frente a los tribunales federales de Comodoro Py, para aguardar la lectura del fallo del juicio que afronta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martín Campaya
La pena dispuesta para Fernández en la denominada «causa Vialidad» es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, saluda a la salida de su casa previo al veredicto sobre el caso en su contra, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Enrique García Medina
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.
Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.
En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.
La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.
En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.
EFE


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