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Colombia

Bicentenaio de independencia de Colombia. ¿Habrá algo para celebrar?

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NO HAY NADA QUE CELEBRAR EN COLOMBIA


Los fastos para celebrar el bicentenario de la independencia son un sainete organizado por la dirigencia colombiana para tratar de maquillar el fracaso de Colombia como una nación incapaz de garantizar, al menos, que sus ciudadanos no se mueran de hambre o que tengan agua y servicios básicos en sus “favelas”.


EP New York/opinión

por Ricardo Angoso

El insustancial e insulso gobierno colombiano se ha lanzado a celebrar este año el 200 aniversario de la independencia de Colombia con boato y anunciando a bombo y platillo una serie de actos quizá para ocultar sus escasa concreción programática en sus objetivos o metas o, como suele ocurrir tantas veces en este país, para enriquecer de una forma súbita a los amigotes que organizan el sainete. Sin embargo, la realidad desnuda es que no hay nada que celebrar, sino más bien lo contrario. El caos, la inseguridad, el estancamiento económico, el triunfo del narcotráfico y la miseria social, junto con un atraso secular a merced del injusto reparto de la riqueza, son los hitos que jalonan esos doscientos años de la tan cacareada independencia.

Doscientos años después de la independencia de la nación colombiana a manos de los “oprobiosos” conquistadores españoles, el país no cuenta con un Estado digno de llamarse de tal nombre. Es una nación sin Estado que juega a serlo sin apenas contenidos concretos que merezcan darle tal nombre. Colombia es una construcción estatal incapaz de garantizar una auténtica red de los servicios propios que caracterizan a un Estado, tales como la salud pública, la educación gratuita, universal y pública de la que están dotadas las naciones modernas, el efectivo funcionamiento de la justicia y los servicios públicos y la prestación de un mínimo esquema de seguridad pública a sus ciudadanos.  En fin, y resumiendo, que Colombia carece de todos los elementos que dotan de funcionalidad a una verdadera administración pública en todos los sentidos.

La salud pública, para comenzar, es de carácter privado y se dejó en manos de las famosas EPS, que son una cuadrilla de mercaderes sin sentimientos que prestan unos pésimos servicios a cambio de unos miles de pesos a sus desgraciados usuarios. Todo el mundo sabe que la gente de dinero en Colombia, como los Santos o los Mockus, que para estas cosas la izquierda y la derecha en este país son la misma cosa, cuando tienen problemas de salud se cogen el primer vuelo en primera clase y salen volando -literalmente- hacia los Estados Unidos de América para que los atiendan en hospitales de primera  como se merecen. Por no hablar de las pensiones, que hay que reclamarlas eternamente por la vía judicial y son millonarias para magistrados, senadores, exministros y representantes políticos, mientras que para los trabajadores de a pie son asignadas miserablemente sin que puedan atender las demandas mínimas de los desgraciados pensionados.

Luego está la educación, otro de los grandes fracasos de la nación colombiana, que ni es pública, ni de calidad, ni universal, sino más bien lo contrario: es un negocio en manos de unos pocos y al que sólo pueden acceder, previo pago de matrículas millonarias, una minoría de jóvenes. Estudiar un semestre de medicina en Colombia -por ejemplo en la Universidad de los Andes- puede llegar a costar ¡ocho mil dólares! y tampoco hay un sistema de becas que permita el acceso de los más desfavorecidos socialmente a la Universidad. Colombia no es un país para pobres, desde luego; solamente los ricos pueden estudiar. La educación se acabó convirtiendo en este país en el germen que alimenta la desigualdad social y el resentimiento.

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL NARCOTRÁFICO CRECIENTE, DOS SUSPENSOS CLAROS

A pesar de las mentiras oficiales y las medias verdades, la realidad siempre queda al desnudo en Colombia y no se puede maquillar: la cobertura del servicio de acueducto -el agua, hablando en castellano claro- no llega a 3,6 millones de habitantes y en alcantarillado falta cubrir el servicio de 5,6 millones de habitantes.

La seguridad pública es otro desastre sin necesidad de utilizar más eufemismos. El año pasado, pese a la firma de un acuerdo de paz entre el ejecutivo de Colombia de Juan Manuel Santos y la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se registraron en el país casi 13.000 homicidios, una cifra altísima si tenemos en cuenta que Colombia cuenta casi con la misma población que España y en este país europeo hubo algo menos de 300 homicidios. Colombia es uno de los países más inseguros del mundo, la impunidad campa a sus anchas, cuenta con ciudades situadas en los listas de las más peligrosas del planeta y las cárceles, saturadas y repletas, son auténticas escuelas de criminalidad. Y la justicia, para guinda final de la tarta, se muestra ausente.

Para colmo de todos los males, en la actualidad el país cuenta con cerca de 300.000 hectáreas de cultivo de coca, siendo el primer productor de cocaína del mundo, y no se han implementado auténticas políticas para luchar contra ese flagelo que alimenta a la criminalidad y a la delincuencia organizada. Según las Naciones Unidas, el 70% de la cocaína del planeta  procede de esta nación y nada parece que este tráfico se vaya a detener a tenor de la parálisis manifiesta, cuando no inacción, de la actual administración colombiana.

Capítulo aparte merecen las infraestructuras colombianas, tal como explicaba muy gráficamente el escritor William Ospina:”Lo cierto es que hoy, un siglo después de la invención del automóvil, y más de cincuenta años después del momento en que Colombia abandonó el trazado de los ferrocarriles, la red de carreteras del país da lástima comparada con la de muchas naciones del continente. Los Estados Unidos, el país al que siempre se miraron nuestros gobernantes, tiene cuatro millones de kilómetros de carreteras; Colombia, a comienzos del siglo XXI, tiene treinta mil kilómetros de vías asfaltadas y apenas unos mil kilómetros de vías de doble calzada”.

La corrupta e inepta casta que gobierna Colombia desde hace dos siglos como si fuera una finca, administrando y explotando sus recursos con un poder omnímodo y sin ninguna disposición a compartir sus riquezas con los más desfavorecidos, fue solo una prolongación del sistema colonial español en su dimensión más injusta, insolidaria y antisocial. “Así, la independencia habría sido, según esa visión de la historia, un proceso oligárquico y no popular: el triunfo del patriarcado criollo, tan blanco y tan cristiano, que se había aprovechado del vacío de poder de España para dar por fin un golpe de mano, incubado durante siglos, contra la única autoridad que frenaba su apetito y su poder, la corona. La utilización perversa del discurso democrático para negarlo en realidad y perpetuar con él las estructuras de una sociedad premoderna y señorial”, escribía muy atinadamente el columnista Juan Estaban Constaín. 

Para concluir, y explicar este colmo de males en que se suma el país, termino con unas palabras del ya citado Ospina sobre la irresponsable elite que ha gobernado la nación en los últimos años y que ahora se apresta, de la forma más cínica y vergonzosa, a ponerse sus mejores galas para celebrar esta ceremonia de la impostura:”Esta dirigencia colombiana, presa de una ideología medieval, ha permitido por décadas que la moral social se degrade, que grandes sectores sociales se hundan en el desamparo, la indigencia y la marginalidad, cuando no en la rebeldía y en el crimen. Pero no ha asumido jamás la responsabilidad de lo ocurrido, se niega  a reconocer que fue ella quien propició esas exclusiones, y acaba asintiendo que sus conciudadanos son extraterrestres”. Por tanto, no hay mucho que celebrar, doscientos años de independencia no han servido para casi nada y tan sólo han consolidado un sistema social y económico que hace de la desigualdad su centralidad y característica fundamental.


Agencias

Luto en la música colombiana: Falleció Álvaro Villalba, la otra mitad del dueto Silva y Villalba

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EP New York/Colombia

Bogotá _ Colombia/ Con su partida, en medio del olvido y la penuria económica, concluyó una de las páginas gloriosas del género andino de Colombia.

De complicaciones derivadas de una isquemia cerebral transitoria, falleció a los 89 años Álvaro Villalba, cantautor e intérprete del dueto Silva y Villalba , uno de los más reconocidos por varias generaciones de colombianos que crecieron escuchando sus canciones emitidas a través de la radio.

El maestro Villalba sufrió de varios achaques de salud en los últimos años, como Parkinson e hipertensión, que lo postraron en sus últimos años haciéndole abandonar la composición e interpretación de aires andinos.

Nacido en el año de 1932 , en Espinal Tolima, Villalba inició su carrera de joven con su compañero de estudios Elberto Guzmán. Con él desarrolló su talento como compositor y mejoró su técnica vocal, pero el salto hacia el reconocimiento ocurrió en 1967 cuando topó con Rodrigo Silva durante las fiestas de San Pedro en El Espinal .

Ambos comenzaron a ensayar juntos y un año después participaron en el concurso Orquídea de Plata Philips , en el que obtuvieron el primer lugar. Esta victoria musical, respaldada por un LP (Long-Play), los impulsó a consolidar una carrera sostenida de giras, éxitos radiales y conciertos en el país, así como en los Estados Unidos, México, España y Canadá

El equilibrio en el dueto consistió en que <span;>ambos supieron desplegar sus talentos en armonías vocales y arpegios de cuerdas que evocaban la belleza de la cordillera colombiana. El dueto Silva y Villalba publicó 50 discos que son la base del género andino en Colombia.

Recordada es su etapa de colaboración con el compositor Jorge Villamil, quien fue una pieza angular de la música colombiana entre las décadas del sesenta y el setenta. Esta alianza con Villamil condujo a que Silva y Villalba fueran considerados los sucesores de otro dueto histórico del cancionero colombiano, como el de Garzón y Collazos.

Los tiempos cambiaron y el panorama musical del país se movió a otros géneros, cuando Silva y Villalba se retiraron de la escena, con esporádicas apariciones en el festival de la música andina “Mono Núñez” en Ginebra, Valle o en conciertos en Ibagué, la capital musical de Colombia, en el marco del perenne Festival de la Música Colombiana.

Rodrigo Silva falleció en 2018 a causa de complicaciones de un cáncer que combatió por casi 20 años.

El maestro Villalba, como tantos otros músicos colombianos, tuvo que luchar contra el olvido y la pobreza en sus últimos años. De acuerdo con el reporte de sus allegados, su esposa interpuso una tutela ante Coomeva EPS para que le fuera asignado un cuidador a Villalba por sus quebrantos de salud.

El legado de Silva y Villalba, denominados como “Los Príncipes de la Canción”, al repertorio tradicional colombiano alcanza 500 canciones que han sido interpretadas por cientos de músicos en distintas adaptaciones y géneros : Espumas, Los Guaduales, Campesina Santandereana, Si pasas por San Gil, Soy Colombiano e incluso su versión del clásico Pueblito Viejo, son parte del patrimonio cultural del país.

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Agencias

Explosión de carro bomba dentro de base militar de Colombia deja 36 heridos

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EP New York/latinoamérica

BOGOTÁ — Un coche bomba explotó el martes dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, dejando 36 heridos, tres de ellos en condición grave, informaron las autoridades.

Durante una visita de emergencia a la base, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que la explosión fue un atentado terrorista contra soldados colombianos que pretendía causar heridas a la mayor cantidad posible de efectivos.

Molano señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo rebelde más grande que resta en Colombia, como probable responsable del ataque, aunque no proporcionó evidencia alguna para respaldar esa afirmación.

El funcionario añadió que miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, podrían estar involucrados.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá escribió en su cuenta de Twitter que un pequeño grupo de militares estadounidenses se encontraba en la base cuando se produjo la explosión, pero que no sufrieron lesiones. Los soldados estadounidenses estaban allí para realizar ejercicios de entrenamiento, dijo la embajada.

Cúcuta se ubica en la frontera con Venezuela y es la capital del departamento de Norte de Santander, en donde varios grupos delictivos se disputan las rutas del trasiego de drogas y aprovechan la escasa vigilancia en la frontera para contrabandear armas y combustible.

El año pasado, un grupo de unos 40 instructores y asesores militares de la Primera Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos pasó un tiempo en la base que fue atacada el martes, donde ayudaron al ejército colombiano a planear operaciones antinarcóticos.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro que salía de la base y posteriormente se escucha un fuerte estallido que destrozó ventanas y oficinas.

La explosión ocurrió en momentos en que las protestas en contra del gobierno parecen disminuir en Colombia. Los líderes de las manifestaciones anunciaron el martes que suspenderán las marchas que se han realizado durante siete semanas. Al menos 50 personas han muerto durante las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de la pobreza y la creciente desigualdad en el país.

Molano dijo que la explosión del martes se registró poco después de las 3 de la tarde, cuando hombres vestidos como soldados condujeron una camioneta blanca hacia la base.

En 2019, 21 personas murieron después de que estalló un coche bomba dentro de una academia de policía de Bogotá. El ataque fue obra del ELN y provocó que el gobierno suspendiera negociaciones de paz con el grupo. (Con inf de AP/CNN)

 

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Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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