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Blog de Sucesos y Noticias

Colombia está en riesgo de convertirse en un Estado Fallido: J.J. Uscatégui

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ENTREVISTA A JOSE JAIME USCATÉGUI

CANDIDATO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO A LA CAMARA

El relevo generacional de Uribe

por Ricardo Angoso

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Por ser hijo del General Uscatégui, encarcelado durante muchos años por delitos que siempre negó, su hijo José Jaime Uscatégui se acabó convirtiendo en un activista político y con un solo objetivo: defender a los militares condenados en  causas supuestamente injustas. Se encadenó en instituciones, se manifestó ante Casa Nariño y luchó por defender sus ideas en las calles.

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Ahora, tras haber abandonado las filas del Partido Conservador, se presenta por segunda vez a las elecciones como candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Es joven, suficientemente preparado y vehemente en sus convicciones. Al igual que otros candidatos jóvenes de esa formación, como Iván Duque, se nos presenta como el relevo generacional del uribismo. [/one_half_last]


   

“La gente percibe a los políticos como una elite corrupta”

“Colombia está en riesgo de convertirse en otro país más a añadir a la larga lista de Estados fallidos”

“Petro fue un mal alcalde y, además, tiene un carácter muy autoritario” : José Jaime Uscatégui


Ricardo Angoso: ¿Como te recibe la gente, cómo percibes el ambiente hacia el Centro Democrático?

Jaime Uscatégui:Hay un buen ambiente con el Centro Democrático, somos muy bien recibidos en casi todos los lugares. Se ve gente apasionada y también contrariada. No hay un punto medio pero al menos la gente reconoce que nuestro partido ha sido el único en la oposición y que la ha ejercido con seriedad durante los últimos años, y que gracias al Centro Democrático no se le han hecho mayores concesiones a la guerrilla, que ya de por sí fueron muchas. A merced de la labor de oposición liderada por el expresidente Alvaro Uribe en las instituciones de la República se consiguieron poner freno a muchas de las demandas que la guerrilla presentaba durante las negociaciones con el gobierno. Sí me preocupa de estas elecciones que uno observa que a nivel de calle haya un ambiente similar al que podía haber en Venezuela en los años 1998 y 1999, con un desencanto claro hacia la clase política, y que nos perciban a los políticos como una elite corrupta. Y ahí es donde uno trata de llegar con una cara nueva, sin  experiencia apenas, para decirle a la gente que no todos somos iguales y que queremos hacer la diferencia con respecto a esa clase política en Colombia y también en Bogotá.

R.A.:¿Cuál es el elemento diferenciador del Centro Democrático con respecto a los demás partidos?

J.U.: Creo que hay historias de vida muy distintas a las de otros partidos. En mi caso, yo soy el hijo del General Uscatégui, un militar perseguido y encarcelado durante 16 años y sometido a un trato muy injusto. La gente ha reconocido esa injusticia y tanto la izquierda como la derecha colombiana se han manifestado acerca de la injusticia manifiesta en este caso. Yo trato de llegar a la política con mis historias de vida, mi juventud, con mi preparación y me parece que es una buena combinación ese valor nuevo, como puede ser el caso del candidato presidencial Iván Duque, con las ideas de toda la vida del Centro Democrático, como son la seguridad democrática y la confianza inversionista, por citar tan sólo algunos valores. Esos candidatos nuevos, jóvenes, recién llegados a la política, creo que aportan un aire fresco al Centro Democrático. Se está dando el necesario relevo generacional en el partido de Uribe.

IVÁN DUQUE VS. GUSTAVO PETRO

R.A.:¿Cómo percibes el temor que se ve en los votantes de centro derecha la posibilidad de que Petro llegue al poder y se repita el mismo esquema que en en Venezuela? ¿Es real esa amenaza o inventada?

J.U.:Evidentemente, ese temor está ahí, especialmente entre los bogotanos que pudimos comprobar de primera mano el carácter autoritario de Petro. Todo lo quería hacer a la fuerza y sin contar con la institucionalidad. Entonces, indiscutiblemente, vemos con incertidumbre que Petro aparezca bien situado en las encuestas. Yo contra Petro no tengo nada, incluso creo que fue un buen Senador de la República, pero pienso que como todos los hombres con responsabilidades de la izquierda, en general, son unos malos administradores, pésimos gerentes, y eso es lo que nos aterra: que una persona autoritaria y mal administrador llegue a la Casa de Nariño,  a la presidencia de la República. Sobre todo porque ese escenario se da en un momento de confusión y en donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ocupan importantes espacios de poder. Creo que hay muchos intereses y muchos líderes interesados en pescar en río revuelto para favorecer sus demandas.

R.A.: ¿No crees que el escenario colombiano es muy parecido al venezolano en el sentido de que la oligarquía de este país está favoreciendo unos políticas que por acción u omisión pueden precipitar un ascenso al poder del populismo?

J.U.: Tenemos un espejo retrovisor como el de Venezuela. Chávez incluso fue amnistiado y luego aupado al poder porque nadie hizo nada para evitarlo. Y esa historia terminó con el fatal desenlace que todos conocemos. La oligarquía colombiana, bogotana para más señas, anda muy confiada en que unos perfiles como Fajardo y Petro pueden ser interesantes, alternativos y un aire fresco al ambiente del país. Se ha creado un clima de corrupción generalizada y gasto desmesurado al que se le vienen a unir unos inmensos impuestos porque hace falta dinero. La gente se está cansando de ese modelo y busca salidas nuevas, un verdadero peligro. 

Nosotros, desde el Centro Democrático, sí creemos que hay una amenaza castrochavista aunque nos intenten caricaturizar. Pero mire, ese peligro es real y se manifiesta todos los días cuando uno ve a miles de venezolanos llegando sin nada a nuestras fronteras. La amenaza existe y es latente, pese a que en el continente está cambiando el peligro sigue presente. Tenemos a las FARC, financiadas con dineros del narcotráfico, y un país donde el rey de la política es el dinero, muchas veces procedente de negocios ilícitos. Es difícil hacer política en este país sin dinero. Tienen más facilidades, claramente, los que tienen el dinero ilícito que los que nos presentamos con otras credenciales, como es mi caso, con un simple cartel y con una trayectoria sin mácula de duda.

R.A.:No crees que si gana Iván Duque, ¿la herencia que recibirá el próximo presidente está envenenada?

J.U.:Claro que sí. Nos pidieron que en nombre la paz nos tragáramos muchos sapos, pero son sapos envenenados. Tenemos un grupo, las FARC, con mucho dinero ilícito y sin ni siquiera haber pedido perdón a las víctimas. Efectivamente, vamos tener muchos retos, sobre todo en materia de seguridad, en el asunto de la inmigración venezolana, que se está desbordando, y en muchas más materias. Están llegando de Venezuela las personas con menos recursos y  llegan en un momento difícil para nuestro país. No quiero estigmatizar a nuestros hermanos venezolanos pero estos problemas aparecerán pronto como fruto de todo lo que está ocurriendo en la vecina Venezuela. Antes ellos recibían a los colombianos y ahora la situación es a la inversa. El país está en un trance difícil, endeudado en todos los sentidos por un proceso de paz llevado a cabo de una forma deficiente. Todo ha ido a peor. Las cargas tributarias son altísimas, el hampa se ha tomado las calles de Bogotá y el panorama económico es incierto. Pero esa inseguridad pública de la que hablo se extendió por todo el país. Bogotá y otras ciudades necesitan más policías. Hacen fatal más recursos en inteligencias y más gastos en cámaras. El país no va bien y hace falta cambiar el rumbo. Colombia está en riesgo de convertirse en otro país más a añadir a la larga lista de Estados fallidos.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

R.A.: La corrupción es uno de los graves problemas del país, ¿que medidas tomarías para afrontarla?

J.U.:Ese cáncer de la corrupción  indiscutiblemente ya hizo metástasis y ha hecho mella en todos los niveles institucionales. No hay rama del poder público que no sea ajena a esa lacra de la corrupción. Ahora estalló el escándalo del cartel de la toga. Hay que implementar varias medias de choque, como vetar a los concursos públicos a las personas que se hallan visto inmersas en casos probados de corrupción e incluso ir más allá como crear un estado de conmoción interna que congele salarios públicos y otras medidas excepcionales. Por ejemplo, otra buena medida sería revisar las cuentas de algunos funcionarios en el interior de Colombia y también en el exterior. Creo que hay que conseguir identificar donde se escapan los dineros públicos y hacia donde van. Pero, considero que el aspecto fundamental es el control de las campañas electorales, pues es el epicentro de la corrupción. Las campañas cuestan miles de millones y ya se sabe como la recuperan algunos políticos: a través de contratos y prácticas malsanas. Mientras no resolvamos el tema de las campañas electorales y su control, no se resolverá seguramente el problema de la corrupción en Colombia. Mi compromiso es que vengo con las manos limpias y me quiero ir sin la esclavitud de deber nada a nadie y hacer bien mi trabajo. Yo tengo pánico a tomarme un peso de origen ilícito. 

R.A.:Parece que el proceso de paz es irreversible llegue quien llegue al poder, ¿no cree?

J.U.:Tengo el sentir de que el proceso es irreversible y quiero que sea así a pesar de que todavía no haya concluido con la verdadera desmovilización plena de todos los grupos ilegales y de los carteles de la droga. A pesar de esos elementos negativos, quiero creer que estamos mejor que antes. Lamento que nos dijeran que iban a desaparecer las FARC pero que sigan ahí, con sus siglas, como una afrenta a las víctimas, pavoneándose por todo el país. Creo que las concesiones a la guerrilla fueron muy altas en las negociaciones a cambio de tan poco, de tal forma que otros grupos, como el ELN, pueden estar tentados de ir a un proceso parecido exigiendo al Estado demandas inadmisibles. Eso no se debe admitir, no es el camino para construir la paz. Se creó un precedente que no constituye el mejor ejemplo. También creo que algunos puntos de los acuerdos con las FARC deberían ser revisables, sobre todo los relativos a la justicia, y que algunas personas vayan a recibir el título de congresistas sin haber pagado un solo día de condena ni cárcel. Tenemos que darles un ultimátum para que no sigan negociando sobre la sangre de nuestras víctimas, de nuestros policías y uniformados. Y, en ese sentido, creo que solamente el Centro Democrático puede garantizar un juego limpio en unas negociaciones futuras. Ya nadie cree a Santos o a otros partidarios de unas negociaciones sin condiciones con los grupos armados.

R.A.:Hablamos antes que la política está desacreditada a nivel global, ¿qué reformas en el sistema político colombianos introducirías para que los colombianos vuelvan a creer en la política en la que ahora no creen?

J.U.: Pienso como Churchill que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. No tenemos otro modelo mejor que el democrático para gobernarnos y mientras no haya otras alternativas tendremos que seguir trabajando con las reglas de juego actuales. Tendrán que mejorar las normas. Los partidos políticos siguen siendo los negociadores entre los ciudadanos y el Estado. Habrá que impulsar reformas profundas en el sistema político, eso sí creo, pero no soy partidario ni veo necesaria una asamblea constituyente en Colombia porque el ambiente está muy caldeado y turbio. Tiene que haber reformas políticas, que pienso son necesarias, como las listas cerradas y el financiamiento estatal de las campañas electorales, para que no se corrompa la política. Quizá el voto obligatorio para que las condiciones sean más equitativas y se forje una conciencia ciudadana sería también una buena medida. Todos los votos no se pueden comprar, el sistema sería más limpio. Tenemos que tomar medidas sobre todo en lo relativo a las listas cerradas, campañas electorales y el voto obligatorio. Es necesaria una nueva cultura de ciudadanía que tenga otra relación con la política, una suerte de pacto en lo fundamental  del que hablaba Alvaro Gómez. Hace falta más transparencia, un liderazgo más limpio y ajeno a los viejos usos políticos que hasta ahora han imperado en el país.

R.A.:¿Qué puedes aportar en lo personal en el legislativo, qué ideas y proyectos tienes para llevar a la Cámara?

J.U.: Tengo varias. Por mi trayectoria y experiencia, me quiero dedicar y trabajar para que la Fuerza Pública en Colombia esté bien dotada, formada, preparada y cuente con los medios suficientes. También tengo la idea de una Ley de Veteranos para el país. Quiero trabajar por la Fuerza Pública en Colombia porque así se mejorará la seguridad en nuestras calles y en nuestras ciudades, que requieren soluciones prácticas. Quiero trabajar por los emprendedores y para crear empresa en Colombia, que es una labor de valientes en este país. Los empresarios tienen que ver al Estado como un aliado en sus quehaceres productivos y no como un obstáculo, tal como ocurre ahora. Los tributos ahora son muy elevados y hay que trabajar por unos impuestos justos y equitativos. Otra medida importante es el sistema de  pensiones, yendo más allá del discurso tradicional sobre la familia que luego no se traduce en medias concretas en favor de la institución. Pero mis principales aportes caminarán sobre dos ejes: emprendimiento y seguridad. 


Ricardo Angoso , analista y profundo conocedor de la política internacional.

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Agencias

Estado colombiano es culpable por desaparición de la UP: CIDH

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EP New York | Latinoamérica

Corte IDH condena a Colombia por exterminio de partido UP

BOGOTÁ — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, asesinatos o torturas a partir de 1984 y por más de dos décadas.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, indicó la Corte en el resumen oficial de su sentencia.

La Unión Patriótica se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, añade la Corte, para contrarrestar el ascenso político de la Unión Patriótica surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

La Corte, con sede en la capital costarricense, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los integrantes de la Unión Patriótica debido a que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por pertenecer a dicho partido y expresar sus ideas políticas.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, dijo a The Associated Press la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado con una bazuca en 1996 y vivió en el exilio durante 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro —primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia— aseguró en un mensaje de Twitter que su gobierno apoyará la justicia “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

En su sentencia, la Corte identificó que, de las más de 6.000 víctimas directas de la UP, 3.170 correspondieron a casos de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 a desplazamientos forzados, 521 a desapariciones forzadas y 285 a víctimas de atentados o tentativas de homicidio. La Corte detalló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sobrevivieron a masacres contra integrantes de la Unión Patriótica.

“El genocidio de Colombia fue supremamente preparado, no había bala perdida, nos mataban y el Estado es el culpable”, señaló Avella. “Nos pusieron escoltas, supuestamente para protegernos, pero nos hacían seguimiento de dónde vivíamos, de nuestras familias. Era solo que pensara distinto para que fuera ‘enemigo interno’ y lo mataban”, agregó.

Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y aún hay “altos índices de impunidad” debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no ha sido investigada o los procesos están en etapas tempranas.

Avella considera que la justicia colombiana tiene elementos suficientes para adelantar las investigaciones que por años fueron dilatadas. Anteriores fiscales “habían abierto una sección especial para la UP y con sorpresa encontramos que muchos de los expedientes habían desaparecido en la Fiscalía, tuvimos que volver a llevarlos”, relató la congresista.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Además, buscar a las víctimas de desapariciones y establecer una comisión que se encargue de contrastar la identidad y parentesco de las víctimas.

El Estado también deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

Con inf. de AP/EFE

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Agencias

Enfermeras de Nueva York llegan a preliminar acuerdo tras amenaza de huelga

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EP New York | New York

Por Gustavo Lugo

Enfermeras en huelga en Nueva York llegan a un acuerdo preliminar
NUEVA YORK — Dos hospitales de la ciudad de Nueva York alcanzaron un acuerdo preliminar de contrato con miles de enfermeras, lo que puso fin a una huelga de esta semana que afectó a la atención médica, según anunciaron responsables el jueves.

Las enfermeras, representadas por la Asociación de Enfermería del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), iniciaron los paros el lunes de madrugada después de que las negociaciones con los gestores se estancaran en el Hospital Monte Sinaí, en Manhattan, y el Centro Médico Montefiore, en el Bronx. Cada uno tiene mil camas y 3.500 o más enfermeras sindicadas.

El personal de los dos hospitales volverían a trabajar desde el jueves por la mañana, señaló el sindicato.

El sindicato había recalcado que la falta de personal era una de sus principales preocupaciones y señaló que las enfermeras que soportaron el duro apogeo de la pandemia del coronavirus estaban demasiado sobrecargadas porque había demasiadas plazas sin cubrir. Las enfermeras dicen que han tenido que trabajar horas extra, gestionar el doble de pacientes de lo debido y saltarse comidas e incluso recesos para ir al baño.

Los pactos con los dos centros incluyen ratios concretos y vinculantes de personal, según el sindicato. El acuerdo con el Montefiore también incluía lo que la asociación describió como mejoras de salud de la comunidad y acuerdos sobre estudiantes de enfermería para reclutar a enfermeras locales del Bronx.

“Con nuestra unidad y arriesgándolo todo, ganamos ratios de personal seguros vinculantes tanto en el Montefiore como en el Monte Sinaí, donde las enfermeras fueron a la huelga por la atención a los pacientes”, afirmó en un comunicado la presidenta del sindicato, Nancy Hagans. “Hoy podemos regresar al trabajo con la cabeza alta, sabiendo que nuestra victoria supone una atención más segura para nuestros pacientes y más empleos sostenibles para nuestra profesión”.

Los hospitales, de propiedad privada y sin fines de lucro, dijeron que habían tenido que lidiar con una falta generalizada de personal de enfermería que se vio agravada por la pandemia.

“Nuestro equipo de negociación ha trabajado sin parar con la dirección del NYSNA para llegar a un acuerdo”, indicó el Montefiore en un comunicado. “Desde el principio, llegamos a la mesa comprometidos con negociar de buena fe y abordar los problemas que eran prioridades para nuestro personal de enfermería”.

El hospital dijo que se había centrado en garantizar que las enfermeras tenían “el mejor entorno de trabajo posible, con mejoras considerables de salarios y prestaciones” a través del acuerdo con el sindicato.

“Sabemos que esta huelga afectó a todo el mundo -no sólo a nuestras enfermeras- y estábamos comprometidos con alcanzar una resolución lo antes posible para minimizar las interferencias con la atención a los pacientes”, añadió el centro médico.

Otros hospitales privados de la ciudad llegaron a acuerdos con el sindicato conforme se acababa el plazo límite para la huelga. Los acuerdos incluían aumentos salariales que ascendían a un 19% en total durante tres años.

Una publicación en el sitio web del Monte Sinaí indicó que el hospital estaba satisfecho de haber alcanzado un acuerdo preliminar con el sindicato.

“Nuestro acuerdo propuesto es similar a los (alcanzados) entre el NYSNA y otros ocho hospitales de la Ciudad de Nueva York. Es justo y responsable, y pone a los pacientes en primer lugar”, indicó el Sistema de Salud Monte Sinaí.

El Monte Sinaí y el Montefiore dijeron antes de la huelga que habían ofrecido los mismos aumentos.

EFE|AP

 

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Agencias

Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

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EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

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