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El futuro de Colombia más allá del proceso de paz en la perpectiva de Iván Duque

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ENTREVISTA AL SENADOR DEL CENTRO DEMOCRÁTICO IVÁN DUQUE

Con apenas 41 años, Iván Duque es uno de los cinco candidatos oficiales del Centro Democrático y Senador de la República de Colombia por esta misma fuerza política. Abogado de formación, se ha desempeñado como asesor principal por Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también ha trabajado como funcionario en el Ministerio de Hacienda de su país. Se dice que es un “fichaje” del expresidente Alvaro Uribe y que es su favorito para las primarias que celebrará su partido en este año. ¿Será así?

por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

@ricardoangoso

TITULARES:

“Yo creo que la verdadera paz en un país se construye imponiendo a los criminales la legalidad. Y aquí, en Colombia, lo que estamos viendo es lo contrario”

 “La agenda nacional fue abandonada y los asuntos económicos no fueron atendidos en profundidad. La salud, la educación y la innovación, junto otros grandes desafíos, fueron abandonados y el país retrocedió claramente en numerosos campos”

 “Hoy en día seguimos sin conocer la suerte de más 400 secuestrados por las FARC y que están reportados por numerosas organizaciones de víctimas. Muchos de esos secuestrados, seguramente, fueron asesinados y después desaparecieron sin dejar rastro para siempre”

 “Siento vergüenza como colombiano por la actitud de Santos hacia Venezuela”


Ricardo Angoso: ¿Qué opinión le merece el desarrollo del proceso de paz entre el ejecutivo colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?

Iván Duque: A mí me parece que la paz de un país no se puede construir con la firma de un papel ni menos haciendo concesiones a los criminales. Ni tampoco avalando la impunidad de los terroristas. Yo creo que la verdadera paz en un país se construye imponiendo a los criminales la legalidad. Y aquí, en Colombia, lo que estamos viendo es lo contrario, es decir, que los responsables de numerosos delitos y actos criminales no van a tener las penas que realmente merecerían en un Estado de derecho. En segundo lugar, vamos a ver como el narcotráfico se va a convertir en un delito amnistiable, tal como ahora está ocurriendo. Y, en tercer lugar, vamos a asistir a un florecimiento de “industria” del narcotráfico, ya que los propios acuerdos con las FARC han dejado la puerta para que la erradicación de los cultivos de coca sea voluntaria y no obligatoria.

Luego, creo, se han cometido graves errores al dejar en la impunidad a numerosos líderes de esta organización terrorista que han cometido delitos de lesa humanidad y que podrán optar, incluso, a cargos públicos. Van a optar a cargos de elección popular sin haberse siquiera presentado ante la justicia colombiana. Todos esos elementos a los que me he referido antes, los hemos criticado y espero que algún día podamos hacer las modificaciones urgentes que los acuerdos de paz requieren.

Sobre el tema de las armas, el presidente Juan Manuel Santos habló de unas 14.000 en poder de las FARC, aunque históricamente siempre se manejó un número mayor. Yo, como candidato presidencial, he planteado que si se encuentran armas o almacenes todavía en manos de las FARC pero escondidos y sin haber sido entregados, los cabecillas de esta organización deben perder todos los beneficios de los que gozan ahora por haber mentido al pueblo colombiano. También me hubiera gustado que las Naciones Unidas hubieran supervisado con mayor insistencia las armas y su procedencia, en el sentido de que se hubieran indagado en los seriales y comprobar la procedencia de esas armas, ya que creo que muchas de ellas proceden de Venezuela, más concretamente entregadas durante la larga dictadura de Chávez y después con Maduro a las FARC. No se han entregado los arsenales numerados y especificando su procedencia, tampoco las rutas del narcotráfico que manejaban y manejan las FARC. Amén de todas estas consideraciones, que darían pie para poner suficientes objeciones a los acuerdos firmados, tampoco se ha producido un arrepentimiento de este grupo armado ante la sociedad colombiana, a la que creo que, cuando menos, deberían pedirle perdón.

R.A.: Lo que más preocupa, creo, es que la trama ligada al narcotráfico no se desactivó, ¿no piensa igual?

I.D.: Es correcto. Las FARC, como han pretendido algunos negociadores del gobierno, no es una organización que haya estado en política con las armas, sino que se han dedicado en lo últimos años a sembrar el terror en el pueblo colombiano. Las FARC están en deuda con el pueblo colombiano por todos estos años en los que cometieron terribles masacres, secuestros, crímenes, extorsiones y muchos más delitos. Incluso hoy en día seguimos sin conocer la suerte de más 400 secuestrados por las FARC y que están reportados por numerosas organizaciones de víctimas. Muchos de esos secuestrados, seguramente, fueron asesinados y después desaparecieron sin dejar rastro para siempre, tratando, de esta forma, de ocultar los crímenes perpetrados. El país debe de conocer la verdad sobre estas atrocidades cometidas por las FARC, es una obligación moral conocer lo que ocurrió con estas víctimas. Yo creo que a la larga esos crímenes serán encausados por la Corte Penal Internacional u otros países que invocando la jurisdicción penal internacional juzgen esos delitos a los que me he referido y de los que sus máximos responsables son los cabecillas de las FARC hoy en la calle gracias a la impunidad que se les ha otorgado tras no haber sido juzgados por la justicia colombiana.

R.A.:Muchos piensan que el proceso de paz fue utilizado como una cortina de humo para ocultar los graves problemas que atraviesa el país, como la crisis económica, ¿qué opinión tiene al respecto?

I.D.: Yo creo que este gobierno, y más concretamente el presidente Santos, abandonó todas sus obligaciones en estos siete años para hacer frente a los problemas que tenía Colombia, en mayor medida porque estaban atendiendo las demandas y los reclamos que les exigían las FARC. La agenda nacional fue abandonada y los asuntos económicos no fueron atendidos en profundidad. La salud, la educación y la innovación, junto otros grandes desafíos, fueron abandonados y el país retrocedió claramente en numerosos campos.

Este año, por ejemplo, en el primer trimestre hemos tenido el peor crecimiento económico en años, la confianza inversionista está por los suelos, los consumidores consumen poco o nada y el país, poco a poco, va perdiendo el optimismo ante la situación, a causa del desgobierno generado por Santos. Por nuestra parte, nosotros, desde el Centro Democrático, le estamos proponiendo al país una agenda clara de defensa de la legalidad, poniendo especial énfasis en una mayor atención en asuntos clave como salud, educación e inequidad, aspectos absolutamente desatendendidos por este gobierno. Hace falta esa agenda económica que haga realidad un capitalismo emprendedor y que, a su vez, haga posible que los beneficios generados sean empleados en el desarrollo de los más vulnerables de la sociedad. Además, creo que es muy importante apostarle a la innovación y al medio ambiente de tal forma que se genere riqueza teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad en esa materia tan importante para la sociedad.

R.A.:¿Qué soluciones tiene usted para atajar la corrupción, ese gran flajelo de Colombia?

I.D.: Uno de los problemas es que donde hay un monopolio de la información hay un gran riesgo de corrupción. En el caso colombiano, yo he planteado abiertamente que es  necesario incrementar los niveles de transparencia y aplicar, por ejemplos, criterios más serios en lo que es la contratación directa, que debe reducirse a la mínima expresión y en casos de emergencia manifiesta. En segundo lugar, debe ser desmontandos los carteles de únicos proponentes que se están organizando en torno a la obra pública. Tercera medida: los dueños, gestores y empresas que hayan corrompido alguna vez a algún funcionario colombiano no podrán volver a trabajar con el Estado de ninguna de las formas. Y como cuarta media planteamos claramente que funcionarios que reciban coimas o sobornos no podrán volver a trabajar en la administración de por vida sin ningún miramiento ni perdón. Otro asunto importante es el de los candidatos y sus campañas; creo que es fundamental que los candidatos a cualquier cargo público se hagan responsables de los dineros que reciben en sus campañas, antes y después de las mismas. Tiene que haber un control sobre esas campañas y deben de tener un financiamiento público para determinados cargos. Finalmente, creo que es muy importante que todos los cargos públicos estén sujetos a dos mandatos como máximo en cada cargo de elección popular.

R.A.: La sociedad colombiana está hastiada de sus políticos y de la política en general, ¿tiene el Centro Democrático una oferta diferenciada del resto de los partidos o es más de lo mismo?

I.D.: Yo hago parte de esos millones de colombianos que estamos cansados de la política tradicional y la prueba de ello es que yo no soy un político tradicional. He entrado en la política para tratar de hacer un trabajo diferente con valores, principios y proyectos en permanente diálogo con la ciudadanía. Y hoy estoy convencido que los colombianos quieren una política totalmente distinta que no se base en las clientelas, en los favores, en los abolengos tradicionales, sino que permitan que surgan unos nuevos líderes políticos. También es importante que todos los colombianos tengan cabida en el sistema superando esos anacronismos de la izquierda y la derecha. Una nueva clase política diferenciada de la anterior  debe tener unos principios y valores firmes, tal como defendemos nosotros. Nuestra candidatura, creo, tiene esos planteamientos claros y se los presenta al pueblo colombiano. Nuestros ejes pasan por la defensa de la legalidad, por el desarrollo de una política de equidad, por fomentar el emprendimiento, que permita tener un sector privado pujante, y una visión innovadora al frente de las iniciativas públicas y privadas sin perder la sostenibilidad, tanto en lo social como en lo ambiental. Nuestra oferta pasa por que todos los colombianos tengan cabida en un gran proyecto nacional sin exclusiones y basado absolutamente en la legalidad.

R.A.: Veo una gran confusión de cara a las próximas elecciones, hay muchos candidatos y una gran división, ¿se atrevería a profetizar en qué quedaría una hipotética segunda vuelta?

I.D.: Yo no soy bueno para hacer cábalas, lo que si le digo es que estamos trabajando con toda la convicción y entereza para que Iván Duque sea el próximo presidente de todos los colombianos.

R.A.:¿En qué se diferencia su candidatura de la resto de los precandidatos a las próximas elecciones?

I.D.: Yo no desacredito nunca el producto de los demás para vender mi producto. Pretendo presentar al país una visión integral para hacer frente a los desafíos que tiene ante sí Colombia. Se trata de que seamos capaces de pasar la página de la vieja política y tomar el rumbo hacia una Colombia más moderna. Hay que ser capaces de pasar esa página también en lo económico, que se resume en que producimos pocos productos y la economía colombiana no se ha diversificado ni ha sido capaz de generar empleo. Pero para ese cambio,  hay que ser capaces de apostar a la innovación y  a las nuevas tecnologías.

Son muchas las cosas que hay que cambiar. Tenemos que hacer posible que la equidad sea una realidad que permita la expansión de la clase media para permitir a todos los colombianos construir su propio proyecto de vida. Entonces, mi diferenciación con respecto a los demás candidatos es bien clara y hemos presentado un libro con 162 propuestas que le hacemos al país. Somos la única candidatura que ha sido capaz de presentar ese programa tema por tema con las propuestas bien definidas. Nuestras propuestas son claras, financiables, precisas y prácticas para que los colombianos puedan conocer bien nuestro proyecto de país. Le apostamos al futuro, al cambio para Colombia.

R.A.: Por cierto, ¿hemos pasado la página de las FARC o hay riesgos ante el futuro?

I.D.: La página de las FARC no se puede pasar cuando se le han dado tantas concesiones a los terroristas. Por ello, para realmente pasar la página necesitamos que en el país haya justicia, que se persiga efizcamente al narcotráfico, que la erradicación y sustitución de los cultivos de coca sea algo obligatorio y no voluntario. Para pasar la página necesitamos también que en este país se elimine la corrupción de nuestra vida pública de una vez por todas, que se persiga eficazmente el tráfico de drogas y que se combata efizcamente el crimen. Queremos pasar página de muchas cosas, pero tenemos que trabajar y ser capaces de explicar a los colombianos nuestra propuesta política de cambio.

R.A.:¿Cómo examina la penosa situación por la que atraviesa Venezuela?

I.D.: Es triste ver a un presidente de Colombia que hace años escribía columnas sobre Venezuela, en el sentido de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante la dictadura que se avecinaba en el país, hoy, ese mismo presidente, Santos, es un cómplice de lo que está ocurriendo en esa nación porque no ha tenido la gallardía y el valor de denunciar los atropellos de un sátrapa contra un pueblo que está pidiendo democracia y libertad en las calles. Colombia no puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo en Venezuela y no se puede quedar en la diplomacia de salón.

Necesitamos que haya una gran cruzada internacional contra un régimen de esas características. La comunidad internacional, como ya hizo en otras situaciones parecidas, debe de actuar para poner fin a una dictadura que utiliza indiscriminadamente la fuerza contra su pueblo todos los días; es una situación inadmisible que requiere una acción internacional urgente. En Venezuela se ha producido detenciones masivas, se aplican las torturas contra los disidentes, se persigue a civiles indefensos y el país se ha convertido una inmensa cárcel. Por todo lo que está ocurriendo, he presentado una demanda ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro que ha sido firmada por otros 75 senadores y representantes colombianos. Ya estamos buscando el respaldo internacional a esa iniciativa, que ha recibido apoyos en Chile, y esperemos que poco a poco seamos capaces de que se dé un verdadero cambio en Venezuela que permita la expresión democrática y libre de su pueblo.

R.A.:¿No le llama la atención el silencio de Santos cuando ya muchas figuras de la izquierda, como Pepe Múgica o Felipe González, condenan a la dictadura de Maduro?

I.D.:Me parece que el silencio nos hace cómplices. Si Santos permanece en silencio, con esa diplomacia de salón a la que me refería antes, viendo como un dictador oprime y tortura a su pueblo a mí me da vergüenza como colombiano porque históricamente ambos pueblos, ambas naciones, han estado muy unidas. Me da vergüenza porque si uno mira para atrás ve que hubo grandes líderes colombianos que se enfrentaron y atacaron a las dictaduras más brutales, mientras que hoy la realidad es bien distinta y Colombia mira para otro lado ante el sufrimiento del pueblo venezolano. Otra cosa que me da vergüenza es que Colombia permanezca en Unasur porque si esa organización no es capaz de que Venezuela cumpla con sus obligaciones democráticas, yo creo que nosotros no pintamos nada ahí sentados y deberíamos irnos. Me da vergüenza lo que ha hecho el presidente Santos con Venezuela, me duele profundamente como colombiano. Se trata, en definitiva, de defender los valores y los principios democráticos frente a la tiranía que encarna Maduro, de defender la Carta Democrática Interamericana que firmó Colombia junto con otros países democráticos del continente, ni más ni menos.

Otros temas y entrevistas de Ricardo Angoso 

 

Agencias

Biden renuncia a candidatura presidencial y respalda a Kamala Harris

Francisco

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EP NEW YORK. | ELECCIONES EE.UU. 2024

Joe Biden se retira de la contienda presidencial

El presidente de EE. UU. anunció que no buscaría la reelección. Indicó por escrito que retirarse era “por el bien de mi partido y del país”.

El presidente Joe Biden, de 81 años, abandonó su candidatura a la reelección y sumió en el caos la contienda presidencial de 2024 el domingo, cediendo a la implacable presión de sus aliados más cercanos para que abandonara la carrera en medio de profundas preocupaciones de que es demasiado mayor y frágil para derrotar al expresidente Donald Trump.

Después de tres semanas de negativas, a menudo airadas, a dar un paso al lado, Biden finalmente cedió ante un torrente de encuestas devastadoras, llamados urgentes de legisladores demócratas y señales claras de que los donantes ya no estaban dispuestos a pagar para que continuara.

La decisión de Biden pone un abrupto fin a una crisis política que comenzó cuando el presidente protagonizó un calamitoso debate contra Trump el 27 de junio. Pero para el Partido Demócrata, la retirada de Biden desencadena una segunda crisis: con quién reemplazarlo y, específicamente, si organizarse en torno a la vicepresidenta Kamala Harris o iniciar un rápido esfuerzo para encontrar a alguien más para ser el candidato del partido.

El anuncio de Biden, que se encuentra aislado con covid, se produjo apenas tres días después de que Trump pronunciara un discurso incendiario y cargado de insultos para aceptar la nominación de su partido y tener la oportunidad de volver a la Casa Blanca para un segundo mandato. Trump, que lleva años preparándose para la revancha con Biden, se enfrentará ahora a un contrincante demócrata diferente —y hasta ahora desconocido—, cuando solo quedan 110 días para el día de las elecciones.

Esto es lo que hay que saber:

• Permanencia en el cargo:

Biden ha dicho que no renunciará a la presidencia y que tiene intención de terminar su mandato aunque deje en manos de otros el intento de derrotar a Trump. En los próximos meses, se enfrenta a la guerra en curso en Ucrania y a los esfuerzos cada vez más desesperados por alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates entre Israel y Hamás en Gaza.

• Una primicia política:

Ningún presidente estadounidense en ejercicio había abandonado una carrera tan tarde en el ciclo electoral. La Convención Nacional Demócrata, en la que Biden iba a ser nominado formalmente por 3939 delegados, comenzará el 19 de agosto en Chicago. Eso deja menos de un mes para que los demócratas decidan quién debe reemplazar a Biden en la candidatura y poco menos de cuatro meses para que esa persona monte una campaña contra Trump.

• Kamala Harris bajo los reflectores.

La decisión del presidente pone a la vicepresidenta bajo un renovado escrutinio; algunos demócratas argumentan que ella es la única persona que puede desafiar eficazmente a Trump a estas alturas de las elecciones. Y dicen que el partido se fracturará si se considera que los líderes demócratas han pasado por alto a la primera vicepresidenta negra. Pero otros argumentan que el Partido Demócrata debería evitar una coronación, especialmente dadas las debilidades políticas de Harris en los últimos tres años y medio.

• La edad es una de las principales preocupaciones:

El intento de reelección de Biden se vio frenado por la preocupación que suscitaba su edad y su capacidad física y mental para desempeñar el cargo. Incluso antes del debate, las encuestas mostraban constantemente que la gente pensaba que era demasiado viejo, y la mayoría —también de los demócratas— querían que alguien más joven fuera presidente. Biden nació durante la Segunda Guerra Mundial y fue elegido senador por primera vez en 1972, antes de que nacieran dos tercios de los estadounidenses de hoy. Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato.

• El momento del debate:

La Casa Blanca y los asesores más cercanos a Biden negaron durante años que su edad tuviera algún impacto en su capacidad para hacer su trabajo. Pero el debate con Trump a finales de junio, que vieron más de 50 millones de personas, puso claramente de manifiesto sus limitaciones. Se mostró frágil, vacilante, confuso y disminuido, y fue incapaz de presentar argumentos contra Trump, un delincuente convicto que intentó anular las últimas elecciones presidenciales.

Agencias / NYT

 

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Articulos Destacados

Trump , convención republicana y deportación masiva

Francisco

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EP NEW YORK  | Convención republicana

¿Trump podría cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes?

Donald Trump promete el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Los costos y los obstáculos serían enormes, según los expertos.

Cuando Donald Trump se postuló a las elecciones presidenciales de 2016, prometió construir un muro para cerrar la frontera y evitar que los delincuentes entraran en el país. Esta vez su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva sin precedentes en el país.

La plataforma de su partido, ratificada en la convención republicana de Milwaukee, promete el “mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos”, y la inmigración fue el tema de la reunión del martes.

¿Qué se necesitaría para deportar a millones de personas? ¿Es posible?

¿Cuántos inmigrantes están en el país de manera ilegal?

Había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal en 2022, según los últimos cálculos del gobierno, y más de 8 de cada 10 llevan más de una década en el país. Trump dijo durante el debate del mes pasado que había 18 millones, lo que carece de fundamento.

Con el fin de huir de la agitación política y económica, los migrantes de países como Venezuela han cruzado la frontera en cifras récord durante el gobierno de Biden.

¿Quiénes serían los deportados y qué tan fácil sería expulsarlos?

Trump y la plataforma republicana han hecho declaraciones muy generales, pero hasta ahora han ofrecido muy pocos detalles sobre la operación que pretenden realizar.

El expresidente ha sugerido que cualquier inmigrante que carezca de estatus legal podrá ser expulsado.

La plataforma del partido afirma que se daría prioridad a “los criminales más peligrosos”.

También dice: “El Partido Republicano se compromete a enviar a los extranjeros ilegales de vuelta a su casa y a expulsar a quienes hayan violado nuestras leyes”.

El consenso entre los expertos en inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional es que los obstáculos logísticos, legales, burocráticos y de costos harían prácticamente imposible realizar las deportaciones masivas que pretende Trump en el lapso de un mandato presidencial de cuatro años.

“Incluso si contara con un Congreso dispuesto a promulgar reformas legislativas drásticas y a asignar las decenas de miles de millones necesarios, no hay forma de que un sistema de este tipo pueda estar plenamente operativo en un plazo de cuatro años”, afirmó John Sandweg, funcionario de seguridad nacional en el gobierno de Barack Obama.

¿Qué otros obstáculos habría?

Los inmigrantes que han vivido durante años en el país tienen protección legal y derecho a un proceso jurídico justo.

En los últimos años, quienes han entrado de manera ilegal en el país han sido procesados en la frontera y luego puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte para las audiencias de deportación. Mientras sus casos se tramitan en la corte de inmigración, lo que suele tardarse varios años más, tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.

“Trump tendría que triplicar el tamaño de las cortes de inmigración para lograr algo que se acerque a los números de los que está hablando”, dijo Sandweg. “Incluso así, necesitaría financiación para construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y formar a los jueces”.

Varias décadas de escasez de fondos y un gran número de solicitudes de asilo han agravado los retrasos.

“Un individuo debe recibir una orden de deportación; un presidente no podría simplemente ignorar eso”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama. “Se necesitaría un cambio en la ley, y el Congreso tendría que ser un socio activo en esto”.

¿Hay suficiente personal, instalaciones, aviones y otros medios de transporte para una operación de deportación?

Durante el gobierno de Trump, hubo unas 936.000 deportaciones, según datos oficiales. Hasta febrero, el gobierno de Biden había expulsado a unas 340.000 personas.

Para identificar y detener a millones de personas en el interior del país se necesitarían decenas de miles de agentes de inmigración más, aseguró Napolitano.

Trump ha dicho que recurriría a la Guardia Nacional y a otros recursos del ejército para ejecutar su plan.

Las fuerzas del orden locales podrían ser delegadas para identificar a las personas sin estatus legal y entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), lo que ya ha ocurrido en el pasado en algunas localidades.

Pero Chicago, Denver, Los Ángeles y Filadelfia son solo algunas de las ciudades que se niegan a colaborar con el ICE, por temor a que esa cooperación promueva la elaboración de perfiles raciales y lleve a los inmigrantes que han cometido delitos menores, como infracciones de tráfico, a procedimientos de deportación.

“Habrá zonas que no quieran tener nada que ver con esto”, señaló Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.

Toda persona que pudiera ser deportada potencialmente es retenida en un centro de detención, y en el actual ejercicio fiscal, el Congreso financió la detención de 41.500 inmigrantes diarios con un costo de 3400 millones de dólares, una cifra que tendría que aumentar exponencialmente.

¿Dónde hay margen para que Trump acelere el ritmo de las expulsiones?

Un nuevo gobierno de Trump podría acelerar las deportaciones poniendo fin a programas que el gobierno de Biden introdujo.

Por ejemplo, desde 2022, a unas 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha permitido volar a Estados Unidos y vivir y trabajar durante dos años, siempre que tengan un patrocinador financiero. Biden también ha permitido que casi 700.000 migrantes que pidieron cita en una aplicación móvil puedan cruzar la frontera por un puerto de entrada oficial y recibir permisos de trabajo.

“Trump podría apretar el interruptor y revocarlo”, dijo Neifach. Pero, añadió, muchos de los migrantes podrían presentar solicitudes de asilo y pasar a engrosar las cortes saturadas.

¿Habría alguna excepción entre los deportados?

Trump no ha abordado si ejercería alguna discreción o haría alguna excepción.

Más de un millón de estadounidenses están casados con una persona sin estatus legal, y una gran parte de los inmigrantes tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

“Cuando se habla de ese tipo de cifras y de presencia de las fuerzas del orden, a fin de cuentas hay que pensar: ¿qué le hace eso a la atmósfera del país?”, comentó Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional.

Publicado en NYT

 

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New York y New Jersey celebran desfile de las flores

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS |

Desfile de las flores | New York

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