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El futuro de Colombia más allá del proceso de paz en la perpectiva de Iván Duque

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ENTREVISTA AL SENADOR DEL CENTRO DEMOCRÁTICO IVÁN DUQUE

Con apenas 41 años, Iván Duque es uno de los cinco candidatos oficiales del Centro Democrático y Senador de la República de Colombia por esta misma fuerza política. Abogado de formación, se ha desempeñado como asesor principal por Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también ha trabajado como funcionario en el Ministerio de Hacienda de su país. Se dice que es un “fichaje” del expresidente Alvaro Uribe y que es su favorito para las primarias que celebrará su partido en este año. ¿Será así?

por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

@ricardoangoso

TITULARES:

“Yo creo que la verdadera paz en un país se construye imponiendo a los criminales la legalidad. Y aquí, en Colombia, lo que estamos viendo es lo contrario”

 “La agenda nacional fue abandonada y los asuntos económicos no fueron atendidos en profundidad. La salud, la educación y la innovación, junto otros grandes desafíos, fueron abandonados y el país retrocedió claramente en numerosos campos”

 “Hoy en día seguimos sin conocer la suerte de más 400 secuestrados por las FARC y que están reportados por numerosas organizaciones de víctimas. Muchos de esos secuestrados, seguramente, fueron asesinados y después desaparecieron sin dejar rastro para siempre”

 “Siento vergüenza como colombiano por la actitud de Santos hacia Venezuela”


Ricardo Angoso: ¿Qué opinión le merece el desarrollo del proceso de paz entre el ejecutivo colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?

Iván Duque: A mí me parece que la paz de un país no se puede construir con la firma de un papel ni menos haciendo concesiones a los criminales. Ni tampoco avalando la impunidad de los terroristas. Yo creo que la verdadera paz en un país se construye imponiendo a los criminales la legalidad. Y aquí, en Colombia, lo que estamos viendo es lo contrario, es decir, que los responsables de numerosos delitos y actos criminales no van a tener las penas que realmente merecerían en un Estado de derecho. En segundo lugar, vamos a ver como el narcotráfico se va a convertir en un delito amnistiable, tal como ahora está ocurriendo. Y, en tercer lugar, vamos a asistir a un florecimiento de “industria” del narcotráfico, ya que los propios acuerdos con las FARC han dejado la puerta para que la erradicación de los cultivos de coca sea voluntaria y no obligatoria.

Luego, creo, se han cometido graves errores al dejar en la impunidad a numerosos líderes de esta organización terrorista que han cometido delitos de lesa humanidad y que podrán optar, incluso, a cargos públicos. Van a optar a cargos de elección popular sin haberse siquiera presentado ante la justicia colombiana. Todos esos elementos a los que me he referido antes, los hemos criticado y espero que algún día podamos hacer las modificaciones urgentes que los acuerdos de paz requieren.

Sobre el tema de las armas, el presidente Juan Manuel Santos habló de unas 14.000 en poder de las FARC, aunque históricamente siempre se manejó un número mayor. Yo, como candidato presidencial, he planteado que si se encuentran armas o almacenes todavía en manos de las FARC pero escondidos y sin haber sido entregados, los cabecillas de esta organización deben perder todos los beneficios de los que gozan ahora por haber mentido al pueblo colombiano. También me hubiera gustado que las Naciones Unidas hubieran supervisado con mayor insistencia las armas y su procedencia, en el sentido de que se hubieran indagado en los seriales y comprobar la procedencia de esas armas, ya que creo que muchas de ellas proceden de Venezuela, más concretamente entregadas durante la larga dictadura de Chávez y después con Maduro a las FARC. No se han entregado los arsenales numerados y especificando su procedencia, tampoco las rutas del narcotráfico que manejaban y manejan las FARC. Amén de todas estas consideraciones, que darían pie para poner suficientes objeciones a los acuerdos firmados, tampoco se ha producido un arrepentimiento de este grupo armado ante la sociedad colombiana, a la que creo que, cuando menos, deberían pedirle perdón.

R.A.: Lo que más preocupa, creo, es que la trama ligada al narcotráfico no se desactivó, ¿no piensa igual?

I.D.: Es correcto. Las FARC, como han pretendido algunos negociadores del gobierno, no es una organización que haya estado en política con las armas, sino que se han dedicado en lo últimos años a sembrar el terror en el pueblo colombiano. Las FARC están en deuda con el pueblo colombiano por todos estos años en los que cometieron terribles masacres, secuestros, crímenes, extorsiones y muchos más delitos. Incluso hoy en día seguimos sin conocer la suerte de más 400 secuestrados por las FARC y que están reportados por numerosas organizaciones de víctimas. Muchos de esos secuestrados, seguramente, fueron asesinados y después desaparecieron sin dejar rastro para siempre, tratando, de esta forma, de ocultar los crímenes perpetrados. El país debe de conocer la verdad sobre estas atrocidades cometidas por las FARC, es una obligación moral conocer lo que ocurrió con estas víctimas. Yo creo que a la larga esos crímenes serán encausados por la Corte Penal Internacional u otros países que invocando la jurisdicción penal internacional juzgen esos delitos a los que me he referido y de los que sus máximos responsables son los cabecillas de las FARC hoy en la calle gracias a la impunidad que se les ha otorgado tras no haber sido juzgados por la justicia colombiana.

R.A.:Muchos piensan que el proceso de paz fue utilizado como una cortina de humo para ocultar los graves problemas que atraviesa el país, como la crisis económica, ¿qué opinión tiene al respecto?

I.D.: Yo creo que este gobierno, y más concretamente el presidente Santos, abandonó todas sus obligaciones en estos siete años para hacer frente a los problemas que tenía Colombia, en mayor medida porque estaban atendiendo las demandas y los reclamos que les exigían las FARC. La agenda nacional fue abandonada y los asuntos económicos no fueron atendidos en profundidad. La salud, la educación y la innovación, junto otros grandes desafíos, fueron abandonados y el país retrocedió claramente en numerosos campos.

Este año, por ejemplo, en el primer trimestre hemos tenido el peor crecimiento económico en años, la confianza inversionista está por los suelos, los consumidores consumen poco o nada y el país, poco a poco, va perdiendo el optimismo ante la situación, a causa del desgobierno generado por Santos. Por nuestra parte, nosotros, desde el Centro Democrático, le estamos proponiendo al país una agenda clara de defensa de la legalidad, poniendo especial énfasis en una mayor atención en asuntos clave como salud, educación e inequidad, aspectos absolutamente desatendendidos por este gobierno. Hace falta esa agenda económica que haga realidad un capitalismo emprendedor y que, a su vez, haga posible que los beneficios generados sean empleados en el desarrollo de los más vulnerables de la sociedad. Además, creo que es muy importante apostarle a la innovación y al medio ambiente de tal forma que se genere riqueza teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad en esa materia tan importante para la sociedad.

R.A.:¿Qué soluciones tiene usted para atajar la corrupción, ese gran flajelo de Colombia?

I.D.: Uno de los problemas es que donde hay un monopolio de la información hay un gran riesgo de corrupción. En el caso colombiano, yo he planteado abiertamente que es  necesario incrementar los niveles de transparencia y aplicar, por ejemplos, criterios más serios en lo que es la contratación directa, que debe reducirse a la mínima expresión y en casos de emergencia manifiesta. En segundo lugar, debe ser desmontandos los carteles de únicos proponentes que se están organizando en torno a la obra pública. Tercera medida: los dueños, gestores y empresas que hayan corrompido alguna vez a algún funcionario colombiano no podrán volver a trabajar con el Estado de ninguna de las formas. Y como cuarta media planteamos claramente que funcionarios que reciban coimas o sobornos no podrán volver a trabajar en la administración de por vida sin ningún miramiento ni perdón. Otro asunto importante es el de los candidatos y sus campañas; creo que es fundamental que los candidatos a cualquier cargo público se hagan responsables de los dineros que reciben en sus campañas, antes y después de las mismas. Tiene que haber un control sobre esas campañas y deben de tener un financiamiento público para determinados cargos. Finalmente, creo que es muy importante que todos los cargos públicos estén sujetos a dos mandatos como máximo en cada cargo de elección popular.

R.A.: La sociedad colombiana está hastiada de sus políticos y de la política en general, ¿tiene el Centro Democrático una oferta diferenciada del resto de los partidos o es más de lo mismo?

I.D.: Yo hago parte de esos millones de colombianos que estamos cansados de la política tradicional y la prueba de ello es que yo no soy un político tradicional. He entrado en la política para tratar de hacer un trabajo diferente con valores, principios y proyectos en permanente diálogo con la ciudadanía. Y hoy estoy convencido que los colombianos quieren una política totalmente distinta que no se base en las clientelas, en los favores, en los abolengos tradicionales, sino que permitan que surgan unos nuevos líderes políticos. También es importante que todos los colombianos tengan cabida en el sistema superando esos anacronismos de la izquierda y la derecha. Una nueva clase política diferenciada de la anterior  debe tener unos principios y valores firmes, tal como defendemos nosotros. Nuestra candidatura, creo, tiene esos planteamientos claros y se los presenta al pueblo colombiano. Nuestros ejes pasan por la defensa de la legalidad, por el desarrollo de una política de equidad, por fomentar el emprendimiento, que permita tener un sector privado pujante, y una visión innovadora al frente de las iniciativas públicas y privadas sin perder la sostenibilidad, tanto en lo social como en lo ambiental. Nuestra oferta pasa por que todos los colombianos tengan cabida en un gran proyecto nacional sin exclusiones y basado absolutamente en la legalidad.

R.A.: Veo una gran confusión de cara a las próximas elecciones, hay muchos candidatos y una gran división, ¿se atrevería a profetizar en qué quedaría una hipotética segunda vuelta?

I.D.: Yo no soy bueno para hacer cábalas, lo que si le digo es que estamos trabajando con toda la convicción y entereza para que Iván Duque sea el próximo presidente de todos los colombianos.

R.A.:¿En qué se diferencia su candidatura de la resto de los precandidatos a las próximas elecciones?

I.D.: Yo no desacredito nunca el producto de los demás para vender mi producto. Pretendo presentar al país una visión integral para hacer frente a los desafíos que tiene ante sí Colombia. Se trata de que seamos capaces de pasar la página de la vieja política y tomar el rumbo hacia una Colombia más moderna. Hay que ser capaces de pasar esa página también en lo económico, que se resume en que producimos pocos productos y la economía colombiana no se ha diversificado ni ha sido capaz de generar empleo. Pero para ese cambio,  hay que ser capaces de apostar a la innovación y  a las nuevas tecnologías.

Son muchas las cosas que hay que cambiar. Tenemos que hacer posible que la equidad sea una realidad que permita la expansión de la clase media para permitir a todos los colombianos construir su propio proyecto de vida. Entonces, mi diferenciación con respecto a los demás candidatos es bien clara y hemos presentado un libro con 162 propuestas que le hacemos al país. Somos la única candidatura que ha sido capaz de presentar ese programa tema por tema con las propuestas bien definidas. Nuestras propuestas son claras, financiables, precisas y prácticas para que los colombianos puedan conocer bien nuestro proyecto de país. Le apostamos al futuro, al cambio para Colombia.

R.A.: Por cierto, ¿hemos pasado la página de las FARC o hay riesgos ante el futuro?

I.D.: La página de las FARC no se puede pasar cuando se le han dado tantas concesiones a los terroristas. Por ello, para realmente pasar la página necesitamos que en el país haya justicia, que se persiga efizcamente al narcotráfico, que la erradicación y sustitución de los cultivos de coca sea algo obligatorio y no voluntario. Para pasar la página necesitamos también que en este país se elimine la corrupción de nuestra vida pública de una vez por todas, que se persiga eficazmente el tráfico de drogas y que se combata efizcamente el crimen. Queremos pasar página de muchas cosas, pero tenemos que trabajar y ser capaces de explicar a los colombianos nuestra propuesta política de cambio.

R.A.:¿Cómo examina la penosa situación por la que atraviesa Venezuela?

I.D.: Es triste ver a un presidente de Colombia que hace años escribía columnas sobre Venezuela, en el sentido de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante la dictadura que se avecinaba en el país, hoy, ese mismo presidente, Santos, es un cómplice de lo que está ocurriendo en esa nación porque no ha tenido la gallardía y el valor de denunciar los atropellos de un sátrapa contra un pueblo que está pidiendo democracia y libertad en las calles. Colombia no puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo en Venezuela y no se puede quedar en la diplomacia de salón.

Necesitamos que haya una gran cruzada internacional contra un régimen de esas características. La comunidad internacional, como ya hizo en otras situaciones parecidas, debe de actuar para poner fin a una dictadura que utiliza indiscriminadamente la fuerza contra su pueblo todos los días; es una situación inadmisible que requiere una acción internacional urgente. En Venezuela se ha producido detenciones masivas, se aplican las torturas contra los disidentes, se persigue a civiles indefensos y el país se ha convertido una inmensa cárcel. Por todo lo que está ocurriendo, he presentado una demanda ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro que ha sido firmada por otros 75 senadores y representantes colombianos. Ya estamos buscando el respaldo internacional a esa iniciativa, que ha recibido apoyos en Chile, y esperemos que poco a poco seamos capaces de que se dé un verdadero cambio en Venezuela que permita la expresión democrática y libre de su pueblo.

R.A.:¿No le llama la atención el silencio de Santos cuando ya muchas figuras de la izquierda, como Pepe Múgica o Felipe González, condenan a la dictadura de Maduro?

I.D.:Me parece que el silencio nos hace cómplices. Si Santos permanece en silencio, con esa diplomacia de salón a la que me refería antes, viendo como un dictador oprime y tortura a su pueblo a mí me da vergüenza como colombiano porque históricamente ambos pueblos, ambas naciones, han estado muy unidas. Me da vergüenza porque si uno mira para atrás ve que hubo grandes líderes colombianos que se enfrentaron y atacaron a las dictaduras más brutales, mientras que hoy la realidad es bien distinta y Colombia mira para otro lado ante el sufrimiento del pueblo venezolano. Otra cosa que me da vergüenza es que Colombia permanezca en Unasur porque si esa organización no es capaz de que Venezuela cumpla con sus obligaciones democráticas, yo creo que nosotros no pintamos nada ahí sentados y deberíamos irnos. Me da vergüenza lo que ha hecho el presidente Santos con Venezuela, me duele profundamente como colombiano. Se trata, en definitiva, de defender los valores y los principios democráticos frente a la tiranía que encarna Maduro, de defender la Carta Democrática Interamericana que firmó Colombia junto con otros países democráticos del continente, ni más ni menos.

Otros temas y entrevistas de Ricardo Angoso 

 

Agencias

Corte Suprema de EE.UU. pone fin a TPS para venezolanos

Francisco

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EP NEW YORK | FL NEWS | TPS

El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.

Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.

En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.

La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.

La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.

Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.

“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.

En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.

Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.

En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.

Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.

La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.

En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.

Agencias

 

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Agencias

humildad y sencillez sobre el privilegio , legados de Mujica destaca la ONU

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | LATINOAMÉRICA

Guterres recuerda a un Mujica que gobernó con humildad y sencillez sobre el privilegio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó este martes la muerte del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, de quien destacó su forma de gobernar “con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio”.

“Será recordado no solo por su firme compromiso con la justicia social, la igualdad y la solidaridad, sino también por la forma profundamente humana en que encarnó esos valores”, aseguró en un comunicado Guterres.

“Gobernó con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio, y nos recordó -con sus palabras y su ejemplo- que el poder debe ejercerse con responsabilidad y compasión”, añadió.

Guterres también destacó que como líder latinoamericano, “defendió el diálogo y el multilateralismo, encarnando los valores que están en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas y aportando su autoridad moral a la causa de la paz y los derechos humanos”.

Mujica, que presidió Uruguay entre 2010 y 2015, falleció este martes a los 89 años en Montevideo, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

EFE

 

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Agencias

Fin del “romance político” de Trump y Musk

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.

La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.

Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.

Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.

Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.

Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.

Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.

Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.

Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.

Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.

Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.

La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.

Publicado en NYT

 

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