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Maduro responde ante recompensa de 15 mdd. Ofrecida por EE.UU. en su contra

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EP New York/agencias

Miami/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró desafiante ante la recompense de 15 millones de dólares de Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico, calificó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de “cowboy racista” y advirtió que está listo para pelear con todos los medios necesarios si Washington y la vecina Colombia se atreven a invadir territorio venezolano.

Las combativas declaraciones de Maduro el jueves en la noche se produjeron horas después de que Estados Unidos anunció varios cargos contra el líder socialista y varios miembros de su círculo más cercano por convertir supuestamente a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.

Una de las imputaciones presentada por fiscales en Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, jefe del Partido Socialista y presidente de la Asamblea Constituyente, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del ejército “para inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “un arma en contra de Estados Unidos”.

Maduro, un exconductor de autobús reconvertido en icono de la izquierda latinoamericana, alegó que las acusaciones tenían motivaciones políticas. Dijo que ignoran el papel de Colombia, aliada de Washington, como la principal fuente de cocaína del mundo y el rol de Caracas facilitando las conversaciones de paz entre el gobierno de Bogotá y los rebeldes de ese país durante la última década.

“Eres un miserable, Donald Trump”, afirmó el mandatario venezolano durante un discurso televisado. “Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador de las mafias neoyorquinas que el dirigió como jefe de la empresa inmobiliaria”.

En sus declaraciones más duras contra Trump hasta la fecha, Maduro incluyó una amenaza para usar la fuerza militar: “Si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes”.

Antes en el día, el fiscal general de Venezuela anunció una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por tramar presuntamente un golpe de Estado con el general retirado Cliver Alcalá, quien tras ser nombrado en las acusaciones estadounidenses, dijo que había almacenado armas de asalto en Colombia para una incursión transfronteriza. Sin ofrecer evidencias, Maduro dio que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estaba detrás de un plan de Alcalá para asesinarlo a él y a otros líderes políticos.

Las sorpresivas acusaciones en contra de un jefe de Estado en activo son sumamente raras y sin duda incrementarán las tensiones entre Washington y Caracas en momentos en que el brote de coronavirus amenaza con hacer colapsar el sistema de salud de Venezuela y a su economía petrolera, ya en una crisis por años de corrupción y por las sanciones de Washington. Maduro ha ordenado a los venezolanos que permanezcan en casa para contener la propagación del virus que, de acuerdo con las autoridades, ha infectado a 107 personas y se cobró su primera víctima mortal el jueves.

Los actos criminales relacionados a la confabulación de drogas y armas, que se remontan al inicio de la revolución comandada por Hugo Chávez en 1999, ocurrieron en lugares tan remotos como Siria, México, Honduras e Irán, de acuerdo con la acusación formal. Barr calculó que el plan ayudó a contrabandear hasta 250 toneladas de cocaína al año provenientes de Sudamérica.

“El régimen de Maduro está repleto de corrupción y delincuencia”, dijo el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, en una conferencia de prensa en línea desde Washington. “Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”.

La difusión coordinada de acusaciones formales contra 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, así como recompensas por 55 millones de dólares por Maduro y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares de lo que Barr describió como el “corrupto régimen venezolano”, incluyendo las poderosas fuerzas armadas y el poder judicial, que están bajo el dominio del presidente.

En Miami, fiscales anunciaron cargos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano Maikel Moreno por lavar en Estados Unidos al menos 3 millones de dólares obtenidos ilegalmente mediante el arreglo de casos en Venezuela, incluyendo uno sobre una planta de General Motors. Gran parte de ese dinero lo gastó en un avión privado, relojes de lujo y compras en Prada, aseguran los fiscales.

En una denuncia interpuesta en mayo de 2019 y desprecintada en Washington, se acusó al ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino, de asociación delictuosa para contrabandear narcóticos.

“Este anuncio es un importante revés para Maduro, quien ha estado manejando Venezuela como un estado mafioso, con una corrupción descontrolada, atrocidades generalizadas y absoluta impunidad”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Con esta acusación podría perder su aura de invencibilidad, de estar completamente por encima de la ley, lo cual es una muy buena noticia”.

Pero se desconoce cómo acercarían a Venezuela a poner fin a un enfrentamiento de 15 meses entre Maduro _quien cuenta con el apoyo de Rusia y China_ y Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos. También podría fragmentar la coalición que encabeza el gobierno estadounidense en contra de Maduro en caso de que sus aliados en Europa y Latinoamérica piensen que es un exceso por parte de Trump. Se estima que cinco millones de venezolanos salieron del país en los últimos años escapando de la hiperinflación y de la escasez generalizada de alimentos y fármacos.

“Redoblar la ofensiva contra el régimen de Maduro es una apuesta increíblemente peligrosa cuando la prioridad debería ser apuntar el decadente sistema de salud y evitar un éxodo migratorio aún peor”, señaló Ivan Briscoe, director de Crisis Group para América Latina. “Estos cargos de EEUU podrían significar un desastre para cualquier acercamiento, exponer a Guaidó a graves riesgos y parecer indiferentes al sufrimiento inmediato del pueblo de Venezuela”.

Maduro lleva años acusando al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para asumir el control de las mayores reservas petroleras del mundo, y ha comparado su conspiración con la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y que enfrentara cargos por tráfico de drogas en Florida.

Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, comandan la rígida postura estadounidense contra Maduro, de manera muy similar a como propugnaron por el derrocamiento de Noriega a finales de la década de 1980: Barr siendo un alto funcionario del Departamento de Justicia y Abrams en su papel de subsecretario de Estado para Latinoamérica.

Funcionarios estadounidenses también ven otras similitudes. Noriega transformó a Panamá en un paraíso para los violentos cárteles del narcotráfico internacional, mientras que el gobierno de Trump ha acusado a Maduro y a sus aliados de las fuerzas armadas de albergar a narcotraficantes, guerrilleros colombianos e incluso al Hezbollah, el cual ha sido designado grupo terrorista.

También han acusado a funcionarios gubernamentales y a empresarios bien relacionados de robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, en su mayoría de la petrolera estatal PDVSA, que registra su producción más baja en siete décadas.

De cualquier forma, acusar a Maduro no fue sencillo. Por lo general, los líderes extranjeros en funciones gozan de inmunidad judicial de acuerdo con las leyes estadounidenses y las normas internacionales.

Pero Estados Unidos es uno de 60 países que ya no considera que Maduro sea jefe de Estado, a pesar de que permanece en el poder. En su lugar, reconoce a Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como el mandatario legítimo de Venezuela después de que la reelección del socialista en 2018 se vio manchada por acusaciones de fraude y por un boicot opositor.

Investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington recabaron la evidencia contra Maduro a lo largo de varios años, y fueron ellos quienes presentaron los cargos por narcotráfico, soborno internacional y lavado de dinero en contra de altos funcionarios venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y empresarios vinculados al gobierno.

Para sorpresa de muchos, Maduro, quien fue elegido personalmente por Chávez como su sucesor, se ha aferrado obstinadamente al poder, resistiendo meses de manifestaciones callejeras el año pasado e incluso un levantamiento militar respaldado por Estados Unidos.

Por otra parte, Barr priorizó las investigaciones al círculo de allegados del presidente venezolano, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato a fin de revelar las discusiones internas del Departamento de Justicia.

La presión por actuar, según las fuentes, se desbordó más o menos al mismo tiempo que Guaidó visitó Washington en febrero pasado, cuando Trump lo elogió en el discurso del Estado de la Unión al llamarlo “un hombre muy valiente, que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos”.

Frank Mora, un exfuncionario del Pentágono, dijo que Estados Unidos está en lo correcto por condenar a Maduro y a otras personas por reprimir al pueblo, robar de las arcas del gobierno y convertir a Venezuela en un estado criminal.

Pero le preocupa que el objetivo de las acusaciones sea más el llegar a los votantes latinos en Florida que ayudar a atender la devastadora crisis en el país sudamericano.

“No vamos a ir allá a capturarlo”, dijo Mora, quien actualmente encabeza el instituto de estudios sobre Latinoamérica de la Universidad Internacional de Florida. “Esto no es sobre un cambio de régimen o restaurar la democracia en Venezuela. Es sobre política electoral”.


 

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Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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Agencias

Colombianos reclaman cese de violencia policial en paro nacional

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EP EE.UU/ agencias

Bogotá , Colombia — “¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!”. Con esta arenga miles de colombianos se manifestaban masivamente el miércoles durante la decimoquinta jornada de protestas nacionales en contra de las reformas del gobierno y los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Entre las prioridades que tenemos están las garantías a los derechos humanos, el desmonte del ESMAD (policía antimotines) y todo este trato guerrerista que se le ha dado a la protesta social, la atención de las agendas de los jóvenes en este país, la renta básica (subsidio) y que se retire la reforma a la salud”, dijo a The Associated Press Francia Márquez, líder social que protestaba en Cali, al suroeste del país y epicentro de movilizaciones masivas y focos de violencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que la jornada fue pacífica y rechazó los bloqueos viales en 99 puntos del país y afectan el paso de alimentos, insumos médicos y gasolina. Sin embargo, entrada la noche se presentaron algunos disturbios en ciudades como Barranquilla, Popayán, Bucaramanga y Neiva, donde incineraron un bus de servicio público.

La nueva jornada de protesta fue convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales agrupados en el denominado Comité del Paro tras un fallido intento de diálogo con el presidente Iván Duque el 10 de mayo. Un día después, el gobierno propuso una mesa de negociación formal con los manifestantes con el acompañamiento de la Iglesia Católica y Naciones Unidas para la cual aún no hay fecha.

El descontento social creciente inició hace dos semanas en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno para financiar los programas estatales en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Días después el presidente Duque aceptó retirarla, sin embargo, las protestas no cesaron, sino que tomaron fuerza y se mantienen ante una ola de denuncias de exceso de la fuerza pública y uso de armas contra la población.

“En estos días los actos de la policía han sido una completa violación de los derechos humanos contra los manifestantes que estamos protestando en paz en Bogotá y en ciudades como Cali y Medellín”, dijo a la AP el estudiante Cristian Ureña en Bogotá.

Las cifras oficiales dan cuenta de una afectación cada vez mayor. Según la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de derechos humanos, se han reportado 41 civiles y un policía muertos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Defensa contabiliza 33 fallecidos y más de mil heridos: 716 civiles y 849 miembros de la fuerza pública.

“Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los Derechos Humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de la fuerza pública éstas se judicializan y se investigan… También se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque el martes desde Cali en una declaración oficial.

Los hechos están en etapa de investigación. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó el miércoles ante el Congreso que han identificado 14 muertes relacionados con las protestas y hasta ahora han esclarecido cuatro casos de homicidios: tres de ellos “fueron cometidos por policías”. El presidente Duque explicó el martes que abrieron 65 acciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública. De éstas, ocho son casos por presunto homicidio y 27 por abuso de autoridad. Sin embargo, la organización no gubernamental Temblores advierte 1.956 casos de violencia policial.

Las manifestaciones ocurren en al menos 25 departamentos de los 32 que tiene el país y recogen la inconformidad de sectores diversos de la sociedad como los estudiantes, sindicatos, trabajadores informales y comunidades étnicas que reclaman en primera medida garantías para protestar.

“Estamos con la flauta porque eso es lo que nos identifica: frente a la brutalidad policial respondemos con la música y la danza”, dijo a la AP Didier Chirimuscay, líder Misak del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), quien protestaba en el centro de Bogotá. “Marchamos contra el mal gobierno, retiraron la reforma (tributaria), pero el gobierno va a insistir para ponerla”, agregó.

En Pereira, al oeste del país, las movilizaciones giraron en torno a la memoria de Lucas Villa, el estudiante de Ciencias del Deporte que falleció tras recibir disparos en una marcha pacífica el 5 de mayo. Los manifestantes ondearon banderas de Colombia y levantaron rosas y carteles con la frase “Lucas vive”. Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo nacional de las víctimas de la violencia durante las protestas.

Ante la presión social, el presidente prometió que subsidiará las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos de las universidades públicas durante el segundo semestre de 2021. El Ministerio de Educación calcula que la iniciativa costará 160 millones de dólares. Sin embargo, los estudiantes piden que la gratuidad de la educación universitaria se extienda a toda la población, se mantenga en el tiempo y finalmente se cumpla.

“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional de Iván Duque y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, indicó el miércoles la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en un comunicado.

En paralelo a las manifestaciones, el presidente Duque se reunió con algunos líderes juveniles en Bogotá buscando acuerdos para desbloquear el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al gobierno concertar con los manifestantes para detener las manifestaciones en medio del tercer pico de contagios y muertes por COVID-19.


https://youtu.be/MkWf1kTMZFI

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Agencias

Renuncia Carrasquilla pero protestas continúan en Colombia

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EP New York/agencias

La renuncia del ministro de Hacienda no aplaca las protestas que ya dejan 19 muertos en Colombia

Bogotá,  (EFE).- La renuncia del ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, marcó este lunes la sexta jornada de protestas contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, en las que, según la Defensoría del Pueblo, han muerto al menos 19 personas y unas 800 personas han resultado heridas.

Carrasquilla, que estaba en el cargo desde el 7 de agosto de 2018 cuando comenzó el mandato del presidente Iván Duque, se convirtió en el villano de la actual crisis por la dureza del fracasado proyecto de reforma fiscal, que fue la chispa que encendió el fuego de las manifestaciones la semana pasada.

Esa iniciativa golpeaba en especial a la clase media y a la baja mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos.

Para reemplazarlo, Duque nombró como nuevo titular de Hacienda al hasta hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, un economista y académico que también acompaña al presidente desde el inicio de su Gobierno.

Las movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre de 2019 en protesta contra la política económica de Duque resurgieron con fuerza la semana pasada después de un paréntesis de más de un año por la pandemia de covid-19 que empobreció a miles de familias colombianas, y el detonante fue el controvertido proyecto de reforma tributaria.

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Según el informe de la Defensoría, 19 personas han muerto durante las manifestaciones, 18 civiles y un policía, y actualmente está evaluando y clasificando 140 denuncias que incluyen información sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados.

Sin embargo, organizaciones sociales han divulgado informes según los cuales el número de víctimas es incluso mayor que el de la Defensoría.

La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta hoy contabiliza “26 personas víctimas de violencia homicida por parte de la Policía”.

Además reportó “142 víctimas violencia física”, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de “agresión en sus ojos”, nueve víctimas de violencia sexual y “56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización”.

CRISIS EN CALI

Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia, donde hay incertidumbre por cuenta de la violencia policial, los disturbios y los bloqueos, que están provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Uno de los momentos más difíciles de la jornada se vivió en un sector conocido como La Luna, en el sur de la ciudad, donde los manifestantes protagonizaron una batalla campal contra miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

La difícil situación fue grabada un fotógrafo conocido como Jahfrann, que en un en vivo de Instagram se conectó con personalidades latinoamericanas como el cantante puertorriqueño Residente y el conferencista mexicano Daniel Habif para mostrarles lo que estaba ocurriendo en La Luna.

Las manifestaciones también han dejado decenas de comercios destruidos y tienen paralizada la vida de Cali.

Las imágenes de largas filas para abastecer combustible y los estantes de alimentos vacíos en algunas plazas de mercado y tiendas tienen en vilo a las autoridades, que buscan una solución a un problema que aún no es crítico pero que crece velozmente.

Incluso la Aeronáutica Civil de Colombia restringió este lunes temporalmente las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, por las manifestaciones que constituyen la peor crisis del Gobierno de Duque.

PROTESTAS EN OTRAS CIUDADES

Los colombianos también salieron a protestar en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales, en jornadas en las que hubo nuevos disturbios.

En la capital colombiana, centenares de personas se congregaron frente al condominio donde tiene su residencia privada el presidente Duque para expresar su inconformismo con el Gobierno.

Aparte de Cali, hubo violencia en Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico, donde ocurrieron saqueos a supermercados y enfrentamientos con la fuerza pública.

Los sindicatos y organizaciones sociales convocantes de la protesta volvieron a llamar a una nueva jornada de “paro nacional” que tendrá lugar el próximo miércoles 5 de mayo.


Con inf. de Agencia EFE/DW noticias

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