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Blog de Sucesos y Noticias

Maduro tiene que entregarse para que la justicia lo juzgue : Isaías Medina

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Isaías Medina deja de lado el lenguaje medido de la diplomacia tras renunciar como ministro consejero de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y afirma sin rodeos que el presidente Nicolás Maduro debe responder por presuntos crímenes de lesa humanidad en su país.

EnfoquePeriodístico / Otros Medios

“Ya Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, tiene que salir del lugar donde se encuentra y entregarse para que la justicia pueda juzgarlo mediante el debido proceso”, asegura Medina en una entrevista con BBC Mundo en Nueva York (EE.UU.).

También revela que se comunicó con la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hace cinco semanas para pedir que actúe en la crisis venezolana, que suma cerca de un centenar de muertos en más de tres meses de protestas antigubernamentales.

Se trata de un reclamo que parece cobrar fuerza.

Muchas manifestaciones en Venezuela derivan en choques violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Decenas de congresistas de Colombia y Chile presentaron esta semana ante la fiscalía de la CPI, en La Haya, una denuncia contra Maduro, acusándolo de “crímenes de derecho internacional” y pidiendo una investigación formal.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este viernes que analiza si el gobierno de Maduro cometió crímenes “susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional”.

Desde que se desató la crisis venezolana, Maduro ha acusado a opositores que controlan la Asamblea Nacional de promover un golpe de Estado y ha asegurado estar dispuesto a un “diálogo por la paz”.

Venezuela tuvo el jueves su primera huelga general de 24 horas en 14 años, para exigir al gobierno que renuncie a las elecciones de una Asamblea Constituyente el 30 de julio.

La renuncia de Isaías Medina fue criticada por el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, quien a través de su cuenta Twitter lo acusó de actuar “de manera deshonesta”.

Sin embargo, Medina, un especialista en Derecho Internacional que ocupaba su primer cargo diplomático ante la ONU, sostiene que abandonó la misión venezolana “para no caer en esa hipocresía”.

Lo que sigue es un resumen del diálogo que mantuvo con BBC Mundo:

¿Por qué renunció?

La iniciativa viene desde el comienzo de las manifestaciones que se han realizado en los últimos 100 días. Hay más de 100 muertos, 440 presos políticos, más de 15.000 heridos, y se ha demostrado que Nicolás Maduro es un dictador, está violando todos los derechos humanos de la población y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esos son fundamentalmente los elementos que me llevaron a tomar esta decisión.

Pero el deterioro de la situación en Venezuela no es algo que empezó de un día para el otro. ¿Por qué renuncia ahora?

En la historia de Venezuela jamás se había visto una crisis como la que estamos viviendo ahora. Por eso me estoy manifestando. Es el momento adecuado y no puedo hacer eco ni silencio de una situación que a la vista de cualquiera está violentando. Es un gobierno represivo.

¿Qué sentía al estar trabajando para un gobierno al que acusa de violar los derechos humanos?

Con todo respeto, yo no trabajo para ningún gobierno. Yo trabajo para mi país. No obstante, en estos 100 días, después de la conferencia de océanos en la cual serví como vicepresidente y quería terminar como una obligación, ya desde ese entonces quería renunciar.

Pero no tenía pasaporte. Y tomando en cuenta que Nicolás Maduro lleva un apartheid político, donde si tienes un desacuerdo con el gobierno ni siquiera pasaporte te dan o te lo quitan en el aeropuerto, preferí tener el pasaporte para manifestarme.

¿Y en estos 100 días tuvo que aparentar estar de acuerdo con cosas con las que no concordaba?

Para no caer en esa hipocresía, me retiré después de la conferencia de océanos y no regresé más a la misión. Sentía que no era coherente representar por ejemplo a Venezuela en un Consejo de Derechos Humanos (de la ONU).

¿Cómo puede estar en el Consejo de Derechos Humanos violando todos los días los derechos humanos de su población? ¿O cómo puede Venezuela presidir el Comité de Descolonización si ni siquiera permite la autodeterminación de su propio pueblo?

Usted ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia de EE.UU. ¿A qué se refiere?

Fue una pregunta que me hicieron. Yo lo que dije es que la justicia es una sola. Soy un ferviente admirador de la paz a través de la justicia. Lo hemos visto en varios procesos en el Consejo de Seguridad o en los tribunales internacionales criminales.

A mí me gustaría que Venezuela pudiera pasar por una justicia transicional. Y lo que quise decir es que en cualquier lugar del mundo donde se me solicite participar (en) algún tipo de procedimiento de justicia para colaborar para salir de este régimen, estoy a completa disposición.

Usted dice que el gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cree que se han cometido otros crímenes?

Hay muchísimas pruebas que tanto el Foro Penal (Venezolano, una ONG) o la Universidad Católica Andrés Bello han recaudado. Una de ellas, que demuestra el carácter dictatorial de Nicolás Maduro, es que estén juzgando a los civiles en tribunales militares. Eso es una locura.

Y además que los estén sentenciando por terrorismo, cuando otro de los delitos es el terrorismo de Estado que está cometiendo Nicolás Maduro con su gobierno, al incentivar a estos grupos paramilitares de los colectivos, que han sistemáticamente perseguido y aterrorizado a la población civil.

Otros delitos son la tortura, los presos políticos, la falta del debido proceso. Además, la cantidad y gravedad de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma como de lesa humanidad ameritan que la Corte Penal Internacional inmediatamente abra una investigación. La fiscal Fatou Bensouda (de la CPI) es una persona muy responsable y honesta. Estoy seguro que, dentro de su objetividad, tendrá oportunidad de manifestarse lo antes posible.

¿Usted se ha comunicado o se va a comunicar con la fiscal internacional?

Sí, como no.

¿Para qué?

Me parece importante, como ciudadano venezolano, elevar este tipo de preocupación frente a las autoridades de la Corte Penal. Tomando en cuenta las víctimas, hasta la fecha más de 100 muertos, debe conseguir buscar la responsabilidad de los criminales en toda la cadena de mando hasta Nicolás Maduro, para que puedan responder ante la justicia internacional.

¿Qué respuesta tuvo?

Se están analizando y hay algunos grupos dentro de la Corte Penal estudiando las posibilidades que ameritan una situación como esta.

¿Qué salida ve para la crisis venezolana?

Ya la salida inició, con los 100 días heroicos de los estudiantes del movimiento de resistencia que están en la calle y mediante la consulta popular del domingo 16 de julio. Más de siete millones de venezolanos expresaron su voluntad de no llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, que es una usurpación del poder originario del pueblo.

Luego la Asamblea Nacional sustituyó mediante un decreto a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, al vicepresidente de la nación y está conformando un gobierno de transición.

Me gustaría sugerir que incluyan al movimiento de estudiantes para que formen parte de ese gobierno. Esa es la salida. Ya Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, tiene que salir del lugar donde se encuentra y entregarse para que la justicia pueda juzgarlo mediante el debido proceso.

publicado en BBCmundo

Agencias

Biden renuncia a candidatura presidencial y respalda a Kamala Harris

Francisco

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EP NEW YORK. | ELECCIONES EE.UU. 2024

Joe Biden se retira de la contienda presidencial

El presidente de EE. UU. anunció que no buscaría la reelección. Indicó por escrito que retirarse era “por el bien de mi partido y del país”.

El presidente Joe Biden, de 81 años, abandonó su candidatura a la reelección y sumió en el caos la contienda presidencial de 2024 el domingo, cediendo a la implacable presión de sus aliados más cercanos para que abandonara la carrera en medio de profundas preocupaciones de que es demasiado mayor y frágil para derrotar al expresidente Donald Trump.

Después de tres semanas de negativas, a menudo airadas, a dar un paso al lado, Biden finalmente cedió ante un torrente de encuestas devastadoras, llamados urgentes de legisladores demócratas y señales claras de que los donantes ya no estaban dispuestos a pagar para que continuara.

La decisión de Biden pone un abrupto fin a una crisis política que comenzó cuando el presidente protagonizó un calamitoso debate contra Trump el 27 de junio. Pero para el Partido Demócrata, la retirada de Biden desencadena una segunda crisis: con quién reemplazarlo y, específicamente, si organizarse en torno a la vicepresidenta Kamala Harris o iniciar un rápido esfuerzo para encontrar a alguien más para ser el candidato del partido.

El anuncio de Biden, que se encuentra aislado con covid, se produjo apenas tres días después de que Trump pronunciara un discurso incendiario y cargado de insultos para aceptar la nominación de su partido y tener la oportunidad de volver a la Casa Blanca para un segundo mandato. Trump, que lleva años preparándose para la revancha con Biden, se enfrentará ahora a un contrincante demócrata diferente —y hasta ahora desconocido—, cuando solo quedan 110 días para el día de las elecciones.

Esto es lo que hay que saber:

• Permanencia en el cargo:

Biden ha dicho que no renunciará a la presidencia y que tiene intención de terminar su mandato aunque deje en manos de otros el intento de derrotar a Trump. En los próximos meses, se enfrenta a la guerra en curso en Ucrania y a los esfuerzos cada vez más desesperados por alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates entre Israel y Hamás en Gaza.

• Una primicia política:

Ningún presidente estadounidense en ejercicio había abandonado una carrera tan tarde en el ciclo electoral. La Convención Nacional Demócrata, en la que Biden iba a ser nominado formalmente por 3939 delegados, comenzará el 19 de agosto en Chicago. Eso deja menos de un mes para que los demócratas decidan quién debe reemplazar a Biden en la candidatura y poco menos de cuatro meses para que esa persona monte una campaña contra Trump.

• Kamala Harris bajo los reflectores.

La decisión del presidente pone a la vicepresidenta bajo un renovado escrutinio; algunos demócratas argumentan que ella es la única persona que puede desafiar eficazmente a Trump a estas alturas de las elecciones. Y dicen que el partido se fracturará si se considera que los líderes demócratas han pasado por alto a la primera vicepresidenta negra. Pero otros argumentan que el Partido Demócrata debería evitar una coronación, especialmente dadas las debilidades políticas de Harris en los últimos tres años y medio.

• La edad es una de las principales preocupaciones:

El intento de reelección de Biden se vio frenado por la preocupación que suscitaba su edad y su capacidad física y mental para desempeñar el cargo. Incluso antes del debate, las encuestas mostraban constantemente que la gente pensaba que era demasiado viejo, y la mayoría —también de los demócratas— querían que alguien más joven fuera presidente. Biden nació durante la Segunda Guerra Mundial y fue elegido senador por primera vez en 1972, antes de que nacieran dos tercios de los estadounidenses de hoy. Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato.

• El momento del debate:

La Casa Blanca y los asesores más cercanos a Biden negaron durante años que su edad tuviera algún impacto en su capacidad para hacer su trabajo. Pero el debate con Trump a finales de junio, que vieron más de 50 millones de personas, puso claramente de manifiesto sus limitaciones. Se mostró frágil, vacilante, confuso y disminuido, y fue incapaz de presentar argumentos contra Trump, un delincuente convicto que intentó anular las últimas elecciones presidenciales.

Agencias / NYT

 

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Articulos Destacados

Trump , convención republicana y deportación masiva

Francisco

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EP NEW YORK  | Convención republicana

¿Trump podría cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes?

Donald Trump promete el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Los costos y los obstáculos serían enormes, según los expertos.

Cuando Donald Trump se postuló a las elecciones presidenciales de 2016, prometió construir un muro para cerrar la frontera y evitar que los delincuentes entraran en el país. Esta vez su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva sin precedentes en el país.

La plataforma de su partido, ratificada en la convención republicana de Milwaukee, promete el “mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos”, y la inmigración fue el tema de la reunión del martes.

¿Qué se necesitaría para deportar a millones de personas? ¿Es posible?

¿Cuántos inmigrantes están en el país de manera ilegal?

Había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal en 2022, según los últimos cálculos del gobierno, y más de 8 de cada 10 llevan más de una década en el país. Trump dijo durante el debate del mes pasado que había 18 millones, lo que carece de fundamento.

Con el fin de huir de la agitación política y económica, los migrantes de países como Venezuela han cruzado la frontera en cifras récord durante el gobierno de Biden.

¿Quiénes serían los deportados y qué tan fácil sería expulsarlos?

Trump y la plataforma republicana han hecho declaraciones muy generales, pero hasta ahora han ofrecido muy pocos detalles sobre la operación que pretenden realizar.

El expresidente ha sugerido que cualquier inmigrante que carezca de estatus legal podrá ser expulsado.

La plataforma del partido afirma que se daría prioridad a “los criminales más peligrosos”.

También dice: “El Partido Republicano se compromete a enviar a los extranjeros ilegales de vuelta a su casa y a expulsar a quienes hayan violado nuestras leyes”.

El consenso entre los expertos en inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional es que los obstáculos logísticos, legales, burocráticos y de costos harían prácticamente imposible realizar las deportaciones masivas que pretende Trump en el lapso de un mandato presidencial de cuatro años.

“Incluso si contara con un Congreso dispuesto a promulgar reformas legislativas drásticas y a asignar las decenas de miles de millones necesarios, no hay forma de que un sistema de este tipo pueda estar plenamente operativo en un plazo de cuatro años”, afirmó John Sandweg, funcionario de seguridad nacional en el gobierno de Barack Obama.

¿Qué otros obstáculos habría?

Los inmigrantes que han vivido durante años en el país tienen protección legal y derecho a un proceso jurídico justo.

En los últimos años, quienes han entrado de manera ilegal en el país han sido procesados en la frontera y luego puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte para las audiencias de deportación. Mientras sus casos se tramitan en la corte de inmigración, lo que suele tardarse varios años más, tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.

“Trump tendría que triplicar el tamaño de las cortes de inmigración para lograr algo que se acerque a los números de los que está hablando”, dijo Sandweg. “Incluso así, necesitaría financiación para construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y formar a los jueces”.

Varias décadas de escasez de fondos y un gran número de solicitudes de asilo han agravado los retrasos.

“Un individuo debe recibir una orden de deportación; un presidente no podría simplemente ignorar eso”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama. “Se necesitaría un cambio en la ley, y el Congreso tendría que ser un socio activo en esto”.

¿Hay suficiente personal, instalaciones, aviones y otros medios de transporte para una operación de deportación?

Durante el gobierno de Trump, hubo unas 936.000 deportaciones, según datos oficiales. Hasta febrero, el gobierno de Biden había expulsado a unas 340.000 personas.

Para identificar y detener a millones de personas en el interior del país se necesitarían decenas de miles de agentes de inmigración más, aseguró Napolitano.

Trump ha dicho que recurriría a la Guardia Nacional y a otros recursos del ejército para ejecutar su plan.

Las fuerzas del orden locales podrían ser delegadas para identificar a las personas sin estatus legal y entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), lo que ya ha ocurrido en el pasado en algunas localidades.

Pero Chicago, Denver, Los Ángeles y Filadelfia son solo algunas de las ciudades que se niegan a colaborar con el ICE, por temor a que esa cooperación promueva la elaboración de perfiles raciales y lleve a los inmigrantes que han cometido delitos menores, como infracciones de tráfico, a procedimientos de deportación.

“Habrá zonas que no quieran tener nada que ver con esto”, señaló Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.

Toda persona que pudiera ser deportada potencialmente es retenida en un centro de detención, y en el actual ejercicio fiscal, el Congreso financió la detención de 41.500 inmigrantes diarios con un costo de 3400 millones de dólares, una cifra que tendría que aumentar exponencialmente.

¿Dónde hay margen para que Trump acelere el ritmo de las expulsiones?

Un nuevo gobierno de Trump podría acelerar las deportaciones poniendo fin a programas que el gobierno de Biden introdujo.

Por ejemplo, desde 2022, a unas 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha permitido volar a Estados Unidos y vivir y trabajar durante dos años, siempre que tengan un patrocinador financiero. Biden también ha permitido que casi 700.000 migrantes que pidieron cita en una aplicación móvil puedan cruzar la frontera por un puerto de entrada oficial y recibir permisos de trabajo.

“Trump podría apretar el interruptor y revocarlo”, dijo Neifach. Pero, añadió, muchos de los migrantes podrían presentar solicitudes de asilo y pasar a engrosar las cortes saturadas.

¿Habría alguna excepción entre los deportados?

Trump no ha abordado si ejercería alguna discreción o haría alguna excepción.

Más de un millón de estadounidenses están casados con una persona sin estatus legal, y una gran parte de los inmigrantes tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

“Cuando se habla de ese tipo de cifras y de presencia de las fuerzas del orden, a fin de cuentas hay que pensar: ¿qué le hace eso a la atmósfera del país?”, comentó Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional.

Publicado en NYT

 

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Francisco

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