Blog de Sucesos y Noticias
Policía hondureña vinculada con el asesinato del “Zar antidrogas”
El diario The New York Times reveló un informe en que vincula a los 25 miembros de la Policía Nacional, de diferentes rangos, en la muerte del zar antidrogas, Julián Arístides González y el asesor en seguridad Alfredo Landaverde.
June 05, 2016
LAS TRES PLAGAS DE HONDURAS: CORRUPCIÓN, POBREZA E INSEGURIDAD
por Ricardo Angoso
@ricardoangoso
Honduras, un país de apenas 114.000 kilómetros cuadrados (algo más que Andalucía) y 8,7 millones de habitantes, es uno de los países que tiene ante sí una agenda social, política y económica realmente compleja y repleta de retos y desafíos. La corrupción es galopante, la pobreza, lacerante, y la inseguridad, insultante. Pero vayamos por partes y analicemos el origen de todos estos problemas que llevan sobre la mesa de este país desde hace décadas.
La corrupción, una pandemia nunca enfrentada por la clase política
El reciente descubrimiento de que la alta cúpula policial hondureña estaría, supuestamente, relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico, aparte de haber encubierto numerosos delitos, ha revelado a la mayor parte de los hondureños el alto grado de corrupción en que vive esta pequeña nación olvidada y desconocida. Los hondureños siempre habían desconfiado de sus fuerzas de seguridad, de los integrantes del cuerpo policial, pero hasta el punto de que las mismas podrían estar implicadas en numerosos crímenes nunca esclarecidos y de tener nexos -ni más ni menos- que con conocidos capos del narcotráfico, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia y que ha generado un sentimiento de repulsa e impotencia.
También se ha descubierto que la cúpula policial estaría detrás del asesinato del “zar antidrogas”, el general Julián Arístides González, hombre de confianza de la agencia antidrogas norteamericana (DEA) y muy comprometido en la lucha contra el narcotráfico en este país centroamericano. Al parecer, el crimen fue perpetrado por agentes de la policía y después, una vez asesinado el general, la escena del crimen fue alterada por un forense autorizado por la policía para desviar la atención acerca de los verdaderos responsables. Hace siete años que se cometió este magnicidio, que sacudió a toda Honduras, y ha tenido que pasar tanto tiempo para que estos hechos sean conocidos, en una revelación espectacular dada a conocer por el diario de Tegucigalpa El Heraldo.
Pero este caso es una gota en un mar dominado por la corrupción generalizada, el saqueo sistemático de las arcas públicas y la impunidad con que actúan los corruptos. Según el índice de percepción de la corrupción que publica todos los años la organización Transparencia Internacional, Honduras ocupa el puesto 112 sobre 167 países medidos, con 31 puntos, en el estudio publicado en el año 2015. Según informaban los medios hondureños, solamente en diez casos emblemáticos de corrupción, sobre los centenares que habrá documentados, se habrían perdido unos 150 millones de dólares, en un país donde hay graves carencias en la salud, la educación, las obras públicas y la seguridad.
Una buena parte de los grandes escándalos de corrupción conocidos en los últimos años ocurrieron durante los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y la mayoría de ellos están impunes, según informó en su momento el diario hondureño La Prensa. De todos los hechos reseñados e investigados, el que mayor repercusión ha tenido es el saqueo del Seguro Social durante la gestión de Mario Roberto Zelaya, que dejó a esa institución al borde del colapso financiero. Según el Ministerio Público hondureño, el latrocinio de los dineros del Instituto Hondureño del Seguro Social fue calculado en más de 2,500 millones de lempiras (113.896,296 dólares), que fueron sustraídos a través de empresas organizadas para perpetrar el desfalco.
En las últimas semanas también trascendió que el partido de gobierno, el nacional, recibió al menos 1.5 millones de lempiras (unos 45,558.10 dólares) en contribuciones provenientes del dinero del Seguro Social. En un país donde falta de todo en los hospitales y la gente se muere literalmente de hambre, por no hablar de la inexistente educación pública, este saqueo de los fondos del Estado es una auténtica plaga que mina el trabajo de la administración hondureña.
Honduras, uno de los países más pobres del continente
En una información del diario La Prensa, el más importante de San Pedro Sula, se podía leer recientemente esta información:”De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, la región aumentó su número de personas en nivel de pobreza e indigencia como no lo hacía desde 2011″. Y concluía la nota: “Honduras, por su parte, ocupa el puesto número uno entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza con 60%, seguido de Guatemala (54%), México (52.3%) y Bolivia (45%)”.
Por su parte, El Heraldo de Honduras, calculaba que de una población mayor a los 8 millones 500 mil habitantes vivían en la pobreza 5 millones 889 personas, una cifra realmente escalofriante y que revela la grave situación social que vive el país.Y el Banco Mundial, en uno de sus más recientes informes, presentaba, al referirse a este flagelo, un panorama nada halagüeño: “Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con cerca del 63 por ciento de la población viviendo en pobreza en 2014, según datos oficiales. En zonas rurales aproximadamente seis de cada 10 hogares viven en pobreza extrema o con menos de US$2.50 al día”.
Tampoco el país cuenta con mejores indicadores en lo que se refiere a la pobreza extrema, tal como también documentaba y aseguraba el Banco Mundial en otro informe que difiere en muy poco de los datos antes reseñados. Según este organismo financiero, en los pasados 14 años, Honduras mantiene el promedio de pobreza extrema más alto de la región centroamericana y Honduras promedia una tasa casi cercana al 42,6% de pobreza extrema (menos de 2,5 dólares al día) entre su población, es decir, uno de cada cinco de sus habitantes. Además, Honduras tiene el dudoso honor de tener el porcentaje más alto de pobreza extrema en toda América Central y casi en el continente.
Luego, ligado a la pobreza, está el problema de la desigualdad social, del reparto de la riqueza, donde ocupa el deshonroso primer puesto Honduras. Siguiendo con el relato que hace del país el Banco Mundial, hay que reseñar que de acuerdo a la base de datos de esa organización, Honduras lidera el ranking como el país con mayor índice de desigualdad en Latinoamérica solo debajo de algunos países de África. Según esta prestigiosa entidad, basándose en datos de diciembre del 2015, los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamericanos en los cuales está Honduras (6) Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14). En términos del coeficiente Gini, la desigualdad en Honduras es del 53.7 en contraste, por ejemplo, con el 25,9% de Noruega, uno de los países en términos de igualdad social que es modelo mundial.
El desafío de recuperar la seguridad en las calles y vencer a la criminalidad
Aunque ya no carga con el sambenito de ser el país más peligroso del mundo, todavía la violencia y la criminalidad siguen muy presentes en las calles de Honduras. El respetado Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señalaba que en 2015 se cometieron 5.108 homicidios, una tasa de 59,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este dato significaría, de hecho. una disminución cercana al 10% con respecto al año anterior (68 homicidios por cada 100.000 habitantes). Pero si lo comparamos con la tasa de 2011 (86,5), el descenso es aún más marcado y constituiría un éxito para la administración del actual presidente, Juan Orlando Hernández.
Pero tampoco las cosas han mejorado tan rápidamente y la situación, en términos de seguridad pública, sigue siendo muy grave y constituye una amenaza para la estabilidad política, social y económica del país. El Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en un informe publicado a principios de año donde se detallan las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo, señala que San Pedro Sula es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 111,03 por cada 100.000 habitantes, y a Tegucigalpa en el puesto número sexto con una tasa de 73,51 sobre la misma proporción de habitantes.
El problema radica en que el Estado ha perdido su autoridad y capacidad para poner fin a esta auténtica ola de violencia desbordada. Como señalaba en una nota editorial el diario El Heraldo, “es urgente que el Estado hondureño recupere el control que ha perdido ante la delincuencia criminal, ante la violencia. Y para eso, la herramienta más adecuada a utilizar es la represión de la delincuencia; o sea investigar, descubrir, capturar, enjuiciar y hacer que paguen por el mal hecho a la sociedad”. Concluyendo que, en el caso de Honduras, “lo primero que se debe hacer es limpiar la Policía Nacional y los demás “operadores” de justicia; todo esto antes de intentar siquiera la recuperación de la seguridad perdida para la gente honrada”. Como vemos, nuevamente, la corrupción aparece ligada claramente con la lucha contra la inseguridad pública y el crimen organizado.
Honduras padece el acoso y el flagelo de bandas organizadas que participan en la extorsión, el secuestro, el crimen organizado e incluso el narcotráfico. Bandas que operan sin ningún control y sin que el Estado hondureño, muy endeble porque la justicia y la propia policía no funcionan adecuadamente, pueda actuar efectivamente contra ellas. Además, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, un estudio practicado por investigadores de la Universidad de Las Américas, Puebla, México, revela que de entre los 59 países del mundo evaluados las 10 naciones con más problemas de impunidad son Filipinas, México, Colombia, Turquía, Rusia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República de Corea y Georgia. Es decir, Honduras, con un puntaje del 64,1%, es el sexto país del mundo en impunidad y solo superado en el continente por México, Colombia y Nicaragua.
Para concluir sobre este asunto tan fundamental como es la seguridad pública, me remito al ya reseñado anteriormente editorial de El Heraldo que señala muy oportunamente: “En otras palabras, solo una contundente voluntad política para convertir la Policía, la Fiscalía, los juzgados y las cárceles en efectivos instrumentos contra la delincuencia, es el único camino que puede permitir a la actual generación de hondureños recuperar la seguridad perdida. Pero si queremos que nuestros hijos y nietos no vivan los horrores que hoy sufrimos, se debe evitar que los jóvenes y niños que sobreviven en alto riesgo social, entren a formar parte de los ejércitos de la criminalidad”.
EP NEW YORK | FL NEWS | TPS
El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.
Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.
En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.
La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.
La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.
“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.
En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.
Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.
La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.
En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.
Agencias
EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.
La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.
Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.
Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.
Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.
Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.
Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.
Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.
Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.
Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.
Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.
La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.
Publicado en NYT
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