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Colombia

Protestas y violencia: ¿principio de una primavera latinoamericana?

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EP New York/latinoamérica


¿LLEGÓ LA PRIMAVERA LATINOAMERICANA?

por Ricardo Angoso

Entre los años 2010 y 2013 asistimos en Oriente Medio y el Magreb a una serie de movilizaciones y manifestaciones masivas que fueron conocidas en su momento como la “primavera árabe”, un fenómeno político y sociológico inesperado que derribó la caída de los regímenes autoritarios de Egipto, Libia y Túnez y provocó la todavía no concluida guerra civil de Siria.


Ahora, cuando han pasado algunos años de aquellos acontecimientos, que no trajeron la verdadera democratización del mundo árabe, América Latina atraviesa un periodo convulso y crítico, debatiéndose entre un cambio de rumbo, sobre todo en lo que se refiere a determinadas políticas económicas, y el regreso de la izquierda -que perdió significativos gobiernos en todo el continente en los últimos años. El problema radica en que tanto la izquierda, como hemos vistos en Venezuela y Cuba, y la derecha, con el sangrante caso de la neoliberal Argentina de Macri, parecen no tener respuestas ante las demandas de sus ciudadanos y ambos modelos parecen no ser los adecuados para gestionar sus respectivas economías.

Venezuela, cuya revolución se inspiró en el famoso “socialismo del siglo XXI”, cuyo principal ideólogo fue Hugo Chávez, constituye un fracaso monumental que tan solo ha generado pobreza, ausencia en los mercados de productos básicos, desabastecimiento, hiperinflación y un caos total en la justicia, la salud, la educación y la seguridad pública. Fruto de ese estado de cosas, la gravísima crisis ha generado el mayor éxodo -unas cinco millones de personas, el 17% de la población venezolana- en la historia de las Américas. Pese a todo, el régimen de Nicolás Maduro, incapaz de gestionar su inmensa riqueza petrolera y después de haber sumido al país en la mayor recesión de su historia en términos macroeconómicos, se resiste a negociar con la oposición y cambiar tan errático rumbo en sus desastrosas políticas.

Pero tampoco el modelo neoliberal, como ha sucedido en la Argentina de Mauricio Macri, ha logrado grandes éxitos en el continente. Macri, que intentaba introducir una serie de reformas tendentes a cambiar el Estado asistencial planificado por los peronistas y sobre todo por los Kirchner, ha fracasado en sus planes y la economía no da señales muy optimistas y positivas, sino más bien lo contrario: el cuadro macroeconómico da señales de que el país está inmerso en una grave recesión. El peso se ha hundido frente al dólar abruptamente, pasando de los ocho pesos frente al dólar de la época Kirchner frente a los 65 actuales; la pobreza ya alcanza casi al 35% de la población argentina; en septiembre de 2019 la inflación anual llegó al 53%, una cifra desconocida desde hacía décadas; y, finalmente,  como guinda de la tarta, el país está totalmente descapitalizado debido a la masiva fuga de capitales por parte de unos argentinos que temen un colapso total del sistema -hay 380.000 millones de dólares procedentes de los argentinos en el exterior.

MASIVAS PROTESTAS EN BOLIVIA, CHILE, ECUADOR Y PERÚ

Pero las cosas se pueden torcer para los gobiernos latinoamericanos, tal como se ha visto en las recientes crisis en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, en que asistimos a masivas protestas por diversos motivos. Cualquier chispa puede encender el polvorín sobre el que vive la región. En Bolivia, las últimas elecciones, lejos de traer la paz social, provocaron una oleada de manifestaciones violentas en varias ciudades tras conocerse los resultados electorales que confirmaban la elección de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial. La oposición acusó al gobierno y a las autoridades electorales de haber perpetrado un fraude masivo y de haberle privado a la oposición, cuyo candidato era Carlos Mesa, de una segunda vuelta en la que tenían puestas todas sus esperanzas para lograr una victoria. Las manifestaciones continúan por el momento y el pulso entre el gobierno, al que le han pedido la Unión Europea (UE) y la OEA que celebre la segunda vuelta, y la oposición está servido.

En lo que respecta a Chile, la decisión de las autoridades de subir el precio del billete del metro generó una protesta multitudinaria en rechazo a la medida y que arrasó con numerosos bienes públicos de la ciudad de Santiago de Chile, causando decenas de heridos y dieciocho muertos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acabó revocando la decisión pero eso no fue óbice para que más de un millón de personas se echaran a la calle en la más grande manifestación de la historia del país, demandando cambios en la políticas social y económica del gobierno, en una protesta tan numerosa y unánime que revela el malestar que surca a la sociedad  de Chile ante un modelo social considerado injusto por muchos chilenos. Piñera, totalmente desacreditado ahora, ha anunciado cambios en el gobierno, pero quizá sea demasiado tarde. 

Ecuador también se vio sumido en una serie de revueltas y protestas tras la decisión del gobierno de subir el precio del carburante de una forma abusiva y desproporcionada, concitando el rechazo por parte de numerosos grupos sociales, entre ellos indígenas, y provocando el repudio por parte de la sociedad hacia el gobierno. Las manifestaciones llegaron hasta el centro histórico de Quito, llegando a cercar al gobierno y provocando su marcha hacia Guayaquil, hasta donde llegó el acosado presidente Lenín Moreno, quien llegó a acusar al expresidente Rafael Correa de estar detrás de las protestas que provocaron el caos y numerosos daños en la ciudad. Mientras tanto, Correa, desde Bruselas, consideró al presidente Moreno como un traidor a los principios con los que fue elegido y de ser un “farsante”.

También Perú se ha visto inmersa en numerosas protestas en los últimos meses por parte de algunos colectivos ciudadanos cansados de tanta corrupción y de unos partidos políticos incapaces de canalizar sus demandas en las instituciones. Los últimos presidentes peruanos se han visto implicados en sonoros casos de corrupción. Alberto Fujimori (1990-2000) está en la cárcel pese a estar gravemente enfermo por violaciones de los derechos humanos, abuso de poder y otros delitos graves; Alejandro Toledo (2001-2006) está a punto de ser extraditado desde los Estados Unidos tras haber recibido presuntamente veinte millones de dólares procedentes de la trama Odebrecht; Alán García (2006-2011) se suicidó de una forma dramática cuando las fuerzas policiales que iban a detenerle por corrupto llegaron a su despacho; el populista Ollanta Humala (2011-2016) pasó por la cárcel también tras haberse visto envuelto en otro escándalo de corrupción junto con su esposa, Nadine Heredia.

Finalmente, el último presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), fue destituido y después detenido tras ser acusado  de “lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal”, un delito que también está ligado a la trama Odebrecht. Todos estos casos, junto con otros menores, han creado un estado de malestar en Perú que se ha manifestado en la calle y que seguramente influirá en el resultado de los próximos comicios; la clase política está totalmente desacreditada y desautorizada.

Así las cosas, y vistos estos antecedentes, ¿se puede hablar una primavera latinoamericana?

Es pronto para ver el alcance y el impacto de estas protestas en los países donde se han producido, aunque es evidente que las redes sociales están cambiando el mundo y que ahora las agendas políticas ya no lo determinan tanto los partidos políticos y sus líderes, sino estos instrumentos globales e inmediatos. Los gobiernos se han visto obligados a ceder ante el empuje de estos movimientos, muchas veces convocados a través de las redes, y no cabe duda de que nos encontramos ante el inicio de una nueva era política. 

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Agencias

Luto en la música colombiana: Falleció Álvaro Villalba, la otra mitad del dueto Silva y Villalba

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EP New York/Colombia

Bogotá _ Colombia/ Con su partida, en medio del olvido y la penuria económica, concluyó una de las páginas gloriosas del género andino de Colombia.

De complicaciones derivadas de una isquemia cerebral transitoria, falleció a los 89 años Álvaro Villalba, cantautor e intérprete del dueto Silva y Villalba , uno de los más reconocidos por varias generaciones de colombianos que crecieron escuchando sus canciones emitidas a través de la radio.

El maestro Villalba sufrió de varios achaques de salud en los últimos años, como Parkinson e hipertensión, que lo postraron en sus últimos años haciéndole abandonar la composición e interpretación de aires andinos.

Nacido en el año de 1932 , en Espinal Tolima, Villalba inició su carrera de joven con su compañero de estudios Elberto Guzmán. Con él desarrolló su talento como compositor y mejoró su técnica vocal, pero el salto hacia el reconocimiento ocurrió en 1967 cuando topó con Rodrigo Silva durante las fiestas de San Pedro en El Espinal .

Ambos comenzaron a ensayar juntos y un año después participaron en el concurso Orquídea de Plata Philips , en el que obtuvieron el primer lugar. Esta victoria musical, respaldada por un LP (Long-Play), los impulsó a consolidar una carrera sostenida de giras, éxitos radiales y conciertos en el país, así como en los Estados Unidos, México, España y Canadá

El equilibrio en el dueto consistió en que <span;>ambos supieron desplegar sus talentos en armonías vocales y arpegios de cuerdas que evocaban la belleza de la cordillera colombiana. El dueto Silva y Villalba publicó 50 discos que son la base del género andino en Colombia.

Recordada es su etapa de colaboración con el compositor Jorge Villamil, quien fue una pieza angular de la música colombiana entre las décadas del sesenta y el setenta. Esta alianza con Villamil condujo a que Silva y Villalba fueran considerados los sucesores de otro dueto histórico del cancionero colombiano, como el de Garzón y Collazos.

Los tiempos cambiaron y el panorama musical del país se movió a otros géneros, cuando Silva y Villalba se retiraron de la escena, con esporádicas apariciones en el festival de la música andina “Mono Núñez” en Ginebra, Valle o en conciertos en Ibagué, la capital musical de Colombia, en el marco del perenne Festival de la Música Colombiana.

Rodrigo Silva falleció en 2018 a causa de complicaciones de un cáncer que combatió por casi 20 años.

El maestro Villalba, como tantos otros músicos colombianos, tuvo que luchar contra el olvido y la pobreza en sus últimos años. De acuerdo con el reporte de sus allegados, su esposa interpuso una tutela ante Coomeva EPS para que le fuera asignado un cuidador a Villalba por sus quebrantos de salud.

El legado de Silva y Villalba, denominados como “Los Príncipes de la Canción”, al repertorio tradicional colombiano alcanza 500 canciones que han sido interpretadas por cientos de músicos en distintas adaptaciones y géneros : Espumas, Los Guaduales, Campesina Santandereana, Si pasas por San Gil, Soy Colombiano e incluso su versión del clásico Pueblito Viejo, son parte del patrimonio cultural del país.

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Agencias

Explosión de carro bomba dentro de base militar de Colombia deja 36 heridos

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EP New York/latinoamérica

BOGOTÁ — Un coche bomba explotó el martes dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, dejando 36 heridos, tres de ellos en condición grave, informaron las autoridades.

Durante una visita de emergencia a la base, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que la explosión fue un atentado terrorista contra soldados colombianos que pretendía causar heridas a la mayor cantidad posible de efectivos.

Molano señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo rebelde más grande que resta en Colombia, como probable responsable del ataque, aunque no proporcionó evidencia alguna para respaldar esa afirmación.

El funcionario añadió que miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, podrían estar involucrados.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá escribió en su cuenta de Twitter que un pequeño grupo de militares estadounidenses se encontraba en la base cuando se produjo la explosión, pero que no sufrieron lesiones. Los soldados estadounidenses estaban allí para realizar ejercicios de entrenamiento, dijo la embajada.

Cúcuta se ubica en la frontera con Venezuela y es la capital del departamento de Norte de Santander, en donde varios grupos delictivos se disputan las rutas del trasiego de drogas y aprovechan la escasa vigilancia en la frontera para contrabandear armas y combustible.

El año pasado, un grupo de unos 40 instructores y asesores militares de la Primera Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos pasó un tiempo en la base que fue atacada el martes, donde ayudaron al ejército colombiano a planear operaciones antinarcóticos.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro que salía de la base y posteriormente se escucha un fuerte estallido que destrozó ventanas y oficinas.

La explosión ocurrió en momentos en que las protestas en contra del gobierno parecen disminuir en Colombia. Los líderes de las manifestaciones anunciaron el martes que suspenderán las marchas que se han realizado durante siete semanas. Al menos 50 personas han muerto durante las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de la pobreza y la creciente desigualdad en el país.

Molano dijo que la explosión del martes se registró poco después de las 3 de la tarde, cuando hombres vestidos como soldados condujeron una camioneta blanca hacia la base.

En 2019, 21 personas murieron después de que estalló un coche bomba dentro de una academia de policía de Bogotá. El ataque fue obra del ELN y provocó que el gobierno suspendiera negociaciones de paz con el grupo. (Con inf de AP/CNN)

 

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Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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