EP New York | EE.UU.

¿En qué casos se justifica que la policía emplee la fuerza letal?

Por : Adeel Hassan

La muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta, está suscitando una atención renovada sobre el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos, sobre todo los jóvenes negros.

Una investigación federal de derechos civiles en Estados Unidos sobre la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta por parte de agentes de la policía de Memphis, Tennessee, el 7 de enero, ha vuelto a atraer la atención sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas, muchas de quienes son jóvenes negros.

Desde la muerte de George Floyd en mayo de 2020, muchas ciudades y localidades han aprobado medidas para cambiar la forma de actuar de los oficiales de policía, entre ellas, leyes que obligan a la reducción de tensión, limitan el uso de la fuerza y prohíben las llaves de estrangulamiento. En Washington, la Ley de Justicia Policial se aprobó en la Cámara de Representantes, pero languideció en el Senado. Esta ley habría establecido una norma a nivel nacional sobre el uso de la fuerza por la policía y revisado la protección de la inmunidad calificada de los agentes.

En conjunto, siguen siendo la petición de mayor alcance en la historia del país para transformar la actuación policial. Pero la Corte Suprema señaló en dos fallos en octubre de 2021 que seguía a favor de la inmunidad calificada.

Esto es lo que sabemos sobre cuándo se justifica que los oficiales usen la fuerza letal.

¿En qué casos permite la ley usar la fuerza letal?

En 1989, la Corte Suprema creó un precedente que prevalece en la estrategia jurídica relacionada con esta cuestión, cuando encontró en Graham vs. Connor que al recurrir a la fuerza, la policía solo tiene que cumplir el criterio de lo que podría hacer un agente razonable.

“El cálculo de lo razonable debe tener en cuenta el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo —en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan con rapidez— sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación concreta”, escribió William H. Rehnquist, presidente de la Corte Suprema, en la opinión mayoritaria.

Aunque esta norma de la “fracción de segundo” permite a los jueces y jurados cuestionar las decisiones de un agente, se les instruye para que no utilicen el beneficio de la retrospectiva. “La ‘razonabilidad’ de un determinado uso de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos”, dice la sentencia.

En general, los agentes solo están autorizados a emplear la fuerza letal si creen razonablemente que una persona representa un peligro para la policía o el público. En 1985, la Corte Suprema dictaminó que no era legal que los agentes dispararan por la espalda a sospechosos que huían únicamente para impedir que eludieran la detención, y en sentencias posteriores se ha afirmado que el hecho de que un sospechoso vaya armado no da, como único criterio, derecho a un agente a disparar.

Entonces, ¿qué significa exactamente ‘razonable’ en ese caso?

Este concepto puede dividirse en dos componentes básicos, según Sharon Fairley, quien fue fiscala federal y dirigió la Oficina Civil de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago.

“La primera pregunta es: ¿era necesario el uso de la fuerza? Y la segunda pregunta: ¿La fuerza empleada fue proporcional a la amenaza?”, agregó.

El caso de Derek Chauvin, el policía blanco que fue condenado por dos cargos de asesinato, además de homicidio involuntario, por arrodillarse sobre Floyd, quien falleció en el encuentro, es un ejemplo.

“Según algunos de los testigos que subieron al estrado, el acto de tirarlo al suelo pudo considerarse razonable dadas las circunstancias”, dijo Fairley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “Pero cuando Floyd dejó de ser una amenaza continua para el agente, fue entonces cuando dicho acto dejó de ser razonable”.

La mayoría de las políticas de uso de la fuerza de los departamentos de policía tienen explicaciones sobre cómo se evalúa la razonabilidad, y dan ejemplos de los factores que deben tenerse en cuenta, dijo. Suelen explicar en qué circunstancias está permitida la fuerza, por ejemplo, en respuesta a una amenaza contra un agente o a una resistencia activa. También especifican qué acciones no están permitidas a los agentes, como las llaves de estrangulamiento o los disparos contra vehículos en movimiento.

A los agentes se les enseñan conceptos jurídicos y los componentes específicos de la política del departamento, y la mayoría de los departamentos también incluyen algún tipo de formación basada en escenarios con demostraciones en vivo o videos.

“Los tribunales y los jurados pueden considerar si la conducta de un agente fue coherente o incoherente con su formación”, dijo Fairley.

¿De qué manera las imágenes de las cámaras corporales y los celulares han cambiado la actuación policial?

En otoño de 2014 se produjo un cambio radical, cuando un gran jurado de Ferguson, Misuri, decidió no acusar al agente Darren Wilson por el tiroteo en el que murió Michael Brown, un joven negro de 18 años. No había ninguna grabación del tiroteo y la familia de Brown pidió que todos los policías del país llevaran una cámara corporal.

Entonces, el gobierno de Barack Obama se comprometió a financiar programas de cámaras corporales en todo Estados Unidos. En aquel momento, solo unas pocas decenas de departamentos de policía utilizaban cámaras; en la actualidad, la cifra ronda los 10.000. Algunas investigaciones muestran una reducción estadísticamente significativa en el uso de la fuerza tras la incorporación de las cámaras corporales. Las cámaras también parecen reducir el número de quejas de los ciudadanos, quienes saben que sus acciones también están siendo grabadas.

En 2021, al menos 34 estados y el Distrito de Columbia habían aprobado leyes relativas a la divulgación pública de las grabaciones de las cámaras corporales, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. En Chicago, el video de la cámara del auto captó al oficial Jason Van Dyke disparando 16 veces a Laquan McDonald, un adolescente negro, en octubre de 2014. Los miembros del jurado vieron ese video en repetidas ocasiones y Van Dyke se convirtió en el primer agente de la policía en Chicago en ser condenado por asesinato en casi 50 años.

¿El uso de la fuerza está estandarizado en todos los cuerpos policiales de Estados Unidos?

No, no hay normas nacionales. Hay cerca de 18.000 departamentos de policía en el país, un 80 por ciento de los cuales tienen 50 agentes o menos y cada uno tiene su propia política.

¿Se llega a acusar a los agentes? ¿Y se les condena?

Las acusaciones contra agentes suelen ser poco frecuentes, pero los fiscales han acusado a agentes que fueron grabados usando fuerza letal en varias ciudades.

El agente que disparó y mató a Philando Castile, un hombre negro de 32 años que conducía con su novia y su hija en un suburbio de Minnesota en 2016, quedó absuelto por el delito de homicidio involuntario. El agente, que disparó cinco veces a quemarropa a Castile, quien murió en el asiento de su carro estacionado, dijo que disparó su arma por temor a que Castile pudiera haber estado tratando de alcanzar un arma, un temor que era equivocado.

En Mineápolis, Chauvin no pudo defender sus acciones cuando alegó que la asfixia de Floyd fue el resultado de una decisión tomada en una fracción de segundo, porque las imágenes de video y los relatos de los testigos demostraron que siguió arrodillado sobre Floyd durante más de nueve minutos.

¿Los prejuicios raciales tienen algo que ver?

Los numerosos detractores de la norma de la fracción de segundo citan una larga serie de tiroteos policiales contra personas negras. Sostienen que los prejuicios raciales implícitos llevan a los agentes a temer más el peligro potencial de las personas negras que el de las blancas en situaciones similares, y que eso los lleva a utilizar la fuerza letal de forma desproporcionada contra las personas negras. Como la norma depende de la percepción de peligro del agente de policía, los críticos afirman que esta conduce a disparidades raciales.

¿Cuáles son algunos de los cambios propuestos?

Más de 30 estados han aprobado nuevas leyes —más de 140 en total— de supervisión y reforma policial, según un análisis realizado por el New York Times de datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Muchas de las leyes —que restringen el uso de la fuerza, revisan los sistemas disciplinarios, crean juntas civiles de revisión y exigen transparencia en los casos de mala conducta— otorgan a los estados mucha más influencia sobre las prácticas policiales que hasta ahora se dejaban en manos de los gobiernos locales. Algunos estados, como California, han cambiado incluso el criterio legal para determinar en qué casos los agentes pueden emplear la fuerza letal, pasando de “razonable” a “necesario”.

En muchos de los 18.000 departamentos de policía de Estados Unidos se han establecido políticas que prohíben o restringen el uso de la llave de estrangulamiento.

El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley federal de gran alcance en materia de supervisión policial, que no fue aprobado por el Senado.

¿Qué opina la policía?

La presión a favor de la reforma ha empezado a reducir las protecciones que la policía había obtenido a lo largo del último medio siglo y algunos de sus defensores sostienen que las nuevas normas podrían violar el derecho de los agentes a defenderse.

Los sindicatos policiales afirman que la norma de la decisión en una fracción de segundos es esencial para mantener la seguridad de los agentes y del público.

En abril de 2021, un agente de Columbus, Ohio, disparó y mató a Ma’Khia Bryant, de 16 años, que, según un video grabado con una cámara corporal, empuñaba un cuchillo y había amenazado a dos niñas.

“Si un agente no actúa, hay muchas probabilidades de que una persona muera”, dijo Larry James, consejero general de la Orden Nacional de la Fraternidad de la Policía, en relación con ese evento.

“El agente tiene el deber de actuar para proteger la vida de otro ciudadano o la suya propia. Ese es el criterio por el que debe juzgarse a la policía, no el de quienes se dedican a criticar sus acciones después del hecho”, concluyó.

Los sindicatos policiales aseguran que el número de muertes a manos de la policía en Estados Unidos refleja un mayor nivel de violencia entre civiles alimentado por una mayor posesión de armas. Y afirman que los policías estadounidenses deben recurrir más a la violencia, en parte, porque se enfrentan más a ella.

En otros países ricos y desarrollados, no hay nada comparable a las casi 1000 personas que han muerto por disparos de la policía anualmente en los últimos años en Estados Unidos, según datos de The Washington Post, que también muestran que los agentes dispararon mortalmente a personas negras e hispanas en una proporción mucho mayor que a blancas.

Adeel Hassan es periodista y reportero de la sección Nacional. Es miembro fundador de Race/Related y mucho de su trabajo se enfoca en la discriminación y la identidad. Inició el Morning Briefing para NYT Now y fue su primer redactor. También ha sido editor en la sección Internacional. @adeelnyt

EP New York | Washington | agencias

EE.UU. aceptará a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití

Washington – Estados Unidos anuncia aceptará a más de 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, expandiendo así un programa por el que ya concede actualmente permisos humanitarios a venezolanos.

Funcionarios de alto rango de la Administración del presidente Joe Biden informaron en una llamada con periodistas de que, en paralelo, Estados Unidos expulsará «de inmediato» a México a los migrantes de esos países que intenten cruzar a su territorio de manera irregular.

Con la inclusión de cubanos, haitianos y nicaragüenses, se amplía el programa que EE.UU. lanzó en octubre pasado para entregar 24.000 permisos a migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, deportar a México a quienes atravesaran la frontera sin permiso.

Los funcionarios explicaron que quienes sean deportados al país vecino del sur por cruzar la frontera de manera irregular no podrán acceder a los permisos humanitarios, ni tampoco podrán solicitarlo aquellos que lleguen «ilegalmente» a Panamá y México.

Migrantes de Latinoamérica y del Caribe

Asimismo, Estados Unidos quiere triplicar «el reasentamiento de refugiados» procedentes de otras partes del continente en el año fiscal 2023 y acogerá a hasta 20.000 personas provenientes de naciones de Latinoamérica y del Caribe.

Los funcionarios detallaron que la motivación de estas medidas es el «nuevo patrón migratorio» que se está dando en la frontera, ya que «la inestabilidad política, económica y política en todo el mundo está alimentando algunos de los mayores niveles de migración», no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto, EE.UU. ha visto en su frontera sur números récord en décadas de migrantes que tratan de cruzar irregularmente, «motivados en su mayor parte por un nuevo éxodo sin precedentes de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela», dijo uno de los funcionarios.

Expulsiones diarias de migrantes

<span;>Según datos aportados por esas fuentes, en la mayor parte de diciembre las detenciones y expulsiones de migrantes en la frontera sur de EE.UU. fluctuaron entre las 7.000 y las 9.000 diarias, lo que supone una media de 8.000 al día.

«También estamos viendo un aumento de la migración marítima desde Cuba y Haití, que está poniendo a los migrantes en una situación peligrosa», indicaron las fuentes.

Los funcionarios apuntaron que las medidas se aplicarán también a las familias de migrantes y que se van a aplicar en colaboración con México.

En paralelo, EE.UU. anunció este jueves que reforzará la seguridad en su frontera con la contratación y despliegue de más agentes que se unirán a los 23.000 que ya trabajan en la zona.

Biden irá el domingo a la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará por primera vez la frontera con México desde que llegó al poder hace dos años el próximo domingo, cuando se trasladará a El Paso (Texas, EE.UU.).

El mandatario visitará El Paso antes de visitar México el lunes y el martes para reunirse con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su primer viaje al país vecino del sur y a una nación latinoamericana desde su llegada a la Casa Blanca.

A pesar de las críticas de la oposición republicana, Biden ha evitado viajar a la frontera durante sus dos primeros años de mandato alegando que no quería prestarse a un circo político.

Su predecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), visitó en al menos cinco ocasiones el límite con México para supervisar la construcción del muro fronterizo, uno de los emblemas de su Gobierno.

México admitirá 30.000 migrantes al mes deportados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que México aceptó admitir a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que sean expulsados de territorio estadounidense por cruzar la frontera de forma irregular.

«México ha aceptado permitir el regreso cada mes de hasta 30.000 personas de esos cuatro países que hayan sido capturadas y deportadas al intentar cruzar la frontera sur de forma irregular», dijo Biden en una declaración a medios en la Casa Blanca.

<spanoperaciones de aplicación de la ley» y se reunirá con funcionarios locales.

El presidente pidió a los migrantes que soliciten por internet los permisos humanitarios para entrar en el país y les advirtió que si cruzan la frontera sin permiso serán expulsados y ya no podrán ser beneficiarios de este programa.

«Mi mensaje es este: Si usted está intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití, no se presente en la frontera. Quédese donde está y haga la solicitud de forma legal», expresó.

El Título 42

La actual Administración demócrata se enfrenta a una llegada sin precedentes de migrantes en la frontera con México por las crisis económicas, sanitarias y políticas del continente.

El pasado 27 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ordenó al Gobierno mantener cautelarmente el Título 42, una política de Trump que permite expulsiones exprés de migrantes por el pretexto de la pandemia de covid-19.

Estados gobernados por republicanos denuncian estar totalmente abandonados por el Gobierno federal ante la crisis migratoria, mientras que la Casa Blanca ha pedido al Partido Republicano que apruebe en el Congreso una reforma para restaurar el actual sistema migratorio «roto».

Biden estuvo encargado de diseñar la política hacia Centroamérica, que tiene que ver mucho con migración, cuando ejerció de vicepresidente con Barack Obama (2009-2017); pero, al llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, delegó esa labor en la vicepresidenta, Kamala Harris, quien ha adoptado un perfil muy bajo.

Veto de cinco años a quienes crucen la frontera sin permiso

Estados Unidos prohibirá la entrada al país durante cinco años para todos aquellos migrantes que crucen sin permiso la frontera con México una vez se haya levantado el Título 42, la actual política migratoria de expulsiones.

Así lo anunció el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una rueda de prensa en Washington, donde detalló las nuevas medidas migratorias tomadas por el Gobierno de Joe Biden. (EFE)

EP New York | Política

Organización Trump es declarada culpable de fraude fiscal

NUEVA YORK (AP) — La compañía de Donald Trump fue declarada culpable el martes de ayudar a sus ejecutivos a evadir impuestos sobre prestaciones extravagantes como apartamentos en Manhattan y autos de lujo, en lo que representa un significativo rechazo a las prácticas financieras de los negocios del expresidente en momentos en los que busca llegar nuevamente a la Casa Blanca.

Un jurado declaró a dos entidades corporativas de la Organización Trump culpables de los 17 cargos, que incluyen asociación delictuosa y falsificación de documentos mercantiles. Trump no estaba siendo enjuiciado. El veredicto en el tribunal estatal de Nueva York se produjo luego de unas 10 horas de deliberaciones a lo largo de dos días.

Las autoridades de Nueva York aseguran que continuarán su investigación en torno a Trump y sus negocios. La pesquisa, que comenzó hace tres años por posibles pagos para comprar silencios a nombre de Trump, se convirtió en un análisis sobre la valuación de activos de la compañía y las prácticas de pagos.

La compañía enfrenta una multa de hasta 1,6 millones de dólares. La audiencia de sentencia está programada para el 13 de enero. La defensa ya dijo que apelará el veredicto.

“Las compañías de un expresidente han sido declaradas culpables de crímenes. Eso es relevante”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, al salir del tribunal. “Eso subraya que en Manhattan tenemos un estándar de justicia para todos”.

Trump, un republicano que anunció su candidatura rumbo a 2024 el mes pasado, arremetió contra el veredicto, al que calificó como una “cacería de brujas de Manhattan” encabezada por demócratas.

“Este caso no tiene precedentes ni involucró beneficio monetario alguno para estas dos corporaciones”, afirmó Trump en un comunicado. “La ciudad de Nueva York es un lugar difícil para ser ‘Trump’”.

El veredicto se suma a los crecientes problemas legales de Trump, quien enfrenta una investigación penal en Washington por la retención de documentos confidenciales en su finca Mar-a-Lago, así como por los intentos de anular los resultados de los comicios presidenciales de 2020.

Un fiscal especial del Departamento de Justicia recién asignado encabeza esas investigaciones. La fiscalía de distrito en Atlanta también abrió una pesquisa sobre los intentos de Trump y sus allegados de revertir su derrota en el estado de Georgia.

La Organización Trump — y el manejo de la misma por parte de Trump — fueron el hilo central del reality show “The Apprentice”, que lo afianzó como una celebridad a nivel mundial. La fama le resultó útil para impulsar su ascenso político, permitiéndole venderse ante los votantes como un exitoso empresario que podía aplicar las lecciones de ese ámbito en Washington.

El caso contra la empresa se basó principalmente en testimonios del exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quien previamente se había declarado culpable de cargos de que manipuló la contabilidad de la compañía para reducir sus impuestos sobre 1,7 millones de dólares en prestaciones adicionales. La fiscalía le prometió a Weisselberg una condena de cinco meses en prisión a cambio de su testimonio.

Para lograr la declaración de culpabilidad, los fiscales tuvieron que convencer al jurado de que Weisselberg o su subordinado, el vicepresidente senior Jeffrey McConney, eran “altos directivos” que actuaban a nombre de la compañía y que el plan también benefició a la empresa.

Por su parte, los abogados de la Organización Trump repitieron el mantra de “Weisselberg lo hizo por Weisselberg” durante todo el juicio, que se extendió por un mes. Sostuvieron que el ejecutivo había traicionado la confianza de la empresa.

Weisselberg también intentó asumir su responsabilidad en el estrado, diciendo que nadie en la familia Trump sabía lo que estaba haciendo.

“Fue mi propia codicia personal la que me llevó a esto”, declaró.

AP .