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Agencias

Total indefensión de las víctimas ante el crimen en Colombia

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EP New York/Mundo

Bogotá, /.- La indefensión de las víctimas de las recientes masacres en Colombia, que dejaron 37 muertos, entre ellos varios menores, alerta sobre el creciente poder de los grupos criminales y la incapacidad del Gobierno para proteger a la población en las zonas más apartadas dominadas por el narcotráfico.

“Que se haga justicia, que eso no quede impune”, reclamó hoy en Popayán, capital del departamento del Cauca, Lucila Huila, de 53 años, durante el sepelio de sus hijos Heiner y Esneider Collazos Huila, dos de los seis asesinados el pasado viernes en las afueras de la localidad de El Tambo, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

La sensación de indefensión es la misma de las demás familias de los asesinados en siete masacres perpetradas en las dos últimas semanas y que, según el Gobierno y analistas, todo apunta a que fueron cometidas por bandas de narcotraficantes para sembrar el terror en zonas alejadas en las que tienen su negocio criminal.

“Las zonas donde ocurren las masacres, no solamente en Nariño sino también en el Cauca y Arauca, son zonas neurálgicas para actividades criminales relacionadas tanto con el narcotráfico como con la minería (ilegal)”, dijo a Efe la profesora e investigadora Irene Cabrera, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Cabrera, experta en seguridad y conflicto armado, señaló que algunos lugares de las recientes matanzas, como la localidad de Samaniego, en el departamento de Nariño, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes que hacían un asado en una casa de campo, están en zonas codiciadas por narcotraficantes, lo que expone a sus habitantes a la violencia indiscriminada.

“Zonas como Samaniego son un punto neurálgico porque constituyen tanto un corredor en términos de la conexión del Piedemonte y el Pacífico, pero también es un punto muy importante catalogado por Naciones Unidas como un enclave de consolidación de producción de coca”, afirmó.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

Esa ubicación estratégica hace que en amplias zonas de Nariño y el Cauca, ambas en el suroeste y con costas sobre el océano Pacífico; Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, o la región antioqueña de Urabá, limítrofe con Panamá y con salida al mar Caribe, proliferen bandas de narcotraficantes en disputas con disidentes de las FARC e incluso con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Organizaciones armadas como los frentes Estiven González y Oliver Sinisterra, o las Guerrillas Unidas del Pacífico, formadas por disidentes de las FARC, han ocupado espacios en esa región del país en abierta disputa con la banda criminal del Clan del Golfo e incluso con el ELN.

“Hay sin duda una multiplicación de grupos armados en Nariño que justamente se están disputando tanto los polos de producción como los corredores de salida y los polos de comercialización”, dice sobre las luchas por el poder que se repiten en otras regiones del país, con otros actores armados, pero con los que nada tienen qué ver las víctimas, en la mayoría de los casos.

Cabrera destaca que en Nariño, donde fue perpetrada otra masacre hace tres días, que dejó seis muertos en La Guayacana, en jurisdicción del municipio de Tumaco, es “un punto neurálgico” no solo por ser de los departamentos con más hectáreas cultivadas de coca sino por su salida al Pacífico y cercanía a la frontera con Ecuador.

Según la experta, los grupos armados recurren “a la intimidación para asegurar justamente su control” territorial y mantener a las comunidades con miedo, y asesinan para mostrar su poder.

“La población tiene que someterse a unas reglas de control en términos de no transitar por ciertas zonas en ciertos horarios; hay comunidades que se ven forzadas a seguir cultivando (coca) o incluso hay mineros artesanales que están sometidos a la coacción”, explica.

PASIVIDAD DEL ESTADO

Todo eso ocurre ante la mirada impasible del Estado que dejó que otros grupos armados ilegales llegaran antes que la autoridad a áreas que dejó la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.

Cabrera explica que la mayoría de estos grupos están conformados por unos 200 hombres, una cifra baja para un país que tuvo guerrillas con más de 15.000 integrantes, lo que “obviamente es un reto pero no necesariamente supera la capacidad del Estado”.

“El reto es hacer intervenciones integrales no solamente a partir de objetivos militares y acciones de la Policía, incluso de investigaciones de la Fiscalía, sino también de tomar medidas de protección” de las comunidades, haciendo caso por ejemplo a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, afirma.

Sin embargo, el Gobierno parece más preocupado por hacer comparaciones cuestionables desde el punto de vista estadístico entre sus resultados y los del anterior, de Juan Manuel Santos, y por discusiones semánticas para evitar llamar masacres a las masacres, que según el presidente Iván Duque son “homicidios colectivos”.

“No hay necesidad de salir a decir que este Gobierno tiene menos muertos que el anterior, eso genera un debate innecesario”, dijo a Efe Alfonso Castro, socio gerente de la firma de comunicación y asuntos públicos Kreab Colombia.

Por su parte, Cabrera considera que el Gobierno debería tener “una aproximación mucho más responsable frente a las cifras que está presentando”.

“Cuando hablamos de registro de cifras, el Estado no solamente debería hacer referencia a los datos oficiales sino también, por ejemplo, a los que recolectan organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno, e incluso organizaciones como Human Rights Watch, que se están dando cuenta no solamente de homicidios selectivos sino también de las masacres”, recomendó la experta en seguridad y conflicto armado. (EFE) 

 

Agencias

Miles de opositores marchan contra Petro en Colombia

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EP New York. | Latinoamérica

Miles de opositores protestan en Colombia y Petro insiste en que buscan “derrocar” su gobierno

BOGOTÁ — Los opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro volvieron a manifestarse el domingo y convocaron cerca de 250.000 personas en todo el país mientras coreaban incesantemente ”¡Fuera Petro!”, mostrando su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa, su propuesta de hacer una constituyente y reclamando por problemas económicos y de seguridad.

El presidente señaló que las manifestaciones tuvieron por objetivo buscar “derrocar el gobierno del cambio” de parte de sectores que quieren que se “deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”. Por lo que insistió, desde su cuenta de X, en que sus partidarios deben “responder” en una manifestación el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, en la que caminará junto a la gente y hablará en una tarima.

Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno se han convertido en una constante en Colombia desde que subió al poder Petro en el 2022, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados. La oposición reclama por sus políticas, mientras que Petro convoca a sus partidarios a defenderlas.

“Es una marcha donde está todo el mundo saliendo a decirle al presidente: ‘así no son las cosas, usted ganó las elecciones, pero sepa gobernar’”, dijo a The Associated Press Idelfonso Méndez, de 58 años.

Méndez, contador público, no suele salir a protestar. La última vez que lo hizo fue en 2008 en contra de los secuestros que perpetraba la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero ya no más. La democracia la veo en peligro, porque está buscando hacer una asamblea constituyente por fuera de la ley y quiere imponer las reformas a como dé lugar sin que lo apruebe el Legislativo”, explicó Méndez, quien sostenía un cartel con la frase “yo protejo a mi país”.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro el proceso en que se haría.

“El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.

Las movilizaciones fueron pacíficas, según reportó el gobierno y la policía, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán. En la capital lucía llena la icónica Plaza de Bolívar —donde confluyen el Congreso, las cortes, la alcaldía y la catedral— que tiene una capacidad para 55.000 personas. Según Petro, en el país se movilizaron cerca de 250.000 personas.

“Ha sido la marcha más importante contra Gustavo Petro, no solo por la cantidad, sino por quiénes salieron. En otras ocasiones se veían personas solamente de derecha, en esta se movilizaron diferentes sectores políticos que perdieron el miedo a ser estigmatizados como de derecha”, indicó a la AP Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

Para Arias, una marcha tan numerosa debería tener un impacto en la dirección del gobierno, sin embargo, no cree que en la práctica se vea reflejado. “Lo que va a hacer es que Gustavo Petro siga radicalizando su discurso, porque hace un mes y medio dejó de gobernar y está en campaña política”, agregó.

A inicio de abril, Petro sufrió una derrota en el Congreso, donde senadores archivaron la reforma a la salud, la más avanzada en trámite y también la más polémica. La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Sin embargo, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

“Vine a marchar por la salud, porque él (Petro) lo ha dicho, que va a acabar las EPS. Vine para que sepa que no queremos”, dijo a la AP Amanda Rojas, una ama de casa de 70 años, afiliada en Sanitas.

Los cambios al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años, han generado preocupación en el sector y más de 60 asociaciones se unieron a las protestas en lo que llamaron “La marcha de las batas blancas”.

“No negamos las falencias, la corrupción, la falta de recursos, pero una cosa es negar las falencias y otra cosa es decir que la solución que están planteando es la adecuada, ese es el problema”, aseguró a la AP Rubén Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien pide que se les incluya en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se trata de las marchas más nutridas que la oposición ha logrado convocar y considera que el elemento que cambió el panorama fue la intervención a varias EPS por parte del gobierno.

“Lo que muestra esta marcha es que esto genera muchas inquietudes que el gobierno debería escuchar, porque es algo que muestra que está perdiendo el pulso de la calle”, concluyó.

Con información de AP

 

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Agencias

A 7 meses de elecciones inicia juicio penal contra Donald Trump

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EP NEW YORK | Donald Trump

Gustavo Lugo

Donald Trump hizo historia este lunes al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado bajo acusaciones penales.

Por decisión del juez Juan Mechan, que encabeza el juicio contra el exmandatario por un caso de dinero supuestamente obtenido de manera subrepticia, Trump no podrá presentar argumentos sobre la inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, la próxima semana, y está obligado a asistir a la totalidad de su juicio en Nueva York, a menos que obtenga un permiso especial para faltar.

Trump, arremetio contra él juez a la salida del tribunal, y calificó todo el proceso como una “cacería de brujas política” en medio de la contienda electoral por la presidencia.

El expresidente de 77 años está siendo juzgado por un presunto pago que realizó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que esta no revelara los detalles de un supuesto encuentro sexual entre ambos.

El exmandatario está acusado de 34 cargos que un jurado de 12 miembros deberá valorar en las próximas semanas. La audiencia de este lunes fue convocada para el proceso de elección de los miembros del jurado.

Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 algo que él niega y que, a cambio de mantener ese encuentro en privado, recibió un pago antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El juicio se centra en el presunto pago que Trump le hizo a su antiguo abogado personal, Michael Cohen. Este asegura que con ese dinero se le ordenó pagar a Daniels US$130.000.

Trump es el primer expresidente y candidato republicano en las elecciones de noviembre en enfrentar una acusación penal.

juan Merchan es el juez del caso, magistrado de origen colombiano que el año pasado se hizo cargo de un juicio por fraude fiscal contra la Organización Trump.

La defensa del expresidente podría argumentar que las acusaciones son “infundadas” y tienen una “motivación política”. Eso es lo que ha dicho Trump sobre los múltiples juicios a los que se enfrenta, sin aportar pruebas que respalden estas afirmaciones.

Se espera que el juicio se prolongue de seis a ocho semanas.

 

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Agencias

Lo que sigue después del ataque de Irán a Israel

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EP NEW YORK. | Irán vs Israel

El ataque iraní a Israel planteó el temor a una guerra mayor, pero todos los bandos ganaron algo

TEL AVIV, Israel — El ataque sin precedentes de Irán contra Israel la madrugada del domingo agravó las tensiones regionales, confirmando los prolongados temores a que la guerra entre Israel y Hamás llevara a un conflicto más amplio. Pero también Irán, Israel, Estados Unidos y Hamás ganaron algo.

A continuación, un vistazo a las consecuencias.

LA RESPUESTA ISRAELÍ PODRÍA RESTAURAR LA FE EN SU EJÉRCITO

Cuando más de 300 drones y misiles se abatieron sobre Israel en a madrugada del domingo, el país pudo poner a prueba con éxito su variada protección antiaérea, que junto con la asistencia de sus aliados bloqueó el 99% de los proyectiles y evitó daños graves.

En cambio, el ejército israelí había sufrido una dolorosa derrota a manos de un enemigo mucho peor equipado cuando Hamás asaltó Israel desde Gaza el 7 de octubre. Eso fue un duro golpe a la imagen del ejército israelí como potencia militar regional y acabó con su aire de invencibilidad. La reacción al ataque iraní podría ser lo que restaure la fe en el ejército del país, aunque sus fuerzas siguen inmersas en combates en Gaza más de seis meses después de que Israel declarase la guerra a Hamás en el territorio.

Israel también ha hecho hincapié en las fuerza de coalición que ayudaron a repeler la agresión iraní. Es una muestra de apoyo muy necesitada en el momento de mayor aislamiento de Israel, debido a las preocupaciones sobre su conducta en la guerra contra Hamás dado el deterioro de la crisis humanitaria y la alta cifra de muertos en Gaza.

IRÁN HACE UNA DEMOSTRACIÓN DE FUERZA

Irán prometió varias veces que respondería a un aparente ataque israelí contra una sede diplomática iraní en Damasco el 1 de abril, en el que murieron dos generales. El ataque del domingo permitía a Irán mostrar a sus ciudadanos que no se quedará impasible mientras se atacan sus activos y que hablaba en serio al clamar venganza.

Con su ataque, Irán pudo exhibir su amplia potencia de fuego, asustar a algunos israelíes e interrumpir las vidas de muchas personas tras las cancelaciones de clases. Pero en realidad causó pocos daños en Israel, de modo que Irán puede aspirar a que cualquier represalia sea moderada. Varias horas después de lanzar los drones y misiles, Irán dio la operación por terminada.

ESTADOS UNIDOS APOYÓ A ISRAEL

Estados Unidos jugó un papel clave para repeler el ataque, lo que demostró a sus aliados de todo el mundo el poder y la fiabilidad del apoyo estadounidense.

Ahora, esa alianza podría verse a prueba mientras Israel estudia su respuesta, y cómo hacerlo en su caso. El gobierno de Biden quiere ejercer su influencia sobre Israel e impedir que tome una respuesta que pueda empeorar el conflicto.

HAMÁS PODRÍA BENEFICIARSE DE LA IMPLICACIÓN DIRECTA DE IRÁN

Hamás, que recibe apoyo de Irán, celebró el ataque a Israel. Desde su ataque del 7 de octubre, Hamás aspiraba a que aliados regionales pudieran acudir en su ayuda y arrastrar a Israel a una guerra más amplia. Aunque algunos lo han hecho —como la milicia Hezbollah con respaldo iraní en Líbano y los hutíes en Yemen— Irán no había entrado directamente en la refriega hasta el domingo.

Hamás podría esperar que el ataque fuera el primer paso en una implicación iraní más profunda en la guerra en Gaza. También podría esperar que la violencia en Cisjordania, donde un adolescente israelí fue asesinado y varios colonos asaltaron pueblos palestinos, siga creciendo. Como mínimo, el ataque israelí habrá dado ánimos a Hamás para no ceder en las negociaciones sobre un cese el fuego, con la esperanza de que la presión militar adicional sobre Israel pueda hacer que acepte los términos marcados por el grupo armado para acordar una tregua.

Con información de AP noticias.

 

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