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Artículo anónimo del NYT, afirma que hay una “resistencia” contra Donald Trump

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¿REBELIÓN EN LA CASA BLANCA?

EP New York/ agencias/ Un nuevo escándalo político ronda en la Casa Blanca. Se trata de un alto funcionario del actual gobierno quien ha publicado un artículo anónimo en el New York Times aduciendo que existe un grupo de resistencia para contrarrestrar las decisiones de Donald Trump.

Según medios de prensa local la carta abierta publicada en el diario neoyorquino se conoció después de la polvareda que suscitaron anticipaciones del libro de Bob Woodward, una leyenda del caso “Watergate”. El autor de la carta habla de una “silenciosa resistencia” en el seno de la Administración con el objetivo de “poner al país en el primer lugar”. Altos funcionarios de la actual Administración “están trabajando diligentemente para obstaculizar parte de la agenda del presidente o sus peores inclinaciones”, menciona la misiva, publica hoy Ansa Latina.

El artículo de opinión en The New York Times publicado el miércoles por el supuesto funcionario en el que afirma que forma parte de un grupo de personas que “trabajan diligentemente desde adentro” para obstruir las “peores inclinaciones” de Trump y las partes mal concebidas de su agenda.

Trump respondió que se trataba de una “colaboración cobarde” y una “verdadera desgracia”, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca pidió la renuncia del funcionario.

Después Trump tuiteó: “¿TRAICIÓN?”, y en una maniobra extraordinaria exigió que si “la COBARDE persona anónima realmente existe, el Times debe, por propósitos de Seguridad Nacional, ¡entregarlo a él/ella al gobierno de inmediato!”

El autor, quien afirma que es parte de la “resistencia” al mandatario pero no de la izquierda, dijo que “muchos funcionarios designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y al mismo tiempo frustrar los impulsos más erróneos de Trump hasta que deje el cargo”. El periódico describió al autor de la columna como un “funcionario de alto rango en el gobierno de Trump”.

“Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadounidenses deberían saber que hay adultos a cargo”, continuó el autor. “Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo. Y tratamos de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hace”.

Durante un evento con jefes de policía en la Casa Blanca, Trump atacó al New York Times por publicar el artículo de opinión.

“No les cae bien Donald Trump y a mí no me caen bien”, dijo el mandatario sobre el periódico. Las páginas de opinión del diario son administradas de forma independiente al departamento de noticias.

La publicación de inmediato generó conjeturas en las redes sociales, en redacciones y al interior del Ala Oeste sobre la identidad del autor.

En un comunicado, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders acusó al autor de optar por “engañar” al presidente al permanecer en su administración.

“No está poniendo al país en primer lugar, sino poniéndose a él y su ego por encima de la voluntad del pueblo estadounidense”, dijo. “El cobarde debería hacer lo correcto y renunciar”.

Sanders también exhortó al Times a “ofrecer una disculpa” por publicar el artículo, llamándolo “un editorial patético, temerario y egoísta”.

Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud para que dieran detalles sobre la exhortación de Trump para que el escritor fuese entregado al gobierno ni sobre la afirmación de que es por cuestiones de seguridad nacional, sobre lo cual no dio argumentos.

Para funcionarios de la residencia presidencial, el ultimátum pareció ser una muestra de las preocupaciones acerca de los impulsos del presidente planteadas por el autor del ensayo. Trump ha exigido que los asesores identifiquen al autor de las filtraciones, según dos personas al tanto del asunto, aunque aún no está claro cómo podrían hacerlo. Las dos hablaron a condición de guardar el anonimato porque carecen de autorización para hacer declaraciones.

En un giro al estilo de la serie “House of Cards” de un gobierno que ya de por sí es muy fuera de lo común, los aliados de Trump y allegados políticos intentaron la tarde del miércoles desenmascarar al autor.

El texto fue fragmentado en busca de pistas: se identifica al autor como un “funcionario en el gobierno”; ¿significa que es una persona que trabaja afuera de la Casa Blanca? En un tuit, el periódico utilizó el pronombre “él” para referirse al escritor; ¿eso descarta a las mujeres? Las referencias a Rusia y al fallecido senador John McCain, ¿implican que es alguien que trabaja en seguridad nacional? ¿El estilo narrativo es de alguien que trabajó en un centro de investigación?

Posteriormente el periódico dijo que el tuit refiriéndose a “él” había sido “elaborado por alguien que desconoce la identidad del autor, incluido el género, por lo que el uso de ‘él’ fue un error”.

Muy debatido en Twitter fue el uso de las palabras “estrella que nos guía”, que surgen con frecuencia en los discursos del vicepresidente Mike Pence. ¿Podría el personaje anónimo estar dentro del círculo de Pence? Otros consideran que las palabras se incluyeron para despistar a la gente.

Con su distintiva habilidad para llamar la atención, la exfuncionaria federal Omarosa Manigault Newman tuiteó que las pistas de la identidad del autor ya estaban en la página 330 de su reciente libro. La estrella de reality show escribe en esa página: “Muchos en este ejército silencioso están en su partido, su administración e incluso su propia familia”.

El autor anónimo escribió en su columna que aunque Trump ha tenido éxitos, han sido “a pesar del _y no gracias al_ estilo de liderazgo del presidente, el cual es impetuoso, conflictivo, mezquino e ineficaz”.

Las afirmaciones en la columna van muy de la mano con las quejas sobre el comportamiento de Trump que, reiteradamente, han surgido de varios funcionarios de la administración, que con frecuencia han hablado bajo condición de anonimato. Y fueron publicadas un día después de que se difundieran detalles de un revelador nuevo libro escrito por el experimentado periodista Bob Woodward en el que habla de las inquietudes que tienen los asesores de Trump acerca del buen juicio del mandatario.

El autor del artículo de opinión del New York Times dice que los asesores de Trump son conscientes de las fallas del presidente y “muchos de los altos funcionarios trabajan diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones. Yo sé que es así. Yo soy uno de ellos”.

También dice que “hubo rumores tempranos dentro del gabinete sobre invocar la Enmienda 25” debido a la “inestabilidad” que se le notaba al presidente. Dicha enmienda permite que el vicepresidente ocupe el lugar del comandante en jefe si éste es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Para ello se requiere que el vicepresidente y la mayoría del gabinete apoyen la sustitución del presidente.

“Esto no es obra del llamado Estado profundo _o camarilla_. Es la obra de un Estado estable”, agregó el autor. (AP)


Tema relacionado: ¿Cuánto vale la palabra de la Casa Blanca?

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Nueva York levanta restricciones sobre la pandemia

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EP New York/agencias

NUEVA YORK (AP) — El estado de Nueva York levantará la mayoría de las restricciones impuestas para contener la propagación del coronavirus ya que el 70% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna, informaron las autoridades el martes.

¿Qué significa que el 70% de la población este vacunada? Significa que podemos regresar a la vida que conocíamos”, anunció el gobernador Andrew Cuomo.

En conferencia con unos pocos invitados en el World Trade Center de Manhattan, el gobernador añadió que el estado celebrará con un despliegue de fuegos artificiales.

Quedan levantadas de inmediato, añadió, las normas sobre límites a la cantidad de personas en un solo lugar, y las que exigían a los negocios realizar limpiezas profundas o tomarle la temperatura a sus clientes.

Quedan suspendidas también las normas sobre distanciamiento físico, o las que exigían a los negocios limitar su clientela y mantener a la gente con una separación de por lo menos 2 metros (6 pies).

Algunas normas siguen en vigencia, por ejemplo la de ponerse la mascarilla en escuelas, trenes subterráneos, teatros grandes, refugios de desamparados, hospitales, hogares de ancianos y prisiones.

No quedaba claro si el estado ha logrado una inmunidad colectiva, es decir, una inmunidad tan generalizada que es difícil que el virus se propague.

Algunos expertos opinan que en el caso del coronavirus, esa cifra debe ser de por lo menos 70% de la población. Apenas de la mitad de los 20 millones de habitantes del estado de Nueva York están totalmente vacunados, según datos federales hasta el lunes.

En los últimos siete días en el estado de Nueva York, el número de casos nuevos de coronavirus es de un promedio de 450 por día, el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia.

4 de julio , verano de la “libertad

De otro lado , también se ha conocido que el presidente de EE.UU. ,Joe Biden, quiere infundir un nuevo significado al Día de la Independencia este año al alentar celebraciones a nivel nacional para marcar el regreso del país a la normalidad tras 16 meses de alteración por la pandemia de coronavirus y más de 600.000 vidas perdidas.

La Casa Blanca expresa cada vez más certeza de que el 4 de julio será un momento decisivo en la recuperación del país, aunque se prevé que Estados Unidos no llegará a su meta de vacunar al 70% de los adultos para esa fecha. Aun así, el ritmo de recuperación del país contrastará con el resto del mundo, que batalla para derrotar al virus.

La celebración planeada será el evento más grande de la presidencia de Biden y está diseñada para demostrar la victoria de la nación sobre el virus a medida que los casos y muertes por COVID-19 se reducen a niveles no vistos desde los primeros días del brote. Estados Unidos pasa por el ritmo más elevado de viajes aéreos desde que comenzó la pandemia, y escuelas, empresas y restaurantes han comenzado a reabrir rápidamente.

Para celebrar la reanudación de la vida como antes de la pandemia, Biden quiere celebrar el Día de la Independencia como “un verano de libertad”.

Con información de AP

 

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Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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Agencias

Colombianos reclaman cese de violencia policial en paro nacional

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EP EE.UU/ agencias

Bogotá , Colombia — “¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!”. Con esta arenga miles de colombianos se manifestaban masivamente el miércoles durante la decimoquinta jornada de protestas nacionales en contra de las reformas del gobierno y los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Entre las prioridades que tenemos están las garantías a los derechos humanos, el desmonte del ESMAD (policía antimotines) y todo este trato guerrerista que se le ha dado a la protesta social, la atención de las agendas de los jóvenes en este país, la renta básica (subsidio) y que se retire la reforma a la salud”, dijo a The Associated Press Francia Márquez, líder social que protestaba en Cali, al suroeste del país y epicentro de movilizaciones masivas y focos de violencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que la jornada fue pacífica y rechazó los bloqueos viales en 99 puntos del país y afectan el paso de alimentos, insumos médicos y gasolina. Sin embargo, entrada la noche se presentaron algunos disturbios en ciudades como Barranquilla, Popayán, Bucaramanga y Neiva, donde incineraron un bus de servicio público.

La nueva jornada de protesta fue convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales agrupados en el denominado Comité del Paro tras un fallido intento de diálogo con el presidente Iván Duque el 10 de mayo. Un día después, el gobierno propuso una mesa de negociación formal con los manifestantes con el acompañamiento de la Iglesia Católica y Naciones Unidas para la cual aún no hay fecha.

El descontento social creciente inició hace dos semanas en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno para financiar los programas estatales en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Días después el presidente Duque aceptó retirarla, sin embargo, las protestas no cesaron, sino que tomaron fuerza y se mantienen ante una ola de denuncias de exceso de la fuerza pública y uso de armas contra la población.

“En estos días los actos de la policía han sido una completa violación de los derechos humanos contra los manifestantes que estamos protestando en paz en Bogotá y en ciudades como Cali y Medellín”, dijo a la AP el estudiante Cristian Ureña en Bogotá.

Las cifras oficiales dan cuenta de una afectación cada vez mayor. Según la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de derechos humanos, se han reportado 41 civiles y un policía muertos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Defensa contabiliza 33 fallecidos y más de mil heridos: 716 civiles y 849 miembros de la fuerza pública.

“Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los Derechos Humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de la fuerza pública éstas se judicializan y se investigan… También se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque el martes desde Cali en una declaración oficial.

Los hechos están en etapa de investigación. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó el miércoles ante el Congreso que han identificado 14 muertes relacionados con las protestas y hasta ahora han esclarecido cuatro casos de homicidios: tres de ellos “fueron cometidos por policías”. El presidente Duque explicó el martes que abrieron 65 acciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública. De éstas, ocho son casos por presunto homicidio y 27 por abuso de autoridad. Sin embargo, la organización no gubernamental Temblores advierte 1.956 casos de violencia policial.

Las manifestaciones ocurren en al menos 25 departamentos de los 32 que tiene el país y recogen la inconformidad de sectores diversos de la sociedad como los estudiantes, sindicatos, trabajadores informales y comunidades étnicas que reclaman en primera medida garantías para protestar.

“Estamos con la flauta porque eso es lo que nos identifica: frente a la brutalidad policial respondemos con la música y la danza”, dijo a la AP Didier Chirimuscay, líder Misak del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), quien protestaba en el centro de Bogotá. “Marchamos contra el mal gobierno, retiraron la reforma (tributaria), pero el gobierno va a insistir para ponerla”, agregó.

En Pereira, al oeste del país, las movilizaciones giraron en torno a la memoria de Lucas Villa, el estudiante de Ciencias del Deporte que falleció tras recibir disparos en una marcha pacífica el 5 de mayo. Los manifestantes ondearon banderas de Colombia y levantaron rosas y carteles con la frase “Lucas vive”. Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo nacional de las víctimas de la violencia durante las protestas.

Ante la presión social, el presidente prometió que subsidiará las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos de las universidades públicas durante el segundo semestre de 2021. El Ministerio de Educación calcula que la iniciativa costará 160 millones de dólares. Sin embargo, los estudiantes piden que la gratuidad de la educación universitaria se extienda a toda la población, se mantenga en el tiempo y finalmente se cumpla.

“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional de Iván Duque y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, indicó el miércoles la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en un comunicado.

En paralelo a las manifestaciones, el presidente Duque se reunió con algunos líderes juveniles en Bogotá buscando acuerdos para desbloquear el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al gobierno concertar con los manifestantes para detener las manifestaciones en medio del tercer pico de contagios y muertes por COVID-19.


https://youtu.be/MkWf1kTMZFI

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