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Colombia

Con la JEP , ¿quedarán impunes todos los delitos de las Farc?

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EP New York/opinión

ENTREVISTA A PALOMA VALENCIA

Paloma Valencia es analista política, abogada y Senadora por la República por el Centro Democrático. Uribista desde la primera hora y fiel escudera del presidente Uribe, en esta entrevista se muestra muy optimista y positiva con respecto al nuevo curso político que comienza de la mano del electo Iván Duque. Valencia también cree, sin dudarlo,  en la inocencia del expresidente Uribe y considera que las criminales de las FARC deben pagar por sus crímenes. 


por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

@ricardoangoso


“¿Quedarán impunes los crímenes de las FARC?”.


“Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior gobierno”. Paloma Valencia


Ricardo Angoso: ¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras su última revisión legislativa?

Paloma Valencia: Nosotros hemos logrado como primera victoria del gobierno electo de Iván Duque que los procesos a los militares se suspendan y que haya una reglamentación especial para la Fuerza Pública. Nosotros creemos que los militares no pueden ser tratados de la misma forma que los terroristas, sino con una normatividad especial. Otro aspecto fundamental que nosotros hemos defendido es que los magistrados que juzguen a los militares deben conocer el oficio de la milicia, saber que es lo que están tratando y que sepan cuales son los manuales operaciones de nuestras Fuerzas Armadas sin que se generen beneficios que premien a la delación. 

Y es que es muy grave que a cambio de las confesiones se obtenga la libertad porque entonces se está forzando a que la gente confiese para que quede libre e incluso que eso se haga a base de mentiras. Nosotros también consideramos que se debe defender el bueno nombre de la institucionalidad, en este caso de las Fuerzas Armadas y también de nuestra policía, y es por ese motivo por el que hemos solicitado con éxito esa transición para que el nuevo gobierno pueda ejecutar los nuevos cambios que son fundamentales.

R.A.:¿Cree que el Fuero Militar que fue suprimido por el presidente Alvaro Uribe se volverá a implementar, qué pasará con el mismo?

P.V.:Lo que es curioso del Foro Penal Militar es que hoy está consagrado en la Constitución de la República. De hecho, el gobierno presentó algunas proposiciones para crear un Fuero Militar rígido y con algunas modificaciones que presentamos el presidente Uribe y yo misma. Hoy el Fuero Militar dice que sirve para todas las operaciones que se hayan efectuado con ordenes emanadas de una forma legítima. Y que los militares deben ser juzgados por jueces que conozcan bien a las Fuerzas Armadas. Pero, en la práctica, lo que ha ocurrido es que el Fuero Militar ha ido desapareciendo porque muchas de sus competencias fueron absorbidas por la justicia ordinaria, algo que no se entiende porque finalmente decisiones administrativas de rango inferior han ido en contra de lo que dice la Constitución misma. Ese asunto me parece inadmisible y así lo hemos hecho saber.

LOS JUICIOS A LOS MILITARES

R.A.:¿Cree que en Colombia puede llegar a ocurrir lo de Argentina donde los militares están siendo procesados, condenados y cumpliendo largas condenas?

P.V.:No, yo creo que esa situación no se dará en Colombia, ni siquiera con la JEP. Creo que los militares en Colombia no se van a encontrar en esa situación, sino que aquí la pregunta es más bien al revés, es decir, si los terroristas de las FARC, que han cometido miles de crímenes atroces, secuestros, delitos de todo tipo y acciones terroristas brutales, por relatar algunas de sus tropelías, van a pagar un solo día de cárcel por esos hechos. ¿Quedarán impunes todos esos delitos? Y en ese caso, nosotros, desde el Centro Democrático, creemos que la Corte Penal Internacional (CPI) debería actuar y tomar las oportunas medidas para que se haga justicia y que los miembros de las FARC que han perpetrado todos esos hechos atroces respondan ante la justicia y sean condenados. No admitiremos nunca que se le imponga  a Colombia esta situación de abierta impunidad que se nos pretenden imponer desde algunas instancias.

R.A.:¿Qué expectativas tiene ante el nuevo curso político y ante el nuevo gobierno del presidente Iván Duque?

P.V.: Tengo muchas y positivas expectativas ante el nuevo gobierno. Creo que tiene ante sí grandes retos y desafíos, sobre todo en el área económica, para poner en marcha el aparato productivo colombiano, asunto que, en mi opinión, requiere una drástica bajada en los impuestos y que, al mismo tiempo, se mejoren los ingresos de los que tienen un salario mínimo. Es muy importante que mejoren los ingresos de los que viven con el salario mínimo y los que están en la economía informal. En Colombia más del 50% de la población vive con un salario mínimo y eso significa que el gran desafío del nuevo ejecutivo es que debe de mejorar los ingresos de los más pobres. Tenemos que ser capaces de generar una economía productiva que sea capaz de crear nuevos empleos y también mayor riqueza para todos. Tenemos que bajar los impuestos, subir el salario mínimo y, al mismo tiempo, reducir el gasto público con medidas de austeridad que considero absolutamente necesarias. Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior gobierno.

EL FLAGELO DE LA CORRUPCIÓN

R.A.:¿Qué posición tiene el Centro Democrático ante el grave problema de la corrupción que padece Colombia y ante la próxima consulta sobre este asunto?

P.V.: Yo fui parte de la negociación entre el Partido Verde y el Centro Democrático ante la consulta sobre las medidas anticorrupción y llegamos a acuerdos importantes sobre este asunto. Y, además, me tocó convencer a mi partido sobre la consulta, algo que como usted sabrá no estaba muy convencido, y que aceptara sus contenidos, que aunque con falencias y debilidades, incluso con problemas de redacción, tenía aspectos de fondo que considero fundamentales. El mensaje de fondo, considero, es que los colombianos nos movilicemos contra la corrupción y sus dañinas consecuencias, mandando una señal a los políticos tradicionales de los ciudadanos de a pie no quieren la corrupción de ninguna forma. 

No hemos podido comprometernos en la campaña electoral como hubiéramos querido porque se nos atravesaron problemas centrales, como por ejemplo la persecución política y penal al presidente Uribe, lo que nos impidió un mayor trabajo de calle para que la gente conociera nuestras propuestas en este sentido. A este respecto, la defensa de la inocencia del presidente Uribe es una prioridad y no vamos a permitir que se le atropellen sus derechos. Mientras los criminales están en libertad, hombres inocentes como Uribe son sometidos al examen de una justicia que opera muchas veces por razones políticas. 

En Colombia, además, tenemos el problema de los falsos testigos para imputar a inocentes en delitos que nunca han cometido, como pasa ahora con el presidente Uribe. Es un problema de graves consecuencias para todos. Hay personas en la cárcel, con grandes condenas, que se dedican a levantar falsos testimonios contra personas respetables y así dañarles su imagen para siempre, obteniendo a cambio de esas falsas acusaciones rebajas en sus penas y beneficios carcelarios. No se puede permitir que criminales comprobados y condenados enloden la imagen de hombres que, como Uribe, sirvieron al país de una forma ejemplar y limpia. Pero, en definitiva, no perdemos de vista que la corrupción es uno de los grandes problemas del país y que debe ser enfrentado con medias eficaces y audaces. 

Link de la entrevista:


RICARDO ANGOSO GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DEL FORO IDEAS PARA LA DEMOCRACIA
 

Agencias

Luto en la música colombiana: Falleció Álvaro Villalba, la otra mitad del dueto Silva y Villalba

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EP New York/Colombia

Bogotá _ Colombia/ Con su partida, en medio del olvido y la penuria económica, concluyó una de las páginas gloriosas del género andino de Colombia.

De complicaciones derivadas de una isquemia cerebral transitoria, falleció a los 89 años Álvaro Villalba, cantautor e intérprete del dueto Silva y Villalba , uno de los más reconocidos por varias generaciones de colombianos que crecieron escuchando sus canciones emitidas a través de la radio.

El maestro Villalba sufrió de varios achaques de salud en los últimos años, como Parkinson e hipertensión, que lo postraron en sus últimos años haciéndole abandonar la composición e interpretación de aires andinos.

Nacido en el año de 1932 , en Espinal Tolima, Villalba inició su carrera de joven con su compañero de estudios Elberto Guzmán. Con él desarrolló su talento como compositor y mejoró su técnica vocal, pero el salto hacia el reconocimiento ocurrió en 1967 cuando topó con Rodrigo Silva durante las fiestas de San Pedro en El Espinal .

Ambos comenzaron a ensayar juntos y un año después participaron en el concurso Orquídea de Plata Philips , en el que obtuvieron el primer lugar. Esta victoria musical, respaldada por un LP (Long-Play), los impulsó a consolidar una carrera sostenida de giras, éxitos radiales y conciertos en el país, así como en los Estados Unidos, México, España y Canadá

El equilibrio en el dueto consistió en que <span;>ambos supieron desplegar sus talentos en armonías vocales y arpegios de cuerdas que evocaban la belleza de la cordillera colombiana. El dueto Silva y Villalba publicó 50 discos que son la base del género andino en Colombia.

Recordada es su etapa de colaboración con el compositor Jorge Villamil, quien fue una pieza angular de la música colombiana entre las décadas del sesenta y el setenta. Esta alianza con Villamil condujo a que Silva y Villalba fueran considerados los sucesores de otro dueto histórico del cancionero colombiano, como el de Garzón y Collazos.

Los tiempos cambiaron y el panorama musical del país se movió a otros géneros, cuando Silva y Villalba se retiraron de la escena, con esporádicas apariciones en el festival de la música andina “Mono Núñez” en Ginebra, Valle o en conciertos en Ibagué, la capital musical de Colombia, en el marco del perenne Festival de la Música Colombiana.

Rodrigo Silva falleció en 2018 a causa de complicaciones de un cáncer que combatió por casi 20 años.

El maestro Villalba, como tantos otros músicos colombianos, tuvo que luchar contra el olvido y la pobreza en sus últimos años. De acuerdo con el reporte de sus allegados, su esposa interpuso una tutela ante Coomeva EPS para que le fuera asignado un cuidador a Villalba por sus quebrantos de salud.

El legado de Silva y Villalba, denominados como “Los Príncipes de la Canción”, al repertorio tradicional colombiano alcanza 500 canciones que han sido interpretadas por cientos de músicos en distintas adaptaciones y géneros : Espumas, Los Guaduales, Campesina Santandereana, Si pasas por San Gil, Soy Colombiano e incluso su versión del clásico Pueblito Viejo, son parte del patrimonio cultural del país.

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Agencias

Explosión de carro bomba dentro de base militar de Colombia deja 36 heridos

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EP New York/latinoamérica

BOGOTÁ — Un coche bomba explotó el martes dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, dejando 36 heridos, tres de ellos en condición grave, informaron las autoridades.

Durante una visita de emergencia a la base, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que la explosión fue un atentado terrorista contra soldados colombianos que pretendía causar heridas a la mayor cantidad posible de efectivos.

Molano señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo rebelde más grande que resta en Colombia, como probable responsable del ataque, aunque no proporcionó evidencia alguna para respaldar esa afirmación.

El funcionario añadió que miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, podrían estar involucrados.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá escribió en su cuenta de Twitter que un pequeño grupo de militares estadounidenses se encontraba en la base cuando se produjo la explosión, pero que no sufrieron lesiones. Los soldados estadounidenses estaban allí para realizar ejercicios de entrenamiento, dijo la embajada.

Cúcuta se ubica en la frontera con Venezuela y es la capital del departamento de Norte de Santander, en donde varios grupos delictivos se disputan las rutas del trasiego de drogas y aprovechan la escasa vigilancia en la frontera para contrabandear armas y combustible.

El año pasado, un grupo de unos 40 instructores y asesores militares de la Primera Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos pasó un tiempo en la base que fue atacada el martes, donde ayudaron al ejército colombiano a planear operaciones antinarcóticos.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro que salía de la base y posteriormente se escucha un fuerte estallido que destrozó ventanas y oficinas.

La explosión ocurrió en momentos en que las protestas en contra del gobierno parecen disminuir en Colombia. Los líderes de las manifestaciones anunciaron el martes que suspenderán las marchas que se han realizado durante siete semanas. Al menos 50 personas han muerto durante las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de la pobreza y la creciente desigualdad en el país.

Molano dijo que la explosión del martes se registró poco después de las 3 de la tarde, cuando hombres vestidos como soldados condujeron una camioneta blanca hacia la base.

En 2019, 21 personas murieron después de que estalló un coche bomba dentro de una academia de policía de Bogotá. El ataque fue obra del ELN y provocó que el gobierno suspendiera negociaciones de paz con el grupo. (Con inf de AP/CNN)

 

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Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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