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Colombia

Santos…., Uribe y Duque: De la traición a la esperanza

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EP New York/ opinión /

“En los próximos meses la suerte de todos los implicados en el caso Odebrecht, y su compleja trama de compra de políticos en toda América Latina, se va a conocer y van a salir muchos asuntos a la luz; los que recibieron las coimas acabaron pagando sus delitos”.

“Santos nos robó las elecciones del 2014 utilizando fondos espurios, algo que ya está demostrado y comprobado”.


“Santos compró a casi todos los medios de comunicación a cambio de generosas pautas publicitarias que salían del bolsillo de los colombianos”.

 “¿Por qué medios tan prestigiosos como Cromos, El Espectador, Blu Radio, Semana y otros atacan a Uribe? Pues muy claro, porque a diferencia de Santos, Uribe siempre se negó a darles todo lo querían a cambio de favores políticos”.

“Las FARC, ante la lucha de Uribe contra el terrorismo, se convirtió en una víbora furiosa dedicada a desprestigiar al presidente”.


ENTREVISTA A JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, SENADOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y “ORÁCULO” DE URIBE


por Ricardo Angoso

Dicen que un día alguien le preguntó al presidente Alvaro Uribe que qué era eso del uribismo y él, en su estilo tranquilo y campechano, respondió:”Esa pregunta que se la responda José Obdulio Gaviria”. El considerado oráculo del presidente Uribe durante su mandato y uno de los hombres más cercanos al líder del Centro Democrático, analiza en esta entrevista los últimos acontecimientos vividos en el país y se muestra optimista con respecto al nuevo curso político que comienza en Colombia de la mano del nuevo presidente, Iván Duque.

Ricardo Angoso:¿Qué es lo que ha ocurrido con el presidente Alvaro Uribe y su probable enjuiciamiento?

José Obdulio Gaviria: El presidente Alvaro Uribe es un hombre impoluto. Es una persona que casi desde niño ha participado en la vida política del país y nunca ha tenido un escándalo de corrupción.Mas bien lo contrario: es un gran ejemplo para todos. Siempre ha tenido un manejo correcto con respecto a todas las actividades cuando ha tenido responsabilidades políticas al frente del Estado.

Fue un gran Senador de la República, un gran gobernador de Antioquía y una gran presidente de la República de Colombia, amén de un hombre con una gran formación académica en todos los sentidos. Es graduado en Harvard, tiene estudios en administración y otras materias; es un hombre de grandes conocimientos históricos e indudable preparación intelectual. Fue profesor invitado de la Universidad de Oxford cuando salió de la gobernación de Antioquía y tiene grandes dotes para la dirección.

Eso en primer lugar hay que decirlo sin dudarlo. Y, en segundo lugar, aquí lo que ha habido es una fuerza política de carácter terrorista, las FARC, con muchos crímenes y delitos a sus espaldas, financiada muchas veces a través de los secuestros, y que sigue maquinando contra el presidente Uribe. Esa fuerza desde la década de los ochenta fue construyendo un gran imperio de la coca y así hoy Colombia es el mayor productor y exportador de esta sustancia en el mundo.

Las FARC nacieron de la estructura política misma del Partido Comunista Colombiano, una fuerza  muy ortodoxa y siempre muy sumisa a la línea de Moscú en todos los sentidos. Fue un partido que siempre siguió las directrices que emanaban de Moscú tras la Segunda Guerra Mundial y que rompió incluso con China, tal como habían dictaminado los soviéticos. También ha sido un partido que siempre tuvo buenas relaciones con el régimen cubano de Fidel Castro, una dictadura reprobable que ha hundido a Cuba en la miseria comunista.

Uribe, en la década de los ochenta, se convierte en el gran referente de la democracia liberal en Colombia en abierta lucha contra eso que ahora se llamó como el “socialismo del siglo XXI”, que no es ni más ni menos que una continuación de la lucha que llevaban los comunistas en nuestro país a través de las FARC. No olvidemos que el Partido Comunista Colombiano justificaba la violencia de esta organización terrorista porque cumplía cabalmente con esa estrategia que los comunistas denominaban como la combinación de todas las formas de lucha, en un contexto donde se aseguraba que en  Colombia no había una democracia plena.

Nosotros, con Uribe al frente, decíamos lo contrario: lo que hacen las FARC, simple y llanamente, es una agresión terrorista porque Colombia tiene una democracia plena, con debilidades claro, pero sin dejar de ser una democracia respetable. Uribe confrontó ese discurso con dureza, energía y la fuerza del Estado de Derecho, y ahora se están viendo las consecuencias de esa lucha.

R.A.:En todo este asunto hay un gran protagonismo de Iván Cepeda, ¿no cree?

J.O.G.:Entonces las FARC, como eran una organización terrorista señalada por todas las organizaciones internacionales y los Estados Unidos, no tenían voceros oficiales y uno de los hijos de uno de los fundadores de las FARC, Iván Cepeda, llega al Congreso de la República y se convierte en uno de los referentes de este grupo cuando Uribe llega al gobierno y les confronta dándoles la batalla en todos los terrenos. Las FARC, ante la lucha de Uribe contra el terrorismo, se convierte en una víbora furiosa dedicada a desprestigiar al presidente.

Crearon el mito de que todos los terroristas y sus colaboradores caídos en combate habían sido asesinados por el Estado, cuando habían muerto en el curso de operaciones de la Fuerza Pública contra el terrorismo. Decían que habían siete mil presos políticos cuando realmente eran terroristas y asesinos natos. Consideraban que las acciones y bombardeos de nuestras fuerzas militares contra las FARC eran actos de violencia política y terrorista, generando, además, otros problemas geopolíticos al instalar sus campamentos en territorio ecuatoriano donde se refugiaban los terroristas, que finalmente hubo que bombardear para evitar que desde allá se atacara a Colombia.

Así, Colombia tuvo que atacar esos campamentos desde donde se planificaban los secuestros, se organizaba el tráfico de droga y donde estaban una buena parte de los dirigentes de las FARC. Como consecuencia de ese bombardeo, como recordara, Colombia fue aislada en la escena regional porque los grupos que apoyaban a las FARC, que englobaban en la región a los partidos y organizaciones que conformaban el Foro de Sao Paulo, pusieron sobre la mesa como principales objetivos políticos el ataque permanente al presidente Uribe y el apoyo firme a los terroristas colombianos. 

LA CAMPAÑA CONTRA URIBE

R.A.:¿Y el Foro de Sao Paulo tuvo algún papel en esa campaña contra Uribe?

Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos, cuando Uribe era presidente, el Foro de Sao Paulo estaba en el gobierno en varios países de la región y que las FARC mismas habían sido fundadoras de ese movimiento. En el año 2010, cuando Uribe acaba su mandato, gobierna en Venezuela un gobierno que apoya las FARC, en Ecuador estaba Rafael Correa, que había sido reelegido con dinero de las FARC, y en Bolivia, Evo Morales, que apoya abiertamente a los terroristas en Colombia. Esos países juntos con otros, como Uruguay, Brasil, Nicaragua, Argentina y Paraguay, en aquellos momentos apoyan claramente esa estrategia contra el presidente Uribe y en contra de la democracia colombiana, dando un balón de oxígeno a las FARC. 

Iván Cepeda, además, cuenta con el apoyo de algunos grupos mediáticos. Y lidera un grupo de personalidades en este país que son enemigos declarados del presidente Uribe. Además, cuentan con el apoyo de medios potentes, como Prisa y la misma Caracol, para amplificar esas críticas en el país. ¿Por qué medios tan prestigiosos como Cromos, El Espectador, Blu Radio, Semana y otros atacan a Uribe? Pues muy claro, porque a diferencia de Santos, Uribe siempre se negó a darles todo lo querían a cambio de favores políticos. Santos compró a casi todos los medios a cambio de generosas pautas publicitarias que salían del bolsillo de los colombianos. Uribe siempre se negó a la utilización de los fondos públicos de los colombianos para generar una opinión pública a su favor. Entonces, ahora viene la última acción contra el presidente Uribe, al que pretenden levantarle acusaciones falsas a través de falsos testigos en connivencia con determinados medios de comunicación que no casualmente son aliados políticos del presidente Santos.

Cepeda ha estado detrás de esta campaña, pero creo que le puede salir mal y ya el pueblo colombiano parece reaccionar rodeando al presidente Uribe, al tiempo que nos llegan informaciones y documentos que muestran a las claras cómo se montó toda esta trama, que apunta directamente a determinadas cortes, a la Casa de Gobierno y a algunos medios que han conspirado contra el presidente Uribe.

Aquí no se puede confiar en la justicia. Tenemos pruebas de que cuatro presidentes de la Corte de Justicia vendían las sentencias. La justicia está politizada en Colombia, eso está claro. Estos señores manipulaban hasta nombramientos de cargos del Estado y una hija de uno de estos sujetos nombraba cargos a su libre disposición y se llevaba un porcentaje sobre sus sueldos. De este nivel de personajes estamos hablando, ese el grupo que persigue a Uribe.

R.A.:No obstante, independientemente de lo que pasé a Uribe, el Centro Democrático entra en una nueva fase porque pasáis a ser partido de gobierno y no la oposición, ¿es un gran cambio, no?

J.O.G.:Nosotros en el año 2010 fuimos traicionados por el presidente que apoyamos, Juan Manuel Santos, que abandona nuestro programa de gobierno y hace otras políticas muy distintas a aquellas de los que le habíamos apoyado. Ganó con un programa y desarrolló otro my distinto, traicionando a su partido y también a sus electores.

Colombia, en aquellos momentos, estaba despegando hacia el progreso y hacia el crecimiento, viviendo grandes cambios y transformaciones. Todo ello junto con el elemento fundamental de la seguridad que lleva a la paz y a fortalecer esos avances de los que hablo. Santos abandona esas políticas y se alía con los enemigos del presidente Uribe. 

Luego Santos legaliza a las FARC y les da una legalidad con la que nunca había contado, con todos los costes tiene para el país. Santos se alía incluso con gentes como Iván Cepeda y sienta en el Senado a representantes de las FARC que  han cometido secuestros y atentados. Uribe ya había vencido a ese grupo a través de una estrategia combinada de acciones políticas y de la Fuerza Pública, pero luego Santos claudicó. Santos, además, nos robó las elecciones del 2014 utilizando fondos espurios, algo que ya está demostrado y comprobado. Hicimos mucha pedagogía para derrotar a esos grupos y Santos hizo todo lo contrario. Y también, no lo olvidemos, le ganamos a Santos el plebiscito, en el que denunciamos como Santos había claudicado ante las FARC y les había entregado el país. Más tarde, hemos sido capaces de ganar las elecciones legislativas y las presidenciales, pero sin perder de vista que sin Uribe ninguna de estas victorias se hubiera producido, eso está meridianamente claro.

Uribe es uno de los grandes líderes del país y me atrevería decir del continente. Yo tengo el mismo ánimo que Uribe de luchar contra Santos y sus políticas basadas en la corrupción y en la claudicación, claramente, pero nunca hubiera sido capaz de construir el aparato político que construyó Uribe para lograr lo que hemos logrado en estos meses. Uribe, además, cuenta con el apoyo y el amor del pueblo colombiano como nunca ningún otro líder lo hubiera tenido. 

LA PRESIDENCIA DE IVÁN DUQUE

R.A.:¿Que le espera al próximo presidente de Colombia?

J.O.G.:El próximo presidente, Iván Duque, tendrá que concentrarse en el tema económico, que está realmente muy mal y muy abandonado por la retórica pacifista, que parece inundar todo. Pero yo, personalmente, creo que hay condiciones favorables para ello. para desarrollar un vasto programa de desarrollo económico y lo digo porque creo que hay mucha fuerza repesada que se va a manifestar con fuerza durante el mandato de Duque, desbordando esos índices mediocres que nos dejó Santos encima de la mesa.

R.A.:¿Crees que Santos responderá algún día sobre tanta corrupción que ha habido durante su mandato, como por ejemplo el caso Oderbrecht, que en Colombia no tuvo ninguna repercusión?

J.O.G.:Yo te quiero compartir algo que creo que es importante. Tengo suficiente información y documentación que confirma que los Estados Unidos ya nos han hecho una buena parte del trabajo. Según me han informado al parecer  se hicieron una serie de grabaciones a los magistrados de algunas cortes del país porque vendían decisiones favorables a extraditables relacionados con el tráfico de drogas. Colombia tiene un tratado con los Estados Unidos por el cual hemos extraditado a algunos capos del narcotráfico y que hoy cumplen condena en los Estados Unidos, siendo uno de los países que más extradiciones ha realizado en ese campo.

Los Estados Unidos, más concretamente la DEA, la justicia norteamericana y la Secretaría de Estado de ese país, han acabado construyendo un caso, o un expediente, por el cual han acabado señalados cuatro magistrados colombianos por estar sindicados y tener relaciones con el narcotráfico. Estos magistrados han acabado relacionados en este expediente con actividades criminales ilícitas y por tener relaciones con sujetos relacionados claramente con el narcotráfico. 

Por razones políticas en Colombia, además, nunca se ha llegado al final del asunto de Odebrecht, ya que al parecer el presidente Santos tiene implicaciones en este caso no cerrado. Pero, en los próximos meses la suerte de todos los implicados en el caso Odebrecht, y su compleja trama de compra de políticos en toda América Latina, se va a conocer y van a salir muchos asuntos a la luz. Este caso se acabará resolviendo, como ya le he dicho, con la ayuda de la justicia norteamericana y se clarificarán las responsabilidades, acompañando en todo este proceso la nueva mayoría que hay en las cámaras del legislativo colombiano, con la ayuda, claro está, del Centro Democrático.


Tema relacionado: Santos , ¿el peor presidente de la historia de Colombia?


 
RICARDO ANGOSO GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DEL FORO IDEAS PARA LA DEMOCRACIA
 

Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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Blog de Sucesos y Noticias

Colombia se debate entre la revolución social y la “revolución molecular disipada

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EP EE.UU/Opinión 

Por: Francisco Cardona/editor

Asistimos a uno de los escenarios violentos más previsibles de las ùltimas décadas en latinoamérica luego de la “tensa calma” del terremoto socialista del siglo XXI que remeció varios países desde que Chaves y Maduro lo implantaron en Venezuela.

Y decimos previsible porque el estallido social , esa “olla a presión” que se venía cocinando con explosivos ingredientes de narcotráfico , corrupción y la consiguiente polarización de izquierdistas y derechistas creó el caldo de cultivo que hoy alimenta el inconformismo generalizado de los pueblos en América Latina.

Venezuela , desde luego , ha sido el craso ejemplo de los gobiernos de derecha para legitimarse en el poder (entre buenos ó aceptables y malos ó pésimos) . El discurso político contra el régimen de Maduro , por ejemplo , tienen hoy a Colombia entre lo que comúnmente se llama una “revolución social” ó , en su defecto ,  una “revolución molecular disipada”.

¿Qué significa esto?

Ante todo , y sin ahondar en tecnicismos , definamos el primer concepto.

“Una revolución social es una transformación radical del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas en una escala humana dentro de un espacio territorial etc., sea una ciudad, país. Dentro de la lógica de “los objetivos iguales a los métodos” la resistencia y liberación del día a día también es de por sí una revolución social, y esta última consiste en gran parte en lo primero, logrando así una evolución profunda de la vida humana”. PAUL GODMAN

Haciendo un paréntesis sobre el caso de Venezuela que es la matrix de este dilema , el socialismo que se implementó como una revolución política terminó siendo un gobierno opresor y la respuesta ha sido un intento de revolución social del pueblo venezolano por restablecer el Estado de Derecho. Es decir , elecciones libres con democracia participativa respetando los poderes del Estado.

En este caso el término “opresor” es el punto equidistante de lo que pretendemos explicar sobre estas revoluciones.

Sobre la revolución molecular disipada según los filósofos franceses Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y el psicoanalista Felix Guattari, este último autor de un libro llamado Revolución Molecular (1977) ,  plantean esta revolución como un sistema universal de lucha social y emancipación.

En otras palabras , según su representante en A.L. , Alexis López, un intelectual chileno, director de Radio y Televisión de Santiago, que ha basado su lectura de la realidad de la región en esta teoría, advierte que el modelo avanza por el hecho de que los gobiernos latinoamericanos son débiles y se sientan a negociar sin entender que lo hacen con terroristas.

López explicó que el nombre se debe, según el portal el Venezolano Colombiano, primero, porque es la lectura que se hace a la revolucionario que plantea la izquierda , tal como todos los que han ocurrido en la historia. Molecular, los actores son indistinguibles unos de otros , por lo que se hace casi imposible saber contra quién se lucha. No hay verticalidad, coordinación centralizada. y finalmente, es disipada porque los actores se coordinan para la acción, pero luego se disipan, lo que impide hacerles seguimiento.

Por supuesto no se puede comparar jamás la opresión del gobierno socialista Y ditactorial de Maduro con la opresión que se ha ejercido en los últimos dias contra las marchas en Colombia y menos tomando como base la teoría de la revolución molecular disipada.

Pero hay que ser claros que de una simple marcha pacífica al vandalismo hay un trecho punible que ha revasado la tesis de la revolución social que deja mal posicionado el estallido social que lideran los jóvenes , las organizaciones sindicales , líderes sociales y la misma oposición.

Ningún fin puede , en este caso , justificar los medios a pesar de los factores de violencia que ha vivido el país en más de 50 años.

La realidad es que la desigualdad , la corrupción , aún en tiempos de pandemia, más la pretendida reforma tributaria del presidente Duque , represaron la olla a presión que reventó en Colombia. El paro nacional que se ha producido este 12 de mayo en casi todas las ciudades del país tienen en jake al gobierno liderado por el Centro Democrático , principal fortín del influyente ex mandatario y Senador Alvaro Uribe , precursor , además, de la teoría de la revolución molecular disipada.

Creemos que Duque debe convocar a un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas , sociales y económicas. La solución va más allá del simple otorgamiento de becas para universidades públicas.

El problema y la crisis es compleja y abarca desde una pronta solución y directriz a los acuerdos de paz , ser menos dependiente del uribismo y concentrarse en las necesidades vitales de los colombianos que elijieron a Duque precisamente para solucionar la grave crisis en la salud , la educación y el desempleo.

Pero en síntesis , más allá de favorecer la revolución social o la revolución molecular disipada , en el fondo de toda esta crisis , Duque no es el problema. El difícil camino que debe recorrer Colombia pasa por reformas sustanciales al Congreso , donde se concentra el mayor foco de corrupción y una  reforma a la justicia que se debate entre las Cortes del gobierno y la Justicia Especial de Paz (JEP) creada para juzgar los actores de la guerra.

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Agencias

Colombianos reclaman cese de violencia policial en paro nacional

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EP EE.UU/ agencias

Bogotá , Colombia — “¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!”. Con esta arenga miles de colombianos se manifestaban masivamente el miércoles durante la decimoquinta jornada de protestas nacionales en contra de las reformas del gobierno y los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Entre las prioridades que tenemos están las garantías a los derechos humanos, el desmonte del ESMAD (policía antimotines) y todo este trato guerrerista que se le ha dado a la protesta social, la atención de las agendas de los jóvenes en este país, la renta básica (subsidio) y que se retire la reforma a la salud”, dijo a The Associated Press Francia Márquez, líder social que protestaba en Cali, al suroeste del país y epicentro de movilizaciones masivas y focos de violencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que la jornada fue pacífica y rechazó los bloqueos viales en 99 puntos del país y afectan el paso de alimentos, insumos médicos y gasolina. Sin embargo, entrada la noche se presentaron algunos disturbios en ciudades como Barranquilla, Popayán, Bucaramanga y Neiva, donde incineraron un bus de servicio público.

La nueva jornada de protesta fue convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales agrupados en el denominado Comité del Paro tras un fallido intento de diálogo con el presidente Iván Duque el 10 de mayo. Un día después, el gobierno propuso una mesa de negociación formal con los manifestantes con el acompañamiento de la Iglesia Católica y Naciones Unidas para la cual aún no hay fecha.

El descontento social creciente inició hace dos semanas en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno para financiar los programas estatales en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Días después el presidente Duque aceptó retirarla, sin embargo, las protestas no cesaron, sino que tomaron fuerza y se mantienen ante una ola de denuncias de exceso de la fuerza pública y uso de armas contra la población.

“En estos días los actos de la policía han sido una completa violación de los derechos humanos contra los manifestantes que estamos protestando en paz en Bogotá y en ciudades como Cali y Medellín”, dijo a la AP el estudiante Cristian Ureña en Bogotá.

Las cifras oficiales dan cuenta de una afectación cada vez mayor. Según la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de derechos humanos, se han reportado 41 civiles y un policía muertos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Defensa contabiliza 33 fallecidos y más de mil heridos: 716 civiles y 849 miembros de la fuerza pública.

“Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los Derechos Humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de la fuerza pública éstas se judicializan y se investigan… También se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque el martes desde Cali en una declaración oficial.

Los hechos están en etapa de investigación. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó el miércoles ante el Congreso que han identificado 14 muertes relacionados con las protestas y hasta ahora han esclarecido cuatro casos de homicidios: tres de ellos “fueron cometidos por policías”. El presidente Duque explicó el martes que abrieron 65 acciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública. De éstas, ocho son casos por presunto homicidio y 27 por abuso de autoridad. Sin embargo, la organización no gubernamental Temblores advierte 1.956 casos de violencia policial.

Las manifestaciones ocurren en al menos 25 departamentos de los 32 que tiene el país y recogen la inconformidad de sectores diversos de la sociedad como los estudiantes, sindicatos, trabajadores informales y comunidades étnicas que reclaman en primera medida garantías para protestar.

“Estamos con la flauta porque eso es lo que nos identifica: frente a la brutalidad policial respondemos con la música y la danza”, dijo a la AP Didier Chirimuscay, líder Misak del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), quien protestaba en el centro de Bogotá. “Marchamos contra el mal gobierno, retiraron la reforma (tributaria), pero el gobierno va a insistir para ponerla”, agregó.

En Pereira, al oeste del país, las movilizaciones giraron en torno a la memoria de Lucas Villa, el estudiante de Ciencias del Deporte que falleció tras recibir disparos en una marcha pacífica el 5 de mayo. Los manifestantes ondearon banderas de Colombia y levantaron rosas y carteles con la frase “Lucas vive”. Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo nacional de las víctimas de la violencia durante las protestas.

Ante la presión social, el presidente prometió que subsidiará las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos de las universidades públicas durante el segundo semestre de 2021. El Ministerio de Educación calcula que la iniciativa costará 160 millones de dólares. Sin embargo, los estudiantes piden que la gratuidad de la educación universitaria se extienda a toda la población, se mantenga en el tiempo y finalmente se cumpla.

“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional de Iván Duque y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, indicó el miércoles la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en un comunicado.

En paralelo a las manifestaciones, el presidente Duque se reunió con algunos líderes juveniles en Bogotá buscando acuerdos para desbloquear el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al gobierno concertar con los manifestantes para detener las manifestaciones en medio del tercer pico de contagios y muertes por COVID-19.


https://youtu.be/MkWf1kTMZFI

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