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De la rutina del cuartel a la selva política
“¿Cómo puede haber paz en un país que pasó de 40.000 hectáreas de cultivos de coca a 200.000?”
“Todos los días hay atracos y hechos violentos en todo el país, es evidente que reina el descontrol y la violencia desmesurada porque no hay autoridad”
ENTREVISTA AL GENERAL LEONARDO BARRERO
por Ricardo Angoso
@ricardoangoso
El general Leonardo Barrero es, a sus 57 años, un buen conocedor de su país y un hombre que ha cambiado la rutina de los cuarteles por la selva de la política. En el año 2013, por decisión del presidente Juan Manuel Santos, llegó a la comandancia de las Fuerzas Militares, en reemplazo del general Alejandro Navas, y desde su puesto como jefe de operaciones conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares. Así, llegó al puesto más importante en las Fuerzas Militares sin haber sido antes comandante del Ejército. Seis meses después fue destituido en un gesto que el general Barrero considera que tenía una clara intencionalidad política. De ahí saltó al Centro Democrático de la mano del expresidente Alvaro Uribe y se presentó como candidato a la gobernación del Cauca en el año 2015, donde obtuvo 25.000 votos. Ahora es candidato al Senado por el mismo partido y define su compromiso con la sociedad como “sincero, honesto y recto”.
Ricardo Angoso: ¿Cómo fue su salida del ejército y por qué?
General Leonardo Barrero: Utilizaron una grabación mía antigua que era una conversación, en la que yo empleé algunas palabras soeces, sobre el trato que la justicia había dado a un militar en un caso muy concreto. Esa grabación es filtrada a la revista Semana y se me acusa de que estoy afectando la majestad de la justicia, ni más ni menos. Pero yo creo que el trasfondo era otro bien distinto y tenía más que ver con mi concepción de que la fuerza pública debía tener visibilidad en la defensa del Estado en el territorio, algo que como comprobé después iba claramente en contravía con el proyecto de dar fuerza y titularidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y luego ocurrió un acto en el Ministerio de Defensa con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en donde yo le agradezco a la máxima autoridad del Estado los comentarios que había hecho en el sentido de que el papel de la fuerza pública, del Ejército, no se iba a negociar de ningún modo en La Habana y que eso era lo que mantenía unida a las tropas y les daba espíritu de servicio. Entonces, Santos se mira con el Ministro de Defensa de entonces, en un gesto extraño, y a los quince días me sacan del cargo.
EL PROCESO DE PAZ
R.A.:Ahora, ya con una perspectiva de los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, ¿cuál es su opinión y su análisis sobre los mismos?
G.L.B.: Son unos acuerdos a destiempo y que no había necesidad de hacerlos. O al menos no haberlos hecho en esas condiciones, haciendo renuncias fundamentales sobre el papel del Estado y ofreciendo claramente la impunidad. Si el Estado no se arrodilló en el 2002, cuando estábamos secuestrados en las ciudades y las fuerzas criminales tenían más de 40.000 hombres, cuando no se podía ni transitar por todo el país, ¿por qué ahora se tenía que arrodillar ante siete mil guerrilleros para conseguir beneficios políticos y jurídicos para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad? E incluso para acabar despenalizando el narcotráfico y para legalizar sus fortunas -las de los terroristas- en el exterior. Entonces, pienso, en esas condiciones no había ninguna necesidad de firmar un acuerdo. Yo creo que el mejor camino hubiera sido seguir apostando a la política de seguridad democrática, generando confianza en la gente, y con los resultados que esa buena dirección aportó a la economía.
Al final, los acuerdos sólo han servido para fortalecer el trabajo político de las FARC con recursos del Estado a través de varios programas que incluso cuentan con el apoyo internacional. Se les ha dado un papel institucional que les ha fortalecido y veremos en el futuro, incluso, como las FARC consiguen controlar algunas alcaldías. Además, el proceso se ha hecho de una forma desesquilibrada porque les otorgó una participación política a las FARC, mientras que a algunos que hemos trabajando de forma honesta toda la vida nos cuesta mucho conseguirlo y otros se han quedado en el camino, como por ejemplo el general Mendieta.
De repente, estos señores que llevan destruyendo el país durante años, atrasando el campo, ya que ellos son los verdaderos causantes del subdesarrollo del agro y de que la gente no invierta en la agricultura, se acaban convirtiendo en los adalides del país, incluso de la moral y la ética, otorgándolos asientos en el Senado y en la Cámara de Representantes. Creo, en definitiva, que ha habido un acto de absoluto desequilibrio y de agravio con aquellos que tuvieron un comportamiento ejemplar durante años y que han cumplido con la Ley. No creo que el mensaje enviado a la sociedad haya sido el mejor con este proceso y la lectura que hago es, por supuesto, negativa.
R.A.:Además, la percepción que uno tiene es que la amenaza terrorista y la inseguridad siguen ahí a pesar del proceso de paz, ¿qué opinión tiene acerca de los ataques, atentados y aumento de la inseguridad de estas últimas semanas?
G.L.B.: Nada de nada ha cambiado. Incluso los ataques parecen haberse multiplicado. Los informes de las Naciones Unidas ya alertan del actual estado de cosas. Lo que ha ocurrido es que cada espacio territorial de desmovilización de la guerrilla han surgido grupos disidentes que siguen ejerciendo la violencia. A este problema se le viene a sumar que en esas zonas de violencia conviven el narcotráfico, la minería ilegal y bandas criminales que operan sin control. Luego el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue muy activo, incluso con más capacidad que antes, y sin descartar que en algunos casos haya habido un simple cambio de brazalete. También hay luchas por el control de las rutas del narcotráfico y otros conflictos territoriales que explican muchas de las matanzas que se han producido últimamente. Mucha gente cree que está habiendo más violencia, más muertos, que antes de los acuerdos de paz. El mensaje ha sido claro: cuando una regala la autoridad del Estado y su legitimidad a cambio nada, sólo consigue la impunidad y la violencia.
LA INSEGURIDAD EN COLOMBIA
R.A.:Otro aspecto alarmante es que pese a los acuerdos de paz, las tasas de homicidios siguen siendo muy altas y la inseguridad está llegando a niveles preocupantes, ¿qué está pasando?
G.L.B.: ¿Cómo puede haber paz en un país que pasó de 40.000 hectáreas de cultivos de coca a 200.000? El motor que mueve e inspira a casi todas estas actividades criminales es el narcotráfico, no cabe duda. Tampoco hay políticas desde el gobierno de la nación para erradicar esos cultivos ilícitos y se han propagado como nunca antes en Colombia. En esas circunstancias, sin que nadie actúe, es muy difícil que las cosas cambien.
R.A.:¿Cree que, en general, habría que haber continuado con las políticas de Uribe en esta materia?
G.L.B.: El presidente Uribe lo demostró en su momento que sus políticas eran exitosas. Cuando Uribe tomó las riendas del país, y todos éramos escépticos, tuvo la voluntad política de generar el cambio y nos demostró con hechos que era posible. Vimos luz al final del túnel, devolvió al país la confianza en las instituciones y la seguridad. Recuperamos la legitimidad y el respeto. Hoy lo que único que se ve es el desorden en todos los aspectos de la vida diaria. La gente no respeta a las autoridades ni a la policía, se irrespetan a los agentes del orden, la justicia no actúa ni hace nada y nada funciona adecuadamente. El país necesita una reestructuración a fondo. El orden debe volver al país y la nación reclama el regreso de la seguridad democrática. Hace falta que haya una mayor conexión y colaboración entre la fuerza pública y las autoridades regionales para devolverle a los ciudadanos la tranquilidad y la seguridad. Esa recuperación de la seguridad irá acompañada del regreso de la inversión privada a esas zonas del país.
R.A.:¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar la seguridad pública?
G.L.B.: La inseguridad es una realidad que está en la calle, que está latente, y no una percepción de los medios, como dijo el presidente Santos. Está en la calle y no se puede ocultar. Hace unos días en el exclusivo barrio de Rosales, en Bogotá, a una señora le pegaron tres tiros en la cara por robarle un carro. Todos los días hay atracos y hechos violentos en todo el país, es evidente que reina el descontrol y la violencia desmesurada porque no hay autoridad. Creo que se envío un mensaje equivocado a la sociedad, en el sentido de que unos criminales fueron autorizados a entrar en política y lograr la impunidad sin pagar los crímenes perpetrados. Se perdió autoridad moral y ahora es el momento de reorientar al país por otra senda.
R.A.:¿Qué piensa de la corrupción galopante que sufre Colombia?
G.L.B.:Hay que reconocer, y así lo percibo en el trato con la gente, que hay un desprecio total por la clase política. La gente dice que todos los políticos son iguales, que son unos ladrones. Incluso desconfían de la gente que nunca estuvo en política, como es mi caso, y te dicen a la cara que la gente entra en política para robar. Yo frente a eso pretendo presentar argumentos sólidos y concretos, explicando las cosas y haciendo ver a la gente que ese discurso fue el que acabó triunfando en Venezuela con los desastrosos resultados que todos conocemos. En Venezuela les prometieron que acabarían con la corrupción y miren en qué acabó convertido ese país. Podemos estar ad portas de un proceso parecido al de Venezuela, y eso me preocupa mucho. Por ese motivo, para conjurar esa amenaza, estoy en política.
R.A.: ¿Cuál es el balance de la gestión de Santos?
G.L.B.: El presidente Uribe transmitió al país un mensaje de compromiso y de confianza, algo que se notó desde el primer día. Un discurso que movilizó a la gente y cambió el país. La amenaza terrorista decreció, el país se posicionó en la economía internacional, se recuperó la imagen de Colombia en el mundo, se le devolvió a la gente el orgullo de ser colombiano y, en definitiva, la nación percibió un cambio profundo y radical en la mejor de las direcciones. Hoy, sin embargo, el mensaje es bien distinto. La gente desprecia a la clase política, los jóvenes solo quieren irse del país, el que tiene dinero en el último país en donde invertiría, aunque fuera colombiano, es en Colombia porque no hay seguridad real en las calles ni jurídica para hacer negocios. Los impuestos crecen, se derrocha el dinero público, la corrupción aumenta y así habría muchos más elementos negativos que resaltaría. Hay desmotivación del inversionista, pero también inseguridad jurídica junto a grandes cargas tributarias. ¿Quién va a invertir en esas circunstancias en Colombia?
DE LA MILICIA A LA POLITICA
R.A.:¿Qué le motivó como militar a entrar en política?
G.L.B.:Yo como comandante militar estuve muy implicado en el trabajo rural y desempeñamos algunos trabajos muy exitosos en las áreas en las que estuve destinado en su momento. Muchas veces los políticos no comprendían nuestro trabajo ni tampoco las necesidades de la comunidades. Nos convertimos en articuladores con muy buenos resultados entre el sector privado, las necesidades de la comunidad, los dineros públicos y el sector privado. Las comunidades nos reconocieron esos trabajos y generamos productividad, desarrollo y confianza allá donde trabajábamos. Se generaron semillas de cambio.
Durante el gobierno de Uribe conseguimos que la seguridad fuera de la mano del desarrollo social del campo colombiano. Esa quizá fue mi primera aproximación a la política pero sin ningún interés electoral ni público, sino por el simple hecho de servir a la sociedad desde posición militar. Fue un trabajo silencioso, de compromiso con la comunidad a la que servía. Cuando me pasé al retiro, algunos sectores me reclaman para que continuase con ese trabajo y el presidente Uribe me llama para participar en unas elecciones a la gobernación del Cauca por su partido, Centro Democrático. Así nació este vínculo afectivo con la gente y también mi disposición a comprometerme con mi trabajo al servicio de la sociedad. También creo que hay comprometerse en la lucha contra las amenazas que se ciernen sobre el país, denunciando cómo se pretende imponer el socialismo del siglo XXI y unas políticas fracasadas que han llevado al desastre a Venezuela. Por esos motivos, milito en el partido de Uribe y he tomado esta decisión patriótica, como otros muchos militares, de liderar un proyecto político al servicio de la nación. Estoy en una campaña austera, correcta y recta, tal como es mi proyecto político.
R.A.:Finalmente, ¿como militar cambiaría el modelo de Fuerzas Armadas colombiano?
G.L.B.: Creo que las Fuerzas Armadas colombianas han venido a ser, históricamente, lo que tienen que ser y han sido. Son unas fuerzas muy preparadas, efectivas, experimentadas y muy conectada con las comunidades, con la sociedad, en donde actúa, esa es una de las particularidades de la fuerza pública colombiana.
Ricardo Angoso periodista , analista internacional. Profundo conocedor de la política mundial.
EP NEW YORK | FL NEWS | TPS
El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.
Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.
En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.
La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.
La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.
“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.
En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.
Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.
La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.
En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.
Agencias
EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.
La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.
Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.
Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.
Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.
Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.
Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.
Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.
Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.
Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.
Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.
La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.
Publicado en NYT
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