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Latinoamérica

Existe un plan deliberado del gobierno para empobrecer a los venezolanos

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Pedro Carmona, ex presidente de Venezuela durante dos días tras el golpe de estado de abril de 2002, aún acusa a los chavistas de los asesinados en las revueltas

En abril de 2002, tras una serie de protestas contra el régimen chavista, se producen unos violentos incidentes en Caracas con el resultado de casi una veintena de muertos y la renuncia de Hugo Chávez. La crisis lleva a la conformación de un gobierno de transición que encabeza el líder empresarial Pedro Carmona durante apenas unos días. Ahora, este profesor e investigador universitario que se considera exiliado en Colombia, responde a las preguntas que Diario16.com le formula sobre el actual (y crítico) momento que vive Venezuela.

Por: Ricardo Angoso

        Diario16.com

¿Qué balance hace los acontecimientos que sucedieron en el 2002, cuando Chávez renunció?

 La crisis de abril de 2002 tuvo detonantes que con el tiempo se han ido demostrando, pues fue una jornada de protestas que respondió al derrotero que había tomado el régimen hasta ese momento. Uno de los elementos que generó la crisis de abril fue que el gobierno decidió legislar mediante decretos-leyes que se imponían sin discusión, basándose en leyes habilitantes. Pero también, el gobierno acabó con el diálogo tripartito y desconocía conquistas laborales, en especial en lo relativo a contratos colectivos en que estaba involucrado el Estado. El detonante de la crisis del 2002 fue la politización de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Efectivamente, el gobierno se propuso convertir a esa empresa, que fue manejada hasta entonces de forma meritocrática y que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, en una dependencia política más, y ello anunciaba un desastre para todos los venezolanos. Hoy PDVSA está convertida en la peor empresa energética del mundo después de haberse codeado con las grandes compañías del planeta, y ha pasado de producir 3,5 millones de barriles diarios, a apenas dos millones, teniendo que importar crudo y combustibles a precios internacionales, para vender productos de refinación a precios subsidiados en el mercado interno, o para ayudas al Caribe y Centro América. Ese solo elemento, más el auge de la autocracia por parte del gobierno, ponen en evidencia que las protestas de abril respondían a una demanda justa de la sociedad. Se generó un malestar que llevó a que más de un millón de venezolanos salieran a marchar ante esa situación que ya se vislumbraba iba por el peor de los caminos. Esa protesta de abril desencadenó después la serie de acontecimientos conocidos, entre ellos el anuncio de la renuncia de Chávez por la masacre ocurrida contra una manifestación pacífica, y el desconocimiento por parte de altos oficiales militares de la orden presidencial de reprimir la marcha con armas de guerra.

De otro lado, la desinstitucionalización del país ha sido dramática, me refiero a todas las instituciones medulares del país. Las Fuerzas Armadas de la Nación profesional ha sido transformada en un partido político armado, con una carga ideológica contraria a lo establecido en la Constitución, la cual estipula que las Fuerzas Armadas no deben estar al servicio de persona o de parcialidad política alguna y, solo deben responder a los altos intereses del país, a la defensa de la soberanía y resguardo de la Constitución.

En tercer lugar, la economía está colapsada. Llevar a Venezuela a la bancarrota es una hazaña histórica que será analizada en el futuro como un caso de estudio. No hay que ser economista ni alguien avezado en estos asuntos para identificar las razones que han llevado a esta situación límite. Los ingresos han caído no solo porque los precios del petróleo hayan bajado, sino porque la producción de hidrocarburos ha disminuido dramáticamente. Además, se destruyó el aparato productivo privado: el tejido productivo industrial, agropecuario y comercial está disminuido a un tercio de lo que existía en 1999.

 Por cierto, ¿los crímenes perpetrados en esas jornadas de abril, un total de 19, van a quedar en la total impunidad?

Esos 19 muertos y decenas de heridos en la protesta del 11 de abril de 2002 fueron provocados por la represión a la marcha. El gobierno trató de reescribir la historia y de achacar esas muertes a policías y comisarios de Caracas, pero el mundo vio en tiempo real los disparos que efectuaban los comandos chavistas contra la protesta. Hay videos disponibles en Youtube donde se puede ver a los pistoleros disparando. Fue el gobierno  el que llamó a esos “círculos bolivarianos”, que son los actuales “colectivos”, a que defendieran la revolución con las armas. La marcha era cívica y pacífica y si bien solicitaba la renuncia de Chávez ante la crítica situación en la que se encontraba la nación, lo hacía sin armas, en forma pacífica.  El gobierno mintió al achacar esas 19 muertes a la oposición o a la policía, tergiversando la realidad de lo ocurrido.

La Comisión de la Verdad que Chávez solicitada para investigar esos hechos nunca llegó a constituirse. Los policías que trataron de impedir un enfrentamiento fueron apresados, y los pistoleros del gobierno convertidos en héroes.

 Parece que esta sentencia que anula los poderes del legislativo es la guinda de tarta, ya que llega en un momento de aguda descomposición social y económica de la nación. ¿No lo cree así?

Aparte de la crisis humanitaria que padece Venezuela, hay que señalar la incompetencia del gobierno para gestionar los asuntos básicos. Pero además siempre he pensado que no todo es torpeza, sino que existe un plan deliberado del gobierno para empobrecer a los venezolanos, debilitar a la clase media e impulsar el éxodo de todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen. Ya se habla de casi dos millones y medio de venezolanos que han abandonado el país en estos años, de los cuales 900.000 viven en Colombia. Este fenómeno no tiene precedentes en un país que siempre fue de oportunidades, y receptor de inmigrantes de Europa y del mundo entero, y favorece al régimen al mermar el número de votantes o de inconformes, siguiendo el modelo que tomó Cuba en su momento. Nada mejor para un régimen totalitario que huyan sus oponentes. Está muy claro que el gobierno de Maduro estimula la salida de aquellos que están en desacuerdo con el proceso revolucionario. Pero para el país es una tragedia la pérdida de talento humano; es la peor descapitalización que puede sufrir una nación.

Algunos voceros chavistas han expresado que el régimen necesita a los pobres, pues son más leales al régimen, y porque son fácilmente subyugables con asistencialismo y presiones por parte de un Estado macrocefálico, empleador y repartidor de limosnas al pueblo. La pauperización de la clase media es notoria, nivelándola con los sectores más bajos, con el fin de que todos sean pobres y dependan más del Estado. Ese Estado omnipotente y omnipresente no soluciona los problemas estructurales, sino que somete al pueblo.

De otra parte, el nivel de corrupción que hoy padece Venezuela no se había visto en la historia, pese a que Chávez enarboló las banderas de la lucha contra la pobreza y de lucha contra la corrupción en su campaña electoral. La paradoja es que se ha generado lo contrario: el momento de más corrupción en la historia patria ha sido con este régimen.

Agencias

Por qué el modelo “Bukele” no puede aplicarse a otros países de A.L.

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EP New York. | Latinoamérica | El Salvador

Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina

Aunque todavía se están contando los votos, el presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante las elecciones y afirmó que ganó con más del 85 por ciento de los votos. Si esos resultados se mantienen cuando se anuncie el conteo oficial, ni siquiera los presidentes populistas más conocidos de América Latina, como el presidente venezolano Hugo Chávez o el boliviano Evo Morales, habrán estado cerca de ganar unas elecciones con esos márgenes.

El ascenso sin precedentes de Bukele se explica debido a un factor: el sorprendente descenso en la tasa de delincuencia de El Salvador. Desde que asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado del 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16,4 para el mismo año.

Las medidas enérgicas que Bukele ha encabezado para combatir el crimen organizado prácticamente han desmantelado a las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendidas algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta situación, otros líderes de la región han debatido la posibilidad de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables.

En nuestro recorrido por las calles de la capital, San Salvador, en los días anteriores a las elecciones, vimos cómo las familias han regresado a los parques. Ahora, las personas pueden atravesar las fronteras entre distintos barrios que antes estaban controlados por pandillas y eran imposibles cruzar. El centro de la ciudad, que por años quedaba casi vacío al atardecer, ahora está activo hasta altas horas de la noche.

El problema es que El Salvador, que emprendió una transición hacia la democracia en la década de 1990, se ha desviado de esa ruta. Bukele tiene control en los poderes del gobierno. La nación de 6,4 millones de habitantes funciona como un Estado policial: no es inusual que soldados y policías retiren a los ciudadanos de las calles y los encarcelen de manera indefinida sin ninguna razón y sin darles acceso a un abogado. Hay noticias creíbles de que los reclusos han sido torturados. Varios críticos del gobierno comentaron que los han amenazado con presentar acusaciones en su contra, además de que se han empleado programas espía para monitorear a algunos periodistas. Incluso la votación del domingo pasado se encuentra bajo el microscopio porque el sistema de transmisión de los resultados de la votación preliminar dejó de funcionar de manera muy inusual.

Como politólogos, con experiencia en el estudio de la política latinoamericana, le hemos dado seguimiento al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró una “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó un estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevistadas señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que históricamente ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalidad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78 por ciento.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigación mexicano, en la región se encontraban 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En un año típico, esta región en la que ahora vive solo el ocho por ciento de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos.

Pero quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociaciones con sus líderes, según algunos reportes periodísticos de investigación salvadoreños y una investigación criminal encabezada por un antiguo fiscal general (algo que el gobierno niega). Después, cuando Bukele comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.

Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales, que se comprometieron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparación con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por Castro. En otros países, como México, también se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. En Venezuela, se ha informado que algunos funcionarios militares han tenido su propia operación de tráfico de drogas. Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradicionales del país se han debilitado significativamente desde 2019 y, por lo tanto, no son capaces de contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurables a la democracia.

Publicado en New York Times

 

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Latinoamérica

Más allá del secuestro del padre del futbolista Días , ELN y sus exigencias al gobierno de Petro

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EP New York | Latinoamérica | Colombia

BOGOTÁ — “Fueron jornadas bastante difíciles porque hubo mucha cabalgata, tocó caminar demasiado, subir y bajar muchas montañas buscando la manera de que me tuvieran seguro”, Lui Manuel Díaz.

Así recordó sus 12 días de secuestro el padre del futbolista Luis Díaz en su primera conferencia de prensa el viernes desde su casa familiar en Barrancas, un pequeño pueblo al noreste de Colombia donde fue secuestrado y al que regresó la víspera tras ser liberado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

Las caminatas en la Serranía, una zona de cadenas montañosas donde por décadas han tenido presencia grupos armados, se extendieron hasta por 12 horas.

“Lo que sí sé es que estaba lejos de La Guajira (colombiana)… De eso sí estoy seguro, que estuve cerca, muy cerca a la frontera” con Venezuela, relató Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del futbolista de la selección Colombia y del club inglés Liverpool.

Según Díaz Jiménez, la guerrilla no exigió dinero a su familia para liberarlo y en cautiverio le dijeron que “estuviera tranquilo que pues a mí no me iba a pasar nada, sabiendo ellos que yo era una persona muy humilde y querida en mi pueblo por la labor que hago”, dijo en referencia a la escuela de fútbol que lidera.

Pese a su secuestro, Díaz Jiménez dijo apoyar que los diálogos con la guerrilla continúen y abogó por la libertad de todos los secuestrados para que como él regresen al seno de su familia.

Tras su liberación, el jefe negociador del gobierno colombiano en la mesa de paz con el ELN consideró que la exigencia de dejar de secuestrar puede acelerar el proceso de diálogo, al tiempo en que descartó la suspensión de las conversaciones con la guerrilla.

“El hecho desafortunado del secuestro puede convertirse en un elemento positivo porque puede acelerar este proceso. Podemos llegar al fin del conflicto durante este gobierno, tenemos que tener en cuenta que la metodología que estamos abordando es: acuerdo hecho, acuerdo que se implementa”, aseguró el viernes Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del gobierno a The Associated Press en una entrevista telefónica.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, primero de izquierda en el poder, negocia con el ELN desde noviembre de 2022 y pactó un cese al fuego bilateral desde agosto de 2023. Se trata del sexto intento del Estado colombiano de alcanzar la paz desde 1964, cuando el grupo se alzó en armas bajo la inspiración de la revolución cubana.

El secuestro de Díaz Jiménez a manos de hombres armados en Barrancas, al noreste del país, dejó los diálogos con la guerrilla en una situación crítica y provocó que el gobierno exigiera la eliminación del secuestro como práctica.

Patiño detalló que tienen conocimiento de 24 denuncias de secuestros por parte del ELN desde el 3 de agosto, de las cuales 19 han sido establecidas como “posiblemente ciertas”, sin embargo, no saben con certeza cuántas personas fueron secuestradas con anterioridad y están en poder de la guerrilla.

El gobierno, según explicó Patiño, suponía que el fin del secuestro hacía parte del acuerdo del cese al fuego vigente en el que quedó expreso el respeto del Derecho Internacional Humanitario. El ELN, sin embargo, no lo interpretó de la misma manera.

Para el jefe negociador, abandonar el secuestro es “una exigencia nacional y urgente” que pasa a ser el primer punto a tratar en la mesa de negociación.

“La práctica del secuestro ha hundido procesos enteros, ha sido un elemento que ha generado odios inmensos contra otras organizaciones como las FARC, que no han podido levantar cabeza todavía de ese tema así hayan firmado el acuerdo de paz”, aseguró Patiño, cofundador de la extinta guerrilla M-19, la misma en la que militó Petro durante su juventud.

En Colombia el secuestro ha dejado huella en la sociedad. Millones de colombianos salieron a manifestarse en 2008 contra los secuestros que cometían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese entonces circulaban imágenes de secuestrados encadenados y encerrados con alambres de púas en medio de la selva. Las FARC firmaron en 2016 un histórico acuerdo de paz con el Estado y ahora rinden cuentas por el secuestro y otros delitos ante un tribunal de paz.

Patiño aseguró que la delegación gubernamental supo que el ELN tenía secuestrado a Díaz Jiménez antes de que la guerrilla lo admitiera y sólo asumieron su responsabilidad después de que el gobierno los señalara como los autores, dando inicio al proceso de liberación.

El ELN no permitió la liberación de Díaz Jiménez hasta tanto se retiraran las tropas del Ejército de la Serranía del Perijá, donde lo mantuvieron cautivo en la frontera con Venezuela. Según Patiño, el ELN no llevó al padre del futbolista hasta Venezuela, sino que lo mantuvo en territorio colombiano.

“La fuerza pública hizo un despliegue muy rápido para copar la zona y los tuvieron permanentemente en jaque. Por supuesto, actuaron prudentemente para que la presión no fuese a generar un desenlace trágico”, indicó Patiño.

El jefe negociador del gobierno descartó suspender la mesa de negociación con el ELN tras el secuestro y liberación de Díaz Jiménez.

“Sería un acto de suma irresponsabilidad nuestra abandonar la mesa. Por el contrario, hay que mirar la mesa como un instrumento para exigir el fin del secuestro y ser voceros de ese clamor nacional”, apuntó.

Con información de AP .

 

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Agencias

Elecciones regionales de Colombia. ¿Derrotado el petrismo?

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EP New York | Colombia | elecciones  regionales

Agencias

Bogotá—– conclusiones de los resultados de las elecciones regionales celebradas en Colombia (y cómo queda el presidente Petro)

Galán le dijo a Petro: “Bogotá se respeta”

Las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre pusieron de manifiesto una verdad histórica en Colombia: este es, ante todo, un país fragmentado.

Ningún partido, político o movimiento se puede considerar gran vencedor o gran perdedor de las elecciones que eligieron 1.102 alcaldías y 32 gobernaciones: hubo, en realidad, un poco de todo y las variables de cada elección respondieron a dinámicas locales más que nacionales.

En general los colombianos, preocupados por la seguridad y la economía familiar, según las encuestas, optaron por opciones que aspiran a la estabilidad, a lo conocido, a resolver sus líos diarios más que a cambiar de fondo al país.

Algunos tomaron eso como un voto de castigo al presidente, Gustavo Petro, pero la cosa es más compleja: el petrismo tuvo una derrota simbólica en Bogotá, pero es un movimiento sin mucha experiencia ni proyección nacional a nivel local y regional.

Petro ha recibido un llamado de atención de parte de los colombianos, aunque mantiene entre un 30% y un 40% de aprobación en las encuestas.

Lo cierto es que, como suelen decir los politólogos colombianos, unas elecciones regionales no se pueden leer con los ojos de las elecciones presidenciales: lo local no es lo nacional.

Y este año no fue la excepción.

En la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, barrió un viejo conocido de la centroizquierda, Carlos Fernando Galán, que combina propuestas nuevas con un tímido continuismo de Claudia López, la saliente alcaldesa con quien perdió hace cuatro años. Galán es hijo del asesinado dirigente liberal Luis Carlos Galán.

En Medellín ganó un exalcalde, Federico Gutiérrez, lo que significó, de alguna manera, la vuelta al poder del uribismo. En Barranquilla ganó el oficialismo, en Cali ganó la oposición y en Bucaramanga un viejo poder con cara de nuevo, de bukelista.

En las gobernaciones, mientras tanto, los poderes tradicionales ligados al empresariado de cada región, los famosos “clanes políticos“, demostraron que están lejos de perder su influencia.

Y así, cada elección fue un mundo. Además porque este año se añadió una nueva variable: participaron 35 partidos distintos, un récord histórico en un país que hace 30 años solo sabía de dos partidos.

Dicho lo anterior, estas elecciones arrojan algunas conclusiones sobre el momento político que vive Colombia. Y acá resumimos cuatro.

1. Petro no ha puesto las bases del petrismo

En las generales de 2022, Petro hizo historia al convertirse en el primer presidente de izquierda en el país. Además, en el Congreso, su movimiento, el Pacto Histórico, fue la fuerza mayoritaria.

Sin embargo, en estas regionales el PH pasó de agache: no ganó ni apoyó al vencedor de ninguna de las ciudades grandes, mantuvo el poder en solo dos gobernaciones (Nariño y Magdalena) y no será mayoría en ninguna de las asambleas departamentales o concejos municipales.

El PH, que no es un partido sino una coalición, llegó dividido a estas elecciones y no presentó candidatos fuertes en las alcaldías más sonadas del país.

Su candidato en Bogotá, el exsenador y libretista Gustavo Bolívar , perdió la puja por el segundo puesto ante un sofisticado tecnócrata de centroderecha sin recorrido político, Juan Daniel Oviedo.

Petro prometió a los colombianos acabar con la pobreza, la desigualdad y la violencia. Para eso, necesita sentar las bases de un partido robusto, formal y eficiente que tenga presencia en todo el sistema político colombiano.

Ese cometido sigue pendiente.

2. Bogotá, el bastión del progresismo, elige lo seguro

A pesar de tener cierto apego por el progresismo, Bogotá siempre ha sido un electorado indefinible.

De hecho, es usual que la capital esté presidida por un político opuesto a quien está en la presidencia. Ocurre ahora con Claudia López y posiblemente será así con Galán.

El alcalde electo ganó en la tercera oportunidad que se presentaba, y lo hizo con el apoyo de votantes de todas las corrientes y partidos nuevos así como con los vinculados a la vieja política.

Galán representa una conjunción de posturas que prometen eficiencia, seguridad y sentido común sin mucha ideología. Además, se apoya en el legado de su padre, un político asesinado por los narcos que prometía modernizar el liberalismo.

Su partido, el Nuevo Liberalismo, tuvo un pésimo resultado en las legislativas y presidenciales del año pasado, pero ahora arrasó en la alcaldía de Bogotá. Una prueba más de que regionales y presidenciales son mundos diferentes.

3. El antipetrismo es variopinto

Aunque Petro recibió un llamado de atención, su oposición tampoco se puede declarar la gran vencedora de estas elecciones.

La mayoría de los candidatos que ganaron se mostraron críticos con el presidente, pero la diversidad entre ellos hace difícil pensar que son parte de un mismo movimiento.

Y es que durante las campañas la postura sobre Petro no fue la principal variable: jugaron más las obras de infraestructura, los problemas de seguridad, el acceso a la educación y la salud, y las lógicas clientelares locales.

Todos los alcaldes de las grandes ciudades serán ahora opositores a Petro: en Bogotá ganó la centroizquierda tradicional, en Medellín venció la derecha uribista y en Cali y Barranquilla ganaron las centroderechas empresariales.

Pero eso no quiere decir que todos son parte de un mismo frente que amenaza la gobernabilidad de Petro.

La relación Bogotá-nación siempre ha sido difícil. Lo fue con Claudia López. Lo será con Galán.

4. Los barones regionales y los partidos tradicionales están vigentes

En las regionales de hace cuatro años los resultados mostraron una tendencia nacional: la mayoría de los elegidos eran figuras nuevas, alejadas de los partidos tradicionales que han gobernado el país por décadas.

Este año, sin embargo, la tendencia es la inversa: en la mayoría de alcaldías y gobernaciones ganaron políticos asociados a estructuras de partido tradicionales, con fuertes vínculos a las empresas y una manera utilitarista, más que ideológica, de hacer política.

Cada región de Colombia tiene su propio poder económico y político. Usualmente son familias, o grupos de familias, con negocios que han desarrollado una filial política.

Petro se acercó a muchas de ellas para ganar la presidencia, y ahora las tendrá de nuevo en el poder, motivo por el cual algunos analistas vaticinan una mejor ejecución de los recursos: pudo haber recibido un golpe, dicen, pero también puedo haber ganado eficiencia.

Por la accidentalidad de su geografía y por el desarrollo desigual y excluyente de sus regiones, Colombia siempre ha sido un país de poderes locales. Estas elecciones lo demostraron una vez más.

BBC.

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