Latinoamérica
Existe un plan deliberado del gobierno para empobrecer a los venezolanos
Published
6 years agoon
Pedro Carmona, ex presidente de Venezuela durante dos días tras el golpe de estado de abril de 2002, aún acusa a los chavistas de los asesinados en las revueltas
En abril de 2002, tras una serie de protestas contra el régimen chavista, se producen unos violentos incidentes en Caracas con el resultado de casi una veintena de muertos y la renuncia de Hugo Chávez. La crisis lleva a la conformación de un gobierno de transición que encabeza el líder empresarial Pedro Carmona durante apenas unos días. Ahora, este profesor e investigador universitario que se considera exiliado en Colombia, responde a las preguntas que Diario16.com le formula sobre el actual (y crítico) momento que vive Venezuela.
Por: Ricardo Angoso
¿Qué balance hace los acontecimientos que sucedieron en el 2002, cuando Chávez renunció?
La crisis de abril de 2002 tuvo detonantes que con el tiempo se han ido demostrando, pues fue una jornada de protestas que respondió al derrotero que había tomado el régimen hasta ese momento. Uno de los elementos que generó la crisis de abril fue que el gobierno decidió legislar mediante decretos-leyes que se imponían sin discusión, basándose en leyes habilitantes. Pero también, el gobierno acabó con el diálogo tripartito y desconocía conquistas laborales, en especial en lo relativo a contratos colectivos en que estaba involucrado el Estado. El detonante de la crisis del 2002 fue la politización de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Efectivamente, el gobierno se propuso convertir a esa empresa, que fue manejada hasta entonces de forma meritocrática y que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, en una dependencia política más, y ello anunciaba un desastre para todos los venezolanos. Hoy PDVSA está convertida en la peor empresa energética del mundo después de haberse codeado con las grandes compañías del planeta, y ha pasado de producir 3,5 millones de barriles diarios, a apenas dos millones, teniendo que importar crudo y combustibles a precios internacionales, para vender productos de refinación a precios subsidiados en el mercado interno, o para ayudas al Caribe y Centro América. Ese solo elemento, más el auge de la autocracia por parte del gobierno, ponen en evidencia que las protestas de abril respondían a una demanda justa de la sociedad. Se generó un malestar que llevó a que más de un millón de venezolanos salieran a marchar ante esa situación que ya se vislumbraba iba por el peor de los caminos. Esa protesta de abril desencadenó después la serie de acontecimientos conocidos, entre ellos el anuncio de la renuncia de Chávez por la masacre ocurrida contra una manifestación pacífica, y el desconocimiento por parte de altos oficiales militares de la orden presidencial de reprimir la marcha con armas de guerra.
De otro lado, la desinstitucionalización del país ha sido dramática, me refiero a todas las instituciones medulares del país. Las Fuerzas Armadas de la Nación profesional ha sido transformada en un partido político armado, con una carga ideológica contraria a lo establecido en la Constitución, la cual estipula que las Fuerzas Armadas no deben estar al servicio de persona o de parcialidad política alguna y, solo deben responder a los altos intereses del país, a la defensa de la soberanía y resguardo de la Constitución.
En tercer lugar, la economía está colapsada. Llevar a Venezuela a la bancarrota es una hazaña histórica que será analizada en el futuro como un caso de estudio. No hay que ser economista ni alguien avezado en estos asuntos para identificar las razones que han llevado a esta situación límite. Los ingresos han caído no solo porque los precios del petróleo hayan bajado, sino porque la producción de hidrocarburos ha disminuido dramáticamente. Además, se destruyó el aparato productivo privado: el tejido productivo industrial, agropecuario y comercial está disminuido a un tercio de lo que existía en 1999.
Por cierto, ¿los crímenes perpetrados en esas jornadas de abril, un total de 19, van a quedar en la total impunidad?
Esos 19 muertos y decenas de heridos en la protesta del 11 de abril de 2002 fueron provocados por la represión a la marcha. El gobierno trató de reescribir la historia y de achacar esas muertes a policías y comisarios de Caracas, pero el mundo vio en tiempo real los disparos que efectuaban los comandos chavistas contra la protesta. Hay videos disponibles en Youtube donde se puede ver a los pistoleros disparando. Fue el gobierno el que llamó a esos “círculos bolivarianos”, que son los actuales “colectivos”, a que defendieran la revolución con las armas. La marcha era cívica y pacífica y si bien solicitaba la renuncia de Chávez ante la crítica situación en la que se encontraba la nación, lo hacía sin armas, en forma pacífica. El gobierno mintió al achacar esas 19 muertes a la oposición o a la policía, tergiversando la realidad de lo ocurrido.
La Comisión de la Verdad que Chávez solicitada para investigar esos hechos nunca llegó a constituirse. Los policías que trataron de impedir un enfrentamiento fueron apresados, y los pistoleros del gobierno convertidos en héroes.
Parece que esta sentencia que anula los poderes del legislativo es la guinda de tarta, ya que llega en un momento de aguda descomposición social y económica de la nación. ¿No lo cree así?
Aparte de la crisis humanitaria que padece Venezuela, hay que señalar la incompetencia del gobierno para gestionar los asuntos básicos. Pero además siempre he pensado que no todo es torpeza, sino que existe un plan deliberado del gobierno para empobrecer a los venezolanos, debilitar a la clase media e impulsar el éxodo de todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen. Ya se habla de casi dos millones y medio de venezolanos que han abandonado el país en estos años, de los cuales 900.000 viven en Colombia. Este fenómeno no tiene precedentes en un país que siempre fue de oportunidades, y receptor de inmigrantes de Europa y del mundo entero, y favorece al régimen al mermar el número de votantes o de inconformes, siguiendo el modelo que tomó Cuba en su momento. Nada mejor para un régimen totalitario que huyan sus oponentes. Está muy claro que el gobierno de Maduro estimula la salida de aquellos que están en desacuerdo con el proceso revolucionario. Pero para el país es una tragedia la pérdida de talento humano; es la peor descapitalización que puede sufrir una nación.
Algunos voceros chavistas han expresado que el régimen necesita a los pobres, pues son más leales al régimen, y porque son fácilmente subyugables con asistencialismo y presiones por parte de un Estado macrocefálico, empleador y repartidor de limosnas al pueblo. La pauperización de la clase media es notoria, nivelándola con los sectores más bajos, con el fin de que todos sean pobres y dependan más del Estado. Ese Estado omnipotente y omnipresente no soluciona los problemas estructurales, sino que somete al pueblo.
De otra parte, el nivel de corrupción que hoy padece Venezuela no se había visto en la historia, pese a que Chávez enarboló las banderas de la lucha contra la pobreza y de lucha contra la corrupción en su campaña electoral. La paradoja es que se ha generado lo contrario: el momento de más corrupción en la historia patria ha sido con este régimen.
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Agencias
La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?
Published
1 week agoon
March 23, 2023By
FranciscoEP New York | Latinoamérica | agencias
cómo Colombia sometería al narco a la justicia
BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.
La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.
The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?
El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.
Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.
El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.
El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.
¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?
El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.
Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.
¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?
Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.
En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.
Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.
El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.
En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.
Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.
¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?
Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.
Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.
“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.
CRÍTICAS AL PROYECTO
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.
Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.
En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.
El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.
La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.
Con información de AP
Agencias
¿Por qué están llegando miles de mujeres rusas embarazadas a Argentina?
Published
4 weeks agoon
March 4, 2023By
FranciscoEP New York | Latinoamérica
¿Refugiadas u oportunistas? El dilema con las embarazadas rusas en Argentina
Buenos Aires .- Maria Konovalova supo que iba a ser madre en agosto del año pasado. Entonces vivía en San Petersburgo, impartía clases de inglés para niños y estaba satisfecha con su vida. Su intención era continuar con el embarazo en Rusia, pero la “movilización parcial” decretada por el Gobierno cambió sus planes y Argentina se cruzó en su camino.
“Fue un momento terrible, porque mi marido fue al trabajo por la mañana y no sabía si podría verlo por la noche. Los policías estaban deteniendo a gente por la calle y enviándolos lejos, así que entendimos que era complicado vivir más tiempo allí”, señala la joven, de 25 años, en una conversación con EFE en Buenos Aires.
Konovalova es una de las más de 10.000 ciudadanas rusas que viajaron hasta Argentina desde principios del año pasado; un flujo visto con suspicacia por las autoridades migratorias, que interpretan estos movimientos como un método irregular de obtener la ciudadanía argentina y como un negocio para las “mafias”
El jefe del servicio de obstetricia del Hospital Alemán, Matías Uranga, posa durante una entrevista con EFE, el 26 de febrero de 2023 en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Odisea en el aeropuerto embarazadas
Después de 26 horas de vuelo desde San Petersburgo, Konovalova aterrizó en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza el pasado 9 de febrero. En ese momento no podía sospechar que pasaría otras 24 horas retenida en la sala de espera, al igual que otras cinco rusas con las que solo tenía una cosa en común: estar embarazadas.
“Los agentes de Migraciones veían extraño que viajase sola, como que quería dejar a mi bebé aquí e irme de nuevo, una historia sobre mafias o algo así (…). Después de seis horas de espera, nos dieron un papel con que no estábamos admitidas”, relata.
La versión oficial sostiene que estas mujeres eran “falsas turistas” que viajaron con la única intención de dar a luz a sus bebés, anotarlos como argentinos y abandonar el país; algo que, según la Dirección Nacional de Migraciones, supone una “desnaturalización” del acuerdo que permite a los rusos permanecer hasta 90 días sin visado en Argentina.
En este contexto, Konovalova y otras dos ciudadanas rusas contactaron con Christian Rubilar, abogado especializado en ciudadanía argentina, quien interpuso un habeas corpus para lograr su liberación y posterior ingreso en Argentina.
“Lo que se logró en los habeas corpus es que ya no se pueda arrestar más a mujeres embarazadas y que se habiliten las causales que tienen que ver con el derecho internacional humanitario”.
Partos en ascenso
La detención de estas mujeres embarazadas evidenció la creciente llegada de ciudadanos rusos a Argentina como consecuencia de la guerra: solo en enero de este año arribaron al país suramericano un total de 4.523 rusos, cifra que contrasta con los 1.037 que lo hicieron en el mismo mes del 2022, según datos oficiales.
Muchos de ellos son mujeres con 33 o 34 semanas de embarazo que buscan dar a luz en hospitales de Buenos Aires, como es el caso del Hospital Alemán, uno de los centros médicos “preferidos” por las visitantes eslavas.
“El año pasado hicimos alrededor de 30 nacimientos de pacientes rusas, lo que pasa es que este año están llegando más. Se calcula que va a haber más del doble de mujeres embarazadas que van a venir a tener sus familias acá”, asegura a EFE Matías Uranga, jefe del servicio de Obstetricia del Hospital Alemán.
Estas mujeres embarazadas vuelan al país suramericano atraídas por la “excelente” calidad de sus servicios médicos, apunta Uranga, quien constata la “preocupación” presente en la mayoría de ellas.
“Muchas mujeres deciden tener a sus familias en otros países para que sus maridos escapen de la guerra, entonces vienen con una cuestión psicológica preocupante. No solamente por la guerra, sino que salir de tu país, embarazada, e irte a otro con un idioma totalmente distinto a tener tu hijo… Es bastante complicado”, manifiesta.
Venir para quedarse
Superado el susto inicial en Ezeiza, la experiencia de Maria Konovalova en Argentina no podía ser más agradable, no sólo por la “amabilidad” y “cercanía” de sus habitantes -“no me moveré de aquí en siete años”, subraya-, sino por la posibilidad de vivir en un entorno más libre que la Rusia de Vladímir Putin.
“No quiero pensar en qué está pasando allí, porque es triste, realmente triste. Quiero que mi país sea libre y que no tenga el presidente que tiene ahora mismo; quiero que la guerra se detenga, quiero una vida mejor para los rusos… Pero ahora tengo cosas mejores en las que pensar”, afirma Konovalova, abrazando con ternura su barriguita.
Tras meses de incertidumbre, su historia, al menos, tendrá final feliz. Su pareja logró entrar en Argentina y juntos podrán criar a Aleksard, que nacerá a finales de mayo.
Con información de EFE
Latinoamérica
6 años de cárcel para expresidenta de Argentina
Published
4 months agoon
December 7, 2022By
FranciscoEP New York | América Latina
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión por corrupción
Buenos Aires | La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.
Manifestantes kirchneristas se concentran frente a los tribunales federales de Comodoro Py, para aguardar la lectura del fallo del juicio que afronta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martín Campaya
La pena dispuesta para Fernández en la denominada «causa Vialidad» es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, saluda a la salida de su casa previo al veredicto sobre el caso en su contra, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Enrique García Medina
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.
Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.
En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.
La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.
En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.
EFE


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