EP New York | Latinoamérica

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Primeros despidos en el gobierno Petro por escándalo de escuchas

BOGOTÁ — A pesar de defender a su jefa de gabinete, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el viernes que la alta funcionaria era removida de su cargo para que enfrente investigaciones por un escándalo de escuchas ilegales sin vínculos con el ejecutivo.

El jefe de Estado colombiano también anunció que el embajador del país en Venezuela, Armando Benedetti, saldrá del gabinete bajo el mismo argumento, pues se sospecha que facilitó que el caso saliera a la luz pública por sus diferencias con Laura Sarabia, la jefa de gabinete.

El asunto se ha convertido en una polémica en Colombia y para el gobierno de Petro, que abanderaba el “cambio” y que prometió acabar con prácticas de escuchas ilegales que sucedieron en el gobierno de Álvaro Uribe.

La crisis política Tomó mayor dimensión en las últimas horas, tras el anuncio de la Fiscalía General el jueves de abrir una investigación por las presuntas intervenciones telefónicas a dos trabajadoras domésticas de Sarabia. Se indaga si hubo abuso de poder de la jefa de gabinete.

Petro, durante una ceremonia de ascensos del Ejército Nacional, dijo que la decisión se toma “para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, sino a las autoridades competentes”.

A pesar de la salida de los dos altos cargos, el Jefe del Estado defendió a su jefa de gabinete, un cargo de confianza, y dijo que nunca actuó por fuera de la Ley. “Si en mi casa se perdiera un papel reservado o de inteligencia, yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean”, puntualizó el mandatario.

Además, dijo que nadie se ha detenido a analizar la reacción de una “joven recién parida, con su primera experiencia maternal, cuando sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en zozobra y que reacciona dentro de la ley”.

Petro hizo referencia a la prueba de polígrafo que le practicaron a la niñera de Sarabia, después de que se perdiera un maletín con unos 7.000 dólares de su casa. Sin embargo, hasta ahora el Jefe de Estado niega que alguien de su gobierno haya dado la orden de interceptar teléfonos.

“A nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni personas humildes. Eso no es cierto. No se les ha dado esa orden ni se les dará”, dijo el mandatario durante la ceremonia militar.

De acuerdo con la Fiscalía, la policía creó dos perfiles falsos de las mujeres, vinculándolas con grupos narcotraficantes, como pretexto para que un juez local autorizara las interceptaciones telefónicas, después de que desapareciera un maletín con dinero de la casa de Laura Sarabia, la saliente jefa de gabinete. Con ese informe, un juez local autorizó las escuchas sin que la Fiscalía estuviese enterada.

“Podemos decir con claridad que las ‘chuzadas’, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, sentenció el Fiscal General Francisco Barbosa la víspera.

Informó, además, que en los próximos días se llamará a imputación de cargos a varios implicados en estas actuaciones ilegales, sin precisar quiénes podrían ser. Detalló que se han abierto tres líneas de investigación: una por el robo del maletín, otra por la práctica irregular de las pruebas de polígrafo y otra por las escuchas ilegales.

Días atrás el fiscal Barbosa ya había advertido que la entidad que él dirige es la única que tiene la potestad de investigar actuaciones criminales. La legislación colombiana establece, además, que los organismos de inteligencia sólo pueden interceptar teléfonos con la autorización de un juez.

Según su denuncia, se practicaron escuchas ilegales a dos colaboradoras de Sarabia después de que la jefa de gabinete denunciara el pasado 29 de enero la pérdida de un maletín con 7.000 dólares en efectivo que había en su casa. Lo que investiga ahora la Fiscalía es si la funcionaria utilizó el aparato de inteligencia estatal para esclarecer la desaparición del dinero.

Cuando Sarabia puso la denuncia del robo del maletín en la Fiscalía, no señaló que sus colaboradoras podrían ser sospechosas. De acuerdo con la Fiscalía, el 30 de enero, es decir un día después del robo, agentes de inteligencia de la policía habrían iniciado las escuchas ilegales a las dos mujeres.

El viernes, la Fiscalía ratificó la denuncia, después de que la Policía Nacional emitiera un comunicado en el que decía que las interceptaciones ilegales ocurrieron dos días antes de la pérdida del maletín y sólo duraron 72 horas. La Fiscalía insistió en que las escuchas comenzaron un día después de la desaparición de la maleta y duraron 10 días.

La saliente jefa de gabinete había acusado al embajador de haber organizado todo para que toda esta situación se hiciera pública y de poner sobre la mesa el presunto abuso de poder. Mientras Benedetti sugirió que la alta funcionaria estuvo detrás de las escuchas ilegales pues ella misma le contó que una de las trabajadoras -una niñera- tenía intenciones de denunciar ante los medios que se sentía perseguida. Según el embajador, Sarabia no tenía forma de saber los planes de la mujer salvo por las interceptaciones telefónicas.

Con información de AP-EFE

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Fuerte choque entre el Presidente de Colombia y la Fiscalía

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, protagonizaron el viernes un nuevo enfrentamiento público, a raíz de los señalamientos que lanzó el Jefe de Estado contra un fiscal regional por supuestos vínculos con criminales.

El fiscal general reaccionó a las críticas contra el servidor judicial y la discusión con el presidente escaló. Petro se dirigió el viernes desde España a Barbosa: “El Fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

La declaración generó una rápida respuesta del titular de la Fiscalía, quien lo acusó a Petro de acercarse a un régimen dictatorial. “Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el Presidente de la República sino un dictador en Colombia”, expresó Barbosa quien alegó que la afirmación afecta al Estado de derecho y es un irrespeto a la independencia de poderes en el país.

A ese cuestionamiento se sumó un pronunciamiento el viernes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, también rechazando la declaración del presidente Petro.

La Corte señaló al presidente Petro de estar haciendo una interpretación errada de la constitución política de Colombia y consideró que está desconociendo “la autonomía e independencia judicial que es cláusula fundacional de la democracia colombiana”.

A media tarde del viernes, Barbosa anunció que sacará a su familia del país por razones de seguridad. El funcionario dice que las declaraciones del presidente Gustavo Petro lo pusieron en riesgo.

“Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones”, dijo el fiscal, al considerar que “seguramente habrá consecuencias” si decide no obedecer al presidente Petro, que esta mañana dijo que era su jefe.

El presidente Petro respondió a través de un extenso mensaje en Twitter que el fiscal general lo está irrespetando y que él como Jefe del Estado tiene derecho a preguntar por investigaciones y denuncias que constituyen una violación del Derecho Internacional Humanitario.

Este nuevo episodio comenzó con un tuit del presidente Petro citando un artículo escrito por el periodista Gonzalo Guillén, en el que se menciona que el fiscal Daniel Hernández habría “encubierto” el homicidio de unas 200 personas a manos de la banda criminal “Clan del Golfo” en la costa norte de Colombia.

El artículo recoge que el fiscal Hernández habría recibido los listados de las personas que iban a ser ejecutadas y que el funcionario esperó a que ocurrieran esos homicidios y luego protegió a los asesinos. El presidente Petro pidió investigar esa información al considerarla “muy grave” y escribió un mensaje en Twitter acompañado de una fotografía en la que aparecía el funcionario judicial con su hijo de 13 años.

“El Presidente de la República fijó el trino y acompañó la publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, denunció el Fiscal Barbosa, quien considera que de esa forma puso “una lápida sobre los funcionarios judiciales”. Además, responsabilizó al mandatario de lo que le pueda ocurrir al fiscal Hernández y a su familia.

Barbosa comentó, además, que el fiscal Hernández es una víctima de la masacre de la Rochela, cometida por paramilitares en 1989 y que “decirle a una víctima reconocida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima”.

El fiscal Barbosa y el presidente Petro ya habían tenido otros desencuentros. El más recordado tiene que ver con las duras críticas que lanzó en su momento el jefe del ente acusador contra el plan de “paz total” del presidente Petro por los beneficios que se planteaban para los criminales.

Barbosa asumió el cargo en la Fiscalía en febrero de 2020. Fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, uno de los altos tribunales constitucionales, de una terna que presentó el entonces presidente de Colombia, Iván Duque. Antes de ser fiscal general, había sido funcionario del gobierno de la época, de tendencia derechista.

El choque de poderes se dio un día después de que la justicia colombiana hubiera anulado la elección del presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, por doble militancia política. Barreras es considerado un alfil estratégico del gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo y, si la decisión queda en firme después de apelaciones, en el transcurso de las próximas semanas tendría que dejar el cargo en el Congreso.

Con inf. de AP