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Agencias

Javier Milei , un derechista ‘anarcocapitalista’

Francisco

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EP New York | Latinoamérica | Argentina

Argentina se prepara para un presidente ‘anarcocapitalista’

Javier Milei ha dicho que la sociedad es mejor sin Estado. Ahora está a punto de dirigir el de Argentina.

Javier Milei se dio a conocer al público argentino como un personaje combativo de la televisión, con un peinado rebelde y una proclividad a insultar a sus críticos. Por eso, cuando el año pasado anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de Argentina, muchos lo consideraron un actor secundario.

El domingo fue electo como el próximo presidente de Argentina, y ahora tiene la misión de sacar a una de las mayores economías de América Latina de una de sus peores crisis.

Muchos argentinos se despertaron el lunes ansiosos, otros esperanzados, pero prácticamente todos tenían dudas sobre lo que les espera.

Quizá la única certeza sobre el futuro político y económico del país era que, en tres semanas, un  político de extrema derecha con escasa experiencia en la función pública tomará las riendas de un gobierno que se ha comprometido a trastocar.

En otras palabras, es el momento Donald Trump de Argentina.

Milei, economista libertario y diputado novato, dejó claro en su discurso de victoria del domingo que actuaría con rapidez para modificar el gobierno y la economía. “La situación de la Argentina es crítica”, dijo. “Los cambios que necesita nuestro país son drásticos. No hay lugar para el gradualismo”.

Los mercados aplaudieron su elección, y las acciones y bonos argentinos subieron en las bolsas estadounidenses (el mercado argentino estaba cerrado por un feriado). Incluso sin tener claro lo que puede lograr, los mercados parecen considerarlo una mejor apuesta económica que sus predecesores, en su mayoría de izquierda.

Las políticas económicas fracasadas —incluidos el gasto excesivo, las medidas comerciales proteccionistas, la asfixiante deuda internacional y la impresión de más pesos para pagarla— han llevado al país de 46 millones de habitantes a una caída económica en picada.

La inflación anual ha superado el 140 por ciento, la tercera tasa más alta del mundo, dejando a muchos argentinos dispuestos a gastar o convertir sus pesos a dólares estadounidenses o criptomonedas tan rápido como les sea posible, mientras que el creciente número de pobres del país hace fila en los bancos de alimentos y comedores de beneficencia.

Para solucionarlo, Milei ha propuesto convertir la 22ª economía del mundo en un laboratorio de ideas económicas radicales que en gran medida no se han probado en ningún otro lugar.

Milei, de 53 años, ha dicho que quiere recortar el gasto y los impuestos, privatizar empresas estatales, eliminar 10 de los 18 ministerios federales, pasar las escuelas públicas a un sistema de , hacer que el sistema público de asistencia a la salud esté basado en seguros, cerrar el banco central y sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense.

Se identifica como “anarcocapitalista”, que, según ha dicho, es una corriente libertaria radicalmente librecambista que cree que “la sociedad funciona mucho mejor sin Estado que con Estado”.

Ahora es el jefe del Estado.

“Este es un escenario completamente nuevo en el que nunca hemos estado”, dijo María O’Donnell, periodista política y locutora de radio argentina. “Milei tiene estas ideas tan extravagantes que nunca hemos visto aplicadas en ningún lugar del mundo”.

Ha habido poco consenso entre los economistas sobre el mejor camino a seguir para Argentina, pero pocos habían sugerido el enfoque de Milei antes de que llegara a la escena; y pocos saben qué esperar ahora que estará a cargo.

El lunes por la mañana, Milei empezó a tambalear en algunas de sus promesas electorales. En una entrevista radiofónica, afirmó que la legislación argentina le impediría privatizar la salud y la educación. En otra, cuando se le preguntó por su plan para utilizar el dólar estadounidense, respondió que “la moneda que se elija es la moneda que elijan los argentinos”.

¿Qué significa eso? “No estoy seguro de que lo sepa”, dijo Eduardo Levy Yeyati, economista y profesor argentino.

Levy Yeyati lo interpretó como una señal de que Milei se propondría en primer lugar eliminar la mayoría de las restricciones al comercio de divisas, que el gobierno argentino ha impuesto como parte de su esfuerzo por apuntalar el valor del peso argentino. Otros comentarios de Milei el lunes parecieron apoyar esa idea.

“Argentina ha sido históricamente un laboratorio de ideas extrañas”, dijo Levy Yeyati, pero muchas de ellas nunca se llevan a la práctica debido a la realidad económica y política.

Dijo que cree que ocurrirá lo mismo con Milei, al menos al principio. “Habrá un chequeo de realidad”, dijo. “Se seguirá hablando de la mayoría de estas propuestas, pero será difícil ejecutarlas en el primer año”.

Se espera que Milei tenga que llegar a acuerdos políticos para llevar a cabo sus planes, ya que su partido, con dos años de existencia, apenas controla el 10 por ciento de los escaños del Senado y el 15 por ciento de los de la Cámara de Diputados.

Lo más probable es que para gestionar muchos de esos acuerdos se valga de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, un conservador que ha mantenido un amplio control sobre un gran partido político. Ambos se reunieron el domingo por la noche.

Fernando Iglesias, diputado de ese bloque conservador, dijo que él y sus colegas estaban deseosos de ayudar a Milei a arreglar el país. “Es cierto que tiene el hándicap de la inexperiencia”, añadió, “pero tengo la esperanza de que pueda armar un equipo razonable de gobierno y hacer los cambios que necesita el país”.

Aunque muchas de las personas clave de la campaña de Milei carecen también de experiencia de gobierno, ellas lo han presentado como una ventaja, no como un inconveniente, y los votantes han estado de acuerdo.

Una persona que casi con toda seguridad tendrá influencia en el nuevo gobierno es la hermana de Milei, Karina Milei, que dirigió su campaña y a quien él ha descrito como su asesora más importante.

En una entrevista televisiva de 2021, llegó a compararla con Moisés, la figura bíblica portadora del mensaje de Dios. “Kari es Moisés”, dijo con lágrimas en los ojos. “Yo soy el divulgador, nada más”.

Karina Milei ha sido un enigma en Argentina, siempre presente al lado de Milei pero sin hablar casi nunca en público. No se sabe mucho de su pasado, más allá de informes no confirmados en los medios de comunicación argentinos de que estudió relaciones públicas en la universidad, dirigió un negocio de >cupcakes< y fue copropietaria de una tienda de neumáticos. La campaña de Milei dijo que ella ayudaría en la transición.

Milei anunció el lunes que su ministro de Justicia sería Mariano Cúneo Libarona, un abogado convertido en comentarista de televisión que saltó a la fama por defender a famosos, incluido el representante de la estrella del fútbol Diego Maradona en un caso de drogas en 1996.

Su nueva ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, economista, declaró a la prensa que uno de los principales objetivos del gobierno en política exterior sería poner fin a la mayoría de las regulaciones sobre importaciones y exportaciones. También dijo que Argentina probablemente no entraría en el club BRICS de naciones emergentes, como se había anunciado en agosto.

“No entendemos, con la información pública de la cual se dispone ahora, cuál sería la ventaja para Argentina”, dijo a los periodistas en el mitin de la victoria de Milei el domingo. “Si ustedes me pueden explicar a mí qué son las BRICS, aprovecho y aprendo”.

La compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, ha pasado gran parte de su carrera dirigiendo una organización que reconoce a las víctimas de atentados perpetrados por guerrillas izquierdistas, que los militares argentinos utilizaron como justificación de su sangrienta dictadura de 1976 a 1983.

Villarruel, que procede de una familia de militares argentinos, lleva mucho tiempo asegurando que se han exagerado las atrocidades de la dictadura, al afirmar que desaparecieron 8500 personas, a pesar de que los archivos desclasificados muestran que incluso los militares admitieron, a solo dos años de su gobierno, que la cifra era de 22.000.

Villarruel y Milei fueron elegidos juntos para la Cámara de Diputados de Argentina en 2021, los dos primeros escaños que consiguió su partido, La Libertad Avanza.

Milei ha pasado poco tiempo en el Congreso desde entonces, y propuso su primer proyecto de ley apenas a principios de este mes, al pedir al gobierno que haga más para traer a casa a los aproximadamente 25 argentinos retenidos como rehenes por Hamás.

En todo el país, los argentinos estaban aturdidos el lunes al pensar sobre lo que Milei podría traer, tanto bueno como malo.

Micaela Sánchez, de 31 años, actriz y profesora de teatro, dijo que ella y muchos amigos estaban preocupados por las promesas de Milei de modificar el gobierno, su historial de ataques a adversarios políticos y sus comentarios restando importancia a las atrocidades de la dictadura.

“Es realmente un panorama desolador y aterrador para todas las personas que trabajamos en la cultura, que trabajamos con gente, para quienes educamos, para quienes están en salud”, comentó. “Lo único que puedo decir es que estoy muy asustada y muy triste”.

Pero Yhoel Saldania, de 27 años, propietario de una tienda, dijo que mantener a Argentina como está habría sido mucho más arriesgado que apostar por Milei. “Los otros gobiernos prometen y prometen, y nada cambia”, dijo. “Queremos un cambio de verdad”.


Publicado en NYT por Jack Nicas quien es el jefe de la corresponsalía en Brasil, que abarca Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Anteriormente reportó de tecnología desde San Francisco y, antes de integrarse al Times en 2018, trabajó siete años en The Wall Street Journal. Más de Jack Nicas

Agencias

Impacto en América Latina por cierre de USAID

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | LATINOAMÉRICA

La reciente decisión de la administración Trump de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en riesgo iniciativas esenciales en América Latina y el mundo según un informe de Associated Press. Países como Colombia, Brasil y Perú, que han dependido en gran medida de USAID para proyectos de asistencia humanitaria, conservación y erradicación de cultivos ilícitos, enfrentan desafíos significativos ante la retirada de este apoyo.

La decisión de cerrar USAID ha generado críticas generalizadas y preocupaciones sobre el impacto en la estabilidad y el desarrollo de la región. Líderes locales y organizaciones temen que la retirada de la ayuda debilite los esfuerzos en curso y ponga en peligro a las poblaciones vulnerables y al medio ambiente.

El impacto de USAID en América Latina

En Colombia, USAID ha sido fundamental en la provisión de ayuda humanitaria a más de 2.8 millones de venezolanos que han huido de la crisis económica en su país. Solo en 2024, la agencia transfirió aproximadamente 45 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para asistir a estos migrantes. La suspensión de esta asistencia podría agravar la situación de vulnerabilidad de esta población.

En Brasil, la iniciativa más destacada es la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad del Amazonas, que se centra en la conservación mediante la mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades forestales. Solo en 2024, USAID donó al país 22.6 millones.

La retirada de fondos amenaza proyectos que han sido cruciales para la protección de la selva amazónica y el sustento de sus habitantes.

Perú, el segundo mayor productor de cocaína del mundo después de Colombia, ha recibido apoyo de USAID desde la década de 1980 para programas de sustitución de cultivos, promoviendo alternativas como el café y el cacao. La eliminación de este financiamiento podría dificultar los esfuerzos para controlar la producción de coca y fortalecer economías lícitas en áreas rurales.

Estos tres casos no son los únicos. En 2023, USAID envió apoyo a Haití (316 millones de dólares), Venezuela (205 mdd), Colombia (389 mdd), México (71 mdd), Honduras (144 mdd), Guatemala (178 mdd), República Dominicana (49 mdd), Chile (0.3 mdd), Bolivia (0.6 mdd), Panamá (0.9 mdd), Costa Rica (5 mdd), Cuba (9mdd) y Ecuador (46 mdd).

La decisión de cerrar USAID se enmarca en la política de la administración Trump de reducir el tamaño del gobierno federal y alinear la asistencia exterior con la agenda “America First”. Trump, en colaboración con Elon Musk, líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha argumentado que USAID es una organización ineficiente y “más allá de la reparación”, justificando así su clausura.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional señalan que solo el Congreso tiene la autoridad para crear o desmantelar agencias federales y controlar el gasto, por lo que esta acción podría ser ilegal. A pesar de ello, el Congreso, controlado por los republicanos, no ha mostrado resistencia pública a esta decisión. Críticos de la medida advierten que, aunque pueda ser ilegal, las dinámicas políticas actuales podrían permitir el cierre no autorizado de la agencia de ayuda.

(Agencias)

 

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Agencias

En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS

Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.

“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.

Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.

Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.

Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:

• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.

• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.

• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.

• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.

• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.

• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.

• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.

• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.

• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.

• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.

• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.

• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.

• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.

• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.

• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.

• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.

• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.

• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.

• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.

• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.

• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.

Publicado en N.YT.

Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times. 

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No es tiempo de distraerse

Francisco

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EP NEW YORK  | EE.UU.

No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.

Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.

Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.

Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.

Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.

Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:

El dominio ejecutivo de Elon Musk.

El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.

Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.

Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.

El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.

La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.

Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.

Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.

La salud pública en peligro.

Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.

Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.

El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.

Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.

También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.

Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.

La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.

Publicado en NYT

 

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