Connect with us

Colombia

Seguridad pública y cultivos de coca , han empeorado notablemente en Colombia: General Barrera

Published

on

ENTREVISTA AL GENERAL JAIME RUIZ BARRERA, MILITAR COLOMBIANO Y ANALISTA


“Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente”.

“Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo”.

“El estado de la seguridad pública ha empeorado notablemente en Colombia”.

“Soy muy pesimista acerca de la posibilidad de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional; son condiciones que no pueden ser asumidas por el gobierno colombiano”.

“Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastó ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque”.


por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

@ricardoangoso


El general Jaime Ruiz Barreras, con una larga experiencia en la milicia a sus espaldas, es el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en la Reserva (ACORE). Hombre de ideas claras y principios firmes, siempre ha tenido serias dudas acerca del procedimiento y la forma en que se negoció el proceso de paz en Colombia. En esta entrevista, realizada recientemente en Bogotá, analiza los últimos acontecimientos vividos en el país y las expectativas con respecto a las negociaciones con otros grupos terroristas, como el ELN. También examina el incremento de los cultivos ilícitos de coca.

Ricardo Angoso:¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras los últimos cambios legislativos que se efectuaron?

Jaime Ruiz Barrera: Desde el punto de vista institucional, la JEP ha sido motivo de preocupación permanente, por razón de la seguridad jurídica, para los miembros de la Fuerza Pública que se vieron implicados en hechos que sucedieron durante el conflicto armado en Colombia. En este momento, la JEP, que está basada en lo que fue la justicia transicional, es un instrumento que aceptamos y entendimos dentro del sistema penal y lo único que exigimos en su momento es que nos dieran un tratamiento especial y diferenciado para no caer en el mismo saco que los terroristas y ser puestos al mismo nivel que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo terrorista como todo el mundo sabe.

En estas condiciones, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, entendimos que era una fórmula aplicable y nuestra gran frustración vino cuando nos sentimos engañados por el gobierno, en el sentido que el Jefe de Estado, el presidente Juan Manuel Santos, nos había garantizado la seguridad jurídica y lo que ocurrió no fue así porque los magistrados que se eligieron para la JEP y que estaban destinados a juzgar a la Fuerza Pública eran poco fiables. El 50% de los designados procedían claramente de la extrema izquierda y el problema no eran sus ideas, sino que eran activistas radicales que profesaban esa ideología públicamente y con antecedentes claros de detractores de las Fuerzas Armadas, incluyendo aquí su participación en procesos como miembros de las fuerzas militares. Se generaron así una serie de conflictos que nosotros denunciamos en su momento y formulamos los reparos oportunamente, no siendo atendidos por el gobierno de entonces. Ese fue el gran engaño al que fuimos sometidos. Otro asunto que se nos trató de incluir fue el famoso artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo no aceptado en muchas partes del mundo y que atentaba directamente contra nuestra carta política, la Constitución de la República. Sin embargo, lo descubrimos a tiempo ese asunto y conseguimos que se hicieran algunas modificaciones. Ese fue el gran engaño que sufrimos y el gran rechazo que manifestamos hacia algunos aspectos relativos a la JEP.

R.A.:¿Cree que usted que en Colombia se pueden dar situaciones parecidas a las de Argentinas y otros países, donde los militares han sido procesados, condenados y pagan cárceles?

J.R.B.:El instrumento como tal para justicia me parece válido, y no pongo objeciones al mismo, pero para mí el problema reside en quienes lo van a aplicar. El gran rechazo por parte de las institución armada, tiene más que ver con los responsables que finalmente ejecutarán la JEP que con la JEP en sí misma, esa nuestra posición oficial y así lo hemos explicado en las instancias en las que fuimos llamados. Nosotros, entonces, vimos que la JEP nos parecía como dar un salto al vacío y desde las reservas hubo una serie de contactos con algunas fuerzas políticas presentes en el legislativo colombiano, viendo que había una buena conexión y que compartíamos casi el mismo discurso. Así conseguimos que algunos impedimentos que nosotros teníamos con respecto a la JEP fueran recogidas y aceptadas por varios grupos políticos. Eso se aprobó en el Congreso y en estos momentos este asunto está inmerso en una revisión constitucional. Si estas sugerencias presentadas por nosotros son aceptadas por la Corte Constitucional, entonces se aplicarían de inmediato y significaría que el 50% de los magistrados de la JEP tendrían que dejar sus cargos. En esas condiciones, claro está, los miembros de la Fuerza Pública tendrían unas mejores condiciones y recuperarían la confianza en esa institución.

EXPECTATIVAS ANTE EL NUEVO GOBIERNO

R.A.:¿Qué expectativas tiene sobre el manejo de los asuntos militares con respecto al presidente Iván Duque, cree que cometerá errores parecidos a los Uribe cuando quitó el Fuero Militar?

J.R.B.:Efectivamente, fue así, como usted dice, y nosotros lo discutimos abiertamente con el presidente Uribe y él reconoció su error, pidiendo en su momento a su ministro de Defensa, Camilo Ospina, que viniera a Acore y diera sus explicaciones, porque Uribe también se sentía engañado. Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente. Ahora, sin embargo, el presidente Duque ha hablado de recuperar la justicia penal militar y recuperar ese Fuero Militar, asimismo considera que, al igual que muchos países democráticos del mundo, en Colombia debe ocurrir algo similar, en el sentido de recuperar ese trato especial a los miembros de la Fuerza Pública. Así lo ha prometido y esperemos que cumpla con esas promesas durante su mandato presidencial.

R.A.:¿Qué balance hace del presidente Santos aparte del proceso de paz?

J.R.B.:Sobre este tema tenemos suficiente información de lo que ha acontecido y tenemos distintas fuentes para analizar el asunto en profundidad que nos han confirmado el gran engaño de que, finalmente, lo que se anunció no es lo que es realmente se firmó. Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastos ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque. Fuentes muy serias y competentes con las que nos  hemos reunido últimamente, como las Naciones Unidas, coinciden con nosotros, en el sentido de que una buena parte de los acuerdos firmados en la práctica no han sido aplicados. Las Naciones Unidas, incluso, nos han constatado que muchos de los que abandonaron las armas se han unido a lo que ahora se llaman como “disidencias de las FARC”, abandonando las zonas de concentración previstas en los Acuerdos de Paz de La Habana, y están en las misma actividad criminal. Los acuerdos, en definitiva, no se han cumplido y no han funcionado como estaba previsto.

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN LAS CALLES COLOMBIANAS

R.A.:¿No le parece que los acuerdos de paz tampoco han tenido traducción inmediata en una mejora de la seguridad pública?


J.R.B.:Muchas fuentes aseguran que incluso los delitos se han incrementado exponencialmente en muchas partes del país, como en el Cauca, Catacumbo, Aracua, Putumayo, el Chocó y el Valle, por poner solamente algunos ejemplos. La criminalidad aumentó espectacularmente en estos años y así me lo han hecho saber muchas fuentes. Y me consta.  El gobierno saliente, el de Santos, ha tratado de maquillar las cifras sobre la criminalidad en el país, pero la situación es muy preocupante y los delitos de todo tipo aumentaron en estos últimos años. Se requieren acciones inmediatas, tal como le hemos planteado al presidente Duque, y como primera medida, creo, se debe aumentar el pie de fuerza, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en general porque si no se seguirá desbordando esta criminalidad hasta niveles insoportables para el país.

R.A.:¿Cree que en Colombia se debería separar la Policía Nacional de la estructura general de las Fuerzas Armadas?

J.R.B.:La experiencia nuestra, tras tantos años de conflictos, nos permite dar una respuesta clara y contundente: no. No se debe hacer esa separación por la que preguntas. Es más, muchos países y expertos internacionales que han venido hasta Colombia  han asegurado que la interacción entre nuestras militares y la Policía Nacional ha sido positiva para el país, ha sido la mejor de las soluciones ante los problemas que teníamos y que ha funcionado bien. Actuamos coordinadamente en equipo y en conjunto dando buenos resultados.

La Policía Nacional nuestra requiere capacidad para entrar en combate porque hace frente a bandas y grupos criminales muy potentes y bien organizados. Tenga en cuenta que la Policía Nacional, en el sentido tradicional que la entendemos como fuerza para actuar en áreas urbanas, no tendría esa capacidad necesaria para hacer frente a esos grupos ilegales y entrar en combate cuando la situación así lo requiera. Necesitamos fuerzas con alto nivel de operatividad y con medios efectivos para hacer frente a los desafíos que tenemos. Por fortuna, esa coordinación y unidad de mando se ha mantenido y ojalá siga así por mucho tiempo, pese a que las FARC en las negociaciones de La Habana intentaron buscar esa separación, aunque finalmente no lo lograron por suerte para todos los colombianos.

EL AUMENTO DE LOS CULTIVOS DE COCA

R.A.:¿A que se ha debido ese aumento en las hectáreas de cultivo de cocaína en todo el país?

J.R.B.:La gran demanda, obviamente, genera que los precios de este producto se disparen y cuando se disparan, el negocio mejora y aumenta. Luego las organizaciones como las FARC recurrieron a este negocio para obtener dividendos y el sistema lo han perfeccionado hasta construir toda una estructura criminal que, incluso, cuenta con la ayuda del exterior, como es el caso claro de Venezuela. Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo. El caso venezolano es absolutamente oprobioso, ya que no solo participa en el comercio ilegal sino que también protege a los líderes de las FARC que están en el negocio ilícito del tráfico de drogas.

Este problema del narcotráfico, además, está muy ligado al aumento de la criminalidad y la inseguridad en muchas partes del país. Muchos líderes sociales han sido asesinados por tener intereses encontrados con los que mueven el negocio de la droga. Mientras no se controle el narcotráfico en el país, mientras no se erradique este flagelo, la criminalidad y la inseguridad pública seguirán siendo la tónica dominante en el país. Ese fenómeno creciente de los cultivos de coca es preocupante y vincula a miles de personas, algo que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno si de veras quiere atajar la criminalidad.

R.A.:¿Qué noticias tiene de las disidencias de las FARC?

J.R.B.:En una reunión con las Naciones Unidas hace un año se hablaba de entre 1.200 a 1.500 pero lo cierto es que esas “disidencias” de las FARC han ido creciendo y por ahora han ido conformando hasta unos 19 grupos y actúan por ahora desarticuladamente pero seguramente con la intención final de crear un mando unificado. Creo que si no se les ataca de frente y duramente, este problema irá a más y acabará convirtiéndose en una amenaza real a la seguridad del Estado.

R.A.:¿Qué perspectivas tiene con respecto al proceso de paz tan cuestionado por muchos?

J.R.B.:Este asunto lo hemos discutido mucho y abiertamente en la reserva activa y tenemos mucha información pero también preocupación. Hemos seguido las negociaciones entre el gobierno saliente y las FARC, llegando a la conclusión de que ha sido un total fracaso el tal proceso de paz. Las razones por las que ha fracasado son debidas, en primer lugar, porque las FARC  han venido actuando sin unidad de mando ni teniendo el control sobre sus fuerzas. Los que actuaron como negociadores son unos representantes que no tienen la autoridad para tomar decisiones sobre lo que se acuerde o, finalmente, se llegue a pactar. Cada cuadrilla o los frentes, como ellos se llaman, tiene sus propios intereses, cada uno dedicado a acciones ilegales específicas y diferenciadas con respecto a los otros, bien sea en el narcotráfico, en la actividad delictiva urbana o en la minería ilegal, dependiendo al “negocio” en el que estén metidos. Son grupos que actúan dispersamente y muchas veces fuera del control del mando.

R.A.:¿Qué pasará con el proceso en ciernes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

J.R.B.:Con respecto al ELN, el presidente entrante Duque ya ha dicho que escuchará a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas, que ya escucharon y estuvieron en contacto con esta organización terrorista, para saber en qué punto está el asunto y que es lo quiere este grupo. Ambas instituciones llevan mucho tiempo en contacto con el ELN. Pero Duque ya advirtió que hay ponerle términos a esas negociaciones y un sistema de verificación de lo que se pueda acordar. Después, el ELN, a través de uno de sus voceros que responde con alias de “Pablito”, que dicho sea de paso es uno de los más radicales de esta organización, que no aceptan precondiciones previas. Con lo cual, mi conclusión es que será muy difícil llegar a acuerdos porque tienen posiciones muy radicales. Están amenazando claramente al presidente Duque de que está en la disyuntiva de paz o guerra, así de claro. Son impositivos y están poniendo al país ante un ultimátum que el presidente Duque creo que no lo puede aceptar, es decir, me muestro pesimista con respecto a un proceso de negociación con este grupo.


Otros temas de Ricardo Angoso….

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

Published

on

EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

Continue Reading

Blog de Sucesos y Noticias

Colombia se debate entre la revolución social y la “revolución molecular disipada

Published

on

EP EE.UU/Opinión 

Por: Francisco Cardona/editor

Asistimos a uno de los escenarios violentos más previsibles de las ùltimas décadas en latinoamérica luego de la “tensa calma” del terremoto socialista del siglo XXI que remeció varios países desde que Chaves y Maduro lo implantaron en Venezuela.

Y decimos previsible porque el estallido social , esa “olla a presión” que se venía cocinando con explosivos ingredientes de narcotráfico , corrupción y la consiguiente polarización de izquierdistas y derechistas creó el caldo de cultivo que hoy alimenta el inconformismo generalizado de los pueblos en América Latina.

Venezuela , desde luego , ha sido el craso ejemplo de los gobiernos de derecha para legitimarse en el poder (entre buenos ó aceptables y malos ó pésimos) . El discurso político contra el régimen de Maduro , por ejemplo , tienen hoy a Colombia entre lo que comúnmente se llama una “revolución social” ó , en su defecto ,  una “revolución molecular disipada”.

¿Qué significa esto?

Ante todo , y sin ahondar en tecnicismos , definamos el primer concepto.

“Una revolución social es una transformación radical del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas en una escala humana dentro de un espacio territorial etc., sea una ciudad, país. Dentro de la lógica de “los objetivos iguales a los métodos” la resistencia y liberación del día a día también es de por sí una revolución social, y esta última consiste en gran parte en lo primero, logrando así una evolución profunda de la vida humana”. PAUL GODMAN

Haciendo un paréntesis sobre el caso de Venezuela que es la matrix de este dilema , el socialismo que se implementó como una revolución política terminó siendo un gobierno opresor y la respuesta ha sido un intento de revolución social del pueblo venezolano por restablecer el Estado de Derecho. Es decir , elecciones libres con democracia participativa respetando los poderes del Estado.

En este caso el término “opresor” es el punto equidistante de lo que pretendemos explicar sobre estas revoluciones.

Sobre la revolución molecular disipada según los filósofos franceses Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y el psicoanalista Felix Guattari, este último autor de un libro llamado Revolución Molecular (1977) ,  plantean esta revolución como un sistema universal de lucha social y emancipación.

En otras palabras , según su representante en A.L. , Alexis López, un intelectual chileno, director de Radio y Televisión de Santiago, que ha basado su lectura de la realidad de la región en esta teoría, advierte que el modelo avanza por el hecho de que los gobiernos latinoamericanos son débiles y se sientan a negociar sin entender que lo hacen con terroristas.

López explicó que el nombre se debe, según el portal el Venezolano Colombiano, primero, porque es la lectura que se hace a la revolucionario que plantea la izquierda , tal como todos los que han ocurrido en la historia. Molecular, los actores son indistinguibles unos de otros , por lo que se hace casi imposible saber contra quién se lucha. No hay verticalidad, coordinación centralizada. y finalmente, es disipada porque los actores se coordinan para la acción, pero luego se disipan, lo que impide hacerles seguimiento.

Por supuesto no se puede comparar jamás la opresión del gobierno socialista Y ditactorial de Maduro con la opresión que se ha ejercido en los últimos dias contra las marchas en Colombia y menos tomando como base la teoría de la revolución molecular disipada.

Pero hay que ser claros que de una simple marcha pacífica al vandalismo hay un trecho punible que ha revasado la tesis de la revolución social que deja mal posicionado el estallido social que lideran los jóvenes , las organizaciones sindicales , líderes sociales y la misma oposición.

Ningún fin puede , en este caso , justificar los medios a pesar de los factores de violencia que ha vivido el país en más de 50 años.

La realidad es que la desigualdad , la corrupción , aún en tiempos de pandemia, más la pretendida reforma tributaria del presidente Duque , represaron la olla a presión que reventó en Colombia. El paro nacional que se ha producido este 12 de mayo en casi todas las ciudades del país tienen en jake al gobierno liderado por el Centro Democrático , principal fortín del influyente ex mandatario y Senador Alvaro Uribe , precursor , además, de la teoría de la revolución molecular disipada.

Creemos que Duque debe convocar a un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas , sociales y económicas. La solución va más allá del simple otorgamiento de becas para universidades públicas.

El problema y la crisis es compleja y abarca desde una pronta solución y directriz a los acuerdos de paz , ser menos dependiente del uribismo y concentrarse en las necesidades vitales de los colombianos que elijieron a Duque precisamente para solucionar la grave crisis en la salud , la educación y el desempleo.

Pero en síntesis , más allá de favorecer la revolución social o la revolución molecular disipada , en el fondo de toda esta crisis , Duque no es el problema. El difícil camino que debe recorrer Colombia pasa por reformas sustanciales al Congreso , donde se concentra el mayor foco de corrupción y una  reforma a la justicia que se debate entre las Cortes del gobierno y la Justicia Especial de Paz (JEP) creada para juzgar los actores de la guerra.

Continue Reading

Agencias

Colombianos reclaman cese de violencia policial en paro nacional

Published

on

EP EE.UU/ agencias

Bogotá , Colombia — “¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!”. Con esta arenga miles de colombianos se manifestaban masivamente el miércoles durante la decimoquinta jornada de protestas nacionales en contra de las reformas del gobierno y los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Entre las prioridades que tenemos están las garantías a los derechos humanos, el desmonte del ESMAD (policía antimotines) y todo este trato guerrerista que se le ha dado a la protesta social, la atención de las agendas de los jóvenes en este país, la renta básica (subsidio) y que se retire la reforma a la salud”, dijo a The Associated Press Francia Márquez, líder social que protestaba en Cali, al suroeste del país y epicentro de movilizaciones masivas y focos de violencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que la jornada fue pacífica y rechazó los bloqueos viales en 99 puntos del país y afectan el paso de alimentos, insumos médicos y gasolina. Sin embargo, entrada la noche se presentaron algunos disturbios en ciudades como Barranquilla, Popayán, Bucaramanga y Neiva, donde incineraron un bus de servicio público.

La nueva jornada de protesta fue convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales agrupados en el denominado Comité del Paro tras un fallido intento de diálogo con el presidente Iván Duque el 10 de mayo. Un día después, el gobierno propuso una mesa de negociación formal con los manifestantes con el acompañamiento de la Iglesia Católica y Naciones Unidas para la cual aún no hay fecha.

El descontento social creciente inició hace dos semanas en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno para financiar los programas estatales en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Días después el presidente Duque aceptó retirarla, sin embargo, las protestas no cesaron, sino que tomaron fuerza y se mantienen ante una ola de denuncias de exceso de la fuerza pública y uso de armas contra la población.

“En estos días los actos de la policía han sido una completa violación de los derechos humanos contra los manifestantes que estamos protestando en paz en Bogotá y en ciudades como Cali y Medellín”, dijo a la AP el estudiante Cristian Ureña en Bogotá.

Las cifras oficiales dan cuenta de una afectación cada vez mayor. Según la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de derechos humanos, se han reportado 41 civiles y un policía muertos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Defensa contabiliza 33 fallecidos y más de mil heridos: 716 civiles y 849 miembros de la fuerza pública.

“Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los Derechos Humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de la fuerza pública éstas se judicializan y se investigan… También se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque el martes desde Cali en una declaración oficial.

Los hechos están en etapa de investigación. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó el miércoles ante el Congreso que han identificado 14 muertes relacionados con las protestas y hasta ahora han esclarecido cuatro casos de homicidios: tres de ellos “fueron cometidos por policías”. El presidente Duque explicó el martes que abrieron 65 acciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública. De éstas, ocho son casos por presunto homicidio y 27 por abuso de autoridad. Sin embargo, la organización no gubernamental Temblores advierte 1.956 casos de violencia policial.

Las manifestaciones ocurren en al menos 25 departamentos de los 32 que tiene el país y recogen la inconformidad de sectores diversos de la sociedad como los estudiantes, sindicatos, trabajadores informales y comunidades étnicas que reclaman en primera medida garantías para protestar.

“Estamos con la flauta porque eso es lo que nos identifica: frente a la brutalidad policial respondemos con la música y la danza”, dijo a la AP Didier Chirimuscay, líder Misak del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), quien protestaba en el centro de Bogotá. “Marchamos contra el mal gobierno, retiraron la reforma (tributaria), pero el gobierno va a insistir para ponerla”, agregó.

En Pereira, al oeste del país, las movilizaciones giraron en torno a la memoria de Lucas Villa, el estudiante de Ciencias del Deporte que falleció tras recibir disparos en una marcha pacífica el 5 de mayo. Los manifestantes ondearon banderas de Colombia y levantaron rosas y carteles con la frase “Lucas vive”. Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo nacional de las víctimas de la violencia durante las protestas.

Ante la presión social, el presidente prometió que subsidiará las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos de las universidades públicas durante el segundo semestre de 2021. El Ministerio de Educación calcula que la iniciativa costará 160 millones de dólares. Sin embargo, los estudiantes piden que la gratuidad de la educación universitaria se extienda a toda la población, se mantenga en el tiempo y finalmente se cumpla.

“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional de Iván Duque y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, indicó el miércoles la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en un comunicado.

En paralelo a las manifestaciones, el presidente Duque se reunió con algunos líderes juveniles en Bogotá buscando acuerdos para desbloquear el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al gobierno concertar con los manifestantes para detener las manifestaciones en medio del tercer pico de contagios y muertes por COVID-19.


https://youtu.be/MkWf1kTMZFI

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2020 Enfoque Periodístico. Created by Conectya.

shares