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Colombia

Seguridad pública y cultivos de coca , han empeorado notablemente en Colombia: General Barrera

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ENTREVISTA AL GENERAL JAIME RUIZ BARRERA, MILITAR COLOMBIANO Y ANALISTA


“Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente”.

“Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo”.

“El estado de la seguridad pública ha empeorado notablemente en Colombia”.

“Soy muy pesimista acerca de la posibilidad de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional; son condiciones que no pueden ser asumidas por el gobierno colombiano”.

“Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastó ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque”.


por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

@ricardoangoso


El general Jaime Ruiz Barreras, con una larga experiencia en la milicia a sus espaldas, es el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en la Reserva (ACORE). Hombre de ideas claras y principios firmes, siempre ha tenido serias dudas acerca del procedimiento y la forma en que se negoció el proceso de paz en Colombia. En esta entrevista, realizada recientemente en Bogotá, analiza los últimos acontecimientos vividos en el país y las expectativas con respecto a las negociaciones con otros grupos terroristas, como el ELN. También examina el incremento de los cultivos ilícitos de coca.

Ricardo Angoso:¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras los últimos cambios legislativos que se efectuaron?

Jaime Ruiz Barrera: Desde el punto de vista institucional, la JEP ha sido motivo de preocupación permanente, por razón de la seguridad jurídica, para los miembros de la Fuerza Pública que se vieron implicados en hechos que sucedieron durante el conflicto armado en Colombia. En este momento, la JEP, que está basada en lo que fue la justicia transicional, es un instrumento que aceptamos y entendimos dentro del sistema penal y lo único que exigimos en su momento es que nos dieran un tratamiento especial y diferenciado para no caer en el mismo saco que los terroristas y ser puestos al mismo nivel que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo terrorista como todo el mundo sabe.

En estas condiciones, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, entendimos que era una fórmula aplicable y nuestra gran frustración vino cuando nos sentimos engañados por el gobierno, en el sentido que el Jefe de Estado, el presidente Juan Manuel Santos, nos había garantizado la seguridad jurídica y lo que ocurrió no fue así porque los magistrados que se eligieron para la JEP y que estaban destinados a juzgar a la Fuerza Pública eran poco fiables. El 50% de los designados procedían claramente de la extrema izquierda y el problema no eran sus ideas, sino que eran activistas radicales que profesaban esa ideología públicamente y con antecedentes claros de detractores de las Fuerzas Armadas, incluyendo aquí su participación en procesos como miembros de las fuerzas militares. Se generaron así una serie de conflictos que nosotros denunciamos en su momento y formulamos los reparos oportunamente, no siendo atendidos por el gobierno de entonces. Ese fue el gran engaño al que fuimos sometidos. Otro asunto que se nos trató de incluir fue el famoso artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo no aceptado en muchas partes del mundo y que atentaba directamente contra nuestra carta política, la Constitución de la República. Sin embargo, lo descubrimos a tiempo ese asunto y conseguimos que se hicieran algunas modificaciones. Ese fue el gran engaño que sufrimos y el gran rechazo que manifestamos hacia algunos aspectos relativos a la JEP.

R.A.:¿Cree que usted que en Colombia se pueden dar situaciones parecidas a las de Argentinas y otros países, donde los militares han sido procesados, condenados y pagan cárceles?

J.R.B.:El instrumento como tal para justicia me parece válido, y no pongo objeciones al mismo, pero para mí el problema reside en quienes lo van a aplicar. El gran rechazo por parte de las institución armada, tiene más que ver con los responsables que finalmente ejecutarán la JEP que con la JEP en sí misma, esa nuestra posición oficial y así lo hemos explicado en las instancias en las que fuimos llamados. Nosotros, entonces, vimos que la JEP nos parecía como dar un salto al vacío y desde las reservas hubo una serie de contactos con algunas fuerzas políticas presentes en el legislativo colombiano, viendo que había una buena conexión y que compartíamos casi el mismo discurso. Así conseguimos que algunos impedimentos que nosotros teníamos con respecto a la JEP fueran recogidas y aceptadas por varios grupos políticos. Eso se aprobó en el Congreso y en estos momentos este asunto está inmerso en una revisión constitucional. Si estas sugerencias presentadas por nosotros son aceptadas por la Corte Constitucional, entonces se aplicarían de inmediato y significaría que el 50% de los magistrados de la JEP tendrían que dejar sus cargos. En esas condiciones, claro está, los miembros de la Fuerza Pública tendrían unas mejores condiciones y recuperarían la confianza en esa institución.

EXPECTATIVAS ANTE EL NUEVO GOBIERNO

R.A.:¿Qué expectativas tiene sobre el manejo de los asuntos militares con respecto al presidente Iván Duque, cree que cometerá errores parecidos a los Uribe cuando quitó el Fuero Militar?

J.R.B.:Efectivamente, fue así, como usted dice, y nosotros lo discutimos abiertamente con el presidente Uribe y él reconoció su error, pidiendo en su momento a su ministro de Defensa, Camilo Ospina, que viniera a Acore y diera sus explicaciones, porque Uribe también se sentía engañado. Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente. Ahora, sin embargo, el presidente Duque ha hablado de recuperar la justicia penal militar y recuperar ese Fuero Militar, asimismo considera que, al igual que muchos países democráticos del mundo, en Colombia debe ocurrir algo similar, en el sentido de recuperar ese trato especial a los miembros de la Fuerza Pública. Así lo ha prometido y esperemos que cumpla con esas promesas durante su mandato presidencial.

R.A.:¿Qué balance hace del presidente Santos aparte del proceso de paz?

J.R.B.:Sobre este tema tenemos suficiente información de lo que ha acontecido y tenemos distintas fuentes para analizar el asunto en profundidad que nos han confirmado el gran engaño de que, finalmente, lo que se anunció no es lo que es realmente se firmó. Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastos ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque. Fuentes muy serias y competentes con las que nos  hemos reunido últimamente, como las Naciones Unidas, coinciden con nosotros, en el sentido de que una buena parte de los acuerdos firmados en la práctica no han sido aplicados. Las Naciones Unidas, incluso, nos han constatado que muchos de los que abandonaron las armas se han unido a lo que ahora se llaman como “disidencias de las FARC”, abandonando las zonas de concentración previstas en los Acuerdos de Paz de La Habana, y están en las misma actividad criminal. Los acuerdos, en definitiva, no se han cumplido y no han funcionado como estaba previsto.

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN LAS CALLES COLOMBIANAS

R.A.:¿No le parece que los acuerdos de paz tampoco han tenido traducción inmediata en una mejora de la seguridad pública?


J.R.B.:Muchas fuentes aseguran que incluso los delitos se han incrementado exponencialmente en muchas partes del país, como en el Cauca, Catacumbo, Aracua, Putumayo, el Chocó y el Valle, por poner solamente algunos ejemplos. La criminalidad aumentó espectacularmente en estos años y así me lo han hecho saber muchas fuentes. Y me consta.  El gobierno saliente, el de Santos, ha tratado de maquillar las cifras sobre la criminalidad en el país, pero la situación es muy preocupante y los delitos de todo tipo aumentaron en estos últimos años. Se requieren acciones inmediatas, tal como le hemos planteado al presidente Duque, y como primera medida, creo, se debe aumentar el pie de fuerza, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en general porque si no se seguirá desbordando esta criminalidad hasta niveles insoportables para el país.

R.A.:¿Cree que en Colombia se debería separar la Policía Nacional de la estructura general de las Fuerzas Armadas?

J.R.B.:La experiencia nuestra, tras tantos años de conflictos, nos permite dar una respuesta clara y contundente: no. No se debe hacer esa separación por la que preguntas. Es más, muchos países y expertos internacionales que han venido hasta Colombia  han asegurado que la interacción entre nuestras militares y la Policía Nacional ha sido positiva para el país, ha sido la mejor de las soluciones ante los problemas que teníamos y que ha funcionado bien. Actuamos coordinadamente en equipo y en conjunto dando buenos resultados.

La Policía Nacional nuestra requiere capacidad para entrar en combate porque hace frente a bandas y grupos criminales muy potentes y bien organizados. Tenga en cuenta que la Policía Nacional, en el sentido tradicional que la entendemos como fuerza para actuar en áreas urbanas, no tendría esa capacidad necesaria para hacer frente a esos grupos ilegales y entrar en combate cuando la situación así lo requiera. Necesitamos fuerzas con alto nivel de operatividad y con medios efectivos para hacer frente a los desafíos que tenemos. Por fortuna, esa coordinación y unidad de mando se ha mantenido y ojalá siga así por mucho tiempo, pese a que las FARC en las negociaciones de La Habana intentaron buscar esa separación, aunque finalmente no lo lograron por suerte para todos los colombianos.

EL AUMENTO DE LOS CULTIVOS DE COCA

R.A.:¿A que se ha debido ese aumento en las hectáreas de cultivo de cocaína en todo el país?

J.R.B.:La gran demanda, obviamente, genera que los precios de este producto se disparen y cuando se disparan, el negocio mejora y aumenta. Luego las organizaciones como las FARC recurrieron a este negocio para obtener dividendos y el sistema lo han perfeccionado hasta construir toda una estructura criminal que, incluso, cuenta con la ayuda del exterior, como es el caso claro de Venezuela. Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo. El caso venezolano es absolutamente oprobioso, ya que no solo participa en el comercio ilegal sino que también protege a los líderes de las FARC que están en el negocio ilícito del tráfico de drogas.

Este problema del narcotráfico, además, está muy ligado al aumento de la criminalidad y la inseguridad en muchas partes del país. Muchos líderes sociales han sido asesinados por tener intereses encontrados con los que mueven el negocio de la droga. Mientras no se controle el narcotráfico en el país, mientras no se erradique este flagelo, la criminalidad y la inseguridad pública seguirán siendo la tónica dominante en el país. Ese fenómeno creciente de los cultivos de coca es preocupante y vincula a miles de personas, algo que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno si de veras quiere atajar la criminalidad.

R.A.:¿Qué noticias tiene de las disidencias de las FARC?

J.R.B.:En una reunión con las Naciones Unidas hace un año se hablaba de entre 1.200 a 1.500 pero lo cierto es que esas “disidencias” de las FARC han ido creciendo y por ahora han ido conformando hasta unos 19 grupos y actúan por ahora desarticuladamente pero seguramente con la intención final de crear un mando unificado. Creo que si no se les ataca de frente y duramente, este problema irá a más y acabará convirtiéndose en una amenaza real a la seguridad del Estado.

R.A.:¿Qué perspectivas tiene con respecto al proceso de paz tan cuestionado por muchos?

J.R.B.:Este asunto lo hemos discutido mucho y abiertamente en la reserva activa y tenemos mucha información pero también preocupación. Hemos seguido las negociaciones entre el gobierno saliente y las FARC, llegando a la conclusión de que ha sido un total fracaso el tal proceso de paz. Las razones por las que ha fracasado son debidas, en primer lugar, porque las FARC  han venido actuando sin unidad de mando ni teniendo el control sobre sus fuerzas. Los que actuaron como negociadores son unos representantes que no tienen la autoridad para tomar decisiones sobre lo que se acuerde o, finalmente, se llegue a pactar. Cada cuadrilla o los frentes, como ellos se llaman, tiene sus propios intereses, cada uno dedicado a acciones ilegales específicas y diferenciadas con respecto a los otros, bien sea en el narcotráfico, en la actividad delictiva urbana o en la minería ilegal, dependiendo al “negocio” en el que estén metidos. Son grupos que actúan dispersamente y muchas veces fuera del control del mando.

R.A.:¿Qué pasará con el proceso en ciernes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

J.R.B.:Con respecto al ELN, el presidente entrante Duque ya ha dicho que escuchará a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas, que ya escucharon y estuvieron en contacto con esta organización terrorista, para saber en qué punto está el asunto y que es lo quiere este grupo. Ambas instituciones llevan mucho tiempo en contacto con el ELN. Pero Duque ya advirtió que hay ponerle términos a esas negociaciones y un sistema de verificación de lo que se pueda acordar. Después, el ELN, a través de uno de sus voceros que responde con alias de “Pablito”, que dicho sea de paso es uno de los más radicales de esta organización, que no aceptan precondiciones previas. Con lo cual, mi conclusión es que será muy difícil llegar a acuerdos porque tienen posiciones muy radicales. Están amenazando claramente al presidente Duque de que está en la disyuntiva de paz o guerra, así de claro. Son impositivos y están poniendo al país ante un ultimátum que el presidente Duque creo que no lo puede aceptar, es decir, me muestro pesimista con respecto a un proceso de negociación con este grupo.


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Agencias

Miles de opositores marchan contra Petro en Colombia

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EP New York. | Latinoamérica

Miles de opositores protestan en Colombia y Petro insiste en que buscan “derrocar” su gobierno

BOGOTÁ — Los opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro volvieron a manifestarse el domingo y convocaron cerca de 250.000 personas en todo el país mientras coreaban incesantemente ”¡Fuera Petro!”, mostrando su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa, su propuesta de hacer una constituyente y reclamando por problemas económicos y de seguridad.

El presidente señaló que las manifestaciones tuvieron por objetivo buscar “derrocar el gobierno del cambio” de parte de sectores que quieren que se “deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”. Por lo que insistió, desde su cuenta de X, en que sus partidarios deben “responder” en una manifestación el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, en la que caminará junto a la gente y hablará en una tarima.

Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno se han convertido en una constante en Colombia desde que subió al poder Petro en el 2022, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados. La oposición reclama por sus políticas, mientras que Petro convoca a sus partidarios a defenderlas.

“Es una marcha donde está todo el mundo saliendo a decirle al presidente: ‘así no son las cosas, usted ganó las elecciones, pero sepa gobernar’”, dijo a The Associated Press Idelfonso Méndez, de 58 años.

Méndez, contador público, no suele salir a protestar. La última vez que lo hizo fue en 2008 en contra de los secuestros que perpetraba la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero ya no más. La democracia la veo en peligro, porque está buscando hacer una asamblea constituyente por fuera de la ley y quiere imponer las reformas a como dé lugar sin que lo apruebe el Legislativo”, explicó Méndez, quien sostenía un cartel con la frase “yo protejo a mi país”.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro el proceso en que se haría.

“El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.

Las movilizaciones fueron pacíficas, según reportó el gobierno y la policía, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán. En la capital lucía llena la icónica Plaza de Bolívar —donde confluyen el Congreso, las cortes, la alcaldía y la catedral— que tiene una capacidad para 55.000 personas. Según Petro, en el país se movilizaron cerca de 250.000 personas.

“Ha sido la marcha más importante contra Gustavo Petro, no solo por la cantidad, sino por quiénes salieron. En otras ocasiones se veían personas solamente de derecha, en esta se movilizaron diferentes sectores políticos que perdieron el miedo a ser estigmatizados como de derecha”, indicó a la AP Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

Para Arias, una marcha tan numerosa debería tener un impacto en la dirección del gobierno, sin embargo, no cree que en la práctica se vea reflejado. “Lo que va a hacer es que Gustavo Petro siga radicalizando su discurso, porque hace un mes y medio dejó de gobernar y está en campaña política”, agregó.

A inicio de abril, Petro sufrió una derrota en el Congreso, donde senadores archivaron la reforma a la salud, la más avanzada en trámite y también la más polémica. La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Sin embargo, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

“Vine a marchar por la salud, porque él (Petro) lo ha dicho, que va a acabar las EPS. Vine para que sepa que no queremos”, dijo a la AP Amanda Rojas, una ama de casa de 70 años, afiliada en Sanitas.

Los cambios al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años, han generado preocupación en el sector y más de 60 asociaciones se unieron a las protestas en lo que llamaron “La marcha de las batas blancas”.

“No negamos las falencias, la corrupción, la falta de recursos, pero una cosa es negar las falencias y otra cosa es decir que la solución que están planteando es la adecuada, ese es el problema”, aseguró a la AP Rubén Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien pide que se les incluya en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se trata de las marchas más nutridas que la oposición ha logrado convocar y considera que el elemento que cambió el panorama fue la intervención a varias EPS por parte del gobierno.

“Lo que muestra esta marcha es que esto genera muchas inquietudes que el gobierno debería escuchar, porque es algo que muestra que está perdiendo el pulso de la calle”, concluyó.

Con información de AP

 

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El ‘soplo del diablo’: una trampa para los turistas en Colombia

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EP New York. | Colombia | judicial

Una mezcla de sedantes potentes está detrás de una ola de robos violentos en Medellín. Muchas de las víctimas son estadounidenses que buscan citas en Tinder.

Steven Valdez creyó reconocer a la mujer en el parque de Medellín. Mientras conversaban, se dieron cuenta de que habían hecho en la plataforma de citas Tinder. Intercambiaron números e hicieron planes.

En su cita, durante la primavera pasada, Valdez dijo que la mujer le sugirió que probara un platillo típico colombiano: una sopa cremosa llamada ajiaco. Ella la llevó del mostrador del restaurante a su mesa.

Tomó dos cucharadas, dijo Valdez, de 31 años. “Y eso es lo último que recuerdo”.

Como a decenas de visitantes de la ciudad colombiana el año pasado, a Valdez, bloguero de viajes, le dijeron en el hospital que había ingerido un potente cóctel de sedantes, potencialmente mortal, que incluía un fármaco llamado escopolamina.

La escopolamina hace que sus víctimas pierdan el conocimiento, y los expertos afirman que también puede hacer que se muestren extrañamente más abiertas a las sugerencias, como acceder a entregar una cartera o revelar contraseñas.

Las autoridades estadounidenses están tan preocupadas que emitieron este mes una alerta de seguridad sobre los sedantes y una oleada de delitos violentos dirigidos contra los visitantes en Colombia, especialmente en el destino turístico cada vez más popular de Medellín, ciudad de 2,6 millones de habitantes situada en un valle de la cordillera de los Andes.

La embajada de EE. UU., en una alerta de seguridad anterior, describe la escopolamina como una “sustancia inodora, insípida y que bloquea la memoria, utilizada para incapacitar y robar a víctimas incautas” y advierte sobre el uso de aplicaciones de citas en Colombia o frecuentar clubes nocturnos y bares.

Las autoridades colombianas afirman que muchos de los incidentes están relacionados con la industria del sexo de la ciudad.

“Lastimosamente, por un voz a voz, las personas están identificando que en Medellín hay chicas lindas y se puede rumbear muy rico a muy bajo costo y hay drogas”, dijo Carlos Calle, quien supervisa la industria del turismo para el gobierno de la ciudad. “La criminalidad aprovecha ese momento de turismo para poder delinquir en esa modalidad”.

Desde la pandemia, Medellín también ha atraído a miles de nómadas digitales que buscan una inmersión cultural y un Airbnb barato, y los investigadores y abogados afirman que ellos también son el objetivo de las plataformas de citas populares como Tinder.

Tinder no respondió a la solicitud de comentarios.

Aunque las muertes son relativamente inusuales, las autoridades de Medellín afirmaron que el número de robos en los que se utiliza escopolamina y otros sedantes ha aumentado considerablemente en los últimos años, aunque se desconoce la cifra exacta, ya que muchas víctimas no acuden a la policía.

“Hay gente que incluso también le da pena porque si denuncia ya la gente va a saber lo que estaba haciendo”, dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Jorge Wilson Vélez, criminólogo forense que trabaja con las víctimas y sus familias, dijo que probablemente hubo cientos de víctimas el año pasado.

Los autores consideran los robos como un impuesto a los turistas, a los que ven como personas adineradas que están en Colombia para aprovecharse de las mujeres, dijo Vélez. La intención no es matar a nadie, añadió. Lo llaman “darles algo a los hombres para que duerman”.

El año pasado, Medellín recibió 1,4 millones de visitantes extranjeros, de los cuales casi el 40 por ciento eran estadounidenses, según datos de la ciudad.

Los delitos contra visitantes estadounidenses han despertado temores en la comunidad de expatriados. Un grupo de Facebook en inglés, Colombia Scopolamine Victims & Alerts, tiene alrededor de 3800 miembros.

Los estadounidenses están siendo atacados, dijo Vélez, porque acuden a Internet “buscando compañía, una relación”, y sobre todo cuando se presentan solos a las citas.

La escopolamina, también conocida como “el soplo del diablo”, se ha registrado en otros lugares de América Latina y fuera de ella; han aparecido casos en varias ciudades, desde Londres a Bangkok.

Pero el auge de la droga en Colombia, y la advertencia de la embajada a los estadounidenses, supone un duro golpe para un país que se esfuerza por cambiar su imagen.

Medellín, en particular, ha luchado por desprenderse de las asociaciones con las drogas, la violencia y Pablo Escobar. La ciudad ha experimentado una gran transformación desde la década de 1990, con museos elegantes, cafés en calles arboladas y la única red de metro del país. Aunque siguen existiendo algunas bandas criminales, las tasas de homicidio de la ciudad han descendido.

Los delitos dirigidos contra los turistas pueden empañar esa imagen de tranquilidad, pero también la empañan los propios turistas, según los funcionarios y abogados que representan a los hombres que han sido objeto de robos, quienes afirman que algunos tratan a Medellín como un escabroso patio de recreo.

“Existe una mística extraña. Vienes a Medellín y las reglas normales no se aplican”, dijo Alan Gongora, abogado estadounidense en Medellín. “Como si todo fuera posible”.

Algunas víctimas dijeron que solo buscaban una cita.

Durante la pandemia, Valdez dejó Los Ángeles, donde trabajaba en producción televisiva, para viajar y trabajar en sus blogs, incluido uno llamado We like Colombia. En mayo del año pasado se encontraba en Medellín, trabajando y tomando clases de bachata, cuando abrió Tinder para encontrar una pareja de baile.

Tras su cita con una mujer que se hacía llamar Luisa, dijo que se despertó en su Airbnb, solo e incapaz de levantarse. Sentía que la pierna derecha estaba rota.

La policía le dijo más tarde que sus captores lo habían golpeado, probablemente porque se había resistido a que le robaran, dijo Valdez. Los análisis de sangre del hospital revelaron la presencia de escopolamina y de otro fármaco, clonazepam, un depresor del sistema nervioso.

Sus teléfonos, laptop, billetera y unos 7000 dólares no estaban, dijo.

Pero se sentía afortunado de estar vivo.

Tras denunciar el ataque, su cita y varias personas más fueron detenidas al intentar utilizar sus tarjetas bancarias para comprar electrodomésticos en una tienda, según la policía.

Valdez intenta mantener lo que ocurrió en perspectiva. “He estado en Colombia como ocho veces desde la pandemia”, dijo, quien ahora vive en Puerto Rico. “He visto que el crimen organizado ha proliferado debido a que los precios están subiendo mucho allí. A los ciudadanos promedio no les alcanza”.

Los grupos delictivos que atraen a las víctimas a través de plataformas de citas suelen ser pequeñas bandas no afiliadas de barrios pobres, según los investigadores de Medellín.

Un hombre de 42 años de Nueva York recordó haber sido drogado por una cita de Tinder que le sirvió un ron con Coca-Cola que, dijo, lo dejó inconsciente durante 24 horas.

Le robó aparatos electrónicos, joyas de plata, una tarjeta bancaria y dinero en efectivo. “Pensé que lo había perdido todo”, dijo el hombre, quien pidió que se le identificara por sus iniciales, R. J., para proteger futuras oportunidades de trabajo. Pero su pasaporte y sus documentos de identidad estaban justo donde los había guardado. Un informe policial consultado por el Times corroboró los detalles del delito.

Dejar el pasaporte, según los investigadores, es una firma de estos delitos, destinada a animar a las víctimas a marcharse sin denunciar el robo ni presentar cargos.

Algunos ladrones pueden ser sofisticados.

En diciembre, un joven científico alemán que recorría Latinoamérica y publicaba videos bajo el nombre de Dr. Travel dijo que una mujer con la que estaba “conversando” le había robado en Medellín tras reunirse con ella y su amiga para comer.

Bebió un refresco rosa, dijo en un video, y más tarde se despertó y descubrió que su cartera y su teléfono habían desaparecido. Desactivaron la función de rastreo de su teléfono, cambiaron la contraseña de su ID de Apple y vaciaron su cuenta bancaria. Se vendieron participaciones en varias bolsas de criptomonedas y los fondos se trasladaron a otras criptocarteras.

Perdió más de 16.000 dólares, afirmó. Los intentos de localizar al joven alemán fueron infructuosos.

La escopolamina se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar el mareo y las náuseas, pero se popularizó en dosis mayores hace unas tres décadas como droga recreativa y para cometer delitos, aseguró Guillermo Castaño, investigador sénior en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

Hace unos 10 años, los delincuentes en Colombia empezaron a utilizarla para atacar a los turistas, dijo Castaño, mezclándola a menudo con benzodiacepinas, depresores que suelen tratar el insomnio y la ansiedad, para incapacitar aún más a las víctimas.

En un caso muy publicitado, Paul Nguyen, californiano de 27 años, fue fatalmente drogado por una cita de Tinder en Medellín a finales de 2022, y su cuerpo fue hallado cerca de un contenedor de basura. La autopsia determinó que había sido drogado con clonazepam, que, combinado con alcohol, le causó la muerte.

Su cita y varios cómplices fueron detenidos y ahora están siendo juzgados. Los localizaron con la ayuda de una foto de la mujer que Nguyen publicó en Snapchat antes de desaparecer.

Recientemente detuvieron a cuatro personas en relación con el asesinato de otro turista estadounidense que podría haber conocido a una cita por internet.

Aun así, las detenciones son poco frecuentes.

La madre de Nguyen, Kimberly Dao, dijo que la familia tuvo que contratar a Vélez, el investigador, para presionar a la policía para que continuara con el caso.

Para Dao, la alerta de la embajada de EE. UU. sobre las citas por internet en Colombia es una señal de que el tema se está tomando en serio, aunque desearía que hubiera llegado antes.

De haber sido así, dijo, “le habría suplicado, no lo habría dejado ir”.

Publicado en NYT.

Annie Correal y 

Annie Correal y Genevieve Glatsky reportaron desde Bogotá.

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Agencias

Elecciones regionales de Colombia. ¿Derrotado el petrismo?

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EP New York | Colombia | elecciones  regionales

Agencias

Bogotá—– conclusiones de los resultados de las elecciones regionales celebradas en Colombia (y cómo queda el presidente Petro)

Galán le dijo a Petro: “Bogotá se respeta”

Las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre pusieron de manifiesto una verdad histórica en Colombia: este es, ante todo, un país fragmentado.

Ningún partido, político o movimiento se puede considerar gran vencedor o gran perdedor de las elecciones que eligieron 1.102 alcaldías y 32 gobernaciones: hubo, en realidad, un poco de todo y las variables de cada elección respondieron a dinámicas locales más que nacionales.

En general los colombianos, preocupados por la seguridad y la economía familiar, según las encuestas, optaron por opciones que aspiran a la estabilidad, a lo conocido, a resolver sus líos diarios más que a cambiar de fondo al país.

Algunos tomaron eso como un voto de castigo al presidente, Gustavo Petro, pero la cosa es más compleja: el petrismo tuvo una derrota simbólica en Bogotá, pero es un movimiento sin mucha experiencia ni proyección nacional a nivel local y regional.

Petro ha recibido un llamado de atención de parte de los colombianos, aunque mantiene entre un 30% y un 40% de aprobación en las encuestas.

Lo cierto es que, como suelen decir los politólogos colombianos, unas elecciones regionales no se pueden leer con los ojos de las elecciones presidenciales: lo local no es lo nacional.

Y este año no fue la excepción.

En la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, barrió un viejo conocido de la centroizquierda, Carlos Fernando Galán, que combina propuestas nuevas con un tímido continuismo de Claudia López, la saliente alcaldesa con quien perdió hace cuatro años. Galán es hijo del asesinado dirigente liberal Luis Carlos Galán.

En Medellín ganó un exalcalde, Federico Gutiérrez, lo que significó, de alguna manera, la vuelta al poder del uribismo. En Barranquilla ganó el oficialismo, en Cali ganó la oposición y en Bucaramanga un viejo poder con cara de nuevo, de bukelista.

En las gobernaciones, mientras tanto, los poderes tradicionales ligados al empresariado de cada región, los famosos “clanes políticos“, demostraron que están lejos de perder su influencia.

Y así, cada elección fue un mundo. Además porque este año se añadió una nueva variable: participaron 35 partidos distintos, un récord histórico en un país que hace 30 años solo sabía de dos partidos.

Dicho lo anterior, estas elecciones arrojan algunas conclusiones sobre el momento político que vive Colombia. Y acá resumimos cuatro.

1. Petro no ha puesto las bases del petrismo

En las generales de 2022, Petro hizo historia al convertirse en el primer presidente de izquierda en el país. Además, en el Congreso, su movimiento, el Pacto Histórico, fue la fuerza mayoritaria.

Sin embargo, en estas regionales el PH pasó de agache: no ganó ni apoyó al vencedor de ninguna de las ciudades grandes, mantuvo el poder en solo dos gobernaciones (Nariño y Magdalena) y no será mayoría en ninguna de las asambleas departamentales o concejos municipales.

El PH, que no es un partido sino una coalición, llegó dividido a estas elecciones y no presentó candidatos fuertes en las alcaldías más sonadas del país.

Su candidato en Bogotá, el exsenador y libretista Gustavo Bolívar , perdió la puja por el segundo puesto ante un sofisticado tecnócrata de centroderecha sin recorrido político, Juan Daniel Oviedo.

Petro prometió a los colombianos acabar con la pobreza, la desigualdad y la violencia. Para eso, necesita sentar las bases de un partido robusto, formal y eficiente que tenga presencia en todo el sistema político colombiano.

Ese cometido sigue pendiente.

2. Bogotá, el bastión del progresismo, elige lo seguro

A pesar de tener cierto apego por el progresismo, Bogotá siempre ha sido un electorado indefinible.

De hecho, es usual que la capital esté presidida por un político opuesto a quien está en la presidencia. Ocurre ahora con Claudia López y posiblemente será así con Galán.

El alcalde electo ganó en la tercera oportunidad que se presentaba, y lo hizo con el apoyo de votantes de todas las corrientes y partidos nuevos así como con los vinculados a la vieja política.

Galán representa una conjunción de posturas que prometen eficiencia, seguridad y sentido común sin mucha ideología. Además, se apoya en el legado de su padre, un político asesinado por los narcos que prometía modernizar el liberalismo.

Su partido, el Nuevo Liberalismo, tuvo un pésimo resultado en las legislativas y presidenciales del año pasado, pero ahora arrasó en la alcaldía de Bogotá. Una prueba más de que regionales y presidenciales son mundos diferentes.

3. El antipetrismo es variopinto

Aunque Petro recibió un llamado de atención, su oposición tampoco se puede declarar la gran vencedora de estas elecciones.

La mayoría de los candidatos que ganaron se mostraron críticos con el presidente, pero la diversidad entre ellos hace difícil pensar que son parte de un mismo movimiento.

Y es que durante las campañas la postura sobre Petro no fue la principal variable: jugaron más las obras de infraestructura, los problemas de seguridad, el acceso a la educación y la salud, y las lógicas clientelares locales.

Todos los alcaldes de las grandes ciudades serán ahora opositores a Petro: en Bogotá ganó la centroizquierda tradicional, en Medellín venció la derecha uribista y en Cali y Barranquilla ganaron las centroderechas empresariales.

Pero eso no quiere decir que todos son parte de un mismo frente que amenaza la gobernabilidad de Petro.

La relación Bogotá-nación siempre ha sido difícil. Lo fue con Claudia López. Lo será con Galán.

4. Los barones regionales y los partidos tradicionales están vigentes

En las regionales de hace cuatro años los resultados mostraron una tendencia nacional: la mayoría de los elegidos eran figuras nuevas, alejadas de los partidos tradicionales que han gobernado el país por décadas.

Este año, sin embargo, la tendencia es la inversa: en la mayoría de alcaldías y gobernaciones ganaron políticos asociados a estructuras de partido tradicionales, con fuertes vínculos a las empresas y una manera utilitarista, más que ideológica, de hacer política.

Cada región de Colombia tiene su propio poder económico y político. Usualmente son familias, o grupos de familias, con negocios que han desarrollado una filial política.

Petro se acercó a muchas de ellas para ganar la presidencia, y ahora las tendrá de nuevo en el poder, motivo por el cual algunos analistas vaticinan una mejor ejecución de los recursos: pudo haber recibido un golpe, dicen, pero también puedo haber ganado eficiencia.

Por la accidentalidad de su geografía y por el desarrollo desigual y excluyente de sus regiones, Colombia siempre ha sido un país de poderes locales. Estas elecciones lo demostraron una vez más.

BBC.

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