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Centro Democrático: “El muro de contención” contra el Chavismo , Paola Holguín
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5 years agoon
“La terquedad de Santos, por no hablar de su complicidad con el narcorégimen de Maduro, junto con la incapacidad de su Canciller, son los responsables de de la tragedia que están viviendo millones de venezolanos y que, por ende, también afecta a Colombia”.
“Yo creo que lo único positivo del gobierno de Santos es que ha provocado una crisis tan terrible en todos los órdenes que nos va a llevar a reinventarnos como nación”.
De haber tenido una hija, el expresidente Alvaro Uribe hubiera querido que hubiera sido como Paola Holguín. Esta mujer de 44 años, ex periodista, experta en Seguridad y Defensa y ahora Senadora de la República, aspira ahora a repetir su mandato en el legislativo colombiano y continuar su carrera en las filas del Centro Democrático que fundara Uribe. Mujer de fuertes convicciones y sin pelos en la lengua, defiende con vehemencia sus ideas y, sin duda, tiene un prometedor futuro, junto a otras mujeres, en la política de Colombia.
La “hija” predilecta de Uribe
ENTREVISTA A PAOLA HOLGUIN
SENADORA DEL CENTRO DEMOCRÁTICO
por Ricardo Angoso
Ricardo Angoso: ¿Cómo va la campaña, cómo reciben al Centro Democrático?
Paola Holguín: Todo va muy bien, la gente nos recibe de maravilla. Yo creo que el Centro Democrático se ha convertido en estas elecciones en el partido de la esperanza. Nos hemos erigido en el partido que es el muro de contención para evitar que algunos conviertan a Colombia en otra Venezuela. Creo que la ciudadanía ha percibido que pese a ser un partido con pocos representantes en las instituciones hemos hecho un gran trabajo de oposición y ha sido una formación propositiva con ideas y propuestas. Tuvimos una bancada de representantes coherente, juiciosa, trabajadora y siempre atenta a nuestro trabajo.Ahora estamos recogiendo nuestros frutos porque la gente es generosa y receptiva hacia nuestro partido por el trabajo bien hecho.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
R.A.:¿Qué se puede hacer frente a la corrupción?
P.H.: Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la corrupción se convirtió en un mal endémico, una suerte de pandemia que no sólo afecta a la clase política, sino que es un círculo vicioso, ya que muchas veces el político corrupto llega al poder con votos comprados a ciudadanos corruptos y después pacta con empresarios corruptos para ofrecerle sus servicios a cambio de dinero. Entonces, ¿qué creo yo que se debe hacer? Lo primero sería firmar un pacto nacional por la transparencia entre los ciudadanos, el sector público y el sector privado para poner freno a este auténtico flagelo. Segundo, ya que a la sociedad la regula la Ley, la ética y la moral y creo que, en este sentido, es importante que la justicia opere contra la corrupción, pero además sin esos exagerados beneficios de casa por cárcel y que la gente devuelva hasta el último peso robado. Y en tercer lugar, hay que recuperar la ética y los valores en nuestra sociedad, estableciendo una sólida alianza entre estas cosas y la cultura de una ciudadanía que necesita esos valores.
Hay que volver a esos valores fundamentales porque son los cimientos de la sociedad. El ciudadano tiene también que poder elegir a representantes que no sean corruptos porque uno puede desarrollar las Leyes que quiera pero finalmente al corrupto no le importa que tipo de legislación hay y acaba cometiendo actos ilícitos. La mejor forma de derrotar a la corrupción es eligiendo políticos que sean transparentes y comprometidos con la limpieza de sus actos, enseñando al ciudadano que en este asunto también tiene una responsabilidad y un compromiso con la ética y la transparencia, transmitiendo esos valores al sector privado. La responsabilidad es de todos, políticos y ciudadanos.
ACUERDOS CON LAS FARC
R.A.:¿Cree que los acuerdos de paz con las FARC son revisables, como piden algunos compañeros de su partido, cree que eso se podría explicar a la comunidad internacional?
P.H.: Nosotros no tenemos que explicar nada a la comunidad internacional, en ese sentido, sino que creo que hay que decirle a la comunidad internacional que abandone de una vez por todas su complicidad con una organización terrorista como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Muchos países aplauden determinadas cosas en Colombia que nunca admitirían en su territorio. Por ejemplo, romper el orden constitucional y político y permitir la participación política de los terroristas que han cometido crímenes atroces y de lesa humanidad, son premisas que nunca serían aceptadas en otros países. De la misma forma, se acabó aceptando la impunidad para esos crímenes y aceptando que los terroristas sigan dedicados al narcotráfico. Por tanto, no tenemos nada que explicar a la comunidad internacional, sino que más bien la misma debería hacer un alto en el camino y examinar de cómo fueron cómplices de la entrega de este país a una organización terrorista. ¿Cómo es posible que se nos exijan cosas en Colombia que nunca aceptarían en sus países? Los europeos y los norteamericanos nos enseñaron el valor de la democracia y del Estado de Derecho, habiendo vivido en democracia casi doscientos años. Nosotros hemos sido solidarios con las víctimas del terrorismo de otros países y exigimos lo mismo para Colombia. Nosotros hemos sido abanderados del respeto a la justicia para nuestro país y exigimos a los demás que nos dejen vivir así, bajo el imperio de la Ley.
R.A.:¿Qué está fallando en la seguridad, cómo no tuvo a nivel de calle ninguna traducción el proceso de paz y la violencia sigue en las calles colombianas?
P.H.:¿Pero que es la paz, me pregunto yo? Paz es seguridad, es que los ciudadanos puedan ir tranquilos, que los niños no sean reclutados por los terroristas, que los empresarios puedan desempeñar libremente sus negocios, que no haya extorsión, que los criminales no vuelen los oleoductos, eso es paz. Paz, en definitiva, es seguridad.
En Colombia hablaron de paz cuando lo que había era un proceso de claudicación del Estado y que al estar cimentado en la impunidad provoca nuevas violencias en el país. Y es que el principal problema radica que en este proceso no se desestructuró completamente a las FARC y que esta organización mantuvo su principal grueso de fuerza. Luego no se entregaron todas las armas ni los menores que habían sido forzados a servir en las FARC. Tampoco se entregó la información acerca de los secuestrados y los desaparecidos, por no hablar del narcotráfico, que ha seguido su curso por que se dejó de utilizar el glifosato. Así, las FARC aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos de coca.Hoy Colombia tiene el doble de los cultivos de coca que teníamos en el 2010, alimentando así por medios financieros a las bandas criminales.
Finalmente, se equipararon a nuestras fuerzas militares con los terroristas, desmoralizándolas y neutralizándolas para combatir a los criminales. Hoy que tenemos, entonces, pues las consecuencias de esa política, como la extorsión, que bajo el presidente Santos creció un 270% y también tenemos a un Ejército de Liberación Nacional (ELN), unas FARC y unas Bacrim -bandas criminales- fortalecidas por el narcotráfico y por esa parálisis de las fuerzas de seguridad. Así, claro está, aumentaron todos los delitos y la criminalidad en las calles colombianas, como estamos viendo ahora. Nosotros, bajo el gobierno de Alvaro Uribe, logramos una reducción del 46% en los homicidios, mientras que bajo el gobierno de Santos ha sido sólo del 23%. La mejor política para la paz es la seguridad, tal como se demostró en el gobierno de Uribe en que se lograron reducir casi todos los delitos. La seguridad democrática de nuestro gobierno logró cuotas mayores de seguridad frente a lo poco que se ha logrado con el mal llamado proceso de paz.
REFORMA DE LA JUSTICIA
R.A.: ¿No cree que sin un poder judicial ágil y limpio no se pueden atajar estos problemas relativos a la seguridad”
P.H.:La seguridad está absolutamente ligada a la justicia, desde luego, son un binomio inseparable. Un país donde reina la impunidad tiene que tener altos niveles de inseguridad y delincuencia. En un país como Colombia donde la impunidad reina en el 99% de los delitos, es muy difícil evitar la violencia y la delincuencia porque todos calculan que es lo que ganó y que es lo que pierdo, ya que las posibilidades de ser capturado y judicilizado es del 1%. Ahí tenemos el caldo de cultivo que explica muy gráficamente los niveles de violencia y delincuencia que padece Colombia.
Entonces, es urgente revisar la justicia en profundidad y el Código Penal porque muchas veces la justicia y nuestra legislación van por detrás de las nuevas realidades que presentan la violencia y la delincuencia. Por ejemplo, los menores son utilizados por bandas criminales para delinquir porque saben que no se les puede encarcelar. Otro caso son los delitos que son excarcelables y donde más reincidentes se dan. Hay casos de delincuentes que cometen sesenta y setenta veces un mismo delito, algo absolutamente inadmisible, y que por ejemplo no ocurre en los Estados, que tienen otras Leyes. En Colombia, hay gente capturada 60 y 70 veces por delitos extracarcelables y nunca pagan sus condenas. Tenemos que desarrollar penas más duras, aunque más allá de ese cambio tenemos que crear un sistema eficaz de justicia para el país. Hay que reformar la justicia en profundidad para que se dé captura y una pena adecuada, al tiempo que también tenemos que revisar a fondo nuestra sistema carcelario y penintenciario, absolutamente fracasado como se está viendo.
R.A.:¿Estamos pasando de la anarquía al caos con todo lo que está ocurriendo, tal como decía en una de sus columnas el escritor Plinio Apuleyo Mendoza?
P.H.:Cuando hay un deterioro político, institucional y económico como el que estamos viviendo provocado por la presidencia de Santos, hay que decir que eso es muy grave. El ciudadano percibe que no hay Ley y cunde el mal ejemplo por doquier. Se ha impuesto el ser pillo paga. Santos ha dicho claramente a los colombianos que la impunidad se ha impuesto frente a la justicia. Los grandes criminales están en la calle y haciendo política, como nos ha ocurrido con los terroristas. En Estado de Derecho y donde rigen las Leyes no se concibiría lo que está pasando ahora en Colombia.
CRISIS DE VENEZUELA
R.A.:¿No piensa que el gobierno de Santos fue muy tibio frente a la crisis de Venezuela que ahora se traduce en el drama humanitario que estamos viendo en las fronteras colombianas?
P.H.:Desde hace años como representante he solicitado a la Canciller de Colombia que tomara medidas ante la posibilidad de que ocurriera lo que ahora hasta ocurriendo, que es un éxodo masivo de colombianos hacia Venezuela. Y eso está sucediendo porque el narcorégimen acabaría convirtiendo la vida de millones de venezolanos en una pesadilla. Luego nosotros tenemos 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y lo lógico y natural es que esos millones de venezolanos huyan por la frontera más cercana, es ley de vida. Otro aspecto es que muchos de esos venezolanos que ahora huyen son de padres colombianos y también hay muchos colombianos que huyen ahora despavoridos de Venezuela ante el deterioro en su calidad de vida. Esta situación se veía venir, como denuncié en su momento, y no se hizo nada para evitarlo.
Pero hay otro asunto más grave: la complicidad de Juan Manuel Santos con el narcorégimen, en su apuesta por las FARC, llevó a esta crisis de Venezuela a todos los niveles. Hoy el gobierno de Santos es corresponsable de la tragedia del pueblo venezolano. Yo he pedido, junto a otros senadores, que se declare la emergencia humanitaria en la frontera para que las organizaciones internacionales, como ACNUR, se impliquen de una forma activa en esta crisis, trayendo recursos y ayuda humanitaria. Pese a esa petición, el gobierno ha hecho caso omiso. Hoy Colombia tiene una crisis económica y fiscal que la imposibilita de ayudar adecuadamente a nuestros vecinos venezolanos que están llegando a nuestras fronteras. La terquedad de Santos, por no hablar de su complicidad con el narcorégimen de Maduro, junto con la incapacidad de su Canciller, son los responsables de de la tragedia que están viviendo millones de venezolanos y que, por ende, también afecta a Colombia.
R.A.: Me sorprende que tanto la izquierda como la derecha se muestran muy críticas con la gestión de Santos, ¿usted cree que hay algo positivo que destacar del mandato de Santos?
P.H.:Yo creo que lo único positivo del gobierno de Santos es que ha provocado una crisis tan terrible en todos los órdenes que nos va a llevar a reinventarnos como nación. No creo que haya nada que destacar de un gobierno corrupto que traicionó al pueblo colombiano y que llevó a la figura presidencial a un nivel de indignidad que hoy avergüenza a Colombia. Nos avergüenza por su complicidad con el narcorégimen venezolano y también por su complicidad frente al terrorismo. Luego está su incapacidad para gestionar un país rico que tenía que haber tenido un lugar destacado en el concierto internacional y que hoy, desgraciadamente, no ocupa porque está en una grave crisis.
EL PROCESAMIENTO DE ALVARO URIBE
R.A.:¿Qué opinión le merece que se reabra el proceso judicial contra Alvaro Uribe?
P.H.:No me sorprende lo que ha ocurrido, más bien me aburre porque cada vez que hay un proceso electoral en Colombia, ante la incapacidad para derrotar a Uribe en las urnas, vienen refritos de acusaciones y especulaciones para tratar de minarle su credibilidad. Sin embargo, afortunadamente los colombianos conocen bien al presidente Uribe y cada ataque le acaba fortaleciendo. Pero qué tristeza que un país que debería estar discutiendo cosas serias, como por ejemplo la reforma de la justicia o de la salud, tenga que perder su tiempo en la pequeña política y en las trampas y en las mentiras propias de una justicia parcializada que, en definitiva, trata de tejer una patraña en torno al presidente Uribe.
R.A.:¿Cuáles son los proyectos personales que llevaría al próximo legislativo?
P.H.: Hay varios. Uno de ellos es llevar adelante, con la certeza de que seremos mayoría, como la Ley de sometimiento a la justicia, que busca la desarticulación de las Bacrim y de sus estructuras criminales, generando un marco jurídico y legal y que permita el sometimiento de las mismas al Estado de Derecho y no al revés. En segundo lugar, voy a radicar por cuarta vez el proyecto para bajar el salario de los congresistas, de tal forma que también nosotros contribuyamos a ayudar al país en un momento en que está en un trance difícil. Tercero, voy presentar varios proyectos de Ley relativos a la mejora en nuestro sistema de educación superior. Y, finalmente, quiero radicar otro proyecto relativo a la Fuerza Pública, para devolverles a nuestros militares su fuero militar, para devolverles el honor y el necesario lugar que tienen que tener nuestros militares en la sociedad. Los militares tienen que tener esa justicia especial. Esa propuesta se complementaria con una Ley de Defensa Nacional, que es absolutamente necesaria para el país, ya que la necesita. No es normal ni lógico que cada cuatro años lleguen nuevos gobiernos que vienen con lineamientos distintos y varían la que debería ser la orientación nacional en esta materia al margen del color político del gobierno del que esté en el poder.

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Agencias
Gran jurado de Manhattan imputa cargos contra Donald Trump por caso de actriz porno
Published
2 days agoon
March 31, 2023By
FranciscoEP New York | política EE.UU. | agencias
por Gustavo Lugo
Donald Trump es acusado penalmente en NY
NUEVA YORK — Donald Trump ha sido acusado por un jurado investigador de Manhattan, dijeron el jueves fiscales y sus abogados, lo que lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal y remece sus pretensiones de retomar la Casa Blanca el próximo año.
Los cargos se centran en los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para acallar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Además, representan un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre los tratos comerciales, políticos y personales de Trump.
La acusación impulsa a una fiscalía de distrito local al corazón de una contienda presidencial y marca el comienzo de un proceso penal en una ciudad que el expresidente llamó su hogar durante décadas. Al llegar en un momento de profundas divisiones políticas, es probable que los cargos refuercen los puntos de vista tanto de quienes creen que ya era hora de que el exmandatario rindiera cuentas, como de aquellos que, como Trump, sienten que el republicano está siendo atacado con fines políticos por un fiscal demócrata.
Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa en numerosas ocasiones, se refirió a los cargos formales como una “persecución política” y pronosticó que perjudicaría a los demócratas en 2024. En un comunicado en el que confirmaron los cargos, sus abogados Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron que Trump “no cometió ningún delito. Lucharemos vigorosamente contra este proceso político en los tribunales”.
Un portavoz de la fiscalía de distrito de Manhattan confirmó la acusación y dijo que los fiscales se habían comunicado con el equipo de defensa de Trump para concertar su entrega. Una persona familiarizada con el asunto, que no estaba autorizada a discutir un proceso que se encuentra bajo precinto, dijo que se esperaba que la entrega se hiciera la próxima semana. El fiscal de distrito Alvin Bragg salió de su oficina el jueves por la tarde sin hacer comentarios.
El caso se centra en acusaciones bien documentadas de un periodo de 2016 durante el cual el pasado de celebridad de Trump chocó con sus ambiciones políticas. Los fiscales examinaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, de quienes temía que hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.
El momento de la acusación pareció sorprender a los funcionarios de la campaña de Trump luego de los reportes noticiosos de que probablemente faltarían semanas para presentar cargos penales. El expresidente estaba en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, el jueves y había filmado una entrevista con un comentarista conservador.
Para un hombre cuya presidencia estuvo definida por saltarse las normas, la acusación abre camino a otro espectáculo nunca antes visto. Requerirá que un expresidente —y actual aspirante— luche simultáneamente por su libertad y su futuro político al mismo tiempo que se defiende de otras amenazas legales potencialmente más peligrosas, incluidas investigaciones sobre los intentos de él y de sus aliados de anular los resultados de las elecciones de 2020, así como sobre el resguardo de cientos de documentos confidenciales.
Hasta hace poco, Nueva York había sido vista como una candidata poco probable para ser el primer lugar para enjuiciar a Trump, quien continúa enfrentando investigaciones en Atlanta y Washington que también podrían resultar en cargos. A diferencia de esas investigaciones, el caso de Manhattan se refiere a la conducta de Trump antes de convertirse en presidente y no está relacionado con los intentos de anular una elección presidencial.
Mientras busca reafirmar el control del Partido Republicano y mantener a raya a una gran cantidad de exaliados que buscan la nominación presidencial o se opondrán a que él la obtenga, la acusación prepara el escenario para una imagen sin precedentes: un expresidente al que le toman sus huellas dactilares y una foto para su ficha policial, y luego enfrentar la lectura de cargos y posiblemente un juicio penal. Por razones de seguridad, se prevé que sea fichado en un proceso cuidadosamente coreografiado para evitar aglomeraciones dentro o fuera del juzgado.
Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg está asumiendo un caso inusual que había sido investigado por dos fiscales anteriores que se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump.
En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la corte penal de Manhattan.
El destino de la investigación de los pagos para comprar el silencio de las dos mujeres parecía incierto hasta que a principios de marzo comenzó a circular la noticia de que Bragg había invitado a Trump a testificar ante el jurado investigador, un indicio de que la fiscalía estaba cerca de presentar cargos.
Los abogados de Trump rechazaron la invitación, pero un abogado muy allegado al expresidente testificó brevemente en un intento de socavar la credibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen.
El propio Trump había generado expectativas de que sería acusado pronto, al emitir una declaración a principios de mes en la que predijo un arresto inminente y llamó a sus seguidores a protestar. No repitió ese llamado en una nueva declaración el jueves, pero el Departamento de Policía de Nueva York les dijo a sus 36.000 oficiales que estuvieran completamente movilizados y listos para responder a cualquier posible protesta o disturbio.
Hacia el final de la campaña presidencial de 2016, Cohen le pagó a Daniels 130.000 dólares para que guardara silencio sobre lo que asegura se trató de un encuentro sexual con Trump 10 años atrás, luego de haberse conocido en un torneo de golf para celebridades.
La compañía de Trump, la Organización Trump, le reembolsó el monto a Cohen y también lo recompensó con bonos y pagos adicionales que fueron registrados internamente como gastos legales. A lo largo de varios meses, según Cohen, la compañía le pagó 420.000 dólares.
Antes de eso en 2016, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del tabloide National Enquirer le pagara a la modelo de Playboy Karen McDougal 150.000 dólares para silenciar su historia de una aventura con Trump.
Los pagos a las mujeres tenían la intención de comprar su silencio, pero resultaron contraproducentes casi de inmediato cuando los detalles de los arreglos se filtraron a los medios de comunicación.
Los fiscales federales de Nueva York finalmente acusaron a Cohen en 2018 de violar las leyes federales de financiamiento de campañas, argumentando que los pagos equivalían a una ayuda inadmisible para la campaña presidencial de Trump. Cohen se declaró culpable de esos cargos y de cargos de evasión de impuestos no relacionados, y cumplió condena en una prisión federal.
Trump fue implicado en documentos judiciales por tener conocimiento de los arreglos, pero los fiscales federales en ese momento se negaron a presentar cargos en su contra. El Departamento de Justicia tiene una política añeja de que es probable que sea inconstitucional enjuiciar a un presidente en ejercicio ante un tribunal federal.
Con ingormaciòn de AP | EFE
Agencias
La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?
Published
1 week agoon
March 23, 2023By
FranciscoEP New York | Latinoamérica | agencias
cómo Colombia sometería al narco a la justicia
BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.
La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.
The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?
El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.
Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.
El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.
El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.
¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?
El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.
Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.
¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?
Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.
En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.
Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.
El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.
En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.
Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.
¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?
Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.
Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.
“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.
CRÍTICAS AL PROYECTO
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.
Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.
En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.
El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.
La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.
Con información de AP
Agencias
Alcances del plan de paz de China en Ucrania
Published
1 week agoon
March 23, 2023By
FranciscoEP New York/ Florida News| Política Internacional | agencias
Putin y Xi celebran la colaboración de sus países, a pesar de la guerra de Rusia en Ucrania
El presidente ruso, Vladimir Putin, le dio la bienvenida a Xi Jinping, el máximo dirigente chino, y mencionó brevemente el plan de paz de Pekín para Ucrania, sin dejar de subrayar la sólida cooperación entre Moscú y Pekín.
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el máximo dirigente chino, Xi Jinping, iniciaron el lunes sus conversaciones en Moscú. Posaron uno al lado del otro demostrando una colaboración que no se ha visto afectada por la guerra que Rusia mantiene en Ucrania desde hace un año.
Aunque la guerra y las fricciones que ha evidenciado estuvieron presentes en la reunión, Xi y Putin no hicieron comentarios públicos al respecto, a pesar de las múltiples consecuencias registradas el año pasado como las sanciones occidentales a Rusia, la crisis energética en Europa y la devastación en Ucrania.
En vez de eso, los líderes hicieron todo lo posible por halagarse mutuamente y proyectar unidad en una serie de actos meticulosamente coreografiados. Xi es el líder mundial de más alto nivel que visita Rusia desde la invasión y se quedará tres días, mientras continúan las sangrientas batallas en el este de Ucrania. Además, su visita se produce solo tres días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra el líder ruso por crímenes de guerra.
Las imágenes de la alianza, construida más con gestos simbólicos que con un tratado formal, ha avivado la ansiedad en Occidente ante la posibilidad de que China expanda su apoyo a Rusia más allá de la diplomacia o la economía —posiblemente con armas para que sean usadas en la guerra de Putin— y consolide un poderoso bloque opuesto a la OTAN y Estados Unidos.
“Querido amigo, bienvenido a Rusia”, le dijo Putin a Xi, después de que el líder chino fuera recibido con una alfombra roja y una banda militar.
Putin le dijo a su invitado que China era objeto de “envidia” porque su gobierno había construido un “sistema muy eficaz para desarrollar la economía y fortalecer el Estado”. Xi expresó su “profunda gratitud” a Putin y dijo estar “seguro de que el pueblo ruso seguirá apoyándolo firmemente”, según Xinhua, la agencia de prensa estatal china.
Los mandatarios se sentaron junto a una pequeña mesa, cerca de una chimenea, en un entorno mucho más íntimo que la larga mesa en la que Putin mantuvo tensas reuniones con líderes occidentales antes de que Rusia invadiera Ucrania.
Pero detrás de esta muestra de amistad hay un escenario geopolítico. China y Rusia se oponen a un orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados, y eso parece pesar más que cualquier objeción que pueda tener Xi sobre la invasión de Ucrania.
El secretario de Estado, Antony J. Blinken, criticó la visita, afirmando que equivale a una “pantalla diplomática para que Rusia siga cometiendo” crímenes de guerra. El tribunal internacional acusó a Putin de ser responsable del secuestro y deportación de niños ucranianos, y las fuerzas rusas siguen atacando zonas civiles.
Según Blinken, el viaje “sugiere que China no siente la responsabilidad de hacer que el presidente rinda cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania”.
Putin, en un artículo publicado en el Diario del Pueblo, el principal periódico del gobernante Partido Comunista de China, estableció paralelismos entre las amenazas que, según él, pesan sobre Rusia por parte de Occidente —y que, en su opinión, lo impulsaron a invadir Ucrania— y las preocupaciones de Pekín en materia de seguridad en Asia.
Describió la cooperación entre Rusia y China como un contrapeso esencial a un Occidente que pretende dominar no solo Europa Oriental, sino también la región de Asia-Pacífico, y que pretende “contener el desarrollo de nuestros países”.
“Son las relaciones ruso-chinas las que hoy representan prácticamente la piedra angular de la estabilidad regional, incluso mundial”, escribió Putin.
Según un resumen chino de su reunión en el Kremlin, Xi le dijo a Putin: “La mayoría de los países apoyan la disminución de las tensiones, abogan por las negociaciones de paz y se oponen a echarle leña al fuego. Históricamente, los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y las negociaciones”.
Las cautelosas declaraciones de Xi coinciden con la delicada posición que China ha adoptado en relación con la guerra: simpatiza con las quejas de Rusia contra la influencia occidental y la OTAN, al tiempo que aboga por el diálogo para poner fin a los combates. En consonancia con esa ambigüedad, Xi se ha referido a los combates en Ucrania como una “crisis” o un “conflicto”, pero no como una guerra o una invasión.
Al final del primer día de reuniones, no se evidenció algún progreso en el aspecto que más expectativas ha generado: saber si Xi podrá convencer a Putin para que inicie negociaciones de paz serias. Putin se limitó a afirmar que Rusia había “estudiado detenidamente” las propuestas de paz de China y que las tratará “con respeto”.
Un portavoz de la Casa Blanca, John F. Kirby, dijo: “Veremos de qué salen hablando de esta reunión”. Al calificar a la alianza Pekín-Moscú como un “matrimonio de conveniencia”, dijo que armar a Rusia iría en contra de las declaraciones públicas de Xi acerca de que China quiere la paz.
Para Putin, la visita de Xi también es una oportunidad para suavizar las tensiones suscitadas por los asesinatos de nueve ciudadanos chinos en una mina de oro en la República Centroafricana, un incidente que Xi ha condenado. Hay diversas afirmaciones sobre la identidad del grupo responsable de las muertes, pero algunos culpan a un grupo de mercenarios rusos.
Las conversaciones de Xi y Putin continuarán el martes, cuando se les unirán delegaciones más amplias de funcionarios gubernamentales. También planean dirigirse a los medios de comunicación y celebrar un banquete estatal al que asistirán los líderes empresariales rusos.
Ambos mandatarios se han reunido unas 40 veces desde que Xi se convirtió en líder nacional pero, aunque proyectan una relación más profunda que nunca, la guerra ha interrumpido sus relaciones, al tiempo que ha profundizado la dependencia rusa de China para el comercio y el apoyo diplomático.
La guerra ha sido una fuente de inestabilidad para Pekín, y ha perjudicado los lazos chinos con los países europeos. También ha magnificado las tensiones económicas y energéticas mundiales en un momento en que Xi quiere centrarse en la reconstrucción económica de China después de la pandemia.
En las últimas semanas, Xi ha tratado de reafirmar el papel global de China después de su aislamiento pandémico. Pekín se ha presentado como un potencial intermediario de la paz, organizando conversaciones que condujeron a un acuerdo significativo este mes entre Arabia Saudita e Irán y proponiendo un plan de 12 puntos que fue redactado en términos generales para poner fin a los enfrentamientos.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que agradecería la oportunidad de hablar con Xi, pero no está claro si los líderes tienen la intención de hablar.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, habló por teléfono la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, e instó a Ucrania y Rusia a negociar. “No importa cuán grandes sean las dificultades y los desafíos, no se le debe cerrar la puerta a una solución política”, le dijo Qin, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Pero hay obstáculos enormes.
Putin, en su artículo del lunes, señaló que Rusia entablará conversaciones solo si retiene el control del territorio capturado en el este y el sur de Ucrania. El gobierno de Ucrania ha descartado ceder territorio a cambio de la paz.
“El primer y principal punto es la capitulación o retirada de las tropas de ocupación rusas”, dijo Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, en un comunicado el lunes.
Ni las fuerzas rusas ni las ucranianas han mostrado una desaceleración en la lucha a lo largo del frente en expansión. Cientos de soldados mueren o resultan heridos diariamente en cada bando, según los analistas militares.
Incluso en el caso de que China desee desempeñar un papel para poner fin al derramamiento de sangre, es poco probable que Xi presione a Putin para evitar poner en peligro su asociación más amplia, según dicen muchos analistas. Xi considera que el vínculo de Pekín con Moscú es esencial para compensar el dominio global estadounidense.
“Los países occidentales liderados por Estados Unidos han implementado la contención, el cerco y la represión general de China”, declaró en un discurso este mes.
William Klein, un exdiplomático estadounidense radicado en Pekín, dijo que la visita a Moscú “demuestra claramente que China ve a Rusia como un socio estratégico indispensable”.
“Independientemente de lo que China pueda pensar sobre la guerra, ve a Rusia como una clave para crear un contrapeso a la presión de Estados Unidos”, dijo Klein, que ahora es socio consultor de FGS Global. “No debería haber ninguna expectativa de que China recalibrará sus intereses fundamentales debido a esta guerra”.
La pérdida del apoyo de Rusia podría dejar a China peligrosamente expuesta, según han argumentado los expertos en política exterior china, incluso después de la invasión de Putin.
El mes pasado, Yang Jiemian, un experto en política exterior de Shanghái, escribió en un análisis que si “Rusia se debilita constantemente hasta el punto en que no puede, no quiere o no se atreve a luchar contra Estados Unidos y Occidente, eso haría que China enfrente circunstancias estratégicas muy desfavorables”.
Publicado en The New York Times


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