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Latinoamérica

Continúan los disturbios y muertos en cárceles de Brasil

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La feroz guerra desatada al interior de las cárceles de Brasil por el control del narcotráfico tuvo su tercer gran episodio del año en Natal (nordeste), donde al menos 26 presos fueron brutalmente asesinados en un motín que se prolongó 14 horas.

El enfrentamiento entre dos facciones criminales en el centro penitenciario de Alcaçuz, el mayor del estado de Rio Grande do Norte, elevó a más de 100 los reos fallecidos en las hacinadas cárceles de Brasil en sólo los primeros 15 días del 2017.

El 1 de enero, un motín dejó 56 presos muertos en Manaos (Amazonas) -en la segunda mayor masacre registrada en una cárcel de Brasil- y sólo cuatro días más tarde, el horror se repitió en una prisión de Roraima, donde 33 internos fueron asesinados.

El evento en Natal empezó el sábado en la tarde, cuando reos de diferentes organizaciones criminales lograron salir de sus pabellones para enfrentarse brutalmente en este penal con capacidad para 620 reclusos, pero que alberga actualmente a 1.083.

“Fueron verificados 26 muertos”, confirmó en una rueda de prensa en la noche Caio Bezerra, el secretario de Seguridad Pública del estado, asegurando que las autoridades habían estimado un número más alto de fallecidos, de alrededor de 30, “por el estado de algunas víctimas y cuerpos”.

Medios locales han mostrado fuertes imágenes del interior del presidio, ubicado a unos 25 km de Natal, donde se ven cuerpos decapitados y desmembrados. De hecho, la policía debió esperar hasta el amanecer del domingo para retomar el control e irrumpir en la prisión con vehículos blindados. Durante la noche, habían cercado el exterior de la cárcel ya que los reclusos cortaron la luz y consiguieron armas de fuego.

Con la situación ya controlada, ahora las fuerzas de seguridad refuerzan el exterior del presidio -rodeado de dunas- para evitar fugas y empezarán el traslado a otras prisiones de algunos presos.

Auxilio y fuga

El presidente Michel Temer dijo en Twitter que seguía de cerca el trágico suceso y ordenó prestar “todo el auxilio necesario” a las autoridades del estado de Rio Grande do Norte. Entretanto, el Ministerio de Justicia convocó a los secretarios de Seguridad de todos los estados del país a una reunión el próximo martes para estudiar “medidas inmediatas para la crisis del sistema penitenciario”, que además de las matanzas recientes ha registrado numerosas fugas.

Casi un centenar de presos siguen fugados tras el motín en Manaos.

Y en la madrugada de este domingo, una veintena de reclusos se fugaron del penal Piraquara I, de la ciudad de Curitiba (sur), apoyados por un grupo de unos quince cómplices desde el exterior que destruyeron con explosivos un muro del edificio y contuvieron la respuesta policial con armas de guerra.

 Guerra entre dos grupos criminales

Igual que las cárceles de Amazonas y Roraima, este fin de semana el centro penitenciario Alcaçuz quedó en el centro de la lucha por el manejo del narcotráfico que la autoridades atribuyen a los dos principales grupos criminales del país: el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho de Rio de Janeiro. “Existe una lucha por el poder, por el dominio del tráfico de droga en Brasil. Una lucha que viene de otros estados y en que los grupos intentan ganar espacio. Y el espacio en el mundo criminal se gana con fuerza y violencia”, explicó a la prensa Walber Virgolino, secretario de Justicia de Rio Grande do Norte.

Los diarios locales aseguran que durante el motín en Alcaçuz se enfrentaron miembros del PCC con los del Sindicato del Crimen, aliado del Comando Vermelho. El martes, el gobierno desplegó 200 efectivos de la unidad especial de Fuerza Nacional en Amazonas y Roraima luego de las dos masacres carcelarias en esas regiones. En Rio Grande do Norte, también se encuentra esa fuerza.

Michel Temer también prometió una modernización del sistema penitenciario y la construcción de nuevas prisiones en todos los estados, pero organizaciones como Human Rights Watch lo ven como una solución parcial. “La medida clave para reformar el sistema penitenciario es reducir el hacinamiento, pero Brasil nunca conseguirá construir suficientes prisiones para eso. La solución es el sistema judicial”, que deber ser menos punitivo, manifestó esta semana César Muñoz, investigador senior de HRW en Brasil.

Agencias

Declaraciones de Petro sobre Fiscal comprometen democracia en Colombia

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EP New York | Colombia

Fuerte choque entre el Presidente de Colombia y la Fiscalía

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, protagonizaron el viernes un nuevo enfrentamiento público, a raíz de los señalamientos que lanzó el Jefe de Estado contra un fiscal regional por supuestos vínculos con criminales.

El fiscal general reaccionó a las críticas contra el servidor judicial y la discusión con el presidente escaló. Petro se dirigió el viernes desde España a Barbosa: “El Fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

La declaración generó una rápida respuesta del titular de la Fiscalía, quien lo acusó a Petro de acercarse a un régimen dictatorial. “Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el Presidente de la República sino un dictador en Colombia”, expresó Barbosa quien alegó que la afirmación afecta al Estado de derecho y es un irrespeto a la independencia de poderes en el país.

A ese cuestionamiento se sumó un pronunciamiento el viernes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, también rechazando la declaración del presidente Petro.

La Corte señaló al presidente Petro de estar haciendo una interpretación errada de la constitución política de Colombia y consideró que está desconociendo “la autonomía e independencia judicial que es cláusula fundacional de la democracia colombiana”.

A media tarde del viernes, Barbosa anunció que sacará a su familia del país por razones de seguridad. El funcionario dice que las declaraciones del presidente Gustavo Petro lo pusieron en riesgo.

“Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones”, dijo el fiscal, al considerar que “seguramente habrá consecuencias” si decide no obedecer al presidente Petro, que esta mañana dijo que era su jefe.

El presidente Petro respondió a través de un extenso mensaje en Twitter que el fiscal general lo está irrespetando y que él como Jefe del Estado tiene derecho a preguntar por investigaciones y denuncias que constituyen una violación del Derecho Internacional Humanitario.

Este nuevo episodio comenzó con un tuit del presidente Petro citando un artículo escrito por el periodista Gonzalo Guillén, en el que se menciona que el fiscal Daniel Hernández habría “encubierto” el homicidio de unas 200 personas a manos de la banda criminal “Clan del Golfo” en la costa norte de Colombia.

El artículo recoge que el fiscal Hernández habría recibido los listados de las personas que iban a ser ejecutadas y que el funcionario esperó a que ocurrieran esos homicidios y luego protegió a los asesinos. El presidente Petro pidió investigar esa información al considerarla “muy grave” y escribió un mensaje en Twitter acompañado de una fotografía en la que aparecía el funcionario judicial con su hijo de 13 años.

“El Presidente de la República fijó el trino y acompañó la publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, denunció el Fiscal Barbosa, quien considera que de esa forma puso “una lápida sobre los funcionarios judiciales”. Además, responsabilizó al mandatario de lo que le pueda ocurrir al fiscal Hernández y a su familia.

Barbosa comentó, además, que el fiscal Hernández es una víctima de la masacre de la Rochela, cometida por paramilitares en 1989 y que “decirle a una víctima reconocida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima”.

El fiscal Barbosa y el presidente Petro ya habían tenido otros desencuentros. El más recordado tiene que ver con las duras críticas que lanzó en su momento el jefe del ente acusador contra el plan de “paz total” del presidente Petro por los beneficios que se planteaban para los criminales.

Barbosa asumió el cargo en la Fiscalía en febrero de 2020. Fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, uno de los altos tribunales constitucionales, de una terna que presentó el entonces presidente de Colombia, Iván Duque. Antes de ser fiscal general, había sido funcionario del gobierno de la época, de tendencia derechista.

El choque de poderes se dio un día después de que la justicia colombiana hubiera anulado la elección del presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, por doble militancia política. Barreras es considerado un alfil estratégico del gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo y, si la decisión queda en firme después de apelaciones, en el transcurso de las próximas semanas tendría que dejar el cargo en el Congreso.

Con inf. de AP

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Agencias

La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?

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EP New York | Latinoamérica | agencias

cómo Colombia sometería al narco a la justicia

BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.

La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.

The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?

El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.

Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.

El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.

El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.

¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?

El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.

Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?

Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.

En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.

Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.

El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.

En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.

Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.

¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?

Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.

Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.

“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.

CRÍTICAS AL PROYECTO

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.

Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.

En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.

El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.

La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.

Con información de AP

 

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Agencias

¿Por qué están llegando miles de mujeres rusas embarazadas a Argentina?

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EP New York | Latinoamérica

¿Refugiadas u oportunistas? El dilema con las embarazadas rusas en Argentina

Buenos Aires .- Maria Konovalova supo que iba a ser madre en agosto del año pasado. Entonces vivía en San Petersburgo, impartía clases de inglés para niños y estaba satisfecha con su vida. Su intención era continuar con el embarazo en Rusia, pero la “movilización parcial” decretada por el Gobierno cambió sus planes y Argentina se cruzó en su camino.

“Fue un momento terrible, porque mi marido fue al trabajo por la mañana y no sabía si podría verlo por la noche. Los policías estaban deteniendo a gente por la calle y enviándolos lejos, así que entendimos que era complicado vivir más tiempo allí”, señala la joven, de 25 años, en una conversación con EFE en Buenos Aires.

Konovalova es una de las más de 10.000 ciudadanas rusas que viajaron hasta Argentina desde principios del año pasado; un flujo visto con suspicacia por las autoridades migratorias, que interpretan estos movimientos como un método irregular de obtener la ciudadanía argentina y como un negocio para las “mafias”

El jefe del servicio de obstetricia del Hospital Alemán, Matías Uranga, posa durante una entrevista con EFE, el 26 de febrero de 2023 en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Odisea en el aeropuerto embarazadas

Después de 26 horas de vuelo desde San Petersburgo, Konovalova aterrizó en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza el pasado 9 de febrero. En ese momento no podía sospechar que pasaría otras 24 horas retenida en la sala de espera, al igual que otras cinco rusas con las que solo tenía una cosa en común: estar embarazadas.

“Los agentes de Migraciones veían extraño que viajase sola, como que quería dejar a mi bebé aquí e irme de nuevo, una historia sobre mafias o algo así (…). Después de seis horas de espera, nos dieron un papel con que no estábamos admitidas”, relata.

La versión oficial sostiene que estas mujeres eran “falsas turistas” que viajaron con la única intención de dar a luz a sus bebés, anotarlos como argentinos y abandonar el país; algo que, según la Dirección Nacional de Migraciones, supone una “desnaturalización” del acuerdo que permite a los rusos permanecer hasta 90 días sin visado en Argentina.

En este contexto, Konovalova y otras dos ciudadanas rusas contactaron con Christian Rubilar, abogado especializado en ciudadanía argentina, quien interpuso un habeas corpus para lograr su liberación y posterior ingreso en Argentina.

“Lo que se logró en los habeas corpus es que ya no se pueda arrestar más a mujeres embarazadas y que se habiliten las causales que tienen que ver con el derecho internacional humanitario”.

Partos en ascenso

La detención de estas mujeres embarazadas evidenció la creciente llegada de ciudadanos rusos a Argentina como consecuencia de la guerra: solo en enero de este año arribaron al país suramericano un total de 4.523 rusos, cifra que contrasta con los 1.037 que lo hicieron en el mismo mes del 2022, según datos oficiales.

Muchos de ellos son mujeres con 33 o 34 semanas de embarazo que buscan dar a luz en hospitales de Buenos Aires, como es el caso del Hospital Alemán, uno de los centros médicos “preferidos” por las visitantes eslavas.

“El año pasado hicimos alrededor de 30 nacimientos de pacientes rusas, lo que pasa es que este año están llegando más. Se calcula que va a haber más del doble de mujeres embarazadas que van a venir a tener sus familias acá”, asegura a EFE Matías Uranga, jefe del servicio de Obstetricia del Hospital Alemán.

Estas mujeres embarazadas vuelan al país suramericano atraídas por la “excelente” calidad de sus servicios médicos, apunta Uranga, quien constata la “preocupación” presente en la mayoría de ellas.

“Muchas mujeres deciden tener a sus familias en otros países para que sus maridos escapen de la guerra, entonces vienen con una cuestión psicológica preocupante. No solamente por la guerra, sino que salir de tu país, embarazada, e irte a otro con un idioma totalmente distinto a tener tu hijo… Es bastante complicado”, manifiesta.

Venir para quedarse

Superado el susto inicial en Ezeiza, la experiencia de Maria Konovalova en Argentina no podía ser más agradable, no sólo por la “amabilidad” y “cercanía” de sus habitantes -“no me moveré de aquí en siete años”, subraya-, sino por la posibilidad de vivir en un entorno más libre que la Rusia de Vladímir Putin.

“No quiero pensar en qué está pasando allí, porque es triste, realmente triste. Quiero que mi país sea libre y que no tenga el presidente que tiene ahora mismo; quiero que la guerra se detenga, quiero una vida mejor para los rusos… Pero ahora tengo cosas mejores en las que pensar”, afirma Konovalova, abrazando con ternura su barriguita.

Tras meses de incertidumbre, su historia, al menos, tendrá final feliz. Su pareja logró entrar en Argentina y juntos podrán criar a Aleksard, que nacerá a finales de mayo.

Con información de EFE

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