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Agencias

Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

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EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

Agencias

Miles de opositores marchan contra Petro en Colombia

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EP New York. | Latinoamérica

Miles de opositores protestan en Colombia y Petro insiste en que buscan “derrocar” su gobierno

BOGOTÁ — Los opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro volvieron a manifestarse el domingo y convocaron cerca de 250.000 personas en todo el país mientras coreaban incesantemente ”¡Fuera Petro!”, mostrando su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa, su propuesta de hacer una constituyente y reclamando por problemas económicos y de seguridad.

El presidente señaló que las manifestaciones tuvieron por objetivo buscar “derrocar el gobierno del cambio” de parte de sectores que quieren que se “deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”. Por lo que insistió, desde su cuenta de X, en que sus partidarios deben “responder” en una manifestación el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, en la que caminará junto a la gente y hablará en una tarima.

Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno se han convertido en una constante en Colombia desde que subió al poder Petro en el 2022, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados. La oposición reclama por sus políticas, mientras que Petro convoca a sus partidarios a defenderlas.

“Es una marcha donde está todo el mundo saliendo a decirle al presidente: ‘así no son las cosas, usted ganó las elecciones, pero sepa gobernar’”, dijo a The Associated Press Idelfonso Méndez, de 58 años.

Méndez, contador público, no suele salir a protestar. La última vez que lo hizo fue en 2008 en contra de los secuestros que perpetraba la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero ya no más. La democracia la veo en peligro, porque está buscando hacer una asamblea constituyente por fuera de la ley y quiere imponer las reformas a como dé lugar sin que lo apruebe el Legislativo”, explicó Méndez, quien sostenía un cartel con la frase “yo protejo a mi país”.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro el proceso en que se haría.

“El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.

Las movilizaciones fueron pacíficas, según reportó el gobierno y la policía, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán. En la capital lucía llena la icónica Plaza de Bolívar —donde confluyen el Congreso, las cortes, la alcaldía y la catedral— que tiene una capacidad para 55.000 personas. Según Petro, en el país se movilizaron cerca de 250.000 personas.

“Ha sido la marcha más importante contra Gustavo Petro, no solo por la cantidad, sino por quiénes salieron. En otras ocasiones se veían personas solamente de derecha, en esta se movilizaron diferentes sectores políticos que perdieron el miedo a ser estigmatizados como de derecha”, indicó a la AP Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

Para Arias, una marcha tan numerosa debería tener un impacto en la dirección del gobierno, sin embargo, no cree que en la práctica se vea reflejado. “Lo que va a hacer es que Gustavo Petro siga radicalizando su discurso, porque hace un mes y medio dejó de gobernar y está en campaña política”, agregó.

A inicio de abril, Petro sufrió una derrota en el Congreso, donde senadores archivaron la reforma a la salud, la más avanzada en trámite y también la más polémica. La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Sin embargo, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

“Vine a marchar por la salud, porque él (Petro) lo ha dicho, que va a acabar las EPS. Vine para que sepa que no queremos”, dijo a la AP Amanda Rojas, una ama de casa de 70 años, afiliada en Sanitas.

Los cambios al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años, han generado preocupación en el sector y más de 60 asociaciones se unieron a las protestas en lo que llamaron “La marcha de las batas blancas”.

“No negamos las falencias, la corrupción, la falta de recursos, pero una cosa es negar las falencias y otra cosa es decir que la solución que están planteando es la adecuada, ese es el problema”, aseguró a la AP Rubén Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien pide que se les incluya en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se trata de las marchas más nutridas que la oposición ha logrado convocar y considera que el elemento que cambió el panorama fue la intervención a varias EPS por parte del gobierno.

“Lo que muestra esta marcha es que esto genera muchas inquietudes que el gobierno debería escuchar, porque es algo que muestra que está perdiendo el pulso de la calle”, concluyó.

Con información de AP

 

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Agencias

A 7 meses de elecciones inicia juicio penal contra Donald Trump

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EP NEW YORK | Donald Trump

Gustavo Lugo

Donald Trump hizo historia este lunes al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado bajo acusaciones penales.

Por decisión del juez Juan Mechan, que encabeza el juicio contra el exmandatario por un caso de dinero supuestamente obtenido de manera subrepticia, Trump no podrá presentar argumentos sobre la inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, la próxima semana, y está obligado a asistir a la totalidad de su juicio en Nueva York, a menos que obtenga un permiso especial para faltar.

Trump, arremetio contra él juez a la salida del tribunal, y calificó todo el proceso como una “cacería de brujas política” en medio de la contienda electoral por la presidencia.

El expresidente de 77 años está siendo juzgado por un presunto pago que realizó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que esta no revelara los detalles de un supuesto encuentro sexual entre ambos.

El exmandatario está acusado de 34 cargos que un jurado de 12 miembros deberá valorar en las próximas semanas. La audiencia de este lunes fue convocada para el proceso de elección de los miembros del jurado.

Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 algo que él niega y que, a cambio de mantener ese encuentro en privado, recibió un pago antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El juicio se centra en el presunto pago que Trump le hizo a su antiguo abogado personal, Michael Cohen. Este asegura que con ese dinero se le ordenó pagar a Daniels US$130.000.

Trump es el primer expresidente y candidato republicano en las elecciones de noviembre en enfrentar una acusación penal.

juan Merchan es el juez del caso, magistrado de origen colombiano que el año pasado se hizo cargo de un juicio por fraude fiscal contra la Organización Trump.

La defensa del expresidente podría argumentar que las acusaciones son “infundadas” y tienen una “motivación política”. Eso es lo que ha dicho Trump sobre los múltiples juicios a los que se enfrenta, sin aportar pruebas que respalden estas afirmaciones.

Se espera que el juicio se prolongue de seis a ocho semanas.

 

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Agencias

Lo que sigue después del ataque de Irán a Israel

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EP NEW YORK. | Irán vs Israel

El ataque iraní a Israel planteó el temor a una guerra mayor, pero todos los bandos ganaron algo

TEL AVIV, Israel — El ataque sin precedentes de Irán contra Israel la madrugada del domingo agravó las tensiones regionales, confirmando los prolongados temores a que la guerra entre Israel y Hamás llevara a un conflicto más amplio. Pero también Irán, Israel, Estados Unidos y Hamás ganaron algo.

A continuación, un vistazo a las consecuencias.

LA RESPUESTA ISRAELÍ PODRÍA RESTAURAR LA FE EN SU EJÉRCITO

Cuando más de 300 drones y misiles se abatieron sobre Israel en a madrugada del domingo, el país pudo poner a prueba con éxito su variada protección antiaérea, que junto con la asistencia de sus aliados bloqueó el 99% de los proyectiles y evitó daños graves.

En cambio, el ejército israelí había sufrido una dolorosa derrota a manos de un enemigo mucho peor equipado cuando Hamás asaltó Israel desde Gaza el 7 de octubre. Eso fue un duro golpe a la imagen del ejército israelí como potencia militar regional y acabó con su aire de invencibilidad. La reacción al ataque iraní podría ser lo que restaure la fe en el ejército del país, aunque sus fuerzas siguen inmersas en combates en Gaza más de seis meses después de que Israel declarase la guerra a Hamás en el territorio.

Israel también ha hecho hincapié en las fuerza de coalición que ayudaron a repeler la agresión iraní. Es una muestra de apoyo muy necesitada en el momento de mayor aislamiento de Israel, debido a las preocupaciones sobre su conducta en la guerra contra Hamás dado el deterioro de la crisis humanitaria y la alta cifra de muertos en Gaza.

IRÁN HACE UNA DEMOSTRACIÓN DE FUERZA

Irán prometió varias veces que respondería a un aparente ataque israelí contra una sede diplomática iraní en Damasco el 1 de abril, en el que murieron dos generales. El ataque del domingo permitía a Irán mostrar a sus ciudadanos que no se quedará impasible mientras se atacan sus activos y que hablaba en serio al clamar venganza.

Con su ataque, Irán pudo exhibir su amplia potencia de fuego, asustar a algunos israelíes e interrumpir las vidas de muchas personas tras las cancelaciones de clases. Pero en realidad causó pocos daños en Israel, de modo que Irán puede aspirar a que cualquier represalia sea moderada. Varias horas después de lanzar los drones y misiles, Irán dio la operación por terminada.

ESTADOS UNIDOS APOYÓ A ISRAEL

Estados Unidos jugó un papel clave para repeler el ataque, lo que demostró a sus aliados de todo el mundo el poder y la fiabilidad del apoyo estadounidense.

Ahora, esa alianza podría verse a prueba mientras Israel estudia su respuesta, y cómo hacerlo en su caso. El gobierno de Biden quiere ejercer su influencia sobre Israel e impedir que tome una respuesta que pueda empeorar el conflicto.

HAMÁS PODRÍA BENEFICIARSE DE LA IMPLICACIÓN DIRECTA DE IRÁN

Hamás, que recibe apoyo de Irán, celebró el ataque a Israel. Desde su ataque del 7 de octubre, Hamás aspiraba a que aliados regionales pudieran acudir en su ayuda y arrastrar a Israel a una guerra más amplia. Aunque algunos lo han hecho —como la milicia Hezbollah con respaldo iraní en Líbano y los hutíes en Yemen— Irán no había entrado directamente en la refriega hasta el domingo.

Hamás podría esperar que el ataque fuera el primer paso en una implicación iraní más profunda en la guerra en Gaza. También podría esperar que la violencia en Cisjordania, donde un adolescente israelí fue asesinado y varios colonos asaltaron pueblos palestinos, siga creciendo. Como mínimo, el ataque israelí habrá dado ánimos a Hamás para no ceder en las negociaciones sobre un cese el fuego, con la esperanza de que la presión militar adicional sobre Israel pueda hacer que acepte los términos marcados por el grupo armado para acordar una tregua.

Con información de AP noticias.

 

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