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Corte de Nueva York investiga a presidente hondureño por narcotráfico

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EP EUA/manhattan–agencias

NUEVA YORK  — Fiscales dijeron el miércoles en una corte de Nueva York que el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán dio personalmente un millón de dólares en sobornos a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, para que Tony se los diera al mandatario.

El fiscal Jason Richman reveló la información en una corte de Manhattan y soltó una segunda aseveración: el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibía sobornos de traficantes –no especificó quiénes– y a cambio los traficantes recibían protección.

“El acusado (Tony) estaba protegido y tenía acceso a su hermano, el actual presidente de Honduras, un hombre que ha recibido millones de dólares en sobornos con dinero de la droga, sobornos que recibió de algunos de los traficantes de cocaína más importantes del mundo, sobornos que recibió de hombres como ´El Chapo´ y el cartel de Sinaloa”, dijo Richman.

El fiscal agregó que “El Chapo” y el cartel de Sinaloa pagaron el millón de dólares para obtener protección y “mantenerse en el negocio de la droga”.

El mandatario negó las acusaciones en Twitter.

“De hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el Presidente recibió nada”, tuiteó. “Y la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula… esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”.

Honduras ha sisdo un corredor del narcotráfico hacia EEUU por décadas, desde Pablo Escobar hasta el “Chapo” Guzmán

Los fiscales describieron a Tony Hernández como un “violento traficante de droga de épicas proporciones” que se dedicó a ganar miles de dólares traficando cantidades “masivas” de estupefacientes. Sus abogados replicaron asegurando al jurado que no se verán pruebas contra su cliente en todo el juicio.

El fiscal no especificó cuándo ocurrió el supuesto pago de “El Chapo”. El mexicano fue recientemente condenado a cadena perpetua y está preso en una cárcel de Estados Unidos.

Familiares de Tony Hernández que estaban presentes en la sala no quisieron comentar sobre el asunto con periodistas.

La situación se desató durante el primer día de un juicio por narcotráfico al hermano del mandatario hondureño, que también está acusado de portar armas y de mentir a las autoridades estadounidenses.

“Durante mucho tiempo estos sobornos funcionaron. El acusado y sus co-conspiradores tuvieron mucho éxito”, dijo el fiscal. Richman también aseguró que Tony Hernández confiaba en que nunca sufriría repercusiones porque su hermano era el presidente de su país.

El proceso legal se espera con expectación en Honduras porque ha salpicado al presidente, a quien los fiscales acusaron en agosto de recibir 1,5 millón de dólares proveniente de las drogas para la campaña que lo llevó a la presidencia en 2013. No está claro si el supuesto millón de “El Chapo” es distinto al millón y medio mencionado en agosto.

A principios de agosto la fiscalía del distrito sur de Nueva York acusó al presidente hondureño de trabajar con su hermano y el expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) “para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control en Honduras”.

En un documento de 49 páginas la fiscalía dijo que el presidente y su predecesor “dependieron del dinero del narcotráfico” para financiar campañas políticas. El documento destacó que el gobierno de Honduras funciona básicamente como un narco Estado debido a que el presidente y mandatarios anteriores han recibido aportes de campaña de traficantes de cocaína a cambio de protección.

El mandatario se defendió de las acusaciones diciendo que son falsas y que son una represalia a la política impulsada por su gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Entre otras medidas destacó la ley de extradición, la ley de lavado de activos y la depuración policial.

El miércoles Richman destaco que Tony Hernández era “intocable” en Honduras debido al acceso tenía a políticos en Honduras y a su hermano. Dijo al jurado que durante el juicio se darán detalles sobre dos asesinatos en los que Tony Hernández habría estado involucrado: el primero, dijo, fue el asesinato de un traficante que estaba bloqueando una ruta de droga hacia la frontera con Guatemala y la segunda supuesta víctima fue un exsocio que había sido arrestado y se temía hablara demasiado con las autoridades.

El juicio arrancó previamente, en la mañana del miércoles, cuando el juez Kevin Castel inició la selección de los miembros del jurado. En cuanto éstos fueron escogidos entre unos 60 candidatos, el fiscal Richman empezó su discurso de apertura de juicio.

El funcionario explicó al jurado que en el juicio escucharán el testimonio de agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), de un experto en historia y política de Honduras y de extraficantes que supuestamente colaboraron con Tony Hernández. Entre ellos se encuentra uno que ha confesado haber estado involucrado en casi 80 asesinatos, dijo Richman. El fiscal no mencionó a ese traficante por nombre pero el extraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga testificó hace años en la misma corte, durante el juicio a un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, haber participado u ordenado ese número de asesinatos.

Richman dijo el miércoles que durante el juicio se mostrará un video de 2014 que muestra a Tony Hernández, que en ese momento era congresista, reuniéndose con el traficante.

El fiscal destacó además en su monólogo que Tony Hernández era tan “arrogante” que estampaba sus ladrillos de cocaína, con sus iniciales, T. H., y que los miembros del jurado podrán ver una fotografía que lo demuestra.

Richman explicó que Tony Hernández empezó en el negocio del narcotráfico sobre el 2004 y que en 2010 se hizo socio del alcalde de una ciudad fronteriza entre Honduras y Guatemala que era un punto clave en la ruta del tráfico de drogas. De esta forma, dijo el fiscal, Hernández pudo traficar “cientos de miles” de kilos de cocaína.

“Y para ser claros el valor de esta cocaína es impresionante”, dijo el fiscal. “Un kilo en Estados Unidos cuesta unos 30.000 dólares. Una tonelada tiene un valor de unos 30 millones de dólares. Estamos hablando de cientos de veces esa cantidad. Números increíbles”. (AP)

 

Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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Agencias

Colombianos reclaman cese de violencia policial en paro nacional

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EP EE.UU/ agencias

Bogotá , Colombia — “¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!”. Con esta arenga miles de colombianos se manifestaban masivamente el miércoles durante la decimoquinta jornada de protestas nacionales en contra de las reformas del gobierno y los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Entre las prioridades que tenemos están las garantías a los derechos humanos, el desmonte del ESMAD (policía antimotines) y todo este trato guerrerista que se le ha dado a la protesta social, la atención de las agendas de los jóvenes en este país, la renta básica (subsidio) y que se retire la reforma a la salud”, dijo a The Associated Press Francia Márquez, líder social que protestaba en Cali, al suroeste del país y epicentro de movilizaciones masivas y focos de violencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que la jornada fue pacífica y rechazó los bloqueos viales en 99 puntos del país y afectan el paso de alimentos, insumos médicos y gasolina. Sin embargo, entrada la noche se presentaron algunos disturbios en ciudades como Barranquilla, Popayán, Bucaramanga y Neiva, donde incineraron un bus de servicio público.

La nueva jornada de protesta fue convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales agrupados en el denominado Comité del Paro tras un fallido intento de diálogo con el presidente Iván Duque el 10 de mayo. Un día después, el gobierno propuso una mesa de negociación formal con los manifestantes con el acompañamiento de la Iglesia Católica y Naciones Unidas para la cual aún no hay fecha.

El descontento social creciente inició hace dos semanas en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno para financiar los programas estatales en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Días después el presidente Duque aceptó retirarla, sin embargo, las protestas no cesaron, sino que tomaron fuerza y se mantienen ante una ola de denuncias de exceso de la fuerza pública y uso de armas contra la población.

“En estos días los actos de la policía han sido una completa violación de los derechos humanos contra los manifestantes que estamos protestando en paz en Bogotá y en ciudades como Cali y Medellín”, dijo a la AP el estudiante Cristian Ureña en Bogotá.

Las cifras oficiales dan cuenta de una afectación cada vez mayor. Según la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de derechos humanos, se han reportado 41 civiles y un policía muertos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Defensa contabiliza 33 fallecidos y más de mil heridos: 716 civiles y 849 miembros de la fuerza pública.

“Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los Derechos Humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de la fuerza pública éstas se judicializan y se investigan… También se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque el martes desde Cali en una declaración oficial.

Los hechos están en etapa de investigación. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó el miércoles ante el Congreso que han identificado 14 muertes relacionados con las protestas y hasta ahora han esclarecido cuatro casos de homicidios: tres de ellos “fueron cometidos por policías”. El presidente Duque explicó el martes que abrieron 65 acciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública. De éstas, ocho son casos por presunto homicidio y 27 por abuso de autoridad. Sin embargo, la organización no gubernamental Temblores advierte 1.956 casos de violencia policial.

Las manifestaciones ocurren en al menos 25 departamentos de los 32 que tiene el país y recogen la inconformidad de sectores diversos de la sociedad como los estudiantes, sindicatos, trabajadores informales y comunidades étnicas que reclaman en primera medida garantías para protestar.

“Estamos con la flauta porque eso es lo que nos identifica: frente a la brutalidad policial respondemos con la música y la danza”, dijo a la AP Didier Chirimuscay, líder Misak del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), quien protestaba en el centro de Bogotá. “Marchamos contra el mal gobierno, retiraron la reforma (tributaria), pero el gobierno va a insistir para ponerla”, agregó.

En Pereira, al oeste del país, las movilizaciones giraron en torno a la memoria de Lucas Villa, el estudiante de Ciencias del Deporte que falleció tras recibir disparos en una marcha pacífica el 5 de mayo. Los manifestantes ondearon banderas de Colombia y levantaron rosas y carteles con la frase “Lucas vive”. Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo nacional de las víctimas de la violencia durante las protestas.

Ante la presión social, el presidente prometió que subsidiará las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos de las universidades públicas durante el segundo semestre de 2021. El Ministerio de Educación calcula que la iniciativa costará 160 millones de dólares. Sin embargo, los estudiantes piden que la gratuidad de la educación universitaria se extienda a toda la población, se mantenga en el tiempo y finalmente se cumpla.

“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional de Iván Duque y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, indicó el miércoles la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en un comunicado.

En paralelo a las manifestaciones, el presidente Duque se reunió con algunos líderes juveniles en Bogotá buscando acuerdos para desbloquear el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al gobierno concertar con los manifestantes para detener las manifestaciones en medio del tercer pico de contagios y muertes por COVID-19.


https://youtu.be/MkWf1kTMZFI

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Agencias

Renuncia Carrasquilla pero protestas continúan en Colombia

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EP New York/agencias

La renuncia del ministro de Hacienda no aplaca las protestas que ya dejan 19 muertos en Colombia

Bogotá,  (EFE).- La renuncia del ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, marcó este lunes la sexta jornada de protestas contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, en las que, según la Defensoría del Pueblo, han muerto al menos 19 personas y unas 800 personas han resultado heridas.

Carrasquilla, que estaba en el cargo desde el 7 de agosto de 2018 cuando comenzó el mandato del presidente Iván Duque, se convirtió en el villano de la actual crisis por la dureza del fracasado proyecto de reforma fiscal, que fue la chispa que encendió el fuego de las manifestaciones la semana pasada.

Esa iniciativa golpeaba en especial a la clase media y a la baja mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos.

Para reemplazarlo, Duque nombró como nuevo titular de Hacienda al hasta hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, un economista y académico que también acompaña al presidente desde el inicio de su Gobierno.

Las movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre de 2019 en protesta contra la política económica de Duque resurgieron con fuerza la semana pasada después de un paréntesis de más de un año por la pandemia de covid-19 que empobreció a miles de familias colombianas, y el detonante fue el controvertido proyecto de reforma tributaria.

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Según el informe de la Defensoría, 19 personas han muerto durante las manifestaciones, 18 civiles y un policía, y actualmente está evaluando y clasificando 140 denuncias que incluyen información sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados.

Sin embargo, organizaciones sociales han divulgado informes según los cuales el número de víctimas es incluso mayor que el de la Defensoría.

La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta hoy contabiliza “26 personas víctimas de violencia homicida por parte de la Policía”.

Además reportó “142 víctimas violencia física”, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de “agresión en sus ojos”, nueve víctimas de violencia sexual y “56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización”.

CRISIS EN CALI

Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia, donde hay incertidumbre por cuenta de la violencia policial, los disturbios y los bloqueos, que están provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Uno de los momentos más difíciles de la jornada se vivió en un sector conocido como La Luna, en el sur de la ciudad, donde los manifestantes protagonizaron una batalla campal contra miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

La difícil situación fue grabada un fotógrafo conocido como Jahfrann, que en un en vivo de Instagram se conectó con personalidades latinoamericanas como el cantante puertorriqueño Residente y el conferencista mexicano Daniel Habif para mostrarles lo que estaba ocurriendo en La Luna.

Las manifestaciones también han dejado decenas de comercios destruidos y tienen paralizada la vida de Cali.

Las imágenes de largas filas para abastecer combustible y los estantes de alimentos vacíos en algunas plazas de mercado y tiendas tienen en vilo a las autoridades, que buscan una solución a un problema que aún no es crítico pero que crece velozmente.

Incluso la Aeronáutica Civil de Colombia restringió este lunes temporalmente las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, por las manifestaciones que constituyen la peor crisis del Gobierno de Duque.

PROTESTAS EN OTRAS CIUDADES

Los colombianos también salieron a protestar en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales, en jornadas en las que hubo nuevos disturbios.

En la capital colombiana, centenares de personas se congregaron frente al condominio donde tiene su residencia privada el presidente Duque para expresar su inconformismo con el Gobierno.

Aparte de Cali, hubo violencia en Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico, donde ocurrieron saqueos a supermercados y enfrentamientos con la fuerza pública.

Los sindicatos y organizaciones sociales convocantes de la protesta volvieron a llamar a una nueva jornada de “paro nacional” que tendrá lugar el próximo miércoles 5 de mayo.


Con inf. de Agencia EFE/DW noticias

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