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Narcotráfico, mayor flagelo de América Latina: Juan Orlando Hernández

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“El problema del narcotráfico es que genera una alta corrupción que cala en casi todos los sectores de la sociedad, lo cual nos llevó a un proceso de depuración en las fuerzas policiales, en las que anidaba esa lacra”

LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LAS AMÉRICAS

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

ricky.angoso@gmail.com

TITULARES:

“El narcotráfico es uno de los mayores flagelos de América Latina”

“América Latina y el mundo no pueden cerrar los ojos a lo que ha estado y está pasando en Venezuela, es una situación aberrante a la que hemos llegado”


Juan Orlando Hernández es, a sus 49 años, el presidente de la República de Honduras. Es abogado de profesión, fue parlamentario de su formación política, el Partido Nacional, a los 27 años y también ocupó durante una legislatura la presidencia del Congreso de la República de su país. Ahora, recientemente reelegido, pretende pasar a la historia como el hombre que consiguió sacar a Honduras de la pobreza y logró encaminarla hacia la modernidad.

 R.A.:¿Cómo se superó la crisis que aconteció tras las elecciones de 2017, en que fue reelegido, cuando la oposición no aceptó los resultados y provocó incidentes violentos? ¿En qué punto se encuentra el diálogo que auspició con las fuerzas opositoras?

J.O.H.: Tenemos que situar el asunto. No olvidemos que antes de las elecciones un sector de la oposición anticipó que iban a desconocer los resultados de las elecciones y el resultado que después se dio. Dos años antes se vio que la oposición iba a desconocer el resultado electoral, algo que incluso dejaron firmado en un documento acordado entre varios partidos opositores. Entonces, el día de las elecciones cumplieron con lo que habían anticipado antes  y desconocieron los resultados electorales. Todo era parte de un guión previamente conocido. Luego, siguiendo ese anticipo al que me refería, convocaron una serie de protestas y manifestaciones de carácter vandálico y violento, que por suerte hoy están superados.

En lo que respecta al diálogo, nosotros vemos el mismo como una ocasión para el acercamiento entre las distintas opciones políticas del país. Las Naciones Unidas, incluso, están participando en ese diálogo a solicitud nuestra, todo hay que decirlo, y lo hice después de que la oposición también lo solicitara. Ahora los partidos están abordando su incorporación a la misma y se están planteando cuestiones importantes para el país, como si habrá o no segunda vuelta en las elecciones en Honduras,  el planteamiento de algunos de celebrar una constituyente, el asunto de poner límites a la reelección, que nosotros apoyamos, y la reforma del sistema electoral, en lo que casi todos coincidimos. Creo que la agenda más o menos está definida y ahora habrá que definir un programa de actividades que permita llegar a acuerdos.

En nuestra crisis convergieron elementos exógenos y endógenos tras las elecciones, en las que grupos como las FARC de Colombia, el FMLN de El Salvador, el FSLN de Nicaragua y, obviamente, el régimen de Maduro, apoyaban a la oposición y su deriva violenta.

R.A.:¿Cuáles son los grandes proyectos que tiene sobre la mesa para estos cuatro años?

J.O.H.: Nosotros tenemos ya un plan de desarrollo económico que nos debería generar por lo menos entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo. Hemos priorizado también el tema del turismo, la vivienda, la manufactura ligera (o los call center) y en esa ruta esperamos que en este nuevo periodo de gobierno nos llegue más inversión. Y que esta inversión se traduzca en empleo y más ingresos para la mayoría de los hondureños.

 EL DESAFÍO DE LA INSEGURIDAD

R.A.:¿Qué se puede hacer frente al flagelo de la inseguridad?

J.O.H.: Los primeros cuatro años en el gobierno para nosotros han sido de un gran aprendizaje y el tiempo nos ha dado la razón. Para Honduras, es vital evitar que siga pasando la droga por el territorio del país, el narcotráfico  llegó a provocar casi el 80% de los actos de violencia en el país. Ese incremento en ese tráfico tuvo su punto álgido en la época del gobierno anterior, presidido por Mel Zelaya. Ahora hemos puesto en marcha una política de escudos aéreos, ya que casi toda la droga entraba por esa vía, y también de escudos marítimos para evitar que entre por el mar. También hemos establecidos controles terrestres en nuestras fronteras para  que no llegue la droga a través de nuestros vecinos.  Y, en la práctica diaria, hemos logrado éxitos significativos en estos años, como haber reducido la tasa de 90 homicidios cada 100.000 habitantes a 42,8 para este año.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

R.A.:¿Crees que en estos cuatro años el país avanzó en materia de lucha contra la corrupción?

J.O.H.: Hemos avanzado mucho, tanto en el tema de la transparencia en la administración como en la lucha contra que la corrupción quedara impune. Nosotros, cuando yo fui presidente del Congreso de la República, aprobamos un paquete de medidas que ahora nos han permitido desarticular cuatro carteles de la droga que estaban instalados en Honduras. El problema del narcotráfico es que genera una alta corrupción que cala en casi todos los sectores de la sociedad, lo cual nos llevó a un proceso de depuración en las fuerzas policiales, en las que anidaba esa lacra. Hemos avanzado notablemente, pues no olvidemos que depuramos a más de 4.000 miembros de los cuerpos de seguridad sobre los 14.000 que había entonces.

PROPUESTAS DE HONDURAS PARA LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

R.A.:¿Qué propuestas va a presentar Honduras en la Cumbre de las Américas?

J.O.H.:Vamos a presentar un informe sobre en qué materias hemos avanzado en Honduras como un proyecto único en la región. Luego vamos a poner especial énfasis para que todos en esta zona del mundo trabajemos juntos en el asunto de la mejora de la seguridad porque si no lo hacemos así todo este volumen de producción de droga en Colombia y otras partes del continente nos vamos a afectar a todos, pero especialmente a los países centroamericanos y México, que somos la zona por donde pasan estas drogas hacia los Estados Unidos. Ese tráfico genera corrupción y violencia, no lo olvidemos.

Si no tenemos instituciones públicas y unas políticas más allá de nuestros propios países, ya que este asunto es un problema trasnacional, vamos a sufrir muchos problemas. El paso de la droga por nuestros países ha causado miles de muertos y muchos sufrimientos a todos. Entonces, siempre desde que inicié mi gobierno anterior defendí la necesidad de la responsabilidad compartida aunque diferenciada, eso significa compartir toda la responsabilidad aunque la diferenciación sea que algunos países son productores, otros estamos en el tránsito y otros son consumidores pero al final el alto coste de la pérdida de vidas humanas es responsabilidad de todos. Este asunto nos afecta por igual.

LA CRISIS DE VENEZUELA

R.A.:¿Qué percepción tiene de la tragedia que está padeciendo Venezuela, inmersa en una auténtico éxodo ante la deriva de una dictadura brutal?

J.O.H.: Lo más doloroso es el problema, la tragedia como usted decía, que está sufriendo el pueblo venezolano. Se están produciendo numerosas violaciones de los derechos humanos de manera constante. Luego hay que denunciar la falta de reglas claras para que participen los partidos de la oposición en el juego político. Nosotros hemos creído siempre que la solución a los problemas de Venezuela se debe dar en clave democrática y pasa por un  proceso electoral ampliamente participativo, transparente y con todas las garantías, para que el pueblo venezolano tome la mejor de las decisiones y sea partícipe de su futuro político. Pero América Latina y el mundo no pueden cerrar los ojos a lo que ha estado y está pasando en Venezuela, es una situación aberrante a la que hemos llegado.

Ver la entrevista completa en:https://youtu.be/Gry1SeZgl1I

Agencias

Gran jurado de Manhattan imputa cargos contra Donald Trump por caso de actriz porno

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EP New York | política EE.UU. | agencias

por Gustavo Lugo

Donald Trump es acusado penalmente en NY

NUEVA YORK  — Donald Trump ha sido acusado por un jurado investigador de Manhattan, dijeron el jueves fiscales y sus abogados, lo que lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal y remece sus pretensiones de retomar la Casa Blanca el próximo año.

Los cargos se centran en los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para acallar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Además, representan un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre los tratos comerciales, políticos y personales de Trump.

La acusación impulsa a una fiscalía de distrito local al corazón de una contienda presidencial y marca el comienzo de un proceso penal en una ciudad que el expresidente llamó su hogar durante décadas. Al llegar en un momento de profundas divisiones políticas, es probable que los cargos refuercen los puntos de vista tanto de quienes creen que ya era hora de que el exmandatario rindiera cuentas, como de aquellos que, como Trump, sienten que el republicano está siendo atacado con fines políticos por un fiscal demócrata.

Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa en numerosas ocasiones, se refirió a los cargos formales como una “persecución política” y pronosticó que perjudicaría a los demócratas en 2024. En un comunicado en el que confirmaron los cargos, sus abogados Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron que Trump “no cometió ningún delito. Lucharemos vigorosamente contra este proceso político en los tribunales”.

Un portavoz de la fiscalía de distrito de Manhattan confirmó la acusación y dijo que los fiscales se habían comunicado con el equipo de defensa de Trump para concertar su entrega. Una persona familiarizada con el asunto, que no estaba autorizada a discutir un proceso que se encuentra bajo precinto, dijo que se esperaba que la entrega se hiciera la próxima semana. El fiscal de distrito Alvin Bragg salió de su oficina el jueves por la tarde sin hacer comentarios.

El caso se centra en acusaciones bien documentadas de un periodo de 2016 durante el cual el pasado de celebridad de Trump chocó con sus ambiciones políticas. Los fiscales examinaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, de quienes temía que hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.

El momento de la acusación pareció sorprender a los funcionarios de la campaña de Trump luego de los reportes noticiosos de que probablemente faltarían semanas para presentar cargos penales. El expresidente estaba en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, el jueves y había filmado una entrevista con un comentarista conservador.

Para un hombre cuya presidencia estuvo definida por saltarse las normas, la acusación abre camino a otro espectáculo nunca antes visto. Requerirá que un expresidente —y actual aspirante— luche simultáneamente por su libertad y su futuro político al mismo tiempo que se defiende de otras amenazas legales potencialmente más peligrosas, incluidas investigaciones sobre los intentos de él y de sus aliados de anular los resultados de las elecciones de 2020, así como sobre el resguardo de cientos de documentos confidenciales.

Hasta hace poco, Nueva York había sido vista como una candidata poco probable para ser el primer lugar para enjuiciar a Trump, quien continúa enfrentando investigaciones en Atlanta y Washington que también podrían resultar en cargos. A diferencia de esas investigaciones, el caso de Manhattan se refiere a la conducta de Trump antes de convertirse en presidente y no está relacionado con los intentos de anular una elección presidencial.

Mientras busca reafirmar el control del Partido Republicano y mantener a raya a una gran cantidad de exaliados que buscan la nominación presidencial o se opondrán a que él la obtenga, la acusación prepara el escenario para una imagen sin precedentes: un expresidente al que le toman sus huellas dactilares y una foto para su ficha policial, y luego enfrentar la lectura de cargos y posiblemente un juicio penal. Por razones de seguridad, se prevé que sea fichado en un proceso cuidadosamente coreografiado para evitar aglomeraciones dentro o fuera del juzgado.

Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg está asumiendo un caso inusual que había sido investigado por dos fiscales anteriores que se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump.

En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la corte penal de Manhattan.

El destino de la investigación de los pagos para comprar el silencio de las dos mujeres parecía incierto hasta que a principios de marzo comenzó a circular la noticia de que Bragg había invitado a Trump a testificar ante el jurado investigador, un indicio de que la fiscalía estaba cerca de presentar cargos.

Los abogados de Trump rechazaron la invitación, pero un abogado muy allegado al expresidente testificó brevemente en un intento de socavar la credibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen.

El propio Trump había generado expectativas de que sería acusado pronto, al emitir una declaración a principios de mes en la que predijo un arresto inminente y llamó a sus seguidores a protestar. No repitió ese llamado en una nueva declaración el jueves, pero el Departamento de Policía de Nueva York les dijo a sus 36.000 oficiales que estuvieran completamente movilizados y listos para responder a cualquier posible protesta o disturbio.

Hacia el final de la campaña presidencial de 2016, Cohen le pagó a Daniels 130.000 dólares para que guardara silencio sobre lo que asegura se trató de un encuentro sexual con Trump 10 años atrás, luego de haberse conocido en un torneo de golf para celebridades.

La compañía de Trump, la Organización Trump, le reembolsó el monto a Cohen y también lo recompensó con bonos y pagos adicionales que fueron registrados internamente como gastos legales. A lo largo de varios meses, según Cohen, la compañía le pagó 420.000 dólares.

Antes de eso en 2016, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del tabloide National Enquirer le pagara a la modelo de Playboy Karen McDougal 150.000 dólares para silenciar su historia de una aventura con Trump.

Los pagos a las mujeres tenían la intención de comprar su silencio, pero resultaron contraproducentes casi de inmediato cuando los detalles de los arreglos se filtraron a los medios de comunicación.

Los fiscales federales de Nueva York finalmente acusaron a Cohen en 2018 de violar las leyes federales de financiamiento de campañas, argumentando que los pagos equivalían a una ayuda inadmisible para la campaña presidencial de Trump. Cohen se declaró culpable de esos cargos y de cargos de evasión de impuestos no relacionados, y cumplió condena en una prisión federal.

Trump fue implicado en documentos judiciales por tener conocimiento de los arreglos, pero los fiscales federales en ese momento se negaron a presentar cargos en su contra. El Departamento de Justicia tiene una política añeja de que es probable que sea inconstitucional enjuiciar a un presidente en ejercicio ante un tribunal federal.

Con ingormaciòn de AP | EFE

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Agencias

La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?

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EP New York | Latinoamérica | agencias

cómo Colombia sometería al narco a la justicia

BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.

La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.

The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?

El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.

Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.

El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.

El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.

¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?

El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.

Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?

Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.

En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.

Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.

El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.

En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.

Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.

¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?

Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.

Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.

“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.

CRÍTICAS AL PROYECTO

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.

Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.

En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.

El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.

La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.

Con información de AP

 

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Agencias

Alcances del plan de paz de China en Ucrania

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EP New York/ Florida News| Política Internacional | agencias

Putin y Xi celebran la colaboración de sus países, a pesar de la guerra de Rusia en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, le dio la bienvenida a Xi Jinping, el máximo dirigente chino, y mencionó brevemente el plan de paz de Pekín para Ucrania, sin dejar de subrayar la sólida cooperación entre Moscú y Pekín.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el máximo dirigente chino, Xi Jinping, iniciaron el lunes sus conversaciones en Moscú. Posaron uno al lado del otro demostrando una colaboración que no se ha visto afectada por la guerra que Rusia mantiene en Ucrania desde hace un año.

Aunque la guerra y las fricciones que ha evidenciado estuvieron presentes en la reunión, Xi y Putin no hicieron comentarios públicos al respecto, a pesar de las múltiples consecuencias registradas el año pasado como las sanciones occidentales a Rusia, la crisis energética en Europa y la devastación en Ucrania.

En vez de eso, los líderes hicieron todo lo posible por halagarse mutuamente y proyectar unidad en una serie de actos meticulosamente coreografiados. Xi es el líder mundial de más alto nivel que visita Rusia desde la invasión y se quedará tres días, mientras continúan las sangrientas batallas en el este de Ucrania. Además, su visita se produce solo tres días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra el líder ruso por crímenes de guerra.

Las imágenes de la alianza, construida más con gestos simbólicos que con un tratado formal, ha avivado la ansiedad en Occidente ante la posibilidad de que China expanda su apoyo a Rusia más allá de la diplomacia o la economía —posiblemente con armas para que sean usadas en la guerra de Putin— y consolide un poderoso bloque opuesto a la OTAN y Estados Unidos.

“Querido amigo, bienvenido a Rusia”, le dijo Putin a Xi, después de que el líder chino fuera recibido con una alfombra roja y una banda militar.

Putin le dijo a su invitado que China era objeto de “envidia” porque su gobierno había construido un “sistema muy eficaz para desarrollar la economía y fortalecer el Estado”. Xi expresó su “profunda gratitud” a Putin y dijo estar “seguro de que el pueblo ruso seguirá apoyándolo firmemente”, según Xinhua, la agencia de prensa estatal china.

Los mandatarios se sentaron junto a una pequeña mesa, cerca de una chimenea, en un entorno mucho más íntimo que la larga mesa en la que Putin mantuvo tensas reuniones con líderes occidentales antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Pero detrás de esta muestra de amistad hay un escenario geopolítico. China y Rusia se oponen a un orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados, y eso parece pesar más que cualquier objeción que pueda tener Xi sobre la invasión de Ucrania.

El secretario de Estado, Antony J. Blinken, criticó la visita, afirmando que equivale a una “pantalla diplomática para que Rusia siga cometiendo” crímenes de guerra. El tribunal internacional acusó a Putin de ser responsable del secuestro y deportación de niños ucranianos, y las fuerzas rusas siguen atacando zonas civiles.

Según Blinken, el viaje “sugiere que China no siente la responsabilidad de hacer que el presidente rinda cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania”.

Putin, en un artículo publicado en el Diario del Pueblo, el principal periódico del gobernante Partido Comunista de China, estableció paralelismos entre las amenazas que, según él, pesan sobre Rusia por parte de Occidente —y que, en su opinión, lo impulsaron a invadir Ucrania— y las preocupaciones de Pekín en materia de seguridad en Asia.

Describió la cooperación entre Rusia y China como un contrapeso esencial a un Occidente que pretende dominar no solo Europa Oriental, sino también la región de Asia-Pacífico, y que pretende “contener el desarrollo de nuestros países”.

“Son las relaciones ruso-chinas las que hoy representan prácticamente la piedra angular de la estabilidad regional, incluso mundial”, escribió Putin.

Según un resumen chino de su reunión en el Kremlin, Xi le dijo a Putin: “La mayoría de los países apoyan la disminución de las tensiones, abogan por las negociaciones de paz y se oponen a echarle leña al fuego. Históricamente, los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y las negociaciones”.

Las cautelosas declaraciones de Xi coinciden con la delicada posición que China ha adoptado en relación con la guerra: simpatiza con las quejas de Rusia contra la influencia occidental y la OTAN, al tiempo que aboga por el diálogo para poner fin a los combates. En consonancia con esa ambigüedad, Xi se ha referido a los combates en Ucrania como una “crisis” o un “conflicto”, pero no como una guerra o una invasión.

Al final del primer día de reuniones, no se evidenció algún progreso en el aspecto que más expectativas ha generado: saber si Xi podrá convencer a Putin para que inicie negociaciones de paz serias. Putin se limitó a afirmar que Rusia había “estudiado detenidamente” las propuestas de paz de China y que las tratará “con respeto”.

Un portavoz de la Casa Blanca, John F. Kirby, dijo: “Veremos de qué salen hablando de esta reunión”. Al calificar a la alianza Pekín-Moscú como un “matrimonio de conveniencia”, dijo que armar a Rusia iría en contra de las declaraciones públicas de Xi acerca de que China quiere la paz.

Para Putin, la visita de Xi también es una oportunidad para suavizar las tensiones suscitadas por los asesinatos de nueve ciudadanos chinos en una mina de oro en la República Centroafricana, un incidente que Xi ha condenado. Hay diversas afirmaciones sobre la identidad del grupo responsable de las muertes, pero algunos culpan a un grupo de mercenarios rusos.

Las conversaciones de Xi y Putin continuarán el martes, cuando se les unirán delegaciones más amplias de funcionarios gubernamentales. También planean dirigirse a los medios de comunicación y celebrar un banquete estatal al que asistirán los líderes empresariales rusos.

Ambos mandatarios se han reunido unas 40 veces desde que Xi se convirtió en líder nacional pero, aunque proyectan una relación más profunda que nunca, la guerra ha interrumpido sus relaciones, al tiempo que ha profundizado la dependencia rusa de China para el comercio y el apoyo diplomático.

La guerra ha sido una fuente de inestabilidad para Pekín, y ha perjudicado los lazos chinos con los países europeos. También ha magnificado las tensiones económicas y energéticas mundiales en un momento en que Xi quiere centrarse en la reconstrucción económica de China después de la pandemia.

En las últimas semanas, Xi ha tratado de reafirmar el papel global de China después de su aislamiento pandémico. Pekín se ha presentado como un potencial intermediario de la paz, organizando conversaciones que condujeron a un acuerdo significativo este mes entre Arabia Saudita e Irán y proponiendo un plan de 12 puntos que fue redactado en términos generales para poner fin a los enfrentamientos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que agradecería la oportunidad de hablar con Xi, pero no está claro si los líderes tienen la intención de hablar.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, habló por teléfono la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, e instó a Ucrania y Rusia a negociar. “No importa cuán grandes sean las dificultades y los desafíos, no se le debe cerrar la puerta a una solución política”, le dijo Qin, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Pero hay obstáculos enormes.

Putin, en su artículo del lunes, señaló que Rusia entablará conversaciones solo si retiene el control del territorio capturado en el este y el sur de Ucrania. El gobierno de Ucrania ha descartado ceder territorio a cambio de la paz.

“El primer y principal punto es la capitulación o retirada de las tropas de ocupación rusas”, dijo Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, en un comunicado el lunes.

Ni las fuerzas rusas ni las ucranianas han mostrado una desaceleración en la lucha a lo largo del frente en expansión. Cientos de soldados mueren o resultan heridos diariamente en cada bando, según los analistas militares.

Incluso en el caso de que China desee desempeñar un papel para poner fin al derramamiento de sangre, es poco probable que Xi presione a Putin para evitar poner en peligro su asociación más amplia, según dicen muchos analistas. Xi considera que el vínculo de Pekín con Moscú es esencial para compensar el dominio global estadounidense.

“Los países occidentales liderados por Estados Unidos han implementado la contención, el cerco y la represión general de China”, declaró en un discurso este mes.

William Klein, un exdiplomático estadounidense radicado en Pekín, dijo que la visita a Moscú “demuestra claramente que China ve a Rusia como un socio estratégico indispensable”.

“Independientemente de lo que China pueda pensar sobre la guerra, ve a Rusia como una clave para crear un contrapeso a la presión de Estados Unidos”, dijo Klein, que ahora es socio consultor de FGS Global. “No debería haber ninguna expectativa de que China recalibrará sus intereses fundamentales debido a esta guerra”.

La pérdida del apoyo de Rusia podría dejar a China peligrosamente expuesta, según han argumentado los expertos en política exterior china, incluso después de la invasión de Putin.

El mes pasado, Yang Jiemian, un experto en política exterior de Shanghái, escribió en un análisis que si “Rusia se debilita constantemente hasta el punto en que no puede, no quiere o no se atreve a luchar contra Estados Unidos y Occidente, eso haría que China enfrente circunstancias estratégicas muy desfavorables”.

Publicado en The New York Times

 

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