EP New York | New York

Por Gustavo Lugo

EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

EP New York | Washington | agencias

EE.UU. aceptará a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití

Washington – Estados Unidos anuncia aceptará a más de 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, expandiendo así un programa por el que ya concede actualmente permisos humanitarios a venezolanos.

Funcionarios de alto rango de la Administración del presidente Joe Biden informaron en una llamada con periodistas de que, en paralelo, Estados Unidos expulsará «de inmediato» a México a los migrantes de esos países que intenten cruzar a su territorio de manera irregular.

Con la inclusión de cubanos, haitianos y nicaragüenses, se amplía el programa que EE.UU. lanzó en octubre pasado para entregar 24.000 permisos a migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, deportar a México a quienes atravesaran la frontera sin permiso.

Los funcionarios explicaron que quienes sean deportados al país vecino del sur por cruzar la frontera de manera irregular no podrán acceder a los permisos humanitarios, ni tampoco podrán solicitarlo aquellos que lleguen «ilegalmente» a Panamá y México.

Migrantes de Latinoamérica y del Caribe

Asimismo, Estados Unidos quiere triplicar «el reasentamiento de refugiados» procedentes de otras partes del continente en el año fiscal 2023 y acogerá a hasta 20.000 personas provenientes de naciones de Latinoamérica y del Caribe.

Los funcionarios detallaron que la motivación de estas medidas es el «nuevo patrón migratorio» que se está dando en la frontera, ya que «la inestabilidad política, económica y política en todo el mundo está alimentando algunos de los mayores niveles de migración», no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto, EE.UU. ha visto en su frontera sur números récord en décadas de migrantes que tratan de cruzar irregularmente, «motivados en su mayor parte por un nuevo éxodo sin precedentes de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela», dijo uno de los funcionarios.

Expulsiones diarias de migrantes

<span;>Según datos aportados por esas fuentes, en la mayor parte de diciembre las detenciones y expulsiones de migrantes en la frontera sur de EE.UU. fluctuaron entre las 7.000 y las 9.000 diarias, lo que supone una media de 8.000 al día.

«También estamos viendo un aumento de la migración marítima desde Cuba y Haití, que está poniendo a los migrantes en una situación peligrosa», indicaron las fuentes.

Los funcionarios apuntaron que las medidas se aplicarán también a las familias de migrantes y que se van a aplicar en colaboración con México.

En paralelo, EE.UU. anunció este jueves que reforzará la seguridad en su frontera con la contratación y despliegue de más agentes que se unirán a los 23.000 que ya trabajan en la zona.

Biden irá el domingo a la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará por primera vez la frontera con México desde que llegó al poder hace dos años el próximo domingo, cuando se trasladará a El Paso (Texas, EE.UU.).

El mandatario visitará El Paso antes de visitar México el lunes y el martes para reunirse con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su primer viaje al país vecino del sur y a una nación latinoamericana desde su llegada a la Casa Blanca.

A pesar de las críticas de la oposición republicana, Biden ha evitado viajar a la frontera durante sus dos primeros años de mandato alegando que no quería prestarse a un circo político.

Su predecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), visitó en al menos cinco ocasiones el límite con México para supervisar la construcción del muro fronterizo, uno de los emblemas de su Gobierno.

México admitirá 30.000 migrantes al mes deportados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que México aceptó admitir a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que sean expulsados de territorio estadounidense por cruzar la frontera de forma irregular.

«México ha aceptado permitir el regreso cada mes de hasta 30.000 personas de esos cuatro países que hayan sido capturadas y deportadas al intentar cruzar la frontera sur de forma irregular», dijo Biden en una declaración a medios en la Casa Blanca.

<spanoperaciones de aplicación de la ley» y se reunirá con funcionarios locales.

El presidente pidió a los migrantes que soliciten por internet los permisos humanitarios para entrar en el país y les advirtió que si cruzan la frontera sin permiso serán expulsados y ya no podrán ser beneficiarios de este programa.

«Mi mensaje es este: Si usted está intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití, no se presente en la frontera. Quédese donde está y haga la solicitud de forma legal», expresó.

El Título 42

La actual Administración demócrata se enfrenta a una llegada sin precedentes de migrantes en la frontera con México por las crisis económicas, sanitarias y políticas del continente.

El pasado 27 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ordenó al Gobierno mantener cautelarmente el Título 42, una política de Trump que permite expulsiones exprés de migrantes por el pretexto de la pandemia de covid-19.

Estados gobernados por republicanos denuncian estar totalmente abandonados por el Gobierno federal ante la crisis migratoria, mientras que la Casa Blanca ha pedido al Partido Republicano que apruebe en el Congreso una reforma para restaurar el actual sistema migratorio «roto».

Biden estuvo encargado de diseñar la política hacia Centroamérica, que tiene que ver mucho con migración, cuando ejerció de vicepresidente con Barack Obama (2009-2017); pero, al llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, delegó esa labor en la vicepresidenta, Kamala Harris, quien ha adoptado un perfil muy bajo.

Veto de cinco años a quienes crucen la frontera sin permiso

Estados Unidos prohibirá la entrada al país durante cinco años para todos aquellos migrantes que crucen sin permiso la frontera con México una vez se haya levantado el Título 42, la actual política migratoria de expulsiones.

Así lo anunció el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una rueda de prensa en Washington, donde detalló las nuevas medidas migratorias tomadas por el Gobierno de Joe Biden. (EFE)