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Carlos Lozano : La otra voz del conflicto armado en Colombia

Francisco

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ENTREVISTA A CARLOS LOZANO

por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

rangoso@iniciativaradical.org

 ENTRADILLA:

 Carlos Lozano es el director del semanario Voz, la verdad del pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Colombiano y, por lo general, bien informado acerca de lo que ocurre en el interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en torno a todo lo que discurre alrededor del proceso de paz entre dicha organización y el ejecutivo presidido por Juan Manuel Santos. Considerado un facilitador en las fases previas a las negociaciones, Lozano cree que la extrema derecha encarnada por el expresidente Alvaro Uribe es una férrea enemiga de la paz en Colombia.

 TITULARES:

 “Hay que buscar una paz justa para todos, tanto para las guerrillas como para el ejecutivo de Juan Manuel Santos”

 “Hay una parte del Establecimiento que se opone al proceso de paz en Colombia”

 “La historia de Colombia es una historia de la violencia ejercida desde el poder, desde el Estado como principal victimario”

 “Aquí la clase dominante colombiana ha sido muy mezquina porque aquí el conflicto está muy ligado al asunto de la tierra, al problema de los grandes latifundios, de la violencia ligada a la defensa para perpetuar la concentración de la tierra en manos de unos pocos”

 “En los acuerdos anteriores, no lo olvidemos, hubo una amnistía total. Por ejemplo, Antonio Navarro, que fue uno de los más importantes líderes del M-19, no pagó ni un día de cárcel, pese a que ahora es uno de los más críticos de todos los acuerdos que se han logrado en La Habana”

 “La paz no se puede reducir solo a la desmovilización de la guerrilla, es más, para mí, lo más importante del proceso de paz son los acuerdos sociales y políticos relativos a las causas que generaron el conflicto”

 “Creo que en esta ocasión las FARC han mostrado una voluntad política que no tenían en el pasado y estamos discutiendo ya asuntos de capital importancia que nunca antes se habían puesto sobre la mesa, como la dejación de armas”

 “Una guerrilla que lleva sesenta años de lucha, que nunca fue derrotada militarmente a pesar de los golpes duros recibidos en muchas ocasiones, no se puede pretender doblegarla de la noche a la mañana y sin una negociación. Eso no funciona así ni con las FARC ni con el mismo Ejército de Liberación Nacional”

 La Entrevista

 Ricardo Angoso: ¿Cuál ha sido el motivo por el que nuevamente se aplazó la firma definitiva de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejecutivo que preside Juan Manuel Santos?

 Carlos Lozano: Había puntos muy importantes pendientes y que generaban grandes controversias, tales como el fin del conflicto y la implementación del mismo proceso una vez concluido, así como ver como se aplicaban los acuerdos alcanzados. No había tiempo suficiente para llegar a un gran acuerdo sobre  estos temas. Sin embargo, al haber fijado esa fecha del 23 de marzo, se generaron unas expectativas para el país y la sociedad en general de que se iba a alcanzar un acuerdo final y de que iba a llegar la paz en esa fecha. El gobierno se equivocó claramente queriendo acotar el proceso de paz a unos tiempos concretos.

 En ésta foto se observa a los principales protagonistas del conflicto armado de los últimos años en Colombia. Alvaro Uribe Vález , Juan Manuel Santos y Timochenco /centro)
 Pero también ocurre que el gobierno tiene muchas dificultades internas y la presión que tiene de la extrema derecha y de un sector del gobierno, contrarios a la solución política, le ponen en una situación muy difícil para llevar a buen término el proceso. Lo digo  porque aprobado el tema de víctimas el pasado  año volvieron a abrir el asunto para hacer unos  supuestos ajustes que finalmente eran cambios, debido a las presiones y corrientes de opinión que desde el Establecimiento le condicionaban al presidente Santos diciéndole que bajo las condiciones de ese acuerdo iba a ser muy difícil que le respaldaran en el asunto del plebiscito. Eso demoró dos meses el tomar el hilo de la discusión sobre las cuestiones pendientes porque hubo que volver al tema de las víctimas y solo hasta el mes de enero quedó aprobado en firme como ya lo está. E incluso todavía hay sectores, dentro del partido conservador y el uribismo, que siguen diciendo que este tema hay que replantearlo. Además, hay temas sobre la mesa que no eran tan sencillos y el gobierno creía que eso se resolvería rápido, cuando no era así.

 Desde que el gobierno comenzó a buscar los acuerdos con las FARC, en la parte secreta incluso de las negociaciones, se pensó que quien ponía las normas era quien estaba en el poder, es decir, el ejecutivo. Se pensaba que estaban haciendo algo bondadoso, humanitario, porque se encontraban frente a una supuesta guerrilla derrotada y que solamente el gobierno podía ofrecer a las FARC un acuerdo digno. El acuerdo digno, para este gobierno, era desmovilizarse y entregar las armas, ahí se quedaba todo. Eso fue una equivocación y el ejecutivo, en parte, sigue siendo presa de ese error porque no se logró nada el 23 de marzo en ninguna materia precisamente porque se pretendió que las FARC se sumara a decisiones tomadas por el gobierno, como el asunto de la refrendación de los acuerdos y el plebiscito. También hubo problemas en lo que se refiere a las zonas de ubicación y a las reformas en materia de orden público. 

 El gobierno tomaba decisiones unilaterales, que perdieron el sentido de bilateralidad propio en unas negociaciones políticas, y eso fundamentalmente derivó en que no se alcanzara un acuerdo en la fecha prevista. Los acuerdos deben ser entre las dos partes y no se deben tomar unilateralmente. Se dice que las FARC no quisieron, que no pusieron de su parte para alcanzar un acuerdo, como en el asunto de la dejación de armas, cuando ese tema ya había quedado definido en La Habana y fija en 60 días ese punto una vez alcanzado el acuerdo definitivo. Incluso, yo creo, que a partir de la nueva fecha fijada, el 6 de abril, se va a establecer una nueva hoja de ruta con una agenda, unas fechas definidas y unos plazos cerrados, en resumen unos tiempos y una fecha más o menos definitiva para resolver en un tiempo razonable un acuerdo final. Pero no nos debemos amarrar a una fecha cerrada, como pretende el presidente Santos, porque eso generará frustraciones y acabará abocando a nuevos fracasos ante la sociedad, debilitando definitivamente el proceso de paz. Eso de intentar ceñirse a una fecha cerrada le resta seriedad al proceso y le debilita, en términos de opinión pública, ante la sociedad.

 El presidente Santos, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, del equipo negociador del Gobierno; (d) Timochenko, número uno de las FARC, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, del equipo negociador de la guerrilla. Foto: Archivo SEMANA
 R.A.:¿No es demasiado tiempo cuatro años para encarar un proceso de estas características, habiendo tenido este largo periodo un coste alto en términos de erosión del presidente y de desilusión en una sociedad que esperaba resultados mucho antes?

 C.L.: Era difícil agilizarlo. Desde que se comenzó hace tres años y medio en Oslo, en la célebre reunión, para inaugurar la fase pública del proceso de paz, se vio que iba ser complicado, ya que las dos partes mostraron en sus discursos que tenían posiciones muy diferentes, casi antagónicas y con discrepancias muy fuertes. Estas diferencias iban a traducirse en un largo proceso de paz, como así ha sido, y en donde habría que tener paciencia y voluntad política por parte de las dos partes para mantenerse en las negociaciones. Todo eso era previsible. Me parece que el gobierno no lo entendió así y comenzó a jugar con el tiempo, las fechas y las decisiones, de carácter unilateral, claro. Y así fue como esa unilateralidad, por parte del gobierno, condujo a seguros fracasos que fueron debilitando el proceso. 

 Luego el presidente Santos, siendo quien conducía el proceso, tenía que haberlo defendido y mantener en alto la defensa del mismo, pero no lo hizo y se mostró débil haciendo concesiones a la extrema derecha contraria a la paz. Eso debilitó al proceso de la paz, aparte de que acontecimientos de fuera de la mesa, que nada tenían que ver con la naturaleza misma de la negociación, afectaron negativamente a la negociación política entre las partes. 

 Más tarde, el gobierno fracasó en que los miembros de la mesa de Unidad Nacional que le apoyaban no estuvieran claramente en favor del proceso y logrando un consenso por la paz, algo que incluso al día de hoy todavía no ha logrado. Y me refiero, por ejemplo, al Partido Conservador, que en estos momentos se debate sobre si estar o salirse de la Unidad Nacional porque no comparte el tema de la paz. El mismo vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se ha mantenido al margen del proceso de paz, entretenido en su campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales al frente de estas megaobras de infraestructuras que se están haciendo en el país y que le sirven como buena plataforma política. Estos elementos han contribuido a debilitar el proceso mismo, aparte de la campaña de la extrema derecha y de una parte del Establecimiento que han hecho fuerza para que el proceso no saliera y oponiéndose al presidente Santos. Estos sectores exigían un rápido acuerdo a cambio de la desmovilización y la entrega de las armas a las FARC a cambio de nada. Una guerrilla que lleva sesenta años de lucha, que nunca fue derrotada militarmente a pesar de los golpes duros recibidos en muchas ocasiones, no se puede pretender doblegarla de la noche a la mañana y sin una negociación. Eso no funciona así ni con las FARC ni con el mismo Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

 Estamos ante un desafío histórico de primera que requiere una solución política con una paz digna para todos, tanto para las guerrillas como para el ejecutivo del presidente Santos. En definitiva, hay que buscar una paz digna y justa para el país. Aquí se trata de buscar una solución que ponga fin a este largo conflicto y la prueba de que estamos ad portas de terminar este proceso, algo que se ha reconocido desde el mismo poder, como el presidente Santos, es que en estos cuatros años se avanzó mucho. Cuatro años en comparación con otros procesos de paz no es mucho tiempo, es un proceso corto en comparación con otros del mundo y de América Latina. Aquí el problema es que algunos esperaban una paz exprés que no llegó pero sí va a llegar, se ha hecho un recorrido suficiente y necesario que va a sentar las bases para que los colombianos alcancen la paz que tanto anhelamos todos. Estamos en el buen camino, pese a los contratiempos, y tengo fe en que finalmente llegará la paz.

 Grupo paramilitar (AUC) autodensas unidas de Colombia
 R.A.:¿Usted piensa como el uribismo, en el sentido de que dicen que las FARC no tienen voluntad política de alcanzar un acuerdo y dejar las armas en aras de que se logre una auténtica paz?

 C.L.: No creo que ese sea el asunto. Creo que en esta ocasión las FARC han mostrado una voluntad política que no tenían en el pasado y estamos discutiendo ya asuntos de capital importancia que nunca antes se habían puesto sobre la mesa, como la dejación de armas. Y este es el tema más complejo para un grupo guerrillero, ya que las armas son las que garantizaron que el movimiento existiera, se hiciera fuerte en algunas regiones del país y se convirtiera en una amenaza para el Establecimiento colombiano. Entonces, poner hoy a las FARC a hablar sobre la dejación de las armas, que no es la entrega, entendida como el desprendimiento de las armas por parte de esta organización pero no como una señal de derrota ni nada parecido. Si estamos ya en ese punto, en que las FARC están dispuestas a dar ese paso y el país está reconociendo ese hecho, no me cabe la menor duda de que están demostrando su voluntad política y quieren llegar hasta el final del proceso de paz.

 Lo que ocurre es que las FARC lo quieren hacer sobre la base de cierto respeto y consideración en el sentido de que quieren que se acaten los acuerdos establecidos en La Habana y que tanto el gobierno de Santos como la guerrilla deben cumplir, respetando lo firmado y lo acordado hasta ahora. Estamos en un punto, creo, de no retorno.

 R.A.:Hay gente que tiene el temor de que esta va a ser una paz con impunidad y en donde las dos partes nunca serán juzgadas por los excesos cometidos, ¿usted qué piensa de este asunto de una paz sin justicia?

 C.L.: Yo creo que el acuerdo de víctimas y justicia es muy positivo para todos porque es la síntesis de lo que ha ocurrido en el país a lo largo del conflicto. Aquí se vivió un momento complejo al comienzo del proceso porque tanto el gobierno como las voces del establecimiento colombiano exigían a las FARC todo y le apostaban a que se rindiera. La guerrilla era la única que tenía que hacer el esfuerzo de reconocer sus culpas y pedir perdón a las víctimas, pero no se hablaban de más asuntos que tenían vital importancia en el proceso. No se hablaba, por ejemplo, del Estado colombiano, que ha sido el principal victimario, y no estoy hablando de este gobierno en concreto, sino del Estado histórico colombiano. La historia de Colombia es una historia de la violencia ejercida desde el poder, desde el Estado como principal victimario.

 Por esa razón, por esa violencia ejercida desde el Estado, el tema político es tan importante, el asunto de la democracia, de la reforma electoral y política, de las garantías que deben tener los colombianos para poder actuar en condiciones de igualdad y con derechos iguales en los procesos electorales de la vida política nacional sin el temor a ser asesinados como ocurrió con la Unión Patriótica (UP) y otros grupos de la izquierda que fueron exterminados en el pasado. Esa versión unilateral de que tan solo era la guerrilla la que tenía que dar la cara a las víctimas se cayó con el acuerdo de víctimas, algo que no gustó a algunos sectores del país. 

 Y es que no es solo el Estado el que tiene que dar la cara, también tienen que responder el Establecimiento y los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, ya que hubo caciques regionales que participaron en la creación de los grupos paramilitares y fueron responsables claros de genocidios. No olvidemos que hay caciques de los dos grandes partidos que incluso están en la cárcel y no solo por la parapolítica, sino como responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Todo este asunto se tiene que traducir en ese acuerdo de víctimas al que se llegó en su momento. Me parece, por tanto, que va a haber justicia, aunque hay que reconocer que pueden quedar algunas parcelas de impunidad. Creo que en función de un bien supremo, que es la paz, puede que algunos victimarios no paguen por los delitos cometidos, pero esos responsables están en las dos partes y no solo en la guerrilla. 

 Aquí tenemos ese problema y esa discusión, ya que algunos piensan que todos deben de responder y pagar por sus delitos. Si se cumpliera esa premisa, le aseguro, nunca habrá paz en Colombia. Decirle a los militares y a los guerrilleros que tienen que dejar las armas y que no pueden ejercer su derecho a actuar en política y tienen que ir a la cárcel será el peor de los caminos. Por eso, la Ley de Víctimas ejerce un derecho gradual y establece una justicia restaurativa, no punitiva, y sienta las bases para lo que es un auténtico proceso de paz. 

 En los acuerdos anteriores, no lo olvidemos, hubo una amnistía total. Por ejemplo, Antonio Navarro, que fue uno de los más importantes líderes del M-19, no pagó ni un día de cárcel, pese a que ahora es uno de los más críticos de todos los acuerdos que se han logrado en La Habana. Navarro todos los días critica algo, bien a la guerrilla o al gobierno, olvidando que fue victimario y nunca respondió por las tropelías cometidas. Navarro ahora se olvida, al igual que Petro, que nunca pagaron con la cárcel por los delitos que cometieron cuando estaban en el M-19. Así son los procesos de paz: en función de un bien supremo, como es la paz,   hay que asumir ciertos costes mínimos que permitan satisfacer a las víctimas para que haya verdad, justicia y reparación y, hay sobre todo, un compromiso de no repetición pero sobre la base de que se va a priorizar, como ya he dicho antes, la paz. Todo el proceso deber caminar en dirección de una paz justa. El acuerdo de víctimas es muy importante en este proceso y prevé una justicia que reconozca los delitos. Pero debe haber reparación y no repetición de lo que ocurrió. Luego, no olvidemos, el gobierno no quiere tocar el asunto del paramilitarismo, alegando que ese fenómeno no existe y que en Colombia lo que hay son unas bandas criminales, lo que no creo que sea cierto. 

 R.A.:¿El asunto del paramilitarismo no quedó resuelto con Uribe?

 C.L.:No quedó resuelto porque Uribe lo que hizo fue llevarse a unos capos del narcoparamilitarismo extraditándolos a los Estados Unidos, mientras a otros les aplicaron el máximo de la pena, que eran ocho años, pero no se buscó ningún mecanismo de verdad, reparación y no repetición, que es lo que estamos viendo en este proceso. Ahora, el poder acuñó un nuevo término bien raro que dice que los están cometiendo en la actualidad los crímenes son los postdesmovilizados, que es algo que yo no entiendo del todo. Pero la verdad, y todo hay que decirlo, es que quien comete esos crímenes son los brazos del viejo paramilitarismo.

 R.A.:Ultimamente ha habido varias denuncias de crímenes contra activistas sociales y de derechos humanos, ¿qué hay de todo ello?

 C.L.: Todo apunta al paramilitarismo, que sigue siendo una criatura del Estado porque estas bandas están actuando bajo las mismas características de las anteriores, es decir, que siguen ligadas a políticos, pagando favores a empresarios del campo y otros caciques regionales. Hoy lo que tenemos son distintas expresiones de todo este fenómeno del paramilitarismo que no han desaparecido todavía.

 R.A.:¿Cree que las condiciones de desigualdad social y económica que padece el país mejorarán con la firma de la paz para los más desfavorecidos?

 C.L.:Es un debate largo que hay e incluso en la izquierda. Hay sectores de la izquierda que pretenden que la paz llegue cuando todos los problemas del país estén resueltos, es decir, como decía el expresidente Alfonso López Miquelsen, es la aspiración de una revolución por contrato. Pretender que en una mesa de diálogo se resuelvan todos los problemas del país,  como sugieren algunos, es un deseo imposible, claro. Aspirar a que en una mesa de diálogo donde hay una guerrilla revolucionaria sentada con el señor Santos, que es un representante del Establecimiento y el neoliberalismo, se resuelvan todos los problemas del país y haya cambios y transformaciones profundas  no es posible. Por eso, nosotros a lo que aspiramos, y en eso coincidimos con las FARC, es que se pueda llegar a un acuerdo acerca de las causas que originaron el conflicto. 

 Aquí la clase dominante colombiana ha sido muy mezquina porque aquí el conflicto está muy ligado al asunto de la tierra, al problema de los grandes latifundios, de la violencia ligada a la defensa para perpetuar la concentración de la tierra en manos de unos pocos. Eso fue así en la década de los años cuarenta y eso sigue igual en la actualidad, pese a que ahora ya no son los latifundios sino también los grandes ganaderos, que tienen miles de hectáreas en sus manos dedicadas a la ganadería extensiva; las vacas más cómodas del mundo están en Colombia, un país que paradójicamente no tiene soberanía alimentaria. Mientras no se resuelvan esos problemas, esas causas que generaron el problema, va a ser difícil avanzar. Y yo no estoy hablando de quitar las tierras o las vacas a nadie, no, eso no puede ser y no habría lugar para la paz, pero sí se puede hacer como está planteado en la agenda y en el acuerdo que hizo el gobierno con la guerrilla, siempre que haya voluntad por parte del gobierno, que ha promulgado leyes agrarias que van en contra del espíritu acordado en La Habana. 

 R.A.:¿Y qué más cambios tiene que haber?

 C.L.:Tiene que haber un cambio en la doctrina de seguridad nacional que imperó en Colombia durante años, ese anticomunismo feroz que viene de la guerra fría y ha permitido el genocidio de la UP. En definitiva, tiene que cambiar todo lo que ha ocurrido en los últimos años y que tiene que ver con la violencia que se ha ejercido desde el poder. Por eso, cuando  hablamos y nos referimos al paramilitarismo decimos que tiene que ver con que es una criatura creada por el Estado. Tuvieron distintos nombres y denominaciones, pero siempre fueron el mismo fenómeno de la violencia que se ejercía desde el Estado contra los más humildes. Por ejemplo, en los años ochenta se les llamó las Autodefensas de Colombia. Está demostrado hasta donde hubo la complicidad y la confabulación de parte de agentes del Estado en estos grupos y el propio expresidente Alvaro Uribe Vélez no es ajeno a estas bandas; fue el creador de las Convivir en Antioquía. Todo ese entramado ahora hay que desmontarlo en el proceso de paz, esos son los cambios que hay que hacer. Sumado todo ello al narcotráfico, que acabó siendo un factor y un combustible que alimentó el conflicto. Es un tema que no originó el conflicto, pues no existía en sus orígenes, sino que lo acabó atravesando y convirtiendo en un problema de todos, no en un problema que, como dice el gobierno de Santos, es solo de la guerrilla, sino también del Estado. El narcotráfico perneó al Estado y acabó eligiendo hasta presidentes, como Samper, y eligió hasta parlamentarios, como el señor Pablo Escobar, que acabó hasta de congresista.

 R.A.:Dicen los uribistas que las FARC se acabaron convirtiendo en una gran cartel de la droga, ¿es así?

 C.L.: Sí, es cierto, pero también hay parapolíticos y paramilitares, incluso dentro del uribismo, que también estuvieron implicados en el narcotráfico y participaron de ese negocio, o bien por la vía del Cartel de Calí o el de Medellín. El propio Uribe aparece en varias fotos al lado de famosos narcotraficantes. Pero los uribistas, armados de cinismo, sólo le atribuyen esta ligazón con el narcotráfico a las FARC. Y el debate que hay hoy en el país no es el de los carteles del narcotráfico sino el del peso de los herederos del tráfico de drogas en el país, que es lo que realmente habría que discutir, y el de los cultivos ilícitos, que tiene que ver con campesinos pobres que acudieron a esos cultivos que digo para poder simplemente sobrevivir. Es parte de la cadena de narcotráfico que tiene que resolverse con decisiones y apuestas sociales para reconducir el problema y no solo con la represión, como intenta el Estado. Sin embargo, los grandes carteles siguen operando y las Bacrim, las bandas criminales, siguen abriendo nuevas rutas para sacar la droga desde Colombia hasta el exterior. Eso no le llama la atención al gobierno, cuando esa fue la principal causa por la que Venezuela cerró la frontera con Colombia porque se había convertido en una vía libre para el paso de narcotraficantes hacia Venezuela.Todos estos problemas tienen que resolverse para llegar a un buen acuerdo de paz. 

 Es decir, y para resumir, si no quedan resueltos los problemas sociales y políticos en la mesa de negociaciones, impulsando desde el gobierno que los acuerdos se cumplan, va a ser muy difícil llegar a una verdadera paz. La paz no se puede reducir solo a la desmovilización de la guerrilla, es más, para mí, lo más importante del proceso de paz son los acuerdos sociales y políticos relativos a las causas que generaron el conflicto. Yo no estoy pretendiendo que cambien el modelo económico ni que el país vaya hacia una dictadura del proletariado, como dice Uribe, sino que tiene que haber una paz con democracia y justicia social, al menos en los factores originales que generaron el conflicto. Porque si no se hace así también será difícil para las FARC explicar que tras sesenta años de guerra supuestamente para intentar llegar al poder y resolver los problemas del país, dejando miles de muertos atrás, ahora entregan  las armas y que no se pudo hacer más, ¿con qué cara van a explicar a la gente que este país se sumió en una tragedia, en una guerra, para nada? 

 R.A.:¿Cuál es el escenario, que las FARC se conviertan en un partido político clásico participando en los distintos procesos electorales? ¿Y qué debe hacer la izquierda ante ese  previsible escenario?

 C.L.:Por supuesto, claro que sí, esa debe ser la meta. El objetivo final de este proceso es que quienes hicieron la política con armas argumentando que no tenían garantías para participar en la vida política, es que ahora actúen sin armas, aprovechando las nuevas condiciones que se acuerden en el proceso de paz. Es más, yo creo incluso debemos de adelantar desde la izquierda la idea de un movimiento unitario y amplio, que puede ser hasta el Frente Amplio en el que estamos trabajando. Tenemos que unirnos y ser capaces de abrir el espacio para que la guerrilla, ya desmovilizada y ya actuante en la vida política, pueda incorporarse a ese movimiento de izquierdas plural. 

 Algunos, en la izquierda, no creen que ese sea el debate, que la guerrilla debe quedar al margen, pero yo sí creo que deberían integrarse a esa gran fuerza de izquierda. Las FARC y el ELN no pueden convertirse en un ghetto político, sino que deben ser atraídos a una izquierda nueva, modernizada, no sectaria, donde no haya hegemonías de ninguna clase y donde todos los actores tengamos claras las reglas de juego y las respetemos, ese debe ser el escenario final de este proceso de paz. Yo creo que objetivo final del postconflicto debe ser que la izquierda pueda convertirse en una alternativa real en la sociedad colombiana porque de no ser así seguirán gobernando los mismos y el modelo de país tan desigual se legitimará. Y no cambiará par dar paso a un país más justo y democrático, sino que seguiremos tal como estamos. Hacer el esfuerzo de paz que estamos haciendo para que nada cambie y el país siga el mismo rumbo no puede ser, tiene que haber una posibilidad aunque sea en el mediano tiempo de que las cosas puedan cambiar. Si no es así, estamos mal y habremos fracasado en este proceso de paz.

 R.A.:Dice un representante de la derecha colombiana cercana a Uribe que las FARC solo quieren la impunidad y no pagar por sus delitos, ¿le parece cierto ese planteamiento?

 C.L.:No tiene ningún sentido. Tiene que haber una respuesta en el proceso al tema de asegurar la justicia, eso lo tengo claro y creo que casi todo el mundo lo ve así. Nadie puede pensar que la guerrilla va a hacer la paz para irse a la cárcel, esa idea es un disparate. Una guerrilla hace la paz para participar en la vida política. El acuerdo de víctimas hará posible que todo el mundo responda con verdad, justicia y reparación, pero no necesariamente con largas condenas de cárcel, pero sí van a tener que responder ante la historia, el país y las víctimas por los hechos que cometieron. Y no solamente la guerrilla, sino que el señor Uribe tendrá que responder, ya que bajo su gobierno, precisamente, no fueron unas monjas de la caridad. 

 Habrá que buscar caminos y las FARC se acabarán convirtiendo en un actor político, algo que me consta que ya están considerando sin pedir pista a nadie, ni siquiera a Marcha Patriótica. Pondrán en marcha un proyecto propio, con sus señas de identidad, quizá en coordinación con el ELN, en la perspectiva de que se conforme un proyecto unitario que se está considerando ahora y que seguro que cierta izquierda no aceptará. Pero, si realmente queremos cambiar el país por la vía política y sin armas, logrando una transformación democrática, tenemos que hacerla con un gran movimiento político no solo de la izquierda tradicional y democrática, sino contando con todos los sectores democráticos de Colombia que estén de acuerdo en unos cambios y unas reformas absolutamente necesarias y que el país requiere.

 SOBRE RICARDO ANGOSO

 Ricardo Angoso(izq) entrevista en Guatemala a Oscar Platero , militar y analista político (der)
Ricardo Angoso es un periodista español , analista de los problemas politicos y sociales a nivel mundial y ha entrevistado a politicos y militares comprometidos con los procesos democráticos de sus países. Es un amplio conocedor, además , de la realidad política europea. Ricardo lidera varias organizaciones no gubernamentales , destinadas a enrriquecer la democracia. Entre ellas, el foro “ideas para la democracia” con sedes en España y Colombia.

Agencias

Biden renuncia a candidatura presidencial y respalda a Kamala Harris

Francisco

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EP NEW YORK. | ELECCIONES EE.UU. 2024

Joe Biden se retira de la contienda presidencial

El presidente de EE. UU. anunció que no buscaría la reelección. Indicó por escrito que retirarse era “por el bien de mi partido y del país”.

El presidente Joe Biden, de 81 años, abandonó su candidatura a la reelección y sumió en el caos la contienda presidencial de 2024 el domingo, cediendo a la implacable presión de sus aliados más cercanos para que abandonara la carrera en medio de profundas preocupaciones de que es demasiado mayor y frágil para derrotar al expresidente Donald Trump.

Después de tres semanas de negativas, a menudo airadas, a dar un paso al lado, Biden finalmente cedió ante un torrente de encuestas devastadoras, llamados urgentes de legisladores demócratas y señales claras de que los donantes ya no estaban dispuestos a pagar para que continuara.

La decisión de Biden pone un abrupto fin a una crisis política que comenzó cuando el presidente protagonizó un calamitoso debate contra Trump el 27 de junio. Pero para el Partido Demócrata, la retirada de Biden desencadena una segunda crisis: con quién reemplazarlo y, específicamente, si organizarse en torno a la vicepresidenta Kamala Harris o iniciar un rápido esfuerzo para encontrar a alguien más para ser el candidato del partido.

El anuncio de Biden, que se encuentra aislado con covid, se produjo apenas tres días después de que Trump pronunciara un discurso incendiario y cargado de insultos para aceptar la nominación de su partido y tener la oportunidad de volver a la Casa Blanca para un segundo mandato. Trump, que lleva años preparándose para la revancha con Biden, se enfrentará ahora a un contrincante demócrata diferente —y hasta ahora desconocido—, cuando solo quedan 110 días para el día de las elecciones.

Esto es lo que hay que saber:

• Permanencia en el cargo:

Biden ha dicho que no renunciará a la presidencia y que tiene intención de terminar su mandato aunque deje en manos de otros el intento de derrotar a Trump. En los próximos meses, se enfrenta a la guerra en curso en Ucrania y a los esfuerzos cada vez más desesperados por alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates entre Israel y Hamás en Gaza.

• Una primicia política:

Ningún presidente estadounidense en ejercicio había abandonado una carrera tan tarde en el ciclo electoral. La Convención Nacional Demócrata, en la que Biden iba a ser nominado formalmente por 3939 delegados, comenzará el 19 de agosto en Chicago. Eso deja menos de un mes para que los demócratas decidan quién debe reemplazar a Biden en la candidatura y poco menos de cuatro meses para que esa persona monte una campaña contra Trump.

• Kamala Harris bajo los reflectores.

La decisión del presidente pone a la vicepresidenta bajo un renovado escrutinio; algunos demócratas argumentan que ella es la única persona que puede desafiar eficazmente a Trump a estas alturas de las elecciones. Y dicen que el partido se fracturará si se considera que los líderes demócratas han pasado por alto a la primera vicepresidenta negra. Pero otros argumentan que el Partido Demócrata debería evitar una coronación, especialmente dadas las debilidades políticas de Harris en los últimos tres años y medio.

• La edad es una de las principales preocupaciones:

El intento de reelección de Biden se vio frenado por la preocupación que suscitaba su edad y su capacidad física y mental para desempeñar el cargo. Incluso antes del debate, las encuestas mostraban constantemente que la gente pensaba que era demasiado viejo, y la mayoría —también de los demócratas— querían que alguien más joven fuera presidente. Biden nació durante la Segunda Guerra Mundial y fue elegido senador por primera vez en 1972, antes de que nacieran dos tercios de los estadounidenses de hoy. Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato.

• El momento del debate:

La Casa Blanca y los asesores más cercanos a Biden negaron durante años que su edad tuviera algún impacto en su capacidad para hacer su trabajo. Pero el debate con Trump a finales de junio, que vieron más de 50 millones de personas, puso claramente de manifiesto sus limitaciones. Se mostró frágil, vacilante, confuso y disminuido, y fue incapaz de presentar argumentos contra Trump, un delincuente convicto que intentó anular las últimas elecciones presidenciales.

Agencias / NYT

 

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Articulos Destacados

Trump , convención republicana y deportación masiva

Francisco

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EP NEW YORK  | Convención republicana

¿Trump podría cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes?

Donald Trump promete el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Los costos y los obstáculos serían enormes, según los expertos.

Cuando Donald Trump se postuló a las elecciones presidenciales de 2016, prometió construir un muro para cerrar la frontera y evitar que los delincuentes entraran en el país. Esta vez su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva sin precedentes en el país.

La plataforma de su partido, ratificada en la convención republicana de Milwaukee, promete el “mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos”, y la inmigración fue el tema de la reunión del martes.

¿Qué se necesitaría para deportar a millones de personas? ¿Es posible?

¿Cuántos inmigrantes están en el país de manera ilegal?

Había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal en 2022, según los últimos cálculos del gobierno, y más de 8 de cada 10 llevan más de una década en el país. Trump dijo durante el debate del mes pasado que había 18 millones, lo que carece de fundamento.

Con el fin de huir de la agitación política y económica, los migrantes de países como Venezuela han cruzado la frontera en cifras récord durante el gobierno de Biden.

¿Quiénes serían los deportados y qué tan fácil sería expulsarlos?

Trump y la plataforma republicana han hecho declaraciones muy generales, pero hasta ahora han ofrecido muy pocos detalles sobre la operación que pretenden realizar.

El expresidente ha sugerido que cualquier inmigrante que carezca de estatus legal podrá ser expulsado.

La plataforma del partido afirma que se daría prioridad a “los criminales más peligrosos”.

También dice: “El Partido Republicano se compromete a enviar a los extranjeros ilegales de vuelta a su casa y a expulsar a quienes hayan violado nuestras leyes”.

El consenso entre los expertos en inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional es que los obstáculos logísticos, legales, burocráticos y de costos harían prácticamente imposible realizar las deportaciones masivas que pretende Trump en el lapso de un mandato presidencial de cuatro años.

“Incluso si contara con un Congreso dispuesto a promulgar reformas legislativas drásticas y a asignar las decenas de miles de millones necesarios, no hay forma de que un sistema de este tipo pueda estar plenamente operativo en un plazo de cuatro años”, afirmó John Sandweg, funcionario de seguridad nacional en el gobierno de Barack Obama.

¿Qué otros obstáculos habría?

Los inmigrantes que han vivido durante años en el país tienen protección legal y derecho a un proceso jurídico justo.

En los últimos años, quienes han entrado de manera ilegal en el país han sido procesados en la frontera y luego puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte para las audiencias de deportación. Mientras sus casos se tramitan en la corte de inmigración, lo que suele tardarse varios años más, tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.

“Trump tendría que triplicar el tamaño de las cortes de inmigración para lograr algo que se acerque a los números de los que está hablando”, dijo Sandweg. “Incluso así, necesitaría financiación para construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y formar a los jueces”.

Varias décadas de escasez de fondos y un gran número de solicitudes de asilo han agravado los retrasos.

“Un individuo debe recibir una orden de deportación; un presidente no podría simplemente ignorar eso”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama. “Se necesitaría un cambio en la ley, y el Congreso tendría que ser un socio activo en esto”.

¿Hay suficiente personal, instalaciones, aviones y otros medios de transporte para una operación de deportación?

Durante el gobierno de Trump, hubo unas 936.000 deportaciones, según datos oficiales. Hasta febrero, el gobierno de Biden había expulsado a unas 340.000 personas.

Para identificar y detener a millones de personas en el interior del país se necesitarían decenas de miles de agentes de inmigración más, aseguró Napolitano.

Trump ha dicho que recurriría a la Guardia Nacional y a otros recursos del ejército para ejecutar su plan.

Las fuerzas del orden locales podrían ser delegadas para identificar a las personas sin estatus legal y entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), lo que ya ha ocurrido en el pasado en algunas localidades.

Pero Chicago, Denver, Los Ángeles y Filadelfia son solo algunas de las ciudades que se niegan a colaborar con el ICE, por temor a que esa cooperación promueva la elaboración de perfiles raciales y lleve a los inmigrantes que han cometido delitos menores, como infracciones de tráfico, a procedimientos de deportación.

“Habrá zonas que no quieran tener nada que ver con esto”, señaló Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.

Toda persona que pudiera ser deportada potencialmente es retenida en un centro de detención, y en el actual ejercicio fiscal, el Congreso financió la detención de 41.500 inmigrantes diarios con un costo de 3400 millones de dólares, una cifra que tendría que aumentar exponencialmente.

¿Dónde hay margen para que Trump acelere el ritmo de las expulsiones?

Un nuevo gobierno de Trump podría acelerar las deportaciones poniendo fin a programas que el gobierno de Biden introdujo.

Por ejemplo, desde 2022, a unas 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha permitido volar a Estados Unidos y vivir y trabajar durante dos años, siempre que tengan un patrocinador financiero. Biden también ha permitido que casi 700.000 migrantes que pidieron cita en una aplicación móvil puedan cruzar la frontera por un puerto de entrada oficial y recibir permisos de trabajo.

“Trump podría apretar el interruptor y revocarlo”, dijo Neifach. Pero, añadió, muchos de los migrantes podrían presentar solicitudes de asilo y pasar a engrosar las cortes saturadas.

¿Habría alguna excepción entre los deportados?

Trump no ha abordado si ejercería alguna discreción o haría alguna excepción.

Más de un millón de estadounidenses están casados con una persona sin estatus legal, y una gran parte de los inmigrantes tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

“Cuando se habla de ese tipo de cifras y de presencia de las fuerzas del orden, a fin de cuentas hay que pensar: ¿qué le hace eso a la atmósfera del país?”, comentó Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional.

Publicado en NYT

 

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