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Odebrecht sacude la esfera política de América Latina

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ODEBRECHT, LA COSA NOSTRA

Por Ricardo Angoso

@ricardoangoso ricky.angoso@gmail.com

 Un fantasma recorre América Latina y siembra el caos allá donde aparece: es la empresa Odelbrecht. Se trata de una gigantesca trama de corrupción que atañe a una de las mayores compañías del mercado inmobiliario brasileño que compraba voluntades políticas a cambio de dinero para conseguir concursos públicos de grandes obras de construcción en varios países latinoamericanos. Numerosos políticos y dirigentes del continente ya están señalados de haberse vendido a Odebrecht y apenas se conocen los primeros detalles. La señal de alarma saltó el 21 de diciembre del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el monumental hallazgo de numerosos y cuantiosos sobornos de Odelbrecht a un sinfín de políticos latinoamericanos.

 Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panama, Perú, la República Dominicana y Venezuela son las diez naciones afectadas por esta trama de corrupción mafiosa y que extendía sus tentáculos a través de estos países y otros –sobre todo paraísos fiscales- donde depositaba los sutanciosos fondos que abonaba por sus descarados sobornos. Eran unos auténticos profesionales del soborno y actuaban con una gran diligencia. Sus directivos llevaban en avionetas el dinero en metálico para pagar a sus servidores. Sabían que con quien tenían que tratar: políticos sin ninguna moral ni ética, gentes que se vendían al mejor postor sin importarles nada ni nadie a cambio de un puñado de dólares. Compraban a los corruptos con total naturalidad, conocían el terreno que pisaban.

 Ya hay implicados varios presidentes y expresidentes, como Juan Manuel Santos, en Colombia, y Alejandro Toledo, en Perú, respectivamente. Santos niega todo, claro, él no sabía nada acerca de los supuestos dineros que llegaron a su campaña electoral procedentes de Odelbrecht para conseguir pingües beneficios después.  Igual que cuando llegaron los fondos del tráfico de drogas a la campaña del narcopresidente Ernesto Samper, otro que tampoco sabía nada de nada. En Colombia nunca se sabe nada de nada, que pregunten al mensajero. La culpa, ya se sabe, es de los maliciosos asesores y de los encargados de la campaña. Quien sí parece que sabía algo es el expresidente Toledo, acusado de haber recibido veinte millones de dólares del tinglado mafioso, y que nada más conocerse las acusaciones en su contra salió huyendo hacia París dando la callada por respuesta. Ya está en orden de búsqueda y captura, pero ni está en Lima ni se le espera. De prosperar un proceso por tan graves cargos, Toledo podría ser el segundo presidente de su país, tras Alberto Fujimori, en acabar en una cárcel y hay demasiados indicios que le señalan y apuntan de haber recibido tan apetitosa suma de dinero. Si no fuera así, ¿por que huyó?

 VARIOS DETENIDOS EN COLOMBIA, INVESTIGACIONES EN ECUADOR Y VENEZUELA

Otro que sí parece que sabía algo de la trama es el exviceministro de Transporte colombiano Gabriel García, quien podría convertirse en la “garganta profunda” de la trama  y denunciar los manejos de esta empresa en su país. Recibió cuatro millones y medio de dólares en Panamá y parece conocer bien los entresijos de esta historia. El tipo era un prohombre de la patria, tal como denuncia muy atinadamente desde una columna del diario El Espectador el escritor Wiliam Ospina: “El exviceministro Gabriel García, por ejemplo, fue calificado por su jefe Álvaro Uribe de “personalidad joven más importante del Caribe y de la patria”, así como de “cartagenero ilustre”. ¡Ilustrísimo! Economista de la Universidad de los Andes y especializado en Estados Unidos, ¿qué más credenciales necesita alguien para ser considerado “decente” en un país clasista como el nuestro? Pero lo que aprendió en esos salones tan sofisticados no fue la capacidad de pensar el mundo desde parámetros elevados, sino la urgencia de pertenecer y mantenerse en la élite. Sin importar que las consecuencias de su latrocinio engendraran más desigualdad, más odio social y más violencia”.

 También en Colombia ha sido detenido el ex senador liberal Otto Bula, un personaje digno de la mafia italiana. Refinado, pulcro, bien vestido y de aspecto repelente, como mandan los cánones de la rancia oligarquía colombiana, hasta su aspecto físico y personal encaja en lo que hubiera sido un niño bien si no hubiera sido porque Odebrecht se cruzó en su camino y le diera una sustanciosa tajada de la tarta de sobornos que estaba en juego por un gran proyecto de obra pública. Según la Fiscalía General de la República, Otto Bula recibió 4,6 millones de dólares  de la constructora brasileña y ahora el  ya acusado asegura que depositó parte de ese dinero a la campaña electoral para la reelección del actual presidente, Juan Manuel Santos. Bula, además, está ligado al expresidente Alvaro Uribe, ya que reemplazó en el Senado colombiano a Mario Uribe, el primo del mismo expresidente, y que tuvo que abandonar el legislativo tras ser investigado por estar ligado a bandas paramilitares, proceso que lo llevó a ser condenado a más de seis años de prisión. Bula está dispuesto a colaborar y se ha mostrado muy locuaz hasta ahora, algo que ha puesto nerviosos a muchos y que incluso le debería preocupar teniendo en cuenta lo poco que vale una vida humana en Colombia.

 Pero también el caso Odebrecht, que es como una bola de nieve que baja por una montaña y amenaza con convertirse en un alud, apunta a la campaña electoral del contricante de Santos en las últimas elecciones presidenciales: Oscar Iván Zuluaga. Según ha quedado demostrado, el jefe de la campaña de Zuluaga, Daniel García, un joven triunfador, habilidoso, sin escrúpulos y admirado por su jefe, Alvaro Uribe, trabajaba para Odebrecht y era su hombre en Bogotá. Era, en el argot mafioso, uno de los nuestros. García medió, en el 2009, entre Marcelo Odebrecht y los hombres de Uribe en el gobierno, entre los que destacaba el exviceministro detenido Gabriel García, para que les fuera concedida a los brasileños la obra conocida como la Ruta del Sol.  Objetivo logrado, claro.

 La campaña electoral de Zuluaga, que por cierto tiene aspiraciones presidenciales para el 2018, se ve así también empañada por un viaje que organizó con el equipo del candidato a Brasil para tener un encuentro al más alto nivel con la cúpula de Oldebrecht. La comitiva estaba formada por el hijo de Zuluaga, David, el ahora favorito de Uribe para las próximas elecciones, Iván Duque, y el mismo Garcia. Por tanto, las dos campañas electorales de la última gran contienda electoral colombiana aparecen manchadas con dineros ilícitos, ya que en el soborno se “perdieron” algo más de 6,5 millones de dólares que ahora la Fiscalía General de la República rastrea, aunque todo apunta a que el dinero estará en algún paraíso fiscal y que fue repartido entre varios capos del negocio. Parece que todo lo que toca el expresidente Uribe, con varios de sus exministros y altos cargos procesados o huidos de la justicia, está podrido. Su olfato político, del que tanto alardean sus fanáticos admiradores, está en entredicho, queda claro.  El problema de Uribe y de Santos es el mismo: Odelbrecht está colaborando con la justicia y la palabra de ambos ya no vale nada, todo lo que digan chocará con la cruda realidad de quien les pagó sus favores politicos a cambio de dinero. Así funciona la Cosa Nostra, sálvese quien pueda.

 Ecuador también se ha visto implicada en el escándalo Odebrecht, cuyos téntaculos se extienden por casi todo el continente y que podría haber gastado unos 400 millones de dólares en comprar políticos. Los sobornos en Ecuador podría alcanzar hasta los 35,5 millones de dólares y los beneficios obtenidos en este país superan los 116 millones de la misma moneda para la empresa sobornadora. Los hechos, que ya están siendo investigados por la Fiscalía ecuatoriana, llevaron al gobierno de Quito a suspender las relaciones con esta empresa brasileña y fueron denunciados en su momento por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 México, con diez millones de dólares pagados a funcionarios del gobierno mexicano para conseguir contratos de obra pública, es otro de los países donde la mano negra de este auténtico entramado mafioso llegó e incluso embadurnó, con unos contratos seguramente amañados, la imagen de una empresa central en el país como Petróleos Mexicanos (PEMEX), que adjudicó importantes obras a la constructora brasileña ahora en el ojo del huracán. Con el mismo fin que en los casos anteriores, los brasileños ahora señalados como responsables de estos sobornos, a cuyo frente se haya el ahora encarcelado Marcelo Odebrecht, pagaron unos 100 millones de dólares por contratos y concesiones de  obra pública del Estado venezolano a responsables politicos de esta satrapía caribeña. Otros países, junto con los ya citados, donde hay abiertas investigaciones y que han sido señalados por los Estados Unidos como beneficiarios de los dineros de Odelbrecht son Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá y la República Dominicana.

 En Brasil, Odebrecht ha colaborado con la justicia y 77 de sus directivos han dado pruebas, documentos y testimonios que involucran a numerosos dirigentes políticos brasileños y foráneos.  Entre los que se encuentran implicados, por citar tan sólo algunos de los más conocidos, hay que señalar al actual presidente Michael Temer, a la destituida expresidenta Dilma Rousseff y al mítico expresidente también Luís Ignácio Lula da Silva y el escándalo no ha hecho más que comenzar. Como en toda trama mafiosa, y Odebrecht lo era porque todos sabían de su naturaleza criminal y delictivo proceder, la Cosa Nostra dirá su última palabra y acabará abandonando a su suerte a sus bien pagados servidores. Así funciona la mafia.

Agencias

Fiesta , música y colorido en el festival “independencia orgullo colombiano”

Francisco

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EP NEW YORK | Festival independencia orgullo colombiano

Por Gustavo Lugo | Queens | New York

Por más de una década Alexandra Aristizabal y su grupo de trabajo, han traído el Festival Independencia Orgullo Colombiano, al condado de Queens, mas exactamente al HALL DE LA CIENCIA. Este año miles de colombianos y otras comunidades se hicieron presentes para disfrutar de una tarde llena de colorido, música, danzas, platos típicos, y celebrar un año mas de la independencia colombiana.

Comerciantes, empresarios, personajes de la vida pública y medios escritos y hablados, eran participes y testigos del magno evento, la sorpresa de la tarde fue del alcalde de Nueva York, ERIC ADAMS que al ritmo de la cumbia colombiana demostró sus habilidades para las danzas ganándose los aplausos y la ovación del publico.

Hay que honrar a los artistas que dieron lo mejor de ellos, su profesionalismo, su carisma y el amor incondicional a los colombianos y la comunidad latina del area triestatal.

Artistas locales y extranjeros entregaron al público lo mejor de su repertorio en los diferentes géneros musicales.

Las hermanas Laura y Diana (duo posadas), presentaron el lanzamiento de su sencillo titulado “Mucho Pa’ El”, que muestra la esencia y pasión que caracteriza a Posadas, y narra un historia de despecho pero que no termina ahi, sino con el renacer de una mujer empoderada, libre y más fuerte, cansada de las mentiras y malos tratos.

El duo Posadas fue creado en el 2020.

De otro lado , Anthony lopez, hijo de reconocido Pastor Lopez, y Nelson Henriquez jr, viajaron desde Colombia a presentar la representativa cumbia y uno de los proyectos es hacer un mix con los éxitos de Pastor Lopez volumen dos, el primero lleva el nombre de herencia tropical, igual que la orquesta que los acompaña en esta gira por Estado Unidos, dos jovenes talentosos que por su sangre corre el legado de sus padres.

Una vez mas el Festival Independencia Orgullo Colombiano (FIOC), que dirije Alexandra Aristizabal se poseciona en uno de los mejores festivales latinos de Nueva York.

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Agencias

Biden renuncia a candidatura presidencial y respalda a Kamala Harris

Francisco

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EP NEW YORK. | ELECCIONES EE.UU. 2024

Joe Biden se retira de la contienda presidencial

El presidente de EE. UU. anunció que no buscaría la reelección. Indicó por escrito que retirarse era “por el bien de mi partido y del país”.

El presidente Joe Biden, de 81 años, abandonó su candidatura a la reelección y sumió en el caos la contienda presidencial de 2024 el domingo, cediendo a la implacable presión de sus aliados más cercanos para que abandonara la carrera en medio de profundas preocupaciones de que es demasiado mayor y frágil para derrotar al expresidente Donald Trump.

Después de tres semanas de negativas, a menudo airadas, a dar un paso al lado, Biden finalmente cedió ante un torrente de encuestas devastadoras, llamados urgentes de legisladores demócratas y señales claras de que los donantes ya no estaban dispuestos a pagar para que continuara.

La decisión de Biden pone un abrupto fin a una crisis política que comenzó cuando el presidente protagonizó un calamitoso debate contra Trump el 27 de junio. Pero para el Partido Demócrata, la retirada de Biden desencadena una segunda crisis: con quién reemplazarlo y, específicamente, si organizarse en torno a la vicepresidenta Kamala Harris o iniciar un rápido esfuerzo para encontrar a alguien más para ser el candidato del partido.

El anuncio de Biden, que se encuentra aislado con covid, se produjo apenas tres días después de que Trump pronunciara un discurso incendiario y cargado de insultos para aceptar la nominación de su partido y tener la oportunidad de volver a la Casa Blanca para un segundo mandato. Trump, que lleva años preparándose para la revancha con Biden, se enfrentará ahora a un contrincante demócrata diferente —y hasta ahora desconocido—, cuando solo quedan 110 días para el día de las elecciones.

Esto es lo que hay que saber:

• Permanencia en el cargo:

Biden ha dicho que no renunciará a la presidencia y que tiene intención de terminar su mandato aunque deje en manos de otros el intento de derrotar a Trump. En los próximos meses, se enfrenta a la guerra en curso en Ucrania y a los esfuerzos cada vez más desesperados por alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates entre Israel y Hamás en Gaza.

• Una primicia política:

Ningún presidente estadounidense en ejercicio había abandonado una carrera tan tarde en el ciclo electoral. La Convención Nacional Demócrata, en la que Biden iba a ser nominado formalmente por 3939 delegados, comenzará el 19 de agosto en Chicago. Eso deja menos de un mes para que los demócratas decidan quién debe reemplazar a Biden en la candidatura y poco menos de cuatro meses para que esa persona monte una campaña contra Trump.

• Kamala Harris bajo los reflectores.

La decisión del presidente pone a la vicepresidenta bajo un renovado escrutinio; algunos demócratas argumentan que ella es la única persona que puede desafiar eficazmente a Trump a estas alturas de las elecciones. Y dicen que el partido se fracturará si se considera que los líderes demócratas han pasado por alto a la primera vicepresidenta negra. Pero otros argumentan que el Partido Demócrata debería evitar una coronación, especialmente dadas las debilidades políticas de Harris en los últimos tres años y medio.

• La edad es una de las principales preocupaciones:

El intento de reelección de Biden se vio frenado por la preocupación que suscitaba su edad y su capacidad física y mental para desempeñar el cargo. Incluso antes del debate, las encuestas mostraban constantemente que la gente pensaba que era demasiado viejo, y la mayoría —también de los demócratas— querían que alguien más joven fuera presidente. Biden nació durante la Segunda Guerra Mundial y fue elegido senador por primera vez en 1972, antes de que nacieran dos tercios de los estadounidenses de hoy. Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato.

• El momento del debate:

La Casa Blanca y los asesores más cercanos a Biden negaron durante años que su edad tuviera algún impacto en su capacidad para hacer su trabajo. Pero el debate con Trump a finales de junio, que vieron más de 50 millones de personas, puso claramente de manifiesto sus limitaciones. Se mostró frágil, vacilante, confuso y disminuido, y fue incapaz de presentar argumentos contra Trump, un delincuente convicto que intentó anular las últimas elecciones presidenciales.

Agencias / NYT

 

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Articulos Destacados

Trump , convención republicana y deportación masiva

Francisco

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EP NEW YORK  | Convención republicana

¿Trump podría cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes?

Donald Trump promete el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Los costos y los obstáculos serían enormes, según los expertos.

Cuando Donald Trump se postuló a las elecciones presidenciales de 2016, prometió construir un muro para cerrar la frontera y evitar que los delincuentes entraran en el país. Esta vez su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva sin precedentes en el país.

La plataforma de su partido, ratificada en la convención republicana de Milwaukee, promete el “mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos”, y la inmigración fue el tema de la reunión del martes.

¿Qué se necesitaría para deportar a millones de personas? ¿Es posible?

¿Cuántos inmigrantes están en el país de manera ilegal?

Había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal en 2022, según los últimos cálculos del gobierno, y más de 8 de cada 10 llevan más de una década en el país. Trump dijo durante el debate del mes pasado que había 18 millones, lo que carece de fundamento.

Con el fin de huir de la agitación política y económica, los migrantes de países como Venezuela han cruzado la frontera en cifras récord durante el gobierno de Biden.

¿Quiénes serían los deportados y qué tan fácil sería expulsarlos?

Trump y la plataforma republicana han hecho declaraciones muy generales, pero hasta ahora han ofrecido muy pocos detalles sobre la operación que pretenden realizar.

El expresidente ha sugerido que cualquier inmigrante que carezca de estatus legal podrá ser expulsado.

La plataforma del partido afirma que se daría prioridad a “los criminales más peligrosos”.

También dice: “El Partido Republicano se compromete a enviar a los extranjeros ilegales de vuelta a su casa y a expulsar a quienes hayan violado nuestras leyes”.

El consenso entre los expertos en inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional es que los obstáculos logísticos, legales, burocráticos y de costos harían prácticamente imposible realizar las deportaciones masivas que pretende Trump en el lapso de un mandato presidencial de cuatro años.

“Incluso si contara con un Congreso dispuesto a promulgar reformas legislativas drásticas y a asignar las decenas de miles de millones necesarios, no hay forma de que un sistema de este tipo pueda estar plenamente operativo en un plazo de cuatro años”, afirmó John Sandweg, funcionario de seguridad nacional en el gobierno de Barack Obama.

¿Qué otros obstáculos habría?

Los inmigrantes que han vivido durante años en el país tienen protección legal y derecho a un proceso jurídico justo.

En los últimos años, quienes han entrado de manera ilegal en el país han sido procesados en la frontera y luego puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte para las audiencias de deportación. Mientras sus casos se tramitan en la corte de inmigración, lo que suele tardarse varios años más, tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.

“Trump tendría que triplicar el tamaño de las cortes de inmigración para lograr algo que se acerque a los números de los que está hablando”, dijo Sandweg. “Incluso así, necesitaría financiación para construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y formar a los jueces”.

Varias décadas de escasez de fondos y un gran número de solicitudes de asilo han agravado los retrasos.

“Un individuo debe recibir una orden de deportación; un presidente no podría simplemente ignorar eso”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama. “Se necesitaría un cambio en la ley, y el Congreso tendría que ser un socio activo en esto”.

¿Hay suficiente personal, instalaciones, aviones y otros medios de transporte para una operación de deportación?

Durante el gobierno de Trump, hubo unas 936.000 deportaciones, según datos oficiales. Hasta febrero, el gobierno de Biden había expulsado a unas 340.000 personas.

Para identificar y detener a millones de personas en el interior del país se necesitarían decenas de miles de agentes de inmigración más, aseguró Napolitano.

Trump ha dicho que recurriría a la Guardia Nacional y a otros recursos del ejército para ejecutar su plan.

Las fuerzas del orden locales podrían ser delegadas para identificar a las personas sin estatus legal y entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), lo que ya ha ocurrido en el pasado en algunas localidades.

Pero Chicago, Denver, Los Ángeles y Filadelfia son solo algunas de las ciudades que se niegan a colaborar con el ICE, por temor a que esa cooperación promueva la elaboración de perfiles raciales y lleve a los inmigrantes que han cometido delitos menores, como infracciones de tráfico, a procedimientos de deportación.

“Habrá zonas que no quieran tener nada que ver con esto”, señaló Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.

Toda persona que pudiera ser deportada potencialmente es retenida en un centro de detención, y en el actual ejercicio fiscal, el Congreso financió la detención de 41.500 inmigrantes diarios con un costo de 3400 millones de dólares, una cifra que tendría que aumentar exponencialmente.

¿Dónde hay margen para que Trump acelere el ritmo de las expulsiones?

Un nuevo gobierno de Trump podría acelerar las deportaciones poniendo fin a programas que el gobierno de Biden introdujo.

Por ejemplo, desde 2022, a unas 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha permitido volar a Estados Unidos y vivir y trabajar durante dos años, siempre que tengan un patrocinador financiero. Biden también ha permitido que casi 700.000 migrantes que pidieron cita en una aplicación móvil puedan cruzar la frontera por un puerto de entrada oficial y recibir permisos de trabajo.

“Trump podría apretar el interruptor y revocarlo”, dijo Neifach. Pero, añadió, muchos de los migrantes podrían presentar solicitudes de asilo y pasar a engrosar las cortes saturadas.

¿Habría alguna excepción entre los deportados?

Trump no ha abordado si ejercería alguna discreción o haría alguna excepción.

Más de un millón de estadounidenses están casados con una persona sin estatus legal, y una gran parte de los inmigrantes tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

“Cuando se habla de ese tipo de cifras y de presencia de las fuerzas del orden, a fin de cuentas hay que pensar: ¿qué le hace eso a la atmósfera del país?”, comentó Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional.

Publicado en NYT

 

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