EP NEW YORK | FL NEWS | TPS

El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.

Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.

En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.

La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.

La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.

Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.

“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.

En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.

Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.

En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.

Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.

La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.

En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.

Agencias

EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.

La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.

Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.

Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.

Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.

Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.

Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.

Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.

Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.

Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.

Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.

La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.

Publicado en NYT

EP NEW YORK | FLORIDA NEWS

Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.

“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.

Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.

Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.

Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:

• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.

• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.

• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.

• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.

• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.

• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.

• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.

• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.

• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.

• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.

• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.

• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.

• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.

• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.

• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.

• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.

• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.

• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.

• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.

• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.

• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.

Publicado en N.YT.

Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times.